Boletín Informativo nº 565

JUICIO AL GATILLO FÁCIL: MIGUEL DA SILVA

El 6 de octubre de 2005, un poco después de las 5 de la tarde, el oficial de la policía bonaerense Juan Sebastián Álvarez mató a de un disparo a Miguel Da Silva en el barrio Satélite de Moreno.

Álvarez y el sargento Salto iban en un patrullero, y recibieron un alerta por un robo a la salida de la escuela nº 41. Lo que les dijo el operador de radio fue que una maestra había sido asaltada por tres personas jóvenes, con gorritas con visera, y que uno de ellos iba armado, y vestido con un pantalón deportivo y un buzo oscuro.

Con esa “descripción”, si la podemos llamar así, salieron hacia el barrio más pobre de la zona. A unas diez cuadras, vieron venir de frente a Miguel, de 15 años, con su amigo Marcelo, de 16. Bajaron del móvil y los pararon. El sargento Salto agarró a Marcelo y lo hizo tirar boca abajo en el medio de la calle. Unos metros más adelante, sobre la vereda, estaba Miguel, frente al oficial Álvarez, un policía joven, de 24 años entonces, pero con un nutrido currículum, formado en el GAD, un grupo comando especial de la bonaerense, fácil de reconocer por sus boinas negras.

Una vecina de la cuadra vio todo desde la vereda de enfrente, y así lo contó la semana pasada, durante el juicio oral, en la ciudad de Mercedes: “Vi el patrullero, salí a la puerta y vi que la policía había parado dos chicos. Al principio no reconocí que uno era Miguel, que vivía a la vuelta. El chico levantó las manos, se agarró la remera y la levantó, se quedó con las manos en alto, y dijo NO PASA NADA, NO TENGO NADA. El policía gritó algo y disparó. Miguel hizo como un movimiento cuando recibió el tiro, se miró la panza y cayó al suelo”.

Otra testigo contó que estaba en la esquina, y le gritaron “Avisale a Ramona que lo agarraron a Miguel”. La casa de la familia da Silva está en la misma manzana, en la calle paralela. Ramona y la mujer que le avisó corrieron esa escasa cuadra y media, y cuando estaban por doblar la última esquina, oyeron el estruendo del disparo.

Miguel estaba todavía vivo cuando Ramona forcejeó con los policías para acercarse. Con el tiro, la cuadra se llenó de vecinos curiosos, que estallaron de indignación cuando vieron que los policías ponían un revólver estropeado a los pies de Miguelito. A puteada y piedrazo limpio, liberaron a Marcelo y ayudaron a cargar a Miguel en un auto para llevarlo al hospital. El patrullero, todo abollado, salió huyendo con los policías pidiendo apoyo por radio. “¡Se nos viene la villa encima!” quedó grabado en la cinta. ¿Bariloche, 2010? No. Moreno, 2005.

El juicio tenía que empezar hace casi un año, pero como se murió la mujer del fiscal, se demoró hasta esta semana. El jueves, en un tribunal oral de Mercedes, cada uno de esos vecinos contó lo que vio. El oficial Álvarez no abrió la boca. En su lugar habló la defensora oficial, que argumentó que el ex GAD actuó en legítima defensa y en cumplimiento del deber cuando disparó contra un chico de 15 años desarmado. Igual que la defensa del asesino de Diego Bonefoi, en Bariloche.

Entre los testigos, declaró también Ramona, que contó lo que vio, y habló de su hijo. Y con la fuerza de las entrañas, les gritó a los jueces su dolor y su bronca por el policía en libertad, a pesar del cargo por homicidio. Como si hubieran dejado que Miguel esperara el juicio en libertad si lo hubieran acusado de un robo.

Al terminar el debate, quedó en el aire una frase que dijo el sargento Salto cuando le preguntamos por qué habían detenido a estos pibes en particular. “Nosotros vimos tres, y como policías, creímos que habían sido ellos”, dijo el sargento.

Clarísimo. Eran tres, y eran chicos de un barrio obrero. Un barrio dónde, para dos policías, dos o tres pibes son, automáticamente, sospechosos, y descartables. Y si los matan, ahí está, en la guantera del patrullero, el perro para plantarles y decir “fue un enfrentamiento”.

El martes 13, el tribunal va a dar la sentencia, que puede ser perpetua, como pedimos nosotros y la fiscal, o la absolución, con pedido de disculpas por la molestia burocrática, como pidió la defensa.

Pero no importa tanto lo que resuelvan los jueces, que se sintieron bastante molestos con la cantidad de vecinos y militantes antirrepresivos que llenaron la sala y afearon con sus banderas y pancartas la plaza de Mercedes, justo, entre el edificio de tribunales y la majestuosa catedral donde tomó la comunión Jorge Rafael Videla.

No importa tanto, porque la sentencia ya la dictó el pueblo de Moreno, que sabe que, a Miguelito Da Silva, un hijo de ellos, lo mató la policía.

¿LAS VIOLACIONES SE PREVIENEN DESDE EL AIRE?

En la ciudad de La Plata, una chica fue violada por dos policías. Cuando iba en bicicleta hacia la escuela, de una camioneta de la fuerza bajaron dos policías que la obligaron a punta de pistola y la llevaron a una casa abandonada donde la sometieron sexualmente.

La joven denunció que antes de ser liberada la amenazaron para que no hablara porque de los contrario “iba a aparecer muerta en un descampado o flotando en un arroyo”.

Esto ocurrió mientras la policía “patrullaba las calles de la ciudad, es decir, cumplía con su trabajo”. ¿Qué se espera que hagan entonces cuando, como anunció Scioli, se pongan en marcha “una serie de iniciativas para optimizar los recursos humanos y logísticos” del aparato policial? ¿Qué hará la policía con los aviones que les prestará el aeroclub para “prevenir el delito”? Claro está, que para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la preocupación esencial está en los piratas del asfalto y los salteadores de ganado y ya que estamos, se harán algún negocio con los aviones y los empresarios vinculados al rubro.

A juzgar por la experiencia, suministrar mayores recursos para la policía “para combatir el delito”, significa mayor inseguridad para el pueblo. Ya lo vemos, contar con uniformes, armas, vehículos y la impunidad de la justicia les hace posible detener a una chica de secundaria, violarla en una casa abandonada y después amenazarla de muerte.

Atrás del discurso de que “el delito” es más sofisticado y por eso se necesitan más herramientas para enfrentarlo, se oculta la atribución de mayores facultades para que la policía y el conjunto de las fuerzas puedan garantizar sus negocios y sean impunes en sus acciones, garantizando siempre en contraprestación seguir siendo los perros guardianes de la clase dominante, cuidando su capital y reprimiendo a quienes atenten contra ella.

LA METROPOLITANA REPRIME A TRABAJADORES EN LINIERS. ALGUNOS MEDIOS LEGITIMAN Y OTROS CRITICAN PARA QUE SÓLO REPRIMA EL GOBIERNO NACIONAL

En momentos de crisis, inherentes al sistema de producción capitalista, el mercado escupe miles de trabajadores fuera de las empresas para sostener la máxima rentabilidad de los empresarios. O sea, se echan trabajadores para que el margen de ganancia de la clase dominante siga siendo el mismo. A muchos trabajadores no les queda otra que salir a “changuear” o vender en las calles para poder llevar el pan dignamente al hogar. Pero algunos, ya ni eso pueden hacer, las fuerzas represivas porteñas desalojaron a palazo limpio a los puesteros de Liniers el martes pasado por la madrugada.

No eran lúmpenes, ni narcotraficantes, ni terroristas, eran trabajadores. Y justamente por eso fueron reprimidos. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando los trabajadores cortaban la avenida Rivadavia, los policías de la Metropolitana hicieron lo que tanto les gusta hacer. En las filmaciones se los veía ansiosos y, al grito de guerra y corriendo desesperados por ver quien daba el primer garrotazo, avanzaron y reprimieron ferozmente a los puesteros, que lo único que querían era trabajar.

Las topadoras arrasaron con los precarios puestos y los policías con los trabajadores. Las más golpeadas fueron las mujeres, a las que las arrastraron de los pelos varios metros por el pavimento para luego llevarlas detenidas; a una le desfiguraron el rostro a palazos. Hubo 7 detenidos y una decena de trabajadores heridos producto de la represión estatal.

Siempre que haya una sociedad dividida en clases, el estado responderá para adoctrinar a los trabajadores explotados. Lo extraordinario es el abordaje de la noticia que hicieron algunos medios y la respuesta desde el oficialismo.

Aníbal Fernández se mostró ¡sorprendido! por la represión de la Metropolitana y quiso diferenciarse en su blog asegurando que “el gobierno nacional hace de su vocación una bandera de la no represión y del no uso de la fuerza”. Habría que avisarle al ministro que su gobierno es el que más pibes ha asesinado a través de las fuerzas represivas desde el 83 hasta la fecha; y que los artesanos a los que reprimió la Metropolitana a principios de junio en la calle Florida, luego de ser detenidos, fueron derivados a la Policía Federal, bajo tutela del estado nacional que administra el gobierno de Fernández.

Los medios de información siguen cumpliendo un gran rol en concordancia con la represión estatal. En connivencia con Fernández, salió 6, 7, 8 a hablar de “imágenes localizadas en el pasado” y de “desfasaje de lo que pasa a nivel nacional”. El diario “La Prensa” tituló: “Cuatro agentes de la Policía Metropolitana heridos en un violento desalojo…”. También la nota se centra en que los puesteros eran una mafia, que los vecinos se quejaban que los puestos reducían el paso por las veredas facilitando los robos y hurtos violentos.

La dinámica del sistema capitalista será siempre la misma. Trabajadores utilizados para generar la ganancia de la que se apropian los capitalistas, expulsados en épocas de crisis y brutalmente reprimidos cuando protestan o quieren hacer una changuita fuera de la ley. Los medios concluyen el cierre de este círculo burgués. En este caso con el diario La Prensa legitimando sin tapujos la represión y con 6 7 8 manipulando la información para que la represión sólo quede concentrada en un sector de la burguesía nacional: el oficialista.

TORTURAS Y MUERTES EN LUGARES DE DETENCIÓN, UNA POLITICA DE ESTADO

Días atrás murió Osvaldo Guzmán en el pabellón N° 12 del Penal de Piñero, provincia de Santa Fe. Sus compañeros cuentan que en la mañana ya se sentía mal, con un dolor en el pecho. En horas de la tarde pidió asistencia médica, que le fue negada. “Valdy” era el único que se encontraba militando en el espacio de comunicación en el penal, ya que a sus compañeros no los dejaban salir, además de denunciar la represión que lleva adelante el personal penitenciario.

En la misma provincia, murió Juan Fossatti, de 57 años, en la cárcel de Las Flores. El miércoles 23 de junio fue encontrado tirado y sin conocimiento. El médico penitenciario constató que fue golpeado en la cabeza. Falleció al día siguiente en el hospital José Maria Cullen.

En horas de la noche del 25 de junio, René López y Mauro Matías Sarmiento, quienes se encuentran presos en la Unidad de Detención Nº 1 de la ciudad de Río Grande, fueron hospitalizados con un cuadro de asfixia, originado a raíz de la quema de un colchón, en el marco de una protesta realizada por René, quien días pasados ya había iniciado una huelga de hambre, porque no le consiguen los turnos requeridos en el Hospital Regional local.

Finalmente, el martes 29, en horas de la noche, un móvil policial de la Comisaría 2ª de Corrientes, detuvo “por averiguación de antecedentes” a Javier Blanco, quien se dirigía a visitar a sus familiares. Ya en el camino, lo golpearon y patearon. Llegó a la comisaría en muy mal estado y así siguió hasta ser liberado, en horas de la mañana. Desde el miércoles se encuentra hospitalizado en el Hospital Escuela de la Ciudad de Corrientes, con drenaje para tratar la hemorragia pulmonar que sufrió a consecuencia de la tortura recibida.

Estos casos de represión, son una muestra más de las distintas modalidades a las cuales recurre el estado para ejercer el control social. El gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, las muertes en cárceles o institutos de menores, son formas, herramientas, con un único objetivo común, disciplinar a la clase trabajadora para que agache la cabeza y ni siquiera se imagine luchar por un vida digna.

BARILOCHE: EL TURNO DE LA “JUSTICIA”

Apenas apagados los ecos de los disparos y el retumbar de las botas policiales en la represión a los manifestantes que repudiaron, primero, el asesinato de Diego Bonefoi, y, después, el de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, llegó el turno del aparato judicial.

En tiempo récord, el juez Martín Lozada dictó el procesamiento, con prisión preventiva, del policía Sergio Colombil, por el delito de homicidio agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad del estado.

Pero la algarabía de los “progresistas defensores del estado de derecho” y del “funcionamiento de las instituciones” duró poco. En apenas días, la cámara de apelaciones decretó, a pedido de la defensa del policía, la nulidad de la declaración indagatoria, del auto de procesamiento y de la prisión preventiva, apartó al juez de la causa y liberó al asesino.

Argumentaron los camaristas, siguiendo a la defensa, que el juez hizo declaraciones a la prensa en las que descartó públicamente todo valor probatorio al arma evidentemente plantada junto al cuerpo de Diego Bonefoi. Y que las hizo antes de la indagatoria y del procesamiento, con lo que ambos actos quedaron contaminados por el prejuzgamiento, causal suficiente para la recusación y la nulidad de lo actuado. Dice la cámara que Lozada “Ha emitido entonces un juicio sobre una circunstancia que considera de peso para la determinación del caso [el hallazgo del arma]. Y lo ha hecho fuera del proceso y antes de escuchar al imputado”.

Más allá de las particularidades de los jueces, que decidieron volver a fojas cero y reponer al policía en la calle, y sin perjuicio de su claro alineamiento ideológico con el gobierno provincial (y el nacional, habida cuenta la alianza táctica entre ambos), lo cierto es que las nulidades les fueron servidas en bandeja. El juez Lozada, no podía ignorar, cuando se entusiasmó con los flashes y los micrófonos, que “los jueces hablan por sus sentencias”, es decir, que, de acuerdo a las reglas de juego impuestas, no pueden hacer pública de antemano su opinión sobre los casos en los que les toca juzgar. Lo sabe cualquier estudiante de derecho. ¿Se le pasó a un juez de instrucción experimentado, en un caso tan delicado?.

Párrafo aparte merecen algunas notas aparecidas en diversos medios, surgidas de las plumas más destacadas en materia de defensa del kirchnerismo, que intentan despegar al gobierno nacional de los hechos represivos en Bariloche. En El Argentino, Ricardo Forster escribió: “Las terribles escenas de la represión policial en Bariloche con su espantoso saldo de tres muertos (dos de ellos menores de edad) nos regresan sobre un tema no saldado por la democracia argentina”. ¿Nos “regresan”? ¿Alguna vez se fue la represión policial? ¿Y los casi tres mil muertos por el gatillo fácil y la tortura desde diciembre de 1983? ¿Y los casi mil cuatrocientos imputables a los dos gobiernos de los Kirchner?.

Y sigue el apologeta oficial: “…como si no estuviéramos atravesando un momento signado por los juicios a los genocidas y por el camino hacia la recuperación de memoria, justicia e identidad… como si todas estas cuestiones decisivas de nuestra vida cotidiana y de este peculiar y fecundo momento de nuestra historia no hubieran logrado transformar a la maldita policía”.

Pocas veces queda tan claro el rol de la autodenominada “política de DDHH” del kirchnerismo con herramienta represiva, la mejor y más eficaz para ganar consenso, mientras su policía, sus gendarmes, sus prefectos y sus servicios penitenciarios nos matan un pibe por día. Y, por supuesto, a Forster lo preocupa más que la democracia quede “malamente expuesta y dañada” que ese pibe fusilado o torturado hasta morir por día.

Termina el kirchnefilósofo con el argumento más mentiroso de todos: “A lo largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se honró una convicción (…) clara, sencilla y tajante: no reprimir las protestas sociales”. Seis son los muertos en manifestaciones populares durante los gobiernos “de Néstor y Cristina”: Luis Marcelo Cuéllar (19 años, militante de la CCC, Jujuy, octubre de 2003); Carlos Fuentealba (40 años, docente, Neuquén, abril de 2007); Juan Carlos Erazo (50, trabajador del ajo, Mendoza, abril de 2008), Facundo Vargas (16, Don Torcuato, enero de 2010), y Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (16 y 28, Bariloche, junio de 2010). Ni hablar de los más de 5.000 activistas y militantes encausados, o de los presos políticos, materia en la que ningún gobierno anterior, desde 1983, alcanzó las cifras del kirchnerismo.

Para el final, la versión del policía de cómo se produjo el disparo: Según su defensor, la cartuchera estaba rota, por lo que, al correr, el arma salió volando, y, cuando el esforzado cabo la agarró al vuelo, para evitar que cayera al suelo, “se disparó”…

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 6 de julio, 7:30, corte en Callao y Corrientes de agrupaciones estudiantiles, por la libertad de los presos políticos y el cierre de las causas contra luchadores.

A las 11:00, concentración frente a los tribunales federales (Comodoro Py 2002, Retiro), para acompañar a la defensa de Roberto Martino en la audiencia contra su procesamiento.

Martes 13 de julio, 12:00, concentración frente a los tribunales de Mercedes (calle 26 y 27), para la lectura del veredicto y sentencia en la causa contra el oficial Juan Sebastián Álvarez, asesino de Miguel Da Silva.