Boletín Informativo nº 559

GATILLO FACIL EN ROSARIO

El gatillo fácil selecciona a sus victimas entre los más vulnerables, los más pobres y los más jóvenes. En este caso fue en una barriada, en la “socialista” provincia de Santa Fe.

El pasado 14 de mayo, en el barrio Moderno de la ciudad de Rosario, fue asesinado Braian López, un pibe de apenas 15 años. Alrededor de las 16:30, Braian estaba sentado en un quiosco de la calle Biedma, frente a los monoblocks del FONAVI, donde se estaba produciendo una discusión entre vecinos por la instalación de una parrilla.

Cuando comenzaron los gritos, cruzó. La mujer que se oponía a la construcción de la parrilla, llamó a uno de sus hijos, policía, para que terminara con la discusión. “Los milicos llegaron y los sacaron a todos corriendo y a los tiros” declararon al diario La Capital, unos pibes del barrio.

Braian recibió un balazo a corta distancia que ingresó por la nuca y salió por el mentón. Una mancha irregular de color bordó en el pasto reseco quedó como muestra elocuente de la gravedad de la herida que sufrió Braian. La ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Clemente Álvarez, donde murió a los pocos minutos.

Fue perseguido y baleado por dos personas que se desplazaban en una moto, uno de ellos del Servicio Penitenciario, de 30 años, y agente de la Patrulla Urbana de la policía local, de 23 años de edad, el otro. Los dos, integrantes de las fuerzas de seguridad que fueron formados en “democracia” para disparar su arma reglamentaria contra los pibes pobres.

Por supuesto que los diarios hablaron de confuso episodio, de diferencias previas entre el guardiacárcel y el chico de 15, y hasta del secuestro de una tercera arma (además de las 9mm de los verdugos). Lo cierto es que Rosario hizo su “aporte” cotidiano para que se mantenga el promedio de un pibe pobre por día asesinado por el aparato represivo del estado.

REPRESION EN VICENTE LOPEZ

“Cortar la calle e impedir la libre circulación en la entrada de un obrador de una empresa privada es un delito. Por eso, actuamos. Cuando llegamos, de manera totalmente respetuosa y cordial, le pedimos a los manifestantes, unas 80 personas, que declinaran su accionar. Les advertimos que estaban en falta. Me dijeron que entendían mis palabras pero que no se iban a mover. Cuando avanzamos, siempre con cuidado, respondieron con piedrazos y palazos. Uno de los efectivos recibió un garrotazo en la cara y está internado en el Hospital Houssay“. Así relató el comisario de la seccional Balneario, Carlos Albornoz, al diario Clarín, lo que sucedió el miércoles 20 de este mes en Vicente López.

Ese día, los vecinos continuaban con su lucha para resistir el avance de camiones y topadoras que trabajan en las obras de construcción del denominado Vial Costero, en la costa de Vicente López, cuando fueron reprimidos por la policía, que los atacó con balas de goma, patadas, golpes y detuvo cuatro manifestantes.

El proyecto de la Municipalidad de Vicente López, financiado por Vialidad Nacional, es resistido por los vecinos, que ven cómo, sistemáticamente, el espacio público se reduce para hacer lugar a grandes y costosos emprendimientos para el disfrute de los ricos. Como en el Tigre, donde el Parque de la Costa o el Casino impiden el acceso al río para los que no sean clientes de esos lugares.

Las declaraciones del comisario muestran, una vez más, cómo las fuerzas represivas del estado se empeñan en criminalizar la protesta de los vecinos. Las acciones de esta misma fuerza dan cuenta de que, cuando se intenta ir en contra de los negociados de los poderosos, allí estarán, siempre firmes, defendiendo las ganancias de los capitalistas.

La actitud de los Vecinos de Vicente López, que hoy en día, a pesar de todo, siguen firmes, es una muestra más de que la única respuesta a la represión policial, es la organización y la lucha.

LA POLICÍA EN EL PROFESORADO J. V. GONZÁLEZ

Día a día los estudiantes se organizan y luchan consecuentemente para impedir que el estado siga vaciando la universidad y los terciarios de contenido educativo y convirtiéndolos en instituciones dóciles y manejables para la burguesía.

El 10 de mayo, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, se discutió qué plan se presentaría para la carrera de Historia. De un lado estaban el grupo denominado docentes y, del otro, el del espacio abierto, conformado por alumnos, docentes y egresados.

El grupo docente proponía el voto ponderado, en el que cada claustro cuenta con el 50% de los votos. Es decir, como hay muchos más alumnos que profesores, el sufragio de 86 docentes equivaldría al de 2.000 alumnos. Los alumnos intentaban que se respetara el principio de “un hombre, un voto”, tal como lo indica el reglamento, y no este “voto calificado” totalmente antidemocrático.

Más de 300 estudiantes se juntaron para discutir la reforma, y la propuesta del voto único se enfilaba hacia la victoria. Fue así que los representantes docentes y la jefa de la Junta departamental, al quedarse sin argumentos para seguir sosteniendo el voto ponderado, se retiraron de la reunión diciendo que “en esas condiciones no pensaban seguir discutiendo”.

Los estudiantes conformaron una Asamblea y, minutos después, tres policías irrumpieron en el edificio. Con firmeza, los estudiantes los expulsaron.

Si bien no hubo represión directa, fue un acto simbólico para mostrar cómo, al no poder imponer sus directrices mediante la burocracia del Profesorado, enseguida intervinieron las fuerzas coercitivas. Así, una vez más, se constata la naturaleza estatal, esta vez en la facultad: cuando no pueden destruir por consenso la organización independiente de los estudiantes que se resisten a ser vaciados de contenido educativo, son enviadas las fuerzas de represión, aunque esta vez no desenfundaran el palito de abollar ideologías.

GIULIANO GALLO: ABSOLUCION FÁCIL PARA EL GATILLO FÁCIL

Decimos siempre que la tarea de la justicia, como parte del aparato represivo, es el cuidado y la defensa de los intereses de clase que representa y el de sus perros guardianes. Esta semana lo corroboraron los jueces de Bahía Blanca.

El 1º de febrero de 2008, en el barrio Mi Casita, de Bahía Blanca, Giuliano Gallo, de 14 años, estaba en la casa de un amigo, escuchando música. Un vecino, molesto por el volumen, llamó a la policía, que llegó con varios patrulleros y el grupo especial GAD.

Entraron al barrio a los tiros, tapando la música. Los peritos contaron infinidad de impactos de perdigones de las escopetas, y nueve disparos 9 mm: Siete en las paredes de la casa, y dos, que entraron por una ventana, en el cuerpo de Giuliano, que cayó muerto, atravesado por los proyectiles del arma del policía Rodolfo Guidobono.

La justicia cumplió su rol. Primero, el asesino de Giuliano Gallo fue mandado a su casa con el increíble argumento de que, como al estar bajo proceso, su sueldo había disminuido, y aunque sus colegas uniformados hacían todos los meses una “vaquita” para ayudarlo, la mujer tenía que salir a trabajar, y no podía pagar una persona que, mientras tanto, cuidara de sus hijos.

El 17 de mayo, el tribunal criminal nº 1 de Bahía Blanca anunció la absolución del asesino de uniforme. La justa reacción de familiares, amigos y militantes antirrepresivos que sostuvieron la vigilia frente al edificio durante el juicio, fue importante. El saldo de la jornada fue que Guidobono volvió a su casa siendo legalmente inocente, y el hermano de Giuliano pasó la noche en la comisaría, por “disturbios”.

Cuando se conocieron los fundamentos de la absolución, resultó los jueces Hugo Adrián De Rosa y Enrique José Montironi votaron por la absolución, aunque con argumentos diferentes. Uno dijo que no se probó la autoría, es decir, que el policía Guidobono fuera quien mató al chico. El otro, en cambio, dijo que estaba probado, pero que fue legítima defensa. El tercero votó por la condena, total la mayoría necesaria para la absolución fácil ya estaba formada.

El defensor de Guidobono, conocido y caro abogado bahiense, dijo que la sentencia absolutoria tiene “carácter preventivo”. Y se despachó en los medios: “Si no salía así, las ochenta tribus urbanas que aguardaban un fallo condenatorio hubieran tenido piedra libre para asolar, más aún de lo que ya lo están haciendo, a la ciudad. La Policía está harta de ser convocada para detener a quienes los jueces de Garantías, que actúan con total impunidad, luego no tienen empacho en poner en libertad para que vuelvan a delinquir“.

Tiene razón el abogado del policía. Sentencias como éstas marcan bien claro que la tarea del juez es condenar al pobre, y proteger al poderoso y a su lacayo de uniforme. Sólo la organización popular y la lucha son las herramientas con las que podemos contar y confiar.

CUMBRE POLICIAL EN CHILE

Como anticipo de la Cumbre Iberoamericana de jefes de estado, que sesionará en noviembre en Mar del Plata, esta semana se juntaron los jefes superiores policiales de 17 naciones de Latinoamérica, para “intercambiar experiencias y tratar materias ligadas a las buenas prácticas”, es decir, para discutir cómo reprimir más y mejor, con el menos costo político posible.

El encuentro continental de azules se denomina “Tercer Curso sobre Accountability y Modernización Policial”, y lo convoca la Organización de los Estados Americanos (OEA) con la policía de investigaciones de Chile como anfitrión. Participan jefes policiales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Chile.

Durante cinco días, los concurrentes se dedicaron a intercambiar sobre “la transferencia de capacidades y competencias profesionales”, y a reforzar los acuerdos de formación de Ameripol, la Interpol americana. Un máster de avanzada del plan continental que reemplaza hoy al Plan Cóndor militar.

A tono con la época “democrática”, un buen espacio estuvo dedicado a la “accountability”, que se puede traducir como “rendición de cuentas”, gran preocupación de los “progresistas” que apuestan al “control ciudadano”, como si las policías reprimieran por falta de transparencia y calidad de gestión, y no porque cumplen el rol que tienen asignado por los gobiernos en una sociedad con ricos y pobres.

VARIACIÓN DE POLICHORROS

Hace dos domingos, un patrullero de la comisaría 2ª de Florencio Varela y dos autos no identificables pararon frente a la calle Clavel 131, en el límite del partido de Almirante Brown con el de Florencio Varela. Siete hombres, entre uniformados y vestidos de civil, rompieron el portón de entrada y una puerta, y entraron a las patadas a la casa, gritando que era un allanamiento buscando drogas. El operativo terminó con un fenomenal robo que incluyó dos televisores LCD de 26 pulgadas, electrodomésticos y celulares que cargaron en una Traffic que apareció abandonada poco después.

El dueño de casa hizo la denuncia penal. Se estableció pronto que ningún juez había ordenado allanamiento alguno, y, a través del rastreo satelital del patrullero, se identificó a dos de los policías. Uno ya está preso.

En Santa Rosa de Lima, población de la provincia de Santa Fe, un subcomisario, un oficial ayudante y un suboficial fueron detenidos por extorsionar a una mujer, a la que le exigieron $3.000 “arreglar” una causa. Hecha la denuncia, se pudo filmar la entrega del dinero. A pesar de la contundencia de las pruebas, los poliextorsionadores no estarán presos mucho tiempo, ya que el juez, convenientemente, calificó el delito como tentativa de extorsión y no como hecho consumado. Los billetes, debidamente marcados, estaban escondidos en una alcantarilla del patio de la comisaría.

Finalmente, Nancy Graciela Miño, policía federal, denunció a sus colegas de la División Trata de Personas por cobrar coimas a dueños de prostíbulos para permitir que continúen en funcionamiento. La mujer acusó al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, tanto por recaudar dinero de los proxenetas como por “plantar dos menores en un boliche” de Pompeya, como parte de una interna policial. El comisario Ricardo Pedace, de la Oficina de Comunicación de la Policía Federal, desestimó la denuncia argumentando que la oficial Miño es una enferma psiquiátrica.

En su declaración ante el juez federal Torres, el comisario Fernández y sus subordinados no sólo comparten los beneficios económicos de los prostíbulos donde se explotan mujeres, muchas menores de edad, sino que compiten por el control del negocio con los policías de la División Delitos contra la Salud, encargados de aplicar la Ley de Profilaxis. La causa quedó radicada ante el juez Ariel Lijo, que ordenó varios allanamientos en la División Trata de Personas.

En su declaración testimonial, la policía femenina habló del plantado de armas con el número limado, de bolsones con $50.000, de aprietes, mejicaneadas y todo tipo de lindezas que prueban, como si hiciera falta, quiénes y con qué métodos dirigen el crimen organizado en Argentina.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA.

27 de mayo: La represión preventiva y el control social (1ª parte).

3 de junio: La represión preventiva y el control social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com