Boletín informativo nº 560

GATILLO POR TV

En canal 13, mostraron un video grabado en Remedios de Escalada el día miércoles 19 de mayo al mediodía (según la fecha que muestra la cámara). Muestra un hecho recurrente en este país. Un hombre mayor salía de un banco con un bolso. Dos personas (una en moto) lo esperaban afuera. El que estaba a pie forcejeó con él, intentando sacarle el bolso. No lo logró. El señor mayor reingresó al banco. En ese instante salió un policía, que sin mediar palabra, ni teniendo en cuenta que eran las once y monedas y que la calle estaba llena de gente, disparó cuatro o cinco veces hacia los dos hombres que escapaban en la moto. Detrás de la moto se vieron claramente un coche y una camioneta que quedaron en la línea de fuego. Son incontables los casos de “gatillo fácil” que conocemos con situaciones como éstas, que terminan con un transeúnte muerto.

Por otro lado, y volviendo al relato periodístico que dio Mauro Zeta, el constante defensor policial no se cansó de remarcar que “por suerte, el motochorro murió” y que “estaba fuertemente armado“, aunque en el video nunca se ve que tenga o saque un arma. De haberla tenido ¿no la hubiera usado? ¿Será que el “delincuente” tiene más criterio que el policía para no herir a terceros? ¿O será que, en verdad, el policía se encargó de que le “aparezca” un arma luego de que lo matara?. Siguiendo con los relatos del periodista, también se encargó de remarcar que el muerto tenía antecedentes, porque cumplió con una condena meses atrás.

Que quede claro que repudiamos el robo al anciano, pero nunca un delito a la propiedad es mas grave que el delito contra la vida, aunque desde el periodismo y desde incontables sectores políticos nos bombardeen con la inseguridad. En este caso es evidente como dos personas intentaron robarle un bolso a un anciano, poniéndolo en riesgo, mas no lo lastimaron ni pusieron a otros en riesgo. Y “en defensa del pueblo” reaccionó el policía, que sí puso en riesgo a cuanta persona pasara por el lugar y mató por la espalda a una persona que huía, desarmada. Entonces debemos preguntarnos ¿Que es la inseguridad?.

MÁS MUERTES BAJO CUSTODIA

Las formas de eliminación de pibes pobres que el estado represor aplica, gobierne quien gobierne, procura devenir en “negligencia” o falta de control cuando la muerte bajo custodia se produce en el ámbito de una ONG subsidiada, pero basta con conocer algunos detalles para echar por tierra esos argumentos.

El 14 del mes pasado Luis (14) apareció suicidado en el “Centro Juvenil Esperanza”, una ONG en que lo colocó el mismo estado en cabeza de un juez federal y que como tantos otros depósitos de niños pobres son parte de la red de prestadores que terceriza el gobierno de la ciudad de Buenos aires (en la gestión de Macri y antes de él también). La madre, enterada el mismo día, no pudo ver el cuerpo de su hijo porque había que dejar “actuar” a la policía. No se trata de hacer cumplir el tan amplio entramado de normas que protegen los derechos de la niñez, se trata de comprender que si se es pobre la represión es lo único que tiene vigencia, como Luis y su madre, que buscaba que su hijo se recuperara de una adicción a las drogas y obtuvo como respuesta su muerte.

Más muertes se produjeron esta semana en las cárceles, verdaderos centros de exterminio. El pasado domingo, en el penal de Olmos, Miguel Marcelo Rojas Gutiérrez murió como consecuencia de los puntazos recibidos durante la madrugada, práctica conocida como “coche bomba”. Un día antes, en Mendoza, Roberto Aseff (26) apareció ahorcado por un supuesto suicidio en su celda del penal de Cacheuta, convirtiéndose en el detenido número 14 fallecido en lo que va del año 2010 dentro de los dos centros de detención de la provincia.

“ESTADO DE EXCEPCIÓN” A LA CORDOBESA

Durante el pasado mes, se puso en práctica en la ciudad de Córdoba un “plan piloto” contra el narcotráfico que puede definirse, como lo denunciara la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, como un “estado de excepción”. De acuerdo a lo resuelto por los fiscales de turno en el mes, la policía provincial no necesita “cumplir tantas exigencias”, como contar con la orden fundada de un juez, a la hora de allanar un domicilio sospechoso. El fiscal Vidal Lascano lo definió así: “Es conocido el reclamo de los policías. Y en parte tienen razón. Creemos que al simplificar las condiciones, se dará más agilidad a una investigación”. En una palabra, ¿para qué perder el tiempo con esas boberías como las garantías procesales? Y, desde luego, con la bendición del gobierno nacional, ya que también gendarmería participa de los operativos.

Dicen los compañeros de la Coordinadora: “… veamos los números que nos está dejando el “período de excepción”: en los primeros 20 días se detuvieron más de 400 personas, un promedio de más de 20 por día; el 20 de mayo, en un solo día, se allanaron 42 domicilios y ya van más de 150, todas estas detenciones y procedimientos fueron totalmente ilegales (cualquier abogado con dos dedos de frente consigue que se caigan las causas por fallas en el procedimiento) y sólo sirvieron para hacer shows mediáticos que le laven un poco la cara a la policía represora y corrupta de Córdoba. Pero lo más llamativo es que, tratándose de un plan para combatir a uno de los más grandes negocios ilegales, el narcotráfico, sólo se hayan allanado viviendas humildes en los barrios más pobres de la ciudad.”.

“En cambio, estos megaoperativos sirven para que jefes de policía y políticos tengan minutos de aire y, sobre todo, para ir instalando en la sociedad la impunidad de estos procedimientos y que sea “natural” la constante militarización de nuestra Córdoba, o sea, que ver centenares de policías por todos los lugares céntricos, ver las requisas callejeras a transeúntes y las requisas de transportes públicos y de vehículos, ver las detenciones de los chicos de los barrios que ya no se pueden acercar al centro y ver que el control y el disciplinamiento social en democracia es más férreo que en una dictadura, sea “natural”.”

Al respecto, CORREPI emitió un documento que pude ser consultado en nuestra web, http://www.correpi.lahaine.org/.

NEUQUÉN: OTRO CASO DE “TORTURITAS”

Comentábamos hace unas semanas que en la provincia de Neuquén se estaba juzgado a 27 policías por una enorme cantidad de hechos de tortura impuestos a una veintena de detenidos en la Unidad 11 de esa ciudad en 2004. En un fallo que sigue la tesis de la corte suprema, en cuanto a que “en democracia, no hay tortura”, 21 de los funcionarios fueron absueltos, y sólo 6 de ellos recibieron levísimas penas (3 y 4 años de prisión), por severidades y vejaciones, figuras menores y excarcelables que los legisladores ponen a disposición de los jueces para que protejan a los perros guardianes de ambos.

La lectura del fallo causó justa indignación en el público, llegando a intervenir personal policial –camaradas de los beneficiados por la sentencia- para retirar por la fuerza, de la sala, a la compañera Ivana Dal Bianco, abogada del CeproDH, a pedido de uno de los jueces, ofendido por sus palabras.

La sentencia de la Cámara 2ª en lo Criminal de Neuquén se ha ganado un lugar en la historia de “las mejores excusas judiciales” para no condenar por tortura a los verdugos de uniforme. Recordemos que los hechos, tal como se describen en la sentencia, consistieron, a lo largo de varios días, en: “(…) mantenerlos en el piso esposados mojados y soportando la irritación que les provocaba el reactivo químico de los gases lacrimógenos que se había adherido a la piel (…) golpearlos con puntapiés, golpes de puño y varillas de hierro o elementos contundentes alargados en forma de caño, comúnmente empleados para el denominado “barroteo” (…) trompadas, utilizando un anillo para provocar más daño (…) someterlos a golpes de puño, puntapiés en todo el cuerpo, obligándoles a cantar el himno nacional y aquel que se equivocaba recibía un violento castigo (…) propinarles golpes con varillas en las plantas de los pies (…)”, etc.

Frente a eso, los jueces argumentaron que “el parámetro para discriminar en relación a si nos encontramos ante una tortura o una severidad o vejación, debe ser la gravedad”, y, puestos a buscar un “baremo objetivo para medirlo”, decidieron tomar el de las lesiones del código penal, que caracteriza como “graves” las que incapacitan para el trabajo para más de un mes. Y entonces, como ninguno de los presos apaleados, bastoneados, mojados, gaseados, vejados, humillados, en fin, torturados, tuvo, según los médicos forenses, lesiones físicas que los incapacitaran por 30 días, todo eso no fue tortura.

Textualmente, dice el autor del primer voto, al que los restantes jueces adhirieron: “Considero, que la tortura requiere un mal trato de mayor intensidad, sistemático, que permanezca en el tiempo, lo que no se dio en los casos que nos ocupan.”.

Como dijimos, una pieza que merece ocupar el mismo anaquel que el fallo Derecho de la Corte, o las sentencias en los casos Morinigo, “Chaco” González y Gallardo, como ejemplos de que todo vale para defender al brazo armado del estado.

CONTINÚA LA REPRESIÓN A LUCHADORES

El 10 de mayo pasado, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi se movilizaba para que la provincia libere los fondos del Plan Federal de Emergencias Habitacional y para que las empresas petroleras y constructoras de la zona incorporen a los trabajadores locales. El gobierno de Salta respondió reprimiendo y persiguiendo a los manifestantes. El miércoles 26, en el marco de estas persecuciones, fue detenido José “Pepino” Fernández, dirigente de la UTD.

Unos 300 compañeros se concentraron el viernes en la Ruta Nacional 34 para pedir por la liberación del dirigente. Una vez más, el gobierno de Urtubey mandó a la infantería de la policía de la provincia a reprimir el corte y a ingresar a los barrios para cazar más y mejor. Hay más detenidos y heridos.

En este marco, de persecución a los luchadores, se están realizando movilizaciones en Buenos Aires por el cese de la criminalización de la protesta, cierre de causas y desprocesamiento de compañeros, por la libertad de los presos políticos. Entre ellos, Karina “la Galle” Germano López, militante de H.I.J.O.S., que se encuentra presa desde hace ocho años (dos en la cárcel de Ezeiza) por una causa armada en Brasil, y a quien le corresponden salidas transitorias que le niegan arbitrariamente desde hace tres.

Así actúan las fuerzas represivas, para defender y garantizar la continuidad del estado de las cosas, contra quienes se organicen y movilicen para transformar esta realidad.

Por eso, contra la represión selectiva, sólo cabe la organización independiente y la lucha consecuente.

GATILLO FÁCIL EN 25 DE MAYO

Los diarios locales titulan como lo harían Clarín o La Nación: “En confuso episodio Policía mató a ex presidiario en 25 de Mayo”. El “confuso episodio” es, en cambio, un fusilamiento bien claro.

Roberto Montesinos (35) y un amigo de 32 estaban en un auto, en el parque Laguna Mulitas de la ciudad bonarerense. El subteniente Julio Toledo decidió que estaban en “actitud sospechosa”, porque reconoció a Montesinos como “un malviviente que purgó una condena”. Decidió entonces requisarlos, y, según informó el jefe de la distrital, en la camioneta había un porro.

“En ese momento, Montesinos se abalanza sobre un efectivo policial, le saca el cigarrillo y empieza a correr hacia el interior de la laguna“, relató en conferencia de prensa el comisario Daniel Gorga. El policía Toledo lo persiguió, y lo mató de un disparo 9mm que le atravesó el cuello.

“Nosotros no haremos ningún tipo de apreciación, ni abriremos ningún juicio de valor en razón de esperar los resultados de la justicia“, macaneó el comisario, que sí se preocupó por agregar que el hecho, además de “confuso”, “¡es una desgracia!”. Y remató: “Los policías que están en la calle saben de estas cuestiones y no estamos exentos de que esto ocurra. ¡Toledo está muy mal”.

Peor está la familia del joven asesinado, y su amigo, que es ahora el blanco de toda la presión policial, ya que fue el único testigo presencial del fusilamiento. Desde CORREPI, hacemos responsable al gobierno provincial, y a sus jueces y fiscales, por su seguridad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 4 de junio, 18:30, volanteada en Callao y Corrientes por la libertad de los presos políticos, el cierre de las causas, la anulación de las condenas, el cese de las persecuciones. ¡Basta de represión al pueblo trabajador! Organiza CORREPI.

Jueves 10 de junio, 17:00, jornada de denuncia del gatillo fácil y la tortura en la plaza de la estación de Villa Fiorito. Organiza CORREPI.

Último encuentro de la cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA, ATENCIÓN CAMBIO DE FECHA:
10 de junio: La represión preventiva y el control social (2ª parte). Represión selectiva.
Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com