Boletín informativo nº 549

GATILLO EN MERLO, SIGUE LA SAGA

Contamos en boletines anteriores que el 27 de diciembre pasado, Rocío Gómez presenciaba una discusión entre vecinos cuando llegó al lugar un patrullero de la Comisaría del Parque San Martín del que bajaron los policías López y Toledo, uno empuñando una escopeta y el otro su pistola 9 mm . Contamos también que, mientras López disparó a los pies de uno de los que discutían, Toledo descerrajó varios escopetazos sobre los que miraban, impactando decenas de perdigones sobre las piernas de Rocío, de 21 años, Después, lo de siempre: Los policías se dieron a la fuga sin atender a la joven herida.

El poder judicial de Morón no sólo se viene resistiendo hace tres meses a investigar el accionar policial, al punto de no haber aceptado la presentación de Rocío como damnificada en la causa. Ahora, además, el juez de garantías dispuso un allanamiento en el domicilio de la víctima, con la excusa de que durante el ataque policial, se rompió el vidrio de un patrullero.

Vemos cómo el poder judicial protege a las fuerzas de seguridad. El policía Toledo merodea el barrio impunemente, intimidando potenciales testigos. La justicia desvía la mirada y se interesa más en investigar un vidrio roto de un patrullero que la mutilación de una joven de 21 años.

DE RAMALLO A CHILECITO: POLIBANDAS Y “SUICIDIOS”
La ciudad de Ramallo se hizo conocida hace 11 años por la famosa Masacre frente al Banco Nación, cuyo sobreviviente, Tito Saldaña, fue asesinado horas después en la comisaría, simulando un ahorcamiento ya desvirtuado (se probó que estaba inconsciente cuando lo colgaron). Esta semana, ocupó de nuevo las primeras planas, cuando fue desplazado el jefe distrital.

Según informaron los medios, el jerarca policial protagonizó una persecución y un tiroteo en un campo de la localidad de El Paraíso, donde hallaron un camión robado días atrás con un cargamento de cigarrillos. El tiroteo tuvo policías como protagonistas en ambos bandos, que se disputaban el botín.

Mientras los policías se tiroteaban por el cargamento de cigarrillos, dentro de la misma departamental, en la ciudad de San Nicolás, un preso fallecía de un “paro cardíaco” dentro de un calabozo -claro está, según las versiones oficiales-. Lo particular del caso fue que el deceso no fue informado por las autoridades policiales al ministerio de seguridad de Stornelli, lo que causó la remoción del Comisario Inspector Jorge Mauricio Bertucci, dejando abiertos interrogantes y sospechas sobre la causal real de la muerte del detenido.

Pero nuestro viaje por la provincia que gobierna Scioli aún no termina. En la comisaría 2ª de Lanús ocurrió otro de los tantos “suicidios” a que nos tiene acostumbrados la fuerza de seguridad. Tan solo media hora después de haber sido detenido, el joven Matías Penna apareció ahorcado en un calabozo. Sus familiares del chico denuncian la muerte por torturas.

Pero Scioli no es el único gobernador que alimenta las estadísticas. Otro kirchnerista, Ángel Mazza, gobernador de La Rioja , también es un buen ejecutor de la política represiva del “gobierno de los DDHH”. En la localidad de Chilecito, el jefe de la Regional II , Comisario Jorge Luna, fue imputado por la muerte de un joven de 17 años, que, nuevamente, -según versiones oficiales- se habría ahorcado en una celda de la comisaría 1ª. Los padres del chico denuncian que su hijo falleció por los golpes de la policía, lo que confirmó la autopsia. Una de las vértebras aparece con un desprendimiento que no es compatible con el ahorcamiento.

Y de La Rioja pasamos a Chubut, gobernada por el presidenciable alternativo para el PJ, Mario Das Neves. Horacio Fabián Barrientos, de 38 años y padre de 11 hijos, todos menores de edad, fue detenido en 4 de marzo cerca de su casa, en el porteño barrio de La Boca. Su esposa sólo supo que lo trasladarían a Comodoro Rivadavia, donde lo requería un juzgado federal. El sábado temprano fue alojado en el delegación de la federal de esa ciudad. Horas después, estaba muerto. El mismo juzgado a cuya disposición estaba “investiga” la muerte, en la que la viuda será patrocinada por nuestros compañeros abogados. Todo lo que hizo hasta ahora el juez fue “olvidarse” de ordenar la entrega del cuerpo a la familia, que sigue en depósito en la morgue judicial.

EL RASTRILLO SESGADO DE PÁGINA/12
El columnista emblemático de Página/12, Horacio Verbitsky, suele “retar” a la presidenta que llama CFK, pero por encima de algunos desacuerdos, reivindica su gobierno. Así, en la nota titulada “El rastrillo” de la semana pasada, a propósito de la pelea por la sucesión dentro del PJ, el presidente del CELS dedica unos cuantos párrafos al ex gobernador santafesino, Carlos Reutemann, uno de los candidatos presidenciales del partido gobernante.

Citando como fuente el Archivo de Casos de CORREPI de la época, sostiene que la policía del gobierno de Reutemann ocupó, durante su gestión, el primer lugar en cantidad de muertes por gatillo fácil y en cárceles, comisarías y otros lugares de detención por habitante (vale destacar que la santafesina conserva ese sitial bajo el gobierno “socialista” de Binner, seguida de cerca por la fueguina, de la “progre” Fabiana Ríos, hoy aliada al kirchnerismo).

Pero parece que el destacado periodista sólo ha leído nuestros materiales hasta diciembre de 2002, porque mientras los usa con entusiasmo para mostrar el carácter represor del gobierno peronista de Reutemann, afirma que: “Con todos sus defectos, el proceso político iniciado en 2003 es el primero en décadas que no ha recurrido a la represión para enfrentar la protesta social”.

O sea que, según Verbitsky, desde 2003 no hubo una sola represión a una marcha, movilización o acto popular; nunca se dispararon balas de goma o de las otras; no se usaron gases lacrimógenos ni fueron fusilados en esas instancias Cuéllar, Fuentealba o Erazo; no hubo presos políticos ni se criminalizó militante alguno; no desparecieron Jorge Julio López, Luciano Arruga, Luciano González y un centenar más de personas, y, lo que es más, no hubo casi 1.800 muertos por el gatillo fácil y la tortura, en cárceles y comisarías de todo el país.

Parece que al Sr. Verbitsky se le sesgó el rastrillo. La misma fuente que cita para cuestionar al represor Reutemann, muestra también que terminamos 2002 con 15 personas asesinadas por el aparato represivo por mes, mientras que el “gobierno de los derechos humanos” batió todas las marcas, con una muerte POR DÍA.

Sr. Verbitsky, entre represores, no conviene andar tirándose Archivos.

UNA DE FEDERALES EN LA MATANZA
El 11 de febrero de 2010, en Rafael Castillo, La Matanza, el policía federal Luciano Cruz Gaete Ossando mató a Claudio Marcelo Méndez, de 17 años. Según el homicida, él salía de su casa para ir al trabajo, cuando un individuo lo tomó por atrás y le dijo “dame la plata”. Durante el forcejeo, dijo el policía, vio que su atacante iba a tomar un arma que tenía en la cintura, así que desenfundó su reglamentaria y le pegó dos balazos. Como vio a unos metros otra persona que “le gritaba palabras agresivas”, guardó el arma, llamó al 911 y se fue a presentar a la comisaría de Rafael Castillo.

Pero la versión del federal esta vez no funcionó. El “cómplice” que gritaba desde la esquina era un albañil que estaba de sereno en una obra, y salió a la calle al escuchar el primer disparo. El trabajador, que vio al policía disparar a la distancia, le gritó “Pará, pelotudo, no tirés así que hay gente”. La misma escena fue corroborada por otros dos testigos, vecinos del lugar. La inmediata presencia del albañil y los vecinos evitó el típico plantado de un “perro”, el arma generalmente estropeada (las buenas las trafican) que todo policía tiene a mano para auxiliar a un camarada en apuros. Claudio no tenía otra cosa en su bolsillo que un encendedor.

Con estos testimonios, más las evidencias de la autopsia, el fiscal pidió la prisión preventiva del policía federal, y el juez de garantías la ordenó el mismo día que Lorena, la mamá de Claudio, se presentó en la causa patrocinada por CORREPI. Claro que ni fiscal ni juez consideraron que se trate de un homicidio agravado por su condición de policía. Simplemente, un homicidio simple.

Dos datos adicionales: Por una parte, una vez más, no se trata de un “bruto” o “mal entrenado” policía cualquiera. El suboficial Gaete prestaba servicios en la División Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA. Por otra, su defensora particular se ha encargado de llenar el expediente de recortes de diarios de policías asesinados por delincuentes, como para “explicar” que el pobre homicida tenía razones para temer por su vida.

MORENO: POLICÍA ASESINO LIBRE POR LA “MALA REPUTACIÓN” DE LA VÍCTIMA
La familia Carreras padece todo lo peor de la sociedad en que vivimos. Viven (sobreviven) en una precaria casa tomada en Moreno, sin agua, luz ni baño. La madre, gravemente enferma de diabetes y operada de una seria dolencia abdominal que la obliga a desplazarse con muletas, carece de obra social, no puede afrontar los medicamentos ni la dieta (seis comidas al día) que necesitaría. Los hijos buscan en la calle, limpiando vidrios de autos, unas monedas para comer.

Hugo David Carreras tenía 24. El policía federal Walter Soler lo mató el 29 de diciembre pasado en Moreno, pero su mamá recién pudo contactarse con nosotros esta semana. Vean lo que declaró el asesino: “…Escuché ladrar a un perro del vecino. Eran las 3 de la mañana y me paré tras la ventana para observar. Vi pasar a dos sujetos por la calle y me volví a acostar. Acostado pensé: ¿qué estarán haciendo esos dos tipos?, por lo que volví a mirar por la ventana. En ese instante veo a uno que entra por el pasillo y viene hacia la ventana. Temeroso que pueda hacerme algo a mí o a mi familia, le grito ALTO POLICIA y entonces el sujeto hace un amague como que va a sacar alguna cosa de la mochila que traía colgada en la espalda. Doy un paso hacia atrás y disparo para ahuyentarlo. El sujeto grita “me la pusiste” y sale corriendo y trepa una medianera que da al terreno baldío lindero donde lo encontré antes de llamar a la policía”.

Pero las pruebas cuentan otra historia. La ventana estaba herméticamente cerrada, y para ver a su través hay que hacer un esfuerzo poco común, porque es de tipo celosía, con tablillas inclinadas hacia abajo. La distancia entre la ventana y la calle supera los 10 metros holgadamente y, como adelante hay una construcción, lo que se puede observar de la calle es apenas el espacio ancho de una cochera pasante. El pibe fue hallado con la cabeza casi pegada al muro, por lo que, si hubiera saltado desde arriba, ¡después de caer tendría que haber caminado para atrás!. No se encontró arma alguna. No hay dudas que la novela de la ventana es sólo eso, y que el policía lo fusiló en el baldío.

Con todo eso, el fiscal no tuvo más remedio que indagar al policía federal por homicidio calificado. Pero, como siempre, luego buscó la forma de que no quedara preso. Entonces, como a unas cuadras había unos cables de luz cortados, y Hugo tenía alguna causa vieja y archivada, el Dr. Lorenzo, representante del ministerio público escribió: “Pese a que la calificación es la de HOMICIDIO AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO POR UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA y por tanto no contempla excarcelación, optaré por la solución liberatoria del 169 inc. 1° en atención a que LA MALA REPUTACION DEL OCCISO, POR SUS ANTECEDENTES PENALES Y EL CORTE DE LOS CABLES QUE PUEDE ATRIBUIRSELE AL OCCISO hacen creíble la declaración indagatoria…”

La frutilla del postre la dio la policía federal, cuyo apoderado se presentó para reclamar la devolución del arma, diciendo que se trató de un caso de “homicidio en legítima defensa privilegiada…”.

SE VIENE EL JUICIO EN EL CASO MARECO
El 15 de abril de 2008, Gustavo Mareco (16) jugaba con un celular que, dijo, encontró en la calle. El teléfono sonó, y un hombre le ofreció unos pesos si se lo devolvía. Caminó al lugar de la cita, un descampado cerca de la villa en Los Polvorines donde vivía. Apareció un hombre, que le dijo que se acercara. Una nena de 14 años que miraba de lejos gritó cuando vio los tres fogonazos seguidos. El hombre huyó. El celular había caído al zanjón junto con Gustavo. Una de las balas 9 mm le entró limpiamente, a corta distancia, por la nuca.

Fue sencillo ubicar al autor de la llamada, el policía bonaerense Alberto Gastón Carrizo. El fiscal ordenó la detención, pero debieron pasar varias horas para que los policías de Malvinas Argentinas y de Beccar se decidieran a cumplir, lo que motivó, posteriormente, sanciones a ambas comisarías, la del lugar del hecho y la de destino del homicida. En ese tiempo, el policía Carrizo fue asesorado para acomodar su versión, y repuso en la reglamentaria dos de las tres balas disparadas. Su historia, llena de contradicciones, naufragó. Por ahora, está detenido, y el 30 de marzo a las 9:00 se inicia el juicio oral.

CORREPI convoca a todas las organizaciones y organismos a acompañarnos durante el debate, que se desarrollará ante el Tribunal Criminal nº 2 de San Martín. Pedimos a todos los compañeros que participen de la movilización que se sostendrá en la calle mientras dure el juicio, y que destaquen veedores para asistir a las audiencias.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

24 de marzo, marchamos a Plaza de Mayo repudiando el aniversario del inicio de la dictadura, y denunciando la represión en democracia. CORREPI concentra a las 16:00 en Callao y Rivadavia.

30 de marzo, a las 9:00, movilización a los tribunales de San Martín, Av. Balbín 1753, durante el juicio oral al policía Alberto Gastón Carrizo, por el fusilamiento del niño Gustavo Mareco.