Boletín informativo nº 556

PREPOTENCIA IDEOLÓGICA: CARETAS QUE SE CAEN

Cinco militantes anarquistas fueron detenidos frente a la embajada de Grecia en Buenos Aires después de haber manifestado en solidaridad con Giannis Dimitrakis, preso político del estado griego. Uno de los detenidos debió ser hospitalizado, producto de las heridas recibidas con la represión que la policía federal desató desde la propia sede diplomática.

El juez Claudio Bonadío (que supo pertenecer a Guardia de Hierro, antigua formación fascista del peronismo), mandó allanar sus domicilios y negó las excarcelaciones con el argumento legal de la prepotencia ideológica, que tanto le gusta aplicar recurrentemente. Los detenidos están repartidos en diversas cárceles del sistema penitenciario federal.

El artículo 213 bis del código penal –la “prepotencia ideológica”- fue introducido durante el gobierno del radical Illia, en 1964. Reprimía a quienes pertenecieran a agrupaciones con el objetivo de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. La pena era considerablemente menor a la vigente actualmente (prisión de un mes a tres años). En 1974, el gobierno peronista le dio su actual redacción y pena (Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación), y, recientemente, la ley 23.077, lo ratificó.

Los distintos estados del continente (”democráticos y de derecho” todos, algunos más “derechohumanistas” que otros) la sancionaron disciplinadamente.

La aprobó el congreso nacional, la usan los jueces federales, la pone en acto el poder ejecutivo nacional: provoca, reprime, detiene y encarcela militantes políticos. Entran en las casas de los detenidos buscando “material” conspirativo. Adjudican a la protesta motivaciones terroristas. Todo con la complicidad inocultable de la corporación mediática (privada y pública) que cierra el círculo con el ninguneo o la tergiversación.

Cuando el estado, mediante la dictadura, perseguía como un lobo hambriento a todos quienes de un modo u otro se levantaban contra las injusticias del poder económico que la patrocinaba, lo hacía sin ley. La democracia prefiere contar con leyes como ésta.

El hilo conductor es la persecución, el nudo gordiano de la razón de ser de ese mismo estado, en tanto mecanismo que la burguesía dispone cuando sus trapisondas son jaqueadas por la movilización, la organización y la lucha del pueblo.

La crisis económica que envuelve a Grecia como válvula de escape de la gran crisis capitalista mundial, es mucho más que una paradoja. Algo más que una simple coincidencia de nombres, países o luchas.

Al sistema capitalista se le caen las caretas: sus leyes son palos con fórmulas solemnes, sus funcionarios, verdugos con traje y corbata, sus presos, presos políticos, aquí, allá, por todas partes.

Es necesario mantener el alerta y la movilización para que los compañeros sean liberados.

POLICHORROS CON VARIACIONES

“Hay una tolerancia cero contra la corrupción policial“, declaró el pasado 22 de abril, a Telam, el auditor de Asuntos Internos de la bonaerense, Manuel Sandberg Haedo. Lo dijo cuando detuvieron a tres policías dela DDI La Plata, quienes, en pleno uso de sus funciones, exigieron el 5 de marzo, a Jorge Giménez, de La Reja, partido de Moreno, 50 mil dólares para no armarle una causa por drogas.

El hombre, con un temor absoluto tras el allanamiento de su casa y el encierro de su familia, les pudo conseguir cinco mil pesos para que se fueran y radicó una denuncia en fiscalía de Morón. Los tres detenidos son los de menor rango en el negocio. Un comisario y un oficial inspector, suficientemente avisados hace un mes, con su separación de la fuerza, están prófugos. Para completar el cuadro, la fiscalía se declaró incompetente y la causa dormirá en Mercedes.

Mejor destino tuvieron el comisario y dos oficiales de la comisaría de Villa Corina -7ª de Avellaneda- famosa por los escuadrones de la muerte denunciados en 2007 por los vecinos tras haber fusilado ocho pibes en quince días. Resulta que un comerciante de la zona no tuvo mejor idea que conseguir los 10 mil pesos que le exigían, para no clausurarle el negocio, fingiendo su propio secuestro. El amigo del extorsionado, cuando recibió el llamado, avisó al gabinete antisecuestros, ajeno al negocio en ciernes, pero no por eso combativo de la función recaudadora de sus compañeros. Es así que tuvieron la “delicadeza” de intervenir justo en el momento en que el comerciante iba a entregarles el dinero para el comisario, lo que les mereció sin ningún prurito del poder judicial, la calificación de tentativa de extorsión, logrando la consiguiente libertad.

Una semana antes, en Neuquén, el gobernador Sapag, en el sepelio del oficial Sergio Acuña, asesinado en un asalto a un centro de cobranzas de Zapala, solicitó “el compromiso de la comunidad, de las instituciones y de los poderes del Estado para cuidar y proteger a la institución policial y a cada uno de sus integrantes”. El hecho fue vendido por medios y gobierno como de “inseguridad” para reivindicar la función del brazo armado y pedir mano dura. Sin embargo, esta semana, tras su polémico suicidio en la Dirección de Seguridad de Zapala, se supo que la acusación por el homicidio y el asalto recayó en el sargento ayudante Víctor Pérez y el cabo Nelson Painemilla, de la Comisaría 22ª de Zapala.

Pérez había participado de la represión ordenada por el ex gobernador Jorge Sobich en Arroyito y fue uno de los policías que disparó contra el auto en el que viajaba Fuentealba, igual que Poblete. Claro que los golpes que presentaba su cuerpo y la presión previa al suicidio que denuncia su familia ante un posible ajuste de cuentas por su futura declaración en la segunda causa judicial, pueden haber sido con el objetivo de “cuidar la institución” ante los “hechos de inseguridad”.

CLÁSICA “CONFUSIÓN”: GATILLO EN CÓRDOBA Y SAN MARTÍN.

Dos casos se suman a la lista de los asesinados por las fuerzas represivas, en los que aluden “confusión” y “negligencia” para lavar la cara a la responsabilidad de los asesinos.

En Pozo de Tigre, Córdoba, Juan José Galíndez fue baleado por un policía que “lo confundió con un asaltante”. El comisario Walter Álvarez precisó que el hombre fue internado en la unidad de terapia intensiva de un centro sanitario con una herida de bala en la zona lumbar. Y explicó que se trata de un “confuso episodio” que está siendo investigado.

La madrugada del lunes 27 pasado, Eduardo González Goche (peruano, de 38 años) fue asesinado por Martín David Cabrera, sargento de la comisaría 1ª de San Martín. El policía le disparó por la espalda con una escopeta, tras un “confuso hecho” a la salida de un boliche, según declaraciones de la misma fuerza.

Aluden los medios también a que “el disparo mortal habría sido producto de negligencia del detenido, por la forma en la que ingresaron los proyectiles –debajo de la nuca y de abajo hacia arriba– y la corta distancia del disparo (todos los perdigones impactaron en un radio de 10 centímetros)”, y agregaron que “los cartuchos recogidos en el lugar del hecho serían antitumultos (balas de goma), que disparados a corta distancia son mortales”.

El factor común: ante la duda, disparan. Y las “confusiones” no alcanzan a disimular los fusilamientos.

JUICIO AL GATILLO EN BAHÍA BLANCA

En estos días, en los tribunales de Bahía Blanca, se está juzgando al policía bonaerense Rodolfo Guidobono, de la Comisaría 2ª, que el 8 de febrero de 2008 fusiló a un niño de 14 años, Giuliano Gallo (ver Boletín nº 465 del 3/2/2008).

Era un viernes de madrugada. Yuli, como le decía su madre, y otros chicos del barrio Mi Casita se habían reunido en la casa de uno de ellos, aprovechando las vacaciones. A un vecino le molestó el volumen de la música, y llamó a la policía. La policía llegó, con patrulleros y el grupo especial GAD. El ruido de la música quedó tapado con el de los tiros. Después, los peritos contaron infinidad de impactos de perdigones de las escopetas, y nueve disparos 9 mm: Siete en las paredes de la casa, y dos, que entraron por una ventana, en el cuerpo de Giuliano.

El policía Guidobono fue identificado muy pronto como el autor de los disparos que mataron a Yuli. Sus propios camaradas del grupo especial GAD declararon que no hubo tiros desde la casa. Guidobono intentó defenderse denunciando que los del GAD entregaron sus armas después de limpiarlas, lubricarlas y reponer los cartuchos que usaron, lo que seguramente es cierto. Pero a Giuliano no lo mató un perdigón, sino un plomo de la reglamentaria de Guidobono.

Esta semana comenzó el juicio oral y público por el homicidio. Como siempre, cuando no les queda otro remedio que admitir que dispararon, el policía dice que se tuvo que defender, porque los chicos eran peligrosos. El diario La Nueva Provincia, firme junto al policía, contribuye con sus titulares, y acusa de perturbar el orden a los vecinos del barrio y militantes antirrepresivos que tienen el atrevimiento de entorpecer el tránsito frente a los tribunales, mientras cantan consignas contra el gatillo fácil y la impunidad.

En los próximos días serán los alegatos. El abogado del policía va a argumentar legítima defensa, y dirá que el precoz delincuente infantil, bien muerto está. Quizás cite como antecedente el reciente fallo de San Martín que absolvió al policía Carrizo, que tuvo que disparar para proteger su vida, porque enfrente estaba Gustavo Mareco, un chico de 16 años, armado con un teléfono celular…

Por supuesto que el policía Guidobono no está preso. Hace rato que está en su casa, porque los jueces son sensibles, y se conmovieron con el argumento de que no había nadie que cuidara a sus hijos mientras la mujer iba a trabajar. Los jueces bahienses son bien creativos a la hora de proteger a los perros guardianes de su clase. Veremos, en unos días, qué inventan para no condenar al asesino.

TORTURADO POR DENUNCIAR TORTURAS

La historia comienza de una manera trágicamente típica. Un pibe fue levantado por la policía, en este caso de la seccional 5ª de Río Gallegos, por estar tomando alcohol en una garita de colectivo.

Hasta ahí, un caso común y corriente (y no, por eso, menos, sino más indignante) de una detención arbitraria.

Pero lo que ocurrió inmediatamente después lo convierte, además, en una demostración de la impunidad con que la policía de todo el país utiliza la tortura a discreción:

“Yo estaba trabajando, cuando llega mi hijo de 12 años y me dice que a mi otro hijo, de 26 años, lo levantaron de la garita de colectivo y se lo llevaron porque estaba tomando y que le pegaron. Entonces dejo de trabajar y me dirijo a la seccional Quinta, donde llego y confirmo que le seguían pegando a mi hijo, por lo que les pregunté: ¿Así tratan a las personas? Ellos me preguntaron: ¿Sos malo?, ¿Querés que te metamos en cana? Y en ese momento se me abalanzaron seis o siete policías que me patearon, me pegaron trompadas, me pisaron, me pusieron de rodillas y me golpearon el pómulo que todavía me duele.” Así relata Enrique Guantay, el padre del chico detenido, los hechos tal como él los viviera.

Al hombre lo tuvieron encerrado desde la una de la tarde hasta las seis de la madrugada, cuando finalmente lo dejaron en libertad. Durante ese tiempo sufrió, al igual que su hijo, la aplicación de diversas y numerosas formas de tortura.

Un ejemplo más, y sólo eso, del accionar permanente y sistemático con que las fuerzas represivas pretenden mantener el control social en todo el país.

“SEGURIDAD” PORTEÑA: BENDICIONES SON LO QUE SOBRA

El rabino Sergio Bergman empezó a ser conocido fuera del ámbito religioso de su colectividad como integrante de la primera agrupación de familiares y amigos de la masacre de la AMIA. Convertido por los medios en una suerte de “gurú” espiritual posmoderno, fue uno de los más frecuentes oradores en los actos organizados por Juan Carlos Blumberg. En las últimas elecciones presidenciales, apoyó fervientemente las propuestas de Elisa Carrió, como las elecciones directas de comisarios o la sindicalización policial, para controlar los “excesos” de las fuerzas de seguridad.

Creó la fundación “Argentina Ciudadana”, que se presenta como una entidad de corte espiritual para “hacer de la política cívica, una práctica espiritual del bien común” y que propone como meta ir “del paraíso perdido a la tierra prometida”. Pero su declaración de principios deja de lado el místico lenguaje bíblico cuando sincera sus fines y los intereses que defiende: “Promover una economía libre e integrada al mundo, que estimule la inversión, la iniciativa privada, la creación de riqueza y su justa redistribución.”. Y aclara que esa “misión” será cumplida por “una minoría transformadora” que se consagre al “apostolado” de “transferir los valores de lo privado a lo público”.

No sorprende, pues, el convenio, conocido esta semana, entre la fundación de Sergio Bergman y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para que su fundación asesore a Mauricio Macri y su ministerio de Seguridad en materia de políticas de seguridad (o sea, en políticas represivas legitimadas por el consenso). Una de las tareas del nuevo funcionario será, por ejemplo, evaluar los legajos de los aspirantes a ingresar en la Policía Metropolitana.

Como lo prueba la historia, incluso durante la última dictadura argentina, el papel de las jerarquías de las iglesias de cualquier confesión ha sido siempre jugar a favor de los detentadores del poder representados en los oficialismos de turno. En el caso, no puede obviarse el oportunismo macrista, al incorporar a su gobierno, precisamente en el área de seguridad, a un rabino, justo en los días en que su ministro de seguridad, Montenegro, y su jefe de gobierno, Macri, son indagados por su papel directriz en el espionaje organizado por el “Fino” Palacios y ejecutado por Ciro James, que alcanzaba, entre otros, a dirigentes de una de las organizaciones de familiares de víctimas de la masacre de la AMIA.

De acuerdo a lo informado en los medios, Bergman también participará activamente en el programa “Monitor Ciudadano” una institución prevista en el Plan de Seguridad Pública de la ciudad, que se dedicará al “seguimiento y evaluación del accionar de la Policía Metropolitana”.

De esta manera, el aparato represivo del estado municipal podrá actuar con total tranquilidad espiritual, con todo su accionar debidamente bendecido.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 8 de mayo, ¡Fiesta! En la Facultad de Psicología, Av. Independencia 3065. Barra económica, entrada $10. Organiza CORREPI.

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA

13 de mayo: La situación de DDHH en Argentina 2010.

20 de mayo: Estado, democracia, represión.

27 de mayo: La represión preventiva y el control social (1ª parte).

3 de junio: La represión preventiva y el control social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com