Boletín informativo nº 547

TORTURAS EN EL FIN DEL MUNDO
Una patrulla policial, en Tierra del Fuego, indicó al conductor de una camioneta que debía parar. Sin explicación alguna el conductor fue obligado a bajarse, inmediatamente golpeado y esposado. Lo detuvieron y trasladaron, pero como, por la envergadura de los golpes, debía ser atendido, lo llevaron al hospital. En el camino fue una vez más golpeado y amenazado: “Si hacés la denuncia sos hombre muerto “, le dijeron.

A pesar de la amenaza, el hombre hizo la denuncia y hoy están siendo juzgados los sargentos 1º Oro y Gómez. Además de la versión de la víctima, están su registro hospitalario, las lesiones recibidas y un testigo que en el raid delictivo los policías ignoraron: el acompañante.

Pero los “agentes del orden” no deben temer, no irán presos. Los están juzgando por “abusos”. Es que el estado, preservando su fachada democrática, no puede admitir que sus guardianes apliquen torturas, figura típica únicamente en dictadura, según una curiosa jurisprudencia que avanza en nuestros tribunales.

Pese a los esfuerzos esa corriente jurídica que defiende lo indefendible, aún no existe modo de que el cuerpo y la mente de la víctima comprendan la distinción. Un golpe es un golpe y en condiciones de detención, reducido, y sometido psíquicamente al deterioro que ella produce, es tortura, en dictadura o en democracia. Y cuando se repite sistemáticamente, como ocurre dela Puna a Ushuaia, es política de estado.

GATILLO EN MERLO (CAPITULO II: LA FISCALIA DE MORON)
En el Boletín anterior informábamos sobre el accionar de la bonaerense en Altos de Merlo el pasado 27 de diciembre pasado, cuando, para “disuadir” una discusión entre vecinos los policías López y Toledo apelaron a las armas reglamentarias hiriendo gravemente en las piernas a una piba del barrio, Rocío Gómez.

Señalábamos también la indolencia de la UFI 5 de Morón para investigar el hecho, y adelantábamos que Rocío se presentaría como parte, con nuestro patrocinio.

Hoy sumamos otro dato de interés que sirve para entender como funcionan “armónicamente” los distintos agentes del estado, para atacar a los trabajadores y proveer impunidad: La fiscal anunció que la víctima del gatillo fácil está siendo investigada por el daño a un patrullero, a una ambulancia y lesiones leves a un oficial, tan sólo porque su nombre se registró en el Hospital Municipal cuando fue auxiliada.

La preocupación del representante del estado, no radica en cómo y por qué dos agentes del estado provincial casi dejan discapacitada a una piba de 20 años, que además fue llevada al hospital por los vecinos, pues el patrullero huyó del lugar y la ambulancia llegó cuando a Rocío ya la estaban operando.

Quedan claras dos cosas: por un lado el particular razonamiento que emplea y por otro qué intereses privilegia.

No es todo. El pasado jueves, en la misma fiscalía 5 de Morón, intentaron impedir el ingreso de los abogados de CORREPI a las audiencias que se tomarían en relación al caso. La firme defensa articulada frustró el intento de impedir que una organización independiente del estado asistiera a la víctima. Así, se evitó la probable tergiversación o parcialidad al recoger las testimoniales indubitables sobre la responsabilidad criminal de los policías.

Atentos, y confiando únicamente en las propias fuerzas, el pueblo trabajador podrá sortear este recrudecimiento del espiral represivo que empieza con el uniformado en las calles del barrio y cierra con el traje detrás de un escritorio.

CASO BUSTAMANTE: “CONGRUENCIA” REPRESIVA
Decía Roque Dalton que las leyes “son hechas por los ricos, para poner un poco de orden a la explotación”. Nos dicen que las leyes son para garantizar que todos seamos iguales, pero, miradas como son, y no como nos quieren hacer creer que son, muestran su única y verdadera función: cubrir con un manto de respetable legalidad la realidad de la explotación, y hacerla incuestionable.

Pero aunque las leyes las redactan los legisladores, los encargados de bajarlas al caso concreto son los jueces y fiscales, que se apoyan, además, en los principios generales del derecho y las tan veneradas garantías procesales, como la defensa en juicio o el debido proceso. Y todo esto es la introducción para contar algo que pasó esta semana: El tribunal de casación penal de la provincia de Buenos Aires resolvió anular una condena porque se violaron derechos esenciales del imputado.

Concretamente, los jueces dijeron que la condena debía anularse porque se violentó el principio de congruencia, es decir, porque se acusó por una cosa y se condenó por otra. Hasta ahí, uno diría ¡qué bueno! El máximo tribunal penal de la provincia defiende un derecho elemental, que es conocer de antemano la acusación, para poder defenderse. Y que nadie pueda ser condenado por algo de lo que no fue acusado, y, por lo tanto, no se pude defender. ¡Excelente!

Pero vean de qué se trata la cosa: En agosto de 2004, en Gral. Pacheco, durante un cumpleaños de 15, un policía federal, familiar de la homenajeada, discutió con unos chicos y los echó a golpes de la fiesta. Carlos Bustamante, de 21 años, le reprochó que patoteara a pibitos de 15 o 16 años. El oficial Pablo Alcides Barros sacó su reglamentaria y le puso un tiro en la espalda.

Unos años más tarde, se llegó a un juicio oral contra el policía. La fiscalía lo acusó por homicidio simple. La querella, representada por CORREPI, por homicidio calificado. Los jueces del TOC 3 de San Isidro se vieron en un problema. Los hechos eran muy claros y no permitían absolver al policía. Entonces, para hacer como que lo condenaban, pero sin un día de prisión, le dieron 3 años y medio en suspenso, por homicidio culposo, es decir, sin intención. Por negligente, por imprudente.

Aquel día, los jueces de San Isidro no se animaron a bajar a la sala para leer esa sentencia por miedo a la movilización popular que acompañaba en la puerta de los tribunales. Después de conocer el fallo, por supuesto que saltó la bronca. Los jueces, ofendidos, denunciaron a la abogada de CORREPI que representaba a la familia Bustamante por “faltarles el decoro”. Poco después, en un fallo actualmente apelado ante el colegio provincial, la compañera Verdú fue sancionada por “indecorosa”, poruqe, según el tribunal de disciplina profesional, auqneu algunas cosas sobre los jueces sean ciertas, no las puede decir una letrada…

Volviendo a la historia, la defensa del policía Barros recurrió al tribunal de casación, que, esta semana, terminó el trabajo. La sala 3ª decidió que, como Barros llegó a juicio acusado por homicidio “a propósito”, pero lo condenaron por homicidio “sin querer”, se violó el principio de congruencia… como si los hechos no hubieran sido siempre los mismos: un tiro en la espalda de Carlitos Bustamante. Conclusión, lo absolvieron a pesar de entender que los hechos estaban probados. Pero no ha quedado sin culpables la cosa. Mientras el policía Barros es un hombre inocente, la única que sigue condenada en la causa Bustamante es nuestra compañera.

Así hacen los jueces su tarea de hacer cumplir las leyes, esas que “son hechas por los ricos, para poner un poco de orden a la explotación”, y legitimar la represión.

TORTURAS EN TODO EL PAÍS
A la hora de cumplir su función, no importa en qué lugar ni bajo qué circunstancias, la policía de todo el país se dispone a golpear y a torturar para garantizar el adoctrinamiento social. Así, diariamente, las noticias que logran trascender van sumando casos que pintan de cuerpo entero a toda una institución policial que hace uso de su poder e impunidad que les garantiza el estado. Así, le recuerdan a todo el mundo y todos los días quiénes son los que mandan y quiénes tienen derechos: ni los presos, ni los pobres, ni los jóvenes, ni los trabajadores; sino la clase dominante.

Un policía, en la Departamental de Río Cuarto, fue denunciado por haber golpeado y abusado sexualmente de una mujer que allí estaba detenida por un procedimiento hecho en su domicilio. En esta misma comisaría encontraron en muy mal estado a los presos (una mujer tuvo que ser trasladada al hospital) ya que los mismos policías les vendían pastillas y alcohol. Además de darse sus “gustos” hacen sus negocios.

En Corrientes, tras una huelga de las presas en la Comisaría de la Mujer por mejoras en sus condiciones y el régimen de visitas, una de las presas fue trasladada en forma violenta e irregular por quince efectivos y el mismo comisario, al Instituto Pelletier, donde los médicos forenses y los del instituto constataron excoriaciones, hematomas y otras lesiones como represalia por el reclamo. Al mismo tiempo, para la “tranquilidad” de las presas, desde la institución se les había prometido que no habría castigos tras el reclamo y se les “concedió” una celda acondicionada para recibir visitas.

En Claromecó, un chico de 21 años fue sacado por la fuerza de un boliche y golpeado en un patrullero. Luego detuvieron por averiguación de antecedentes y lo llevaron a un calabozo donde lo siguieron golpeando. Ese mismo día, por la mañana, la policía le había dado una golpiza a un amigo suyo en la playa, dejándolo inconsciente.

Estos hechos no son más que ejemplos de que este tipo de conducta policial no es un abuso de un mal policía corrupto de tal o cual provincia. Es la función de la institución policial, siempre al servicio de garantizar la represión preventiva contra el pueblo.

CRISIS-AJUSTE-LUCHA-REPRESIÓN, LA NATURALEZA DEL SISTEMA BURGUÉS
“Más crisis, más represión”, así titulamos nuestro último Antirrepresivo. Esta naturaleza del sistema burgués esta vez se reflejó en Grecia. Las crisis económicas del capitalismo se cristalizan cada 10 años aproximadamente y la dinámica es casi siempre la misma. Ante la crisis, los gurúes del FMI y el BM plantean medidas de ajustes contra el proletariado. Para no perder las conquistas obtenidas, los trabajadores se manifiestan, resisten y luchan, y, ante el menor atisbo de organización, el estado responde demostrando para quién gobierna, reprimiendo a los trabajadores y salvando con millones a los empresarios generadores de la crisis.

El mismo mecanismo se utiliza en cualquier país. Cerca de tres millones de trabajadores se manifestaron el 24 de febrero en Grecia contra las medidas tomadas por el gobierno “socialista” del premier Giorgios Papandreu y paralizaron el país en lo que fue una huelga general. El mandatario anunció, entre otras medidas, rebajas en los salarios y aumentó a 63 años y medio la edad para jubilarse.

La policía, como siempre, se apostó alrededor de los edificios de lujo, embajadas y barrios residenciales donde se mueve la burguesía local, y reprimió a los trabajadores con palos y gases. Sea en Grecia, en Argentina o en Mauritania, la naturaleza del sistema de salvar a los ricos y reprimir a los pobres sigue funcionando.

MÁS MUERTES EN CÁRCELES Y COMISARÍAS
El 21 de febrero, Jorge Dávalos, de 23 años, fue detenido en Misiones por una contravención. Apenas unas horas después, fue internado en grave estado en el hospital Ramón Madariaga, donde murió el lunes por la mañana. Los médicos constataron una grave lesión en el cráneo. Aunque las autoridades guardan un silencio de hierro en torno del evidente caso de tortura seguida de muerte, se supo que la comisaría 2ª, donde ocurrió el hecho, fue intervenida

Diez días antes, en Jujuy, un hombre de apellido Tolaba, de 41 años, fue encontrado ahorcado en su celda de la Seccional 48 del barrio Patricios de San Pedro. Curiosamente, la versión del suicidio sostiene que usó la frazada que le habían provisto, indispensable para los 30º de la noche jujeña…

Y hace apenas tres días, en Coronda, Santa Fe, Pablo Trejo, de 28 años, murió apuñalado.

Con estas tres muertes, llega a 2.901 la cifra de muertes a manos del estado registrados en nuestro Archivo, con 75 casos ocurridos después del cierre 2009.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
16 y 17 de marzo, movilización frente a los tribunales de San Isidro, Ituzaingó y Acassusso, durante el juicio oral por el fusilamiento de la niña Romina Lemos.