Boletín informativo nº 558

REACOMODAMIENTO MINISTERIAL BONAERENSE: SINCERAMIENTO REPRESIVO

El gobernador Scioli hizo renunciar al ministro de seguridad, Stornelli, que volverá a su cargo como fiscal federal, a retomar su especialidad, la persecución a militantes y organizaciones populares, y unificó las carteras de Justicia y Seguridad en cabeza de Ricardo Casal, hasta entonces, sólo ministro de Justicia.

En conferencia de prensa, Casal anunció sus primeras medidas: Dijo que “de inmediato” ampliará el convenio con los municipios para que dispongan de más cámaras de seguridad. Anunció que resucitará los foros de seguridad, esos espacios que, al revés de lo que proclaman los carteles de las comisarías y los letreros de los patrulleros, ponen a la comunidad –mejor dicho, a la comunidad de propietarios- al servicio de la policía. También confirmó que buscará darle más apoyo a la Policía comunal, y que dará “nuevos ejes de acción” a toda la policía bonaerense.

A su lado, el confirmado jefe de la bonaerense, el comisario Paggi, prometió “ir hasta el hueso” contra la delincuencia, y anunció la compra de motos de alta cilindrada para el patrullaje urbano; de motos enduro para el patrullaje rural, y de 200 camionetas 4×4 para toda la provincia. Y para completarla, el flamante súperministro informó que ya hay un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 25 millones de dólares para su cartera.

El nuevo ministerio bonaerense tiene bajo su mando, a partir de ahora, la totalidad de las fuerzas del aparato represivo provincial, policías y servicio penitenciario, más el aparato judicial.

Este tipo de estructura no es novedoso en Argentina. Lo hemos visto aparecer varias veces en años recientes, siempre en momentos en que la profundización de la crisis y el crecimiento de las luchas exigen al gobierno de turno centralizar en un solo puño el manejo de todo el aparato coercitivo y legitimador, es decir, el represivo y el judicial.

Una semana después del 26 de junio de 2002, Eduardo Duhalde hizo renunciar al ministro de justicia que había heredado del gobierno de la alianza, el radical Vanossi, y unificó justicia y seguridad al mando de su hombre fuerte, Juan José Álvarez, uno de los pocos políticos argentinos que pueden decir que fueron secretarios o ministros de seguridad, primero en la provincia de Buenos Aires, luego en la Nación, tras la represión del Puente Pueyrredón, y en la ciudad de Buenos Aires, donde llegó después de Cromagnon.

Duhalde y Scioli no son los únicos que vieron que, en épocas de crisis, el gobierno burgués necesita tener en un solo y bien fortalecido puño Justicia y Seguridad. Cuando Néstor Kirchner despidió a su primer ministro de justicia y seguridad, Gustavo Béliz, pasó la secretaría de seguridad a Interior, para que la dirigiera Aníbal Fernández, pero en el siguiente recambio, Fernández se mudó a Justicia, que ya dirigía el servicio penitenciario, llevándose la policía, la gendarmería, la prefectura y la policía de seguridad aeroportuaria en su portafolios.

La dupla Justicia y Seguridad bajo un mando común refuerza un mensaje muy claro, que, además de simbólico, es bien efectivo. Jueces, fiscales, policías, servicios penitenciarios, en fin, el aparato judicial y el aparato represivo, juntos y dirigidos desde el mismo escritorio, para que no quede ninguna duda de que la represión estatal se apoya sobre dos pilares inescindibles: la coerción directa del palo, la picana y el gatillo, y la legitimación que garantizan los hombres de toga, en nombre de la ley.

¿Y la seguridad? Preguntarán algunos, ¿el problema no es que crece el delito? Esa es la excusa. La realidad es que este reacomodamiento ministerial es una respuesta del gobierno bonaerense, a imitación del gobierno nacional, que expresa la necesidad fundante que tienen los gobernantes que administran este estado de injusticia, de pertrecharse más y mejor para profundizar la explotación y reprimir al pueblo trabajador.

SALTA: TORTURAS Y CAUSA FRAGUADA

En la provincia del norte, pero como sucede con las fuerzas represivas a lo largo de todo el país, se produjo otro caso de tortura y armado de causas. Esta vez, fue el turno de Mariela Aramayo y otras tres personas, que fueron detenidas, acusadas de ser autoras de un homicidio que no ocurrió. Evangelina Pisco, cayó, por accidente en un pozo cloacal; Mariela y otras dos personas que estaba en el lugar se acercaron a socorrerla, pero no pudieron.

Esto sirvió de excusa a la policía de Tartagal, a cargo del jefe policial Humberto Argañaraz, para llevarlos a la Brigada de Investigaciones y torturarlos para obligarlos a declarar. El director de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Néstor Méndez, aseguró que “las declaraciones de los detenidos apuntaban a que se había tratado de un homicidio provocado por cuestiones pasionales”. Claro que estas declaraciones fueron arrancadas a fuerza de golpes que sufrieron durante horas, asfixias, gatilladas en la cabeza, palos para que permanecieran horas derechos y de rodillas mientras les pegaban.

Argañaraz declaró, mostrando el carácter corporativo de la fuerza, que “todas las actuaciones se hicieron en el marco de un proceso que tuvo participación del juez a cargo del caso, Nelso Aramayo”. El mismo juez que, ante la denuncia pública de la tortura y la evidencia de una muerte accidental, tuvo que dejar libres a las cuatro víctimas.

La aplicación de la tortura, es una herramienta sistemática que utilizan las fuerzas represivas todas –policías provinciales y nacionales, gendarmería, etc.- y en todos sus niveles para mantener el control social. Y como ya dijimos en boletines anteriores: Se trata de una institución que, por estar al servicio de quienes gobiernan, cuenta con la impunidad para descargar toda su violencia sobre la sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables.

CORDOBA: DETENCIÓN ARBITRARIA SEGUIDA DE VIOLACIÓN

Acostumbrados, como siempre, al abuso por parte de las fuerzas del estado, está semana una mujer tuvo la valentía de efectuar una denuncia ante la justicia de Marcos Juárez por haber sido abusada sexualmente por un policía mientras estaba detenida en un calabozo de la Alcaldía ubicada en la calle San Martín 1242 de aquella ciudad del sur cordobés.

El policía que se encontraba de guardia aprovechó que su compañera fue al baño para ingresar en la celda donde estaba alojada la joven y violarla.

Sin embargo -aún cuando la mujer al realizar la denuncia presentó una prenda íntima como prueba, de la que se espera un resultado de ADN- el efectivo se encuentra en libertad y sólo fue “licenciado” preventivamente por sus superiores.

Y, obviamente, no es la primera vez que ocurre. Poco antes hubo una denuncia de otra mujer contra la Alcaidía de la Departamental de Río Cuarto, que produjo uniformados imputados y una purga policial.

La mujer victimizada en Marcos Juárez, lejos de hallarse en dicho lugar por la comisión de un delito, estaba presa por aplicación del código de faltas, es decir, una detención arbitraria. En el caso, acusada de “merodear”. Vemos, todos los días, cómo estás detenciones basadas en facultades discrecionales de la policía son la oportunidad para la tortura y la muerte, o, como en este caso, la violación.

LA NATURALEZA DEL ESTADO NO ESCAPA A BOLIVIA: DOS MUERTOS MÁS POR REPRESIÓN

Bolivia es uno de los países más empobrecidos de América Latina. Muchos se habían ilusionado que, con la llegada, por primera vez, de un originario a la presidencia, las cosas cambiarían. Pero se habían olvidado de un detalle: que a pesar de jactarse “marxista-leninista”, Evo Morales llegó al poder por el modo de reproducción ideológica del capitalismo: los votos.

En su haber, la administración del MAS ya lleva unos cuantos trabajadores muertos por la vía represiva. El pasado sábado 8, el estado boliviano asesinó a dos trabajadores más, tras una represión brutal en la localidad de Caranavi.

El contexto fue el siguiente. El ejecutivo blindó la suba de los salarios en el 5%. Hubo marchas, huelgas de hambre y manifestaciones en varias partes del país. Se sumó un corte de ruta en la localidad de Caranavi, donde trabajadores reclamaban que se instale en su localidad una fábrica de cítricos. Un senador del oficialismo movió influencias y logró que se proyectara instalarse cerca de donde él es propietario de grandes cantidades de tierras, en Alto Beni. Cientos de trabajadores cortaron la ruta por doce días hasta que el gobierno demostró para quién manda.

Setecientos verdugos policiales partieron desde La Paz y El Alto, fuertemente armados, a los que se sumaron otros 300 de las FF.AA. Motos, buses, camiones, equipo especial, topadoras y pala mecánica. Todos con la consigna bien clara de reprimir. Antes de llegar a destino, los pobladores de las localidades cercanas enfrentaron a la policía con piedras, petardos y dinamita que arrojaron desde las laderas de las montañas.

La resistencia del pueblo boliviano hizo que, a las fuerzas represivas, les costara unas cuantas horas llegar hasta Caranavi. Cuando lo hicieron, entraron directamente disparando gases lacrimógenos y plomo. Dos jóvenes murieron producto de las balas, casi treinta personas resultaron heridas y hubo más de cien detenidos.

Éste es el mejor ejemplo de que, gobierne quien gobierne, el estado capitalista está siempre al servicio de la clase dominante, y que, cuando tenga que reprimir para proteger los intereses de su clase, su gobierno de turno lo hará. Es su naturaleza.

LOS ASESINOS DE CARLITOS QUIROZ QUIEREN SER EXCARCELADOS

El lunes 10 de mayo, la Sala I de la Cámara Penal de Pergamino, escuchó la ampliación de los fundamentos por los que los policías imputados en el homicidio de Carlitos Quiroz, pretenden ser puestos en libertad.

Carlitos, un pibe de 15 años de la ciudad de Pergamino, fue a recoger un sobre a pedido de alguien que le prometió un dinero por el mandado, sin tener idea de que quien le dio el encargo estaba exigiendo un “rescate” por los documentos de un camión. Los policías Fernández y Conde, alertados por el conductor del camión, fueron al lugar del encuentro pactado.

El policía Fernández, sin dar la voz de alto siquiera, disparó directo al cuello del pibe, y lo mató en el acto. El superior de Fernández, Conde fue el oficial que dirigió el operativo dio las directivas a su subordinado para que actuara. Los dos, hoy, están detenidos, con prisión preventiva.

Ambos policías apelaron el auto de elevación a juicio y pidieron ser excarcelados. Fernández argumentó que su disparo y la muerte del chico fue un “terrible accidente”, por lo que su abogado pidió que, en lugar de homicidio calificado por la condición de policía, se califique el hecho de manera más leve, y se lo ponga en libertad.

Conde, por su parte, arguye que “al final de cuentas él nada tenía que ver con todo esto”. En la audiencia del lunes, su abogado sostuvo que su defendido nada tenia que ver con estos lamentables hechos, que era un injusto reprocharle la muerte de Quiroz, que su participación en el operativo se había limitado a armar un plan para atrapar delincuentes y prestar colaboración poniendo su coche particular a disposición. En realidad, está probado que el oficial Conde, además de dar las órdenes, manejó su auto hasta el lugar, vio a Carlitos y le ordenó a Fernández que bajara arma en mano. En una palabra, dispuso todo para el fusilamiento.

Otras varias cosas se sucedieron a lo largo de la mañana del lunes 10 de mayo en Pergamino. La Cámara Penal no permitió que los abogados de CORREPI, Daniela Juri y Ramiro Geber, en representación de la familia Quiroz, intervinieran en la audiencia para contestar la versión de los policías. Después de las protestas del caso, en la mesa de entradas nos informaron que nos dejarían ingresar a la audiencia. Pero pasearon al padre y a los compañeros por todo el edificio de Tribunales, de modo que cuando llegaron a la Sala, la audiencia ya estaba empezada.

Eso no impidió que pudieran ver, al término de los alegatos, cómo el único integrante masculino del tribunal bajó del estrado y saludó fraternamente al defensor del policía Conde, que, muy coloquialmente, le dijo: “¿Que tal, como te va? ¿Todo bien? Después nos vemos”. Eso es inmediatez judicial.

LAS CONJETURAS DE LA JUSTICIA

La ley 8031, es decir, el código de faltas y contravenciones bonaerense, faculta a la policía a detener o aprehender a chicos de menos de 18 años por el sólo hecho de andar en la calle, aunque no hayan cometido ningún delito. La policía también aplica a los pibes menores de edad la detención por averiguación de antecedentes, y, además, utiliza discrecionalmente el “procedimiento de entrega del menor”, que no es otra cosa que un mecanismo puramente policial, sin juez alguno, de detención y soltura según el “criterio policial” (como el famoso “Memo 40” de la federal, descubierto en la Causa Bulacio).

Buscando la inconstitucionalidad de esos procedimientos, el defensor del fuero penal juvenil de La Plata Julián Axat interpuso hace bastante un Habeas Corpus colectivo ante el Juez Arias, quien lo concedió.

Mucha prensa rodeó al caso en su momento, y el debate entre garantistas y no garantistas ocupó el centro de la atención, pero el eje de discusión se fue corriendo en la maraña de pasos procesales, que fue deshilachando lo que quiso venderse como “conquista” de un resquicio del propio sistema. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo del juez y mantuvo aquellas facultades policiales.

En diciembre 2009, la Corte provincial, a su vez, revocó lo de la Cámara y le ordenó un nuevo pronunciamiento, exigiéndole, no que anule la normativa represiva, sino que “funde correctamente” su decisión.

En buen romance: La Corte no cuestiona el fallo de la Cámara en tanto mantiene las facultades policiales, sino que le reclama que funde más seriamente esa posición. Para eso ha vuelto en estos días a ordenarle a la Cámara un nuevo pronunciamiento (por segunda vez la Corte lo exige) que trate la inconstitucionalidad de la norma pero no elimina las facultades policiales.

La enmarañada trama es una muestra del funcionamiento real del sistema judicial y de cómo la complicidad institucional es una marca de fábrica: la Cámara sostiene que la pretensión de derogación no se basa en ningún hecho concreto y sobre esto la Corte guarda silencio.

Para la justicia, las innumerables detenciones arbitrarias que a diario se producen en el territorio provincial, con sus consecuencias de tortura policial, acoso policial, suicidio policial…son meras “conjeturas” (textual del fallo de Cámara).

En esto, la justicia guarda coherencia: conjetura es aquello que se presume como probable, es suponer, augurar. Como la curiosa figura del merodeo que habilita a la policía a detener: Si el que camina por las calles es joven y es pobre, es fácil conjeturar que va a delinquir, por lo tanto marche preso.

Esto no es materia de discusión en ningún estrado, ninguna presunción, toda la certeza.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA.
20 de mayo, 21:00, segundo encuentro: Estado, democracia, represión.

27 de mayo: La represión preventiva y el control social (1ª parte).

3 de junio: La represión preventiva y el control social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com