Boletín Informativo nº 564

AMENAZAS A MILITANTES EN BARILOCHE

El fusilamiento de Diego Bonefoi, en Bariloche, por un policía del grupo BORA, cobró notable visibilidad gracias a la potente movilización de los vecinos de los barrios obreros. El grito del pueblo de Bariloche, que salió a denunciar, primero, la represión cotidiana del gatillo fácil y la tortura, y, enseguida, la represión selectiva sobre los manifestantes, se hizo oír en todo el país.

Todos aquellos a cuyo servicio se desarrollan las políticas represivas estatales, no se iban a quedar callados. Además de clamar por el envío de tropas de gendarmería y de fogonear marchas de apoyo a la policía, han iniciado también una campaña de amenazas contra los militantes y medios de comunicación alternativa que acompañaron la denuncia pública y la movilización antirrepresiva.

La docente y abogada barilochense Marina Schifrin, de activa militancia antirrepresiva, recibió centenares de correos electrónicos intimidándola, del estilo de “te vamos a enterrar envuelta en tu sucio trapo rojo”. CORREPI hizo llegar de inmediato su absoluta solidaridad con la compañera, con quien hemos compartido muchas instancias de lucha, y ya estamos actuando a su lado, en su defensa.

Casi de inmediato, supimos que también los compañeros de Fm Gente de Radio (90.3 mhz), un medio alternativo enclavado en el Alto, de profundo compromiso con las luchas sociales y que tantas veces ha abierto sus micrófonos a CORREPI, fueron también amenazados. En esta oportunidad, fue una “oyente”, que se identificó como policía en actividad, la que los acusó, al aire, de “hablar mal de la policía”, de “defender malandras” y les garantizó que sufrirían las consecuencias.

Está claro por qué Marina y los integrantes de FM Gente de Radio son algunos de los “elegidos” como blanco de sus intimidaciones por los defensores del sistema de injusticia y opresión, cuyo brazo armado se cobra un joven pobre asesinado por el gatillo fácil y la tortura por día. Pero su integridad militante hará que ninguno de ellos ceda a las presiones, que exigen, de todos nosotros, más organización, y más lucha contra el estado represor.

2.950 RAZONES PARA COMPRENDER UNA POLÍTICA DE ESTADO

Una semana después de que tres jóvenes fueran asesinados por la policía de Bariloche, el Archivo de casos registrados por CORREPI a lo largo de todo el país muestra que el estado argentino ha asesinado, con el gatillo fácil o por la tortura en cárceles y comisarías a 2950 personas desde diciembre de 1983, a un promedio, en el último año, de una por día, en su mayoría jóvenes entre 14 y 24 años.

A la vez que la postal de Bariloche dejaba de ser la “Suiza argentina” para mostrar un pueblo de pie reclamando contra la represión policial, también Mar del Plata dejaba de ser ” La Feliz ” para mostrar cómo sus barrios soportan a diario el accionar de las fuerzas represivas.

Fue así que, el 19 de junio, tres jóvenes caminaban por las calles del barrio Las Avenidas cuando efectivos de la comisaría 3ª les dieron la voz de alto. Uno de ellos, Joel Alberto Minaberri Garay (16), tras ser golpeado, trató de correr. Fue asesinado de un tiro en la espalda por el oficial Marcos Grebol.

También en Mar del Plata, en 2004, Sergio Alí (15) fue fusilado por la espalda por el oficial Claudio Cañete, que con la ayuda de su padre (también policía y con un alto cargo en la DDI ) y otros compañeros sacaron el cuerpo aún con vida de la escena del crimen y lo dejaron morir en una fábrica abandonada.

Igual que en Bariloche, los familiares de la policía marplatense y los interesados en que su accionar permanezca, posaron para las fotos manifestando “contra la delincuencia” y demostrando que es la institución toda la que tiene la misión de llevar adelante la represión preventiva, al mismo tiempo que gerencian el crimen organizado en cualquier barrio pobre del país.

POLILADRONES EN MAR DEL TUYÚ
Ocurrió en Mar del Tuyú, la noche del sábado 19 de junio. Juan Macías, un constructor boliviano, dormía en su habitación cuando oyó insistentes y violentos llamados a su puerta: “Abra, es la policía”. Al llamado acudió su hijo de 10 años, sobre el que se abalanzaron tres hombres apenas el chico entornó la puerta. El cuarto se quedó en un auto haciendo de campana.

Al ingresar, cerraron la puerta con llave desde adentro y dieron a conocer el objetivo de su visita, se trataba de un asalto. Sin embargo, antes no habían mentido: eran policías. Tres de ellos, dos subtenientes y un sargento, pertenecen a la División de Narcotráfico. El otro es subteniente en la comisaría de Mar del Tuyú.

Dos de los policías lucían sus uniformes, los otros dos estaban de civil y uno de éstos usaba una capucha. “Uno se quedó con el nene y los otros se metieron en el dormitorio, me levantaron de la cama y me pusieron un arma en la cabeza. No entendía qué estaba pasando”, explicó Macías a la FM local.

Tras una sucesión de desinteligencias de los poliladrones, el robo se vio frustrado. El niño de 10 años logró escapar e ir a la casa de su abuelo y, mientras su padre se defendía con un caño de metal en la mano, los efectivos se replegaron.

Allí, Macías y un vecino, en una camioneta, comenzaron a perseguir a los cuatro atacantes que, mientras huían en su Peugeot 405, trataron de deshacerse de sus perseguidores a tiro limpio. Finalmente, avisados por Macías y su vecino, la policía local acudió y tuvo que detener a sus propios compañeros, dando por terminada la persecución en calle 73 y Costanera.

Uno de los polichorros, de apellido Tévez, además de su trabajo oficial como jefe de calle, y su trabajo paraoficial de ladrón, trabajaba en una empresa de seguridad especializada en deudores “incobrables” que se propagandiza en las radios de la costa, incluyendo Mar del Plata.

Estos hechos, sumados a otros anteriores, motivaron la realización de una movilización en las calles de Mar del Tuyú por parte de la comunidad boliviana, contra de este cotidiano accionar policial. Pararon en la sede de Narcocriminalidad, donde trabajaban tres de los detenidos (Abdala, Sicovich y Pacheco), y luego en la municipalidad, donde entregaron un petitorio y denunciaron que éste fue simplemente uno de tantos otros casos que los encuentra como víctimas de la impunidad y la represión policial. Entre otros casos, denunciaron lo ocurrido en la casa de un trabajador boliviano, donde, para obligarlo a entregar dinero, amenazaron con “cortar como a un chancho” a su hijo de 3 años, con una amoladora.

DESPIDEN A DOS TRABAJADORES POR PREGUNTAR A CASAL SOBRE EL CASO ARRUGA

Estos últimos días se pudo comprobar cómo funcionará la Ley de Medios Audiovisuales. Dos periodistas de radio Provincia fueron echados por preguntarle al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, por la desaparición de Luciano Arruga a manos de la policía.

Fue una entrevista realizada en un medio administrado por el gobierno provincial. Sin embargo, a Casal se lo escuchó molesto varias veces. Cuando le preguntaron sobre Arruga, el ministro de represión bonaerense intentó chicanear con que era amigo de la familia de Luciano y que estaba en permanente contacto con la APDH de La Matanza.

Cuando la periodista insistió para dijese algo en concreto, el ministro fue tajante: “No le puedo dar más datos, estamos delineando una nueva estrategia”. Por supuesto, no cabe la menor duda que ahora, unificados los ministerios de policía y justicia, le será más fácil hacer que jamás aparezcan ni Luciano ni los represores estatales responsables de su desaparición.

Por esta pregunta, dos periodistas se quedaron sin trabajo y las autoridades políticas de la radio prohibieron subir la entrevista a Casal en la página web de la emisora. “Le faltaron el respeto al ministro. Ustedes tienen que entender que en radio Provincia, un ministro es un patrón de ustedes”, dicen que se sinceró Oscar Castañeda Alippi, uno de los responsables de la emisora.

Ésta es la democratización de los medios que quiere el gobierno: callando a los periodistas que se salen apenas un cachito de la línea periodística que quiere imponer el Estado. Ya sea el monopolio de los medios como tiene Clarín, o como tendrán los amigos del gobierno si se implementa la ley de medios, nada va a cambiar mientras la burguesía siga imponiendo sus leyes: los medios serán funcionales al poder, la policía seguirá matando y reprimiendo a pobres y trabajadores organizados y Luciano Arruga seguirá sin aparecer.

POLICÍA BALEÓ CON SU ARMA REGLAMENTARIA A SU HIJASTRA DE 4 AÑOS

El martes 22 de junio, una pequeña de sólo cuatro años fue intervenida quirúrgicamente a consecuencia de dos heridas gravísimas de arma de fuego que provocaron la fractura del fémur de la pierna derecha y el cúbito de su brazo izquierdo, además de serias lesiones en tres grandes nervios y parte de su sistema vascular, por el disparo de una pistola Browning 9 mm , que accionó su padrastro, el agente policial Ricardo Sierralta, quién trabajaba en la Guardia de Casa de Gobierno de Salta.

El disparo se produjo en una habitación, de cuyo interior fueron secuestrados un cargador con ocho balas calibre 9.19 y sábanas manchadas con sangre de la nena. Sobre la cama había una bala del mismo calibre y una vaina servida.

Al momento de ser interrogado, el policía dio una versión absolutamente increíble acerca de la forma en que sucedieron los hechos. Dijo que fue la niña quien accionó su arma reglamentaria, que impensadamente había “olvidado” sin seguro sobre la cama.

Lo cierto es que una criatura de cuatro años no tiene la fuerza necesaria para accionar la cola del disparador de un arma que requiere, en promedio, entre 3,5 y 5 kilos de presión para que se salga el tiro. Además, dada la ubicación de las heridas y la trayectoria de la bala, de arriba hacia abajo, que impactó dos veces sobre la nena, no cabe duda que el arma fue activada por otra persona.

En tanto, el subjefe de Policía, Mario Paz, sostuvo que “van a investigar los pormenores del asunto”, e informó que, por el momento, el agente está sumariado, pero pasará a disponibilidad si se comprueba dolo o negligencia en el manejo del arma reglamentaria, como si no resultara obvia la culpabilidad del padrastro de la niña.

Un nuevo caso, afortunadamente no fatal, de cómo los casos de violencia dentro del seno familiar cobran un cariz diferencial cuando el abusador es, además, un policía.

GATILLO FÁCIL: ALGUNAS PRECISIONES NECESARIAS

Desde fines de los ’80, la expresión “GATILLO FÁCIL”, que en sentido estricto refiere sólo a los fusilamientos y ejecuciones policiales, generalmente enmascarados como “enfrentamientos”, cuyas víctimas son, casi siempre, jóvenes pobres, se popularizó tanto que a veces se la usa como comprensiva del conjunto de las variantes represivas policiales.

La política de gatillo fácil conforma, junto con el sistema de detenciones arbitrarias y la sistemática aplicación de tormentos en cárceles y comisarías, una vertiente represiva dirigida de manera aparentemente indiscriminada sobre la población más vulnerable, que busca imponer el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares cotidianos, potenciados por la naturalización y la invisibilización.

A diferencia de la represión política, que selecciona cuidadosamente sus blancos, la represión preventiva, con herramientas como el gatillo fácil, se abate en forma aparentemente indiscriminada sobre la población, con un alto grado de selectividad que no es otro que la pertenencia de clase.

El gatillo fácil, la aplicación sistemática de torturas a detenidos legal o ilegalmente, y las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, son las tres modalidades básicas de esa forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante.

Junto a esta vertiente represiva que llamamos “preventiva”, y que suma 2.950 asesinados desde diciembre de 1983, distinguimos la que se abate en forma selectiva sobre esos mismos sectores populares cuando ya se han organizado. La represión directa en movilizaciones (que nos ha costado 54 compañeros caídos desde 1995); las tareas de inteligencia; la promoción de causas judiciales sobre militantes y su consecuencia más grave, los presos políticos, constituyen la otra cara de las políticas represivas del estado, que se manifiesta con mayor intensidad en la medida que avanzan la conflictividad social y la organización popular, y que, para algunos, es percibida, como “política de estado” con mucha mayor facilidad que la que se descarga sobre los pobres no organizados al amparo de la naturalización y el silenciamiento.

La semana pasada, en Bariloche, vimos, primero, un típico caso de gatillo fácil, con el fusilamiento policial de Diego Bonefoi. De inmediato, frente a la manifestación popular, dos manifestantes asesinados. El primer hecho responde a la modalidad “preventiva”, el segundo a la “selectiva”. Dos modalidades de una única política de estado, que encuentra su origen en la necesidad del estado capitalista -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social.