Boletín informativo nº 553

TORTURAS EN CHACO Y MAR DEL PLATA: ES TODA LA INSTITUCIÓN

“Se había dicho que acá (por la comunidad de Du Graty) no iba a haber más golpes para nadie cuando se cambió el comisario y que iba a cambiar todo, pero aparentemente aquí sigue lo mismo“. Estas son las palabras de Genoveva Martínez, mamá de dos chicos de 14 y 12 años que fueron levantados en un patrullero por estar sentados en la vereda escuchando música frente a un boliche el el pueblito chaqueño. A los chicos los llevaron primero al hospital y luego los trasladaron a la comisaría donde fueron golpeados. Uno de ellos aún continúa con sordera, producto de los golpes.

Genoveva denunció públicamente lo que le hicieron a sus hijos y toda la comunidad se hizo eco. Como no es de extrañar, la policía se encarga de hacer siempre su demostración de poder e impunidad, golpeando y torturando a mayores, jóvenes y niños… los que sean necesarios para que a todos les quede claro quién manda en el pueblo.

En Mar del Plata, un joven de 33 años fue detenido en un locutorio. Mientras el chico permanecía esposado, la policía lo golpeó sistemáticamente: en la detención, en el patrullero, dentro de la comisaría 3ª, en el nuevo traslado, dentro de la comisaría 4ª y cuando finalmente fue llevado al hospital.

En este último trayecto, el patrullero detuvo su marcha, y el policía que iba de acompañante lo sometió a simulacros de fusilamiento, primero con su arma reglamentaria y luego con una escopeta. Como si esto fuera poco, al llegar al hospital, el chico fue encerrado en un cuarto donde lo volvieron a someter a estos simulacros de fusilamiento.

Luego de la revisación, de regreso a la comisaría 4ª, lo recibieron nuevamente a golpes. Allí permanecía detenido hasta hace unos días, esperando, después de sus denuncias, que “las investigaciones de la fiscalía Nº 7 determinen si hubo o no responsabilidad policial en los hechos”.

La repetición de casos como éstos nos hacen concluir algo bien claro. No se trata de la acción de un componente descompuesto dentro de la institución policial. Se trata de una institución que, por estar al servicio de quienes gobiernan, cuenta con la impunidad para descargar toda su violencia sobre la sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables.

Definitivamente, no nos equivocamos cuando gritamos en la calle que esta es la represora policía de Kichner, la que nos mete presos, la que mata a los pibes…

RECLAMOS, HUELGA DE HAMBRE Y UN MUERTO EN LA CARCEL
El 18 de marzo, un grupo de presos de la Unidad N° 9 de La Plata inició una huelga de hambre en repudio al endurecimiento de las normas penales y procesales (ver Boletín nº 551). La justeza del reclamo y la gravedad de la situación en las cárceles hicieron que la medida se extendiera a otros penales, tanto provinciales como federales.

La respuesta represiva de las autoridades incluyó el traslado de varios huelguistas a otras unidades carcelarias a enorme distancia de sus familiares y de los juzgados que deberían velar por su vida e integridad física. Presos que estaban en la Plata fueron “escondidos” en General Alvear, Campana, Dolores o Junín.

Sugestivamente, uno de los traslados más violentos se produjo el 24 de marzo, mientras el “gobierno de los derechos humanos” intentaba adueñarse de la conmemoración y el sonido del aparato publicitario tapaba el ruido macabro de las rejas y las botas empujando presos a los camiones.

Al traslado compulsivo para desbaratar la protesta, se suma el silencio de los medios de desinformación y la hipocresía de los funcionarios. Ricardo Casal, ministro de justicia de la administración Scioli, estuvo en el penal, ya iniciada la protesta. Hizo como que escuchaba, prometió cesar los traslados y abocarse al tema de fondo. NUNCA MÁS cumplió.

También fue silenciado, en los medios, que Rubén Terzagui, preso en la Unidad N° 9 de La Plata, murió por exclusiva responsabilidad del estado. Estudiante universitario, portador de HIV, Rubén se había plegado a la huelga de hambre desde su inicio.

La responsabilidad del estado por su muerte es innegable. El estado asume la custodia de quienes -según sus propias normas- deben “pagar” por algo. Evidenciando su perversa lógica, muestra su naturaleza de clase y su carácter represivo no cumpliendo con el mandato constitucional que prohíbe el castigo y el trato inhumano.

El estado, a través del servicio penitenciario, cuando no mata deja morir. Los presos continúan reclamando.

POLICÍA “COMUNAL” EN LA MATANZA
El intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinosa, lanzará a fin de este mes su policía municipal. Esta “idea novedosa” lleva ya seis años de funcionamiento en los distritos bonaerenses de menos de cien mil habitantes y se hará posible con fondos del gobierno provincial y nacional como parte del revivido “plan de protección de seguridad ciudadana” lanzado por Cristina Kirchner el año pasado.

El intendente matancero aclaró a los diarios que sus fuerzas de seguridad se componen de ex militares y ex policías con portación de armas. Requisitos ampliamente cumplidos por asesinos de gatillo fácil que, exonerados de la fuerza y procesados por la justicia, cuentan con la suficiente impunidad para seguir cumpliendo la tarea encomendada. Alcanza con recordar dos casos recientes:

El “Oso” Peloso, condenado a 13 años de prisión por el fusilamiento de Matías Bárzola (16) en 2003 y luego absuelto por la cámara de casación bonaerense, era numerario de la comisaría de Villa Fiorito hasta que se retiró de la bonaerense. Cuando mató a Matías, y hasta que fue detenido, patrullaba las calles de Ezeiza como agente del plan “Tolerancia Cero” impuesto por el entonces intendente Alejandro Granados y cuya esposa, Dulce Granados diputada de FPV, se ocupó de llevar a la legislatura actualmente como proyecto de ley para todas las comunas.

Adrián Zaffonte, integrante de la policía de Hurlingham, procesado por el fusilamiento de Damián Salcedo (23) en 2003, goza de prisión domiciliaria con permiso para trabajar en el “negocio familiar” como agente de seguridad privada con portación de armas.

En tanto, las voces “opositoras” al intendente se levantan para discutir la caja y la cantidad de agentes con la que se afrontará la represión para los casi dos millones de habitantes de La Matanza, cuya inmensa mayoría vive por debajo de la línea de pobreza. Los 380 nuevos agentes que patrullarán armados los barrios, se sumarán a la bonaerense, la Buenos Aires 2, la gendarmería, encargada de las razzias en las avenidas que conectan con capital, la prefectura en las estaciones de trenes, la federal, que de civil controla los colectivos, y la seguridad privada de los barrios ricos.

POLINARCOS y PASES DE FACTURAS
En la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, un comisario, de apellido Romero, se presentó en una fiscalía para denunciar que dos de sus subordinados, de franco, vendían drogas y psicofármacos a los presos dentro de su dependencia, les proveían teléfonos celulares y “facas” (armas blancas de fabricación casera).

La fiscal pidió al juez de garantías un allanamiento, pero el magistrado, actuando como oficioso defensor de los policías, consideró era “improcedente” la petición, y mandó investigar al denunciante. Según el juez, el comisario “buscaba entrampar a dos policías que no estaban de servicio en un presunto ilícito, cuya solución precisamente estaba bajo su responsabilidad que no ocurriera” ya que “quien está al frente de la comisaría, en lugar de proceder conforme le caben sus facultades como titular de la dependencia policial, viene al sistema penal a poner en conocimiento prácticamente que sus tareas se les han ido de las manos, que su cargo no lo está cumpliendo como debe y solicita que desde el propio Estado se provoque un delito contra dos policías que al momento de esta provisión no se encuentran en funciones”.

Es decir que, para el juez, un policía no debe “ser botón” respecto de sus camaradas… y si lo estaban pasando por arriba en el reparto, que se las arregle él para ordenar el asunto sin hacerlo público.

En La Plata, el presidente del bloque de diputados provinciales de Unión-PRO, Ramiro Gutiérrez, aprovechó la situación para pedir la interpelación por este caso al ministro de seguridad Stornelli, basado en que “presentamos una nota al ministro Stornelli sobre esta situación: funcionarios policiales que mancillando el uniforme estarían vendiendo drogas, es como si vendiesen drogas en un hospital”, según explicó.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires un testigo de identidad reservada ratificó que, en la comisaría 24ª, además de explotar a los cuidacoches o “trapitos” que trabajan en las cercanías de la cancha de Boca, son los mismos policías los que dirigen el abundante tráfico de drogas del barrio.

Vaya novedad. El aparato represivo estatal es el que gerencia el crimen organizado, en cualquier tipo de delito importante que se investigue. Y si se denuncian entre ellos, es porque tienen conflictos internos y pases de factura, que jueces y diputados se esfuerzan por disimular.

PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA LOS TRABAJADORES DEL SUBTE
El lunes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del delegado de los trabajadores del subte, Néstor Segovia, por hechos ocurridos durante una jornada de medidas de fuerza del gremio para exigir por mejoras laborales.

El fallo, que ya fue recurrido por la defensa del compañero, revoca uno de primera instancia, que consideraba que no hubo delito penal en la protesta sindical, y fue apelado por el fiscal.

Luego de conocer el fallo judicial, los trabajadores del subte manifestaron su repudio con la liberación de los molinetes durante varias horas. Segovia comentó: “Aunque ésta es una medida de fuerza simpática, estamos advirtiendo que se viene otra que no lo es, un paro”. Otro delegado afirmó: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo el ministerio sigue sin respetar la ley y cómo la UTA y Metrovías ponen en riesgo la vida de trabajadores y de los usuarios”.

Nuevamente vemos como la política de criminalizar la protesta sigue su curso, con ayuda de los jueces del sistema que responden a la clase dominante. Los procesados son siempre los trabajadores, que exigen condiciones de trabajo dignas y un sindicato independiente, que defienda los intereses de los trabajadores.

VIOLACIÓN POLICIAL ENCUBIERTA
La tortura por parte de las fuerzas represivas del estado es una práctica habitual, sobre todo en los barrios más humildes. Son muchos, también, los casos de crímenes sexuales cometidos por efectivos policiales, de los cuales, muy pocos llegan a ser denunciados y muchísimos menos condenados.

Esta semana trascendió la noticia de que una joven de 15 años denunció una violación perpetrada por un policía en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza. La joven relató que estaba con una amiga en la plaza, cuando se acercó un móvil policial. Un efectivo le preguntó que hacía allí y ella le contó que había tenido problemas en su casa.

El uniformado se ofreció a llevarla a su casa en el barrio Trapero Sosa. La joven subió al auto. Cuando iban en camino, el conductor se detuvo en una obra en construcción. Allí le ordenaron que se bajara. Uno de los policías, bajo amenazas, la obligó a sacarse la ropa y la violó. El agresor volvió al auto y ambos policías desaparecieron.

El caso obtuvo cierta repercusión mediática. Como suele suceder en estos casos, en que las sospechas recaen siempre sobre la víctima, y aunque la joven declaró que puede reconocer al efectivo que la violó y su relato coincide con la declaración de la mujer que la auxilió después del ataque, los medios hablaron de “presunta violación”, poniendo en duda la denuncia.

El director de la policía local, Juan Carlos Caleri, aseguró a un diario que a esa hora no se encontraba ningún móvil policial en la zona. Pero los datos del GPS demostraron que hubo cinco móviles entre las 20:00 y las 22:00, horario estimado del hecho, a lo cual el fiscal de la causa Fernando Giunta, aseguró que Caleri se “confundió en la hora”. Queda bien claro de qué lado está a la hora de investigar un caso, calificando de error lo que claramente es un intento de tapar los hechos.

Las presiones sufridas por la joven fueron de tal magnitud, que finalmente desistió de instar la acción penal. Una vez más quedó garantizada la impunidad de los perros guardianes del sistema.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 23 de abril, desde las 17:00, jornada de denuncia pública y acto en el Obelisco, al cumplirse 19 años de la detención y muerte de Walter Bulacio.