Boletín informativo nº 561

NEGOCIOS POLICIALES: DESDE PLANES SOCIALES HASTA EL ROBO DE BANCOS

Las fuerzas represivas, además de recibir un sueldo para reprimir y disciplinar a la clase trabajadora, tienen una alta gama de negocios, que abarca desde el mangueo diario de la pizza y el helado, hasta el más sofisticado crimen organizado. En los últimos días se conocieron algunas informaciones que dan cuenta de ello.

El subcomisario Aristóbulo Amarilla, de la comisaría 5ª, y su chofer, fueron pasados a disponibilidad por estar involucrados en el robo al banco Macro que se perpetró en enero. El sub liberó la zona del Congreso para que los boqueteros pudieran saquear 99 cajas de seguridad sin problemas durante las nueve horas que duró el robo. Fue así que Amarilla estuvo controlando personalmente la zona durante el robo y ningún patrullero pasó por la cuadra del banco. CORREPI lo sostiene hace mucho: “no existe el crimen organizado sin un policía involucrado”.

Por otra parte, continúan confirmándose casos de policías de la nueva institución represiva de Macri exonerados de las demás fuerzas represoras estatales que, también, tenían su kiosquito. Esta semana otro oficial fue separado, no sólo por no haberse dado de baja en la federal y cobrar dos sueldos, sino también por ser uno de los responsables de instalar un sistema informático que permitía evitar controles y otorgar subsidios millonarios de forma irregular en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Por último, el caso más curioso y que mejor ilustra lo misceláneo y carroñeros que son los represores al servicio del estado: En 2003 se descubrió que 29 policías, aparte del sueldo por reprimir, cobraban Planes Jefes y Jefas de Hogar. Recién en setiembre del año pasado los procesos quedaron firmes y fueron exonerados de la fuerza. Actualmente cobran el 50 por ciento del sueldo sin trabajar, porque están en “disponibilidad”. La semana pasada se conoció que 21 de ellos fueron beneficiados con una “probation” (suspensión del juicio a prueba de conducta).

Así, la Justicia termina de cerrar el círculo de la impunidad represiva estatal. Los represores estafadores, que usurparon los planes que podrían haber recibido algunos de los tantos trabajadores que el mercado laboral escupe de la producción día tras día, no irán presos sino que realizarán tareas comunitarias.

ATAQUE A LA AYUDA HUMANITARIA

Como si no fuera suficiente opresión la que ejerce el estado israelí sobre el pueblo palestino, con la ocupación de la Franja de Gaza, el bloqueo y los ataques militares permanentes; el pasado lunes 31 de mayo, comandos navales israelíes atacaron embarcaciones que trasladaban ayuda humanitaria destinada a Gaza.

El ataque, además de detener a las seis embarcaciones, dejó un saldo de, al menos, 10 muertos.

Día a día muchos palestinos, en su devastado país, deben cruzar la frontera hacia Israel para ofrecerse como mano de obra barata soportando insultos y malos tratos por parte del ejército de ocupación que decide quién cruza y quién no.

Se suman a esta humillación los ataques militares permanentes, las detenciones, las torturas y el bloqueo que deja con escasos recursos indispensables al pueblo palestino.

En nuestro país, cuando esta situación ha sido repudiada, han sido numerosas las acusaciones de antisemitismo hacia dirigentes y organizaciones de izquierda que movilizan contra la opresión y la violencia que ejerce el estado israelí sobre el pueblo palestino. Organismos como el INADI, que responden al gobierno, rápidamente denuncian como discriminatorio cualquier tipo de manifestación que repudie la violencia a la que los palestinos se enfrentan diariamente por parte de uno de los ejércitos más criminales del mundo.

En nombre de la paz, del respeto por los derechos humanos, en contra de la discriminación, piden a la justicia (y esta concede) que se actúe contra activistas que repudian la política de un estado invasor, represor y criminal como el israelí.

Pero nada dicen estos organismos, ni el gobierno, ni los jueces y muy tibiamente algunos medios, de los ataques a las embarcaciones.

Sabemos que nada podemos esperar de quienes comparten la concepción de que la represión y la violencia de un estado “democrático” no es digna de ser repudiada y buscan argumentos absurdos para justificar lo injustificable.

Nuestra lucha y solidaridad del lado de los que enfrentamos la represión en cualquier lugar del mundo seguirá estando en las calles.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

El 31 de mayo, Pepino Fernández y el resto de los integrantes de la organización Unión de Trabajadores Desocupados-UTD Mosconi, detenidos el pasado 26 de mayo, recuperaron la libertad. Pepino había sido detenido luego de haberse presentado espontáneamente a declarar ante el juez Aramaya, que había asegurado que sólo le tomaría una declaración. Al presentarse, quedó inmediatamente encarcelado, lo cual provocó un gran repudio y movilizaciones los días siguientes.

Y el 3 de este mes también recuperaron la libertad los compañeros Javier Hernández, Héctor Blanco y Rubén García, detenidos en el mes de febrero de este año, acusados de “coacción agravada” por haber tomado las instalaciones del Concejo Deliberante de Las Heras, las oficinas de Repsol en esa localidad y el local de Servicios Públicos, reclamando trabajo.

Gracias a la organización y la lucha de sus compañeros y familiares, al poder de turno no le quedó mas remedio que dejar libres a estos compañeros, mientras otros tantos siguen presos. Es que, a cada paso que damos, la respuesta del estado siempre va a ser la represión, que recurre a diversas herramientas, entre ellas, la persecución bajo la máscara judicial.

Por eso es que la lucha por la libertad de los presos políticos, por la anulación de las condenas, el cierre de las causas y el cese de las persecuciones continúa, en defensa de todos los compañeros que son represaliados con el fin de lograr el disciplinamiento que este sistema necesita, para seguir explotando a la clase trabajadora.

20 DE DICIEMBRE: IMPUNIDAD PARA DE LA RUA

Fueron 39 los hombres y mujeres, niños y niñas, asesinados entre el 19 y el 20 diciembre de 2001, durante la represión a la rebelión popular que volteó al gobierno de la Alianza de la UCR y el Frepaso. La represión que intentó evitar las masivas manifestaciones de esas jornadas se cobró vidas, especialmente jóvenes, en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Río Negro y la Provincia de Buenos Aires.

El viernes 4 de junio, por tercera vez en casi 10 años, la justicia federal resolvió sobreseer al ex presidente De la Rúa en la causa que investiga las cinco muertes ocurridas en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Esta vez, el juez federal Claudio Bonadío decidió que el ex presidente Fernando De La Rua no tuvo nada que ver con la represión. Según el juez, el presidente de la Nación estaba demasiado absorbido por los problemas nacionales como para ocuparse de lo que pasaba en la calle, mientras treinta y nueve personas eran asesinadas por sus subordinados, y centenares eran heridas o detenidas ilegalmente.

Según el Dr. Bonadío, “nada sugiere la injerencia de instancias gubernamentales distintas al Ministerio del Interior en la toma de decisiones en materia de seguridad”. Según Bonadío, De la Rúa sólo se enteró de lo que su policía estaba haciendo cuando “por la noche, un poco más tarde de su llegada a Olivos, le llamaron del Juzgado de la Dra. Servini de Cubría, para informarle que la Jueza decía que había muertos”.

Según Bonadío, el mismo juez que mantiene preso a Roberto Martino, De la Rúa “no dio órdenes de represión; no conoció que hubiera desbordes peligrosos o excesos policiales”; porque “las funciones operativas se hallaban delegadas en instancias inferiores de gobierno” y el ex presidente no usaba teléfono celular ni vio televisión durante el día.

Esto es lo que opina la justicia. Que De la Rúa, como presidente, no podía estar en todo, y dirigir la represión mientras se ocupaba de la crisis institucional.

Habrán sido los subordinados, como el ministro del interior o su secretario de seguridad, que se cortaron solitos. Habrá sido el jefe de la policía, o algún “loquito suelto”, el que descargó la represión en todo el territorio nacional, al mismo tiempo.

Lindo ejemplo práctico de para qué sirven las teorías de la autonomía burocrática de la policía, de la delegación y de todas esas cosas que enmascaran la única y tangible verdad: que el aparato represivo ES el estado, y que el gobierno –y el jefe de gobierno, el presidente- es, en definitiva, el referente último al que reporta cada uno de los integrantes de ese brazo armado.

Como Menem con Víctor Choque y Teresa Rodríguez; como Duhalde con Kosteki y Santillán, como Néstor Kirchner con Cuéllar y Fuentealba o como Cristina Kirchner con Erazo, Fernando De la Rúa y el resto de su gobierno, que empezó con la masacre de Corrientes, es responsable por los muertos en la represión de su último día de gobierno, el 20 de diciembre de 2001.

Por nuestro compañero Petete Almirón, y por todos, digan lo que digan los jueces, nosotros lo sabemos, lo recordamos y lo denunciamos. Un día, el pueblo dirá basta, y hará tronar el escarmiento.

GATILLO FÁCIL EN GREGORIO DE LAFERRÈRE

El 5 de junio, por la tarde, un policía del grupo de elite Halcón fusiló a un chico de 21 años, de apellido Pérez, que, según el uniformado, había participado en un robo en un supermercado.

Si bien el policía insistió en su versión de que la víctima había robado algo en un comercio, el fusilamiento se produjo en otro momento y lugar, y el joven no estaba armado.

Aunque los medios informan que personal policial llegó de inmediato para “preservar la escena”, lo cierto es que desaparecieron el o los casquillos del arma del policía (una pistola 9 mm.), lo que prueba la manipulación de las pruebas para favorecer al colega en aprietos.

REPRESIÓN A TRABAJADORES PARAGUAYOS

En Paraguay, los trabajadores de Acepar, fábrica de acero, vienen sufriendo despidos, traslados, suspensiones sin goce de sueldo y todo tipo de humillaciones. Frente a eso, se inició el 23 de abril una huelga, para detener las persecuciones sindicales y laborales que perpetra el empresario argentino Sergio Taselli, dueño del 66,6% de las acciones de la acería. El día 29, la policía antimotines, por orden de un fiscal, reprimió a los obreros huelguistas con gases lacrimógenos, balines de goma y bastones de goma dura.

El mismo fiscal que ordenó el ataque para dispersar a los trabajadores de las inmediaciones de la fábrica, imputó al secretario general del gremio (Sitrac), González Chirico, por los delitos de “perturbación de la paz pública” y “hecho punible contra la seguridad de la convivencia de las personas”. Por supuesto, cuando estos órganos represivos hablan de “paz” y de “seguridad de la convivencia”, se refieren a la paz y tranquilidad de Taselli y del resto de su clase. Un nuevo ejemplo del típico mecanismo que utiliza el estado capitalista para garantizar la impunidad de los empresarios, y perseguir y acallar los reclamos de los trabajadores que osan defender sus derechos.

Sabido es que este empresario es famoso en nuestro país, por obtener subsidios del estado y vaciar empresas, dejándolas improductivas. Son muchos los ejemplos en los que utilizó este modus operandi, como cuando explotó y estafó a los trabajadores de Zapla, Edefor, Edecat, Terrabusi, Metropolitanos, Frigorífico Santa Elena, Central Térmica Sorrento, Electroclor, etc.

Por el caso del vaciamiento de las Minas de carbón de Río Turbio, ha sido denunciado por los trabajadores. En esa causa, el poderoso empresario fue citado recientemente a prestar declaración indagatoria, audiencia a la cual asistió en la segunda citación. Haciendo gala de su omnipotencia e impunidad, declaró que “es mi deseo efectuar el descargo, pero lo haré por escrito, por lo que solicito 5 días hábiles para su presentación”, pues “no desea responder a preguntas del Tribunal”, ni “desea agregar algo más a dicha declaración”.

Técnicamente se negó a declarar, a pesar de que él mismo se haya irrogado la facultad de prestar su declaración indagatoria por escrito, con asistencia letrada y en su casa, sin que en el juzgado hayan hecho observación alguna al respecto. Es la soberbia de quien detenta poder.

La crisis hace que el régimen económico capitalista incremente su carácter depredatorio y de saqueo, siempre al amparo de su socio, el estado, que reprime a los tiros o con juicios, y garantiza la impunidad de sus mandantes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA.
Último encuentro: 10 de junio: La represión preventiva y el control social (2ª parte). Represión selectiva.

Jueves 10 de junio, 17:00: Concentración y jornada de denuncia del gatillo fácil y la tortura en la Plaza de la estación de Villa Fiorito, Murature y Pilcomayo. Te acercan el 247, 179, 28, 188, 520 y tren Belgrano Sur. ¡Los pibes están muertos y los canas asesinos en libertad! ¡Jueces y Fiscales protegen a la policía!