Boletín informativo nº 554

Sumario:
1. Comisario de los “progres”, preso por secuestrador y torturador. 2. Las cárceles siguen “suicidando” presos. 3. Torturas en Cosquín. 4. Consejo institucional: robar para vivir. 5. Poli-barrilete, poli-chorro autopartista, poli-asociación ilícita: Siempre poli. 6. Aprietes a granel. 7. BarcelonAntirrepresiva. 8. Próximas actividades.

El COMISARIO DE LOS “PROGRES”, PRESO POR SECUESTRADOR Y TORTURADOR
En 1994, el comisario inspector Edgardo Mastandrea fue exonerado por el gobernador Duhalde, por haber liderado una asonada policial en reclamo de más “horas cores” (adicionales) y pertrechos. Comenzó entonces una rutilante carrera como “el policía diferente”, que denunciaba la corrupción sistémica de la fuerza y reclamaba su “democratización” al poder político.

Desde entonces, Mastandrea se vinculó con diferentes organizaciones, como el CELS o la fundación Miguel Bru, y partidos “progresistas”, como la UCR, el FREPASO, el ARI y la Coalición Cívica.

En 1999 integró el Instituto Programático de la Alianza (IPA) y fue asesor de Eugenio Raúl Zaffaroni. Junto a la diputada bonaerense Graciela Podestá (FREPASO), impulsó los primeros “sindicatos” policiales de la provincia. Durante la campaña electoral de ese año, Graciela Fernández Meijide anunció que, si ganaba la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Mastandrea sería su ministro de seguridad.

Pero ganó Carlos Ruckauf, que en 2002, después de la masacre de Puente Pueyrredón, designó ministro de seguridad a Juan Pablo Cafiero. Y Mastandrea fue uno de los candidatos evaluados por Cafiero para reemplazar entonces al jefe de la bonaerense saliente.

Mastandrea siguió apareciendo en radio y TV y asesorando a radicales y frepasistas en “políticas públicas de seguridad”, hasta que se sumó al ARI. En la conferencia de prensa en la que el partido presentó su “propuesta de seguridad” en la campaña de 2007, estuvieron los diputados Carlos Raimundi, Eduardo Macaluse y Marta Maffei, junto a Adrián Pérez… y el comisario Mastandrea.

Una vez conformada la Coalición Cívica, Mastandrea se integró a sus “equipos técnicos”, hasta que se hizo pública su imputación en una causa por el secuestro de veinte jóvenes 16 a 22 años en Luján, trasladados para la tortura a la comisaría de San Nicolás, donde el comisario “piola” era tercer jefe durante la dictadura.

Ahora, que ha sido detenido en esa misma causa, todos los que lo pasearon por conferencias, estudios de TV y facultades, compiten para decir más fuerte que no tuvieron nada que ver con él. Pero allí están los archivos, y la memoria de CORREPI.

LAS CÁRCELES SIGUEN “SUICIDANDO” PRESOS
Hace 15 días, en la Unidad 9 de La Plata, en el marco de una huelga de hambre que continúa y se ha extendido a varias Unidades -entre otras demandas, por la derogación de la Ley 25.430 que restringe las excarcelaciones- fallecía el preso Roberto Terzagui.

Esta semana, en Río Cuarto, y en medio de acciones por numerosas torturas y reclusiones en nichos infrahumanos, otro preso, Silvio Robledo, fue hallado “suicidado”, según el servicio penitenciario cordobés. La familia sostiene que fue dejado morir. La indignación y reacción de los familiares de otros presos se hizo sentir en las adyacencias de la Unidad riocuartense.

Simultáneamente, en la Unidad 13 de Junín, Pablo Gómez también apareció “suicidado” en su celda. En este caso, se trataba de un procesado que vivía en Avellaneda, separado a 300 km. de su familia.

Las muertes en las cárceles son una constante. Todas tienen que ver con la insoslayable responsabilidad del estado. Cuando no por comisión, con guardiacárceles que golpean y torturan, que requisan y apalean, lo son por omisión de cuidado, disfrazadas de decisiones límites como el suicidio de los presos.

En los últimos tiempos se han multiplicado los casos de estos “suicidios”. No desechamos que algunos presos puedan tomar estas decisiones. Generalmente, responden a la misma caracterización: pobres, presos “del común”, vulnerables. Lejos de poner el tema en la psiquis individual, esta situación también revela el carácter ideológico, en tanto herramienta destructiva del pobre, que apareja el encierro en las cárceles de la burguesía.

Pero cuando ponemos suicidios encomillados - y esto es en la inmensa mayoría de los casos - es porque aunque el servicio penitenciario (de la provincia o estado que sea) se empeña en contar historias de ahorcamientos inverosímiles, que encubren, evidentemente, otras cosas. Reacomodamientos del lugar del “suicidio”, autopsias que no son claras, encubrimiento judicial que impide seguir la investigación a fondo. En definitiva, otra manera de disciplinar con la muerte legalizada desde el mismo estado.

Nadie debe olvidar sin embargo que aún en aquellos casos que no llevan comillas, SIEMPRE EL ESTADO ES RESPONSABLE, porque asumió la tutela y el cuidado desde el momento en que la ley lo facultó a la detención, y ni la Constitución, ni ninguna convención internacional, lo habilitan para hacerlo del modo que siempre lo ha hecho.

Esto evidencia el permanente desafío que, a su propia lógica jurídica, y en algunos casos, hasta garantista, ejercen los representantes de ese estado, que SON EL ESTADO MISMO, aunque algunos se esfuercen, futilmente por cierto, en negarlo.

TORTURAS EN COSQUÍN
Ramiro Lanasa tiene 29 años. Vive en Cosquín, ciudad famosa por su festival folklórico y sus paisajes típicos de la sierra cordobesa. Hace algunos días, Ramiro se fue con dos amigos al mirador de una montaña cercana a la ciudad. Los tres se dispusieron a escucha música y tomar unas cervezas, todo adentro de su automóvil.

En eso apareció un móvil policial con dos agentes, que los increparon sin motivo alguno. “Nosotros nos bajamos del auto y no intentamos hacer nada, pero igual uno me empezó a pegar en la cabeza y me insultaba”. “Después vino un móvil de la CAP y quisieron ponerme algo envuelto dentro del auto, como pude, a los manotazos impedí que metieran eso adentro del coche y entonces me pegaron de vuelta”; relató el joven.

Sin embargo, Lanasa sostiene que la peor parte fue dentro de la comisaría, comandada por el comisario Carlos Destefani, porque allí “me comenzaron a pegar, pero no sólo los que me habían detenido, sino todos los que estaban allí adentro”.

Los golpes fueron interrumpidos solamente para llevar a Ramiro al Hospital Municipal, donde fue revisado. Al volver a la comisaría le dieron la tercera golpiza, “Parece que tenían miedo de pasarse” acierta la víctima.

El hecho fue denunciado a la justicia cordobesa por el mismo torturado, lo que motivó el allanamiento de la comisaría de Cosquín. Un caso más, de los miles y miles que registramos a lo largo y a lo ancho del país. La tortura sufrida por Ramiro Lanasa es un doloroso ejemplo del accionar cotidiano del aparato represivo del estado, al que sólo es posible oponérsele con organización y con lucha.

CONSEJO INSTITUCIONAL: ROBAR PARA VIVIR
Cristian Nobilia vive en Bolívar Pcia. de Bs. As. Desde que salió de la cárcel, la policía lo persigue y extorsiona para que acepte formar parte de las bandas que roban para esa institución. Lo molieron a palos varias veces y hasta recibió una puñalada en un típico crimen por encargo.

Hizo las denuncias ante la fiscalía del lugar, y la Dra. Sebastián le aconsejó que abandonara el pueblo “porque intercedía en el accionar de la policía…”

Ahora prosperó un Habeas Corpus que interpuso ante el juzgado de garantías. Cuando no son ellos mismos (en sus modalidades polinarcos, polichorros, etc.) extorsionan para que los más vulnerables lo hagan en su representación. Modalidad delictiva que la policía bonaerense viene empleando desde hace mucho y que, a juzgar por los consejos que recibió el extorsionado, no desagrada a miembros conspicuos del aparto judicial, partícipe necesario de esas prácticas habituales.

POLI-BARRILETE, POLI-CHORRO AUTOPARTISTA, POLI-ASOCIACIÓN ILÍCITA: SIEMPRE POLI
En la jerga popular le dirían “barrilete”. En los hechos, es otro de los tantos casos en los que un agente de las fuerzas represivas mete la mano en la lata, en la góndola en este caso. Un cabo de la policía de Entre Ríos, que hacía adicionales en un supermercado, fue sorprendido cuando robaba carne, un par de medias y unos vinos del mismo local.

Hace unos días, la policía de Tandil descubrió a un hombre cargando autopartes en el baúl de su auto. El hombre se dirigía a llevarlos hacia otro domicilio que, no por casualidad ni azar, era del teniente de la bonaerense Roberto Díaz. La cosa era simple: el uniformado se las arreglaba para sustraer autopartes de vehículos estacionados en el depósito judicial de Cerro Leones y luego los comercializaba en el mercado ilegal.

En Corrientes, en las últimas semanas, salieron varios hechos a la luz: agentes que con armas reglamentarias seguían en caravanas de motos a bandas de cumbia y causaban destrozos en las calles, otros implicados en hechos delictivos, apoyo al tráfico de drogas y hasta la extorsión a comerciantes que eran amenazados por otros delincuentes (o policías, es lo mismo). A todo esto se ha sumado un escándalo de mayor jerarquía dentro de las fuerzas represivas correntinas. Dos efectivos de la Dirección de Investigación Criminal y un administrativo han sido descubiertos en una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar y adulterar documentos. En las últimas horas, el fiscal que atiende la causa, el jefe de la policía y el subsecretario de Seguridad de la provincia estaban delineando las medidas a tomar para que la institución represiva no quede tan mal parada y así continuar con su tarea: la represión hacia la clase trabajadora.

Varios policías han sido exonerados en estas provincias. Muchos medios aseguran que los ex funcionarios no podrán trabajar en ninguna dependencia del Estado. No se preocupen: pueden hacerlo en la Metropolitana porteña y en todas las agencias represivas privadas.

APRIETES A GRANEL
El jueves 8 de abril, “visitantes desconocidos” ingresaron por la fuerza en el estudio jurídico de la abogada María Isabel Caccioppoli. Provocaron destrozos, quemaron papeles y luego huyeron sin robar ningún elemento de valor, salvo documentación de las causas por violaciones a los derechos humanos en las que la abogada representa a familiares de víctimas, como la que involucra a Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior del gobierno de facto.

Una semana después, el jueves 15 de abril, en la provincia de Santiago del Estero, otro particular y misterio “robo” se suma a la lista. En la “CASA GARIBALDI”, lugar de reunión de organizaciones sociales y de DDHH, ingresan a la fuerza más “visitantes desconocidos” que sólo se llevaron documentación relacionada con el secuestro y asesinato del joven santiagueño Cecilio Camenetsky en 1976, causa por la que están en el banquillo Bussi, Menéndez y Videla.

Solo un día después, en la provincia de Santa Cruz, delegados de la salud denunciaron que el domicilio particular de Leonardo Espíndola, delegado de Salud en Pico Truncado, fue apedreado en horas de la madrugada mientras su esposa e hijos descansaban. Simultáneamente asaltaron la casa de Pablo Almeida, también delegado del Hospital de Pico Truncado, a quien le destruyeron todos los muebles. La misma suerte corrió una trabajadora del Hospital de Las Heras, Margot Ramos, a la que también le destrozaron su vehículo.

Aprietes a granel en todo el país, que requieren de todos nosotros estar alertas y organizados para cuidarnos.

BARCELONANTIRREPRESIVA
Lugano, Soldati y Pompeya lideran los pronósticos
Los sitios online de apuestas ya pronostican en qué barrio porteño será el primer caso de gatillo fácil de la Policía Metropolitana.

“Se está haciendo esperar“, admiten, con cierto nerviosismo, diversas fuentes de la Policía Metropolitana, consultadas sobre la ausencia de denuncias de gatillo fácil que, al cierre de esta edición, todavía pesaba sobre la flamante fuerza porteña. El fenómeno es seguido con atención por los sitios de Internet dedicados a las apuestas. Allí, los jugadores ya arriesgan cuáles serán la fecha y la esquina de Buenos Aires donde se registrará el primer homicidio en manos de efectivos de la Metropolitana, y hasta se vaticina el origen social de la víctima. “No hay que desesperarse“, evalúan los uniformados de la Ciudad, quienes entienden que la clave es “seguir trabajando, escapar a la presión, darle para adelante y tener confianza, que las cosas van a ir llegando solas“.

“Hasta ahora, la Policía Metropolitana estuvo muy ocupada con los escándalos por las escuchas ilegales, por las redes de protección a prostíbulos y por los prontuarios de los jefes policiales“, se sincera Eugenio Burzaco, jefe de la fuerza de seguridad porteña, y uno de los cuadros de Pro más preocupados por la inseguridad. El diputado aludió de esa manera a las apuestas que circulan por Internet, y que vaticinan en qué barrio humilde de la Ciudad Autónoma se registrará el primer caso de gatillo fácil de la Metropolitana. “La administración Macri sabe que Villa Lugano, Villa Soldati, La Boca, Parque Patricios, Pompeya, Constitución, Boedo, Barracas, Bajo Flores, Mataderos y, en definitiva, todo el flanco sur de la Ciudad ha sido históricamente postergado“, expresó Burzaco, “así que la idea es ir, de a poco, enmendando esa injusticia sufrida por los porteños meridionales“.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 19, 19:00, charla con militantes de CORREPI en la Facultad de Filosofía y Letras, Puán 480.

Miércoles 21, 20:00, participación de militantes de CORREPI en panel en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, sede Constitución.

Viernes 23 de abril, a las 17:00, acto en el Obelisco en el 19º aniversario de la detención y muerte de Walter Bulacio.