Boletín Informativo nº 566

CASO LACORTE:LA JUSTICIA, NI ENMASCARADA NI INDEPENDIENTE

Cuando en 2001, en el Sur del conurbano, el policía Salmo disparó a la estudiante Carla Lacorte, dejándola paralítica para siempre, la justicia no dijo que el crimen del gatillo fácil es un crimen de estado, ni reconoció la naturaleza política –en tanto política de estado- de la represión cotidiana.

Después de un denso trámite judicial, agotando los recursos para dejar impune el crimen, el policía José Salmo, que debió ser condenado a 13 años de prisión, como lo exigieron los compañeros de CEProDH, recibió una tibia pena de 6 años y medio por parte del Tribunal Oral 5 de Quilmes, y fue detenido.

Aquí, tampoco, dijo la justicia que cuando se aplican insignificantes condenas a los integrantes de una institución represiva del estado estamos ante una sentencia con inocultables ribetes políticos.

La defensa del policía Salmo apeló la detención. Esta semana, la Cámara de Garantías de Quilmes lo dejó en libertad, con el argumento de que esa detención era “desproporcionada y arbitraria” porque -yendo más allá incluso de lo pedido por la propia defensa del policía- “la sentencia está teñida de componentes políticos”… porque durante todo el proceso, Carla estuvo acompañada por la solidaridad activa de la organizaciones políticas, estudiantiles y antirrepresivas, dentro y fuera del Tribunal.

Pocas veces vemos un ejemplo más claro y categórico de cómo tratan los jueces los casos de gatillo fácil. Pocas veces queda mejor demostrada la naturaleza de crimen de estado que implica el gatillo fácil. Pocas veces queda tan evidenciado que el gatillo fácil responde a una política de estado.

Y también como pocas veces, la respuesta organizada y dispuesta a la lucha del pueblo, pone tan en evidencia la verdadera cara “independiente” de la justicia. La clase dominante se juzga a sí misma, y a sus siervos. El resultado es siempre el mismo: impunidad.

Los presos políticos, los 5.000 procesados por la criminalización de la protesta, los familiares de los asesinados por la represión preventiva, expresan, con su organización y lucha, la respuesta que más molesta e incomoda al sistema opresor.

POLICHORROS, OTRAS TRES

Esta es casi una sección fija, por la frecuencia con la que reportamos casos de “polichorros”. Esta vez, son tres noticias de diferentes características. Primero, dos comisarios más cinco “colaboradores” –uno de ellos, también de la fuerza-, investigados desde febrero por asaltos con la modalidad de “piratas del asfalto” y detenidos en estos días. Segundo, nueve policías federales que se dedicaban a extorsionar a cambio de protección o para permitir que la venta de productos truchos, liberando zonas. Y, tercero, una “ejemplar” condenan a dos policías acusados de “tentativa de robo a mano armada”, con tareas comunitarias una vez por semana, mientras mantienen sus trabajos actuales como policías.

Las tres noticias tienen mucho en común, como la clara complicidad judicial. En todos los casos, los acusados fueron beneficiados con la libertad durante el proceso, permitiéndoles “atar cabos sueltos”, amedrentar testigos, presentarse si se les ocurre o seguir cobrando un sueldo del estado. Cuando no, se les aplican penas irrisorias, que les permiten seguir con su vida normal, como en el caso de Neuquén. Otra de las patas comunes, y no menos importante, es la intervención de los medios de comunicación. Siempre se plantean estos delitos como hechos “muy confusos”, donde los medios tratan de ser “objetivos” sin imprimir malos comentarios sobre los policías. Todos sabemos que, cuando no se trata de policías, sí llenan sus páginas de adjetivos y comentarios estigmatizantes.

Pero casi sin querer, a un diario se le escapó la verdad, y comenzó su nota sobre el caso de los policías de Saavedra con la frase: “Como es ya casi tradicional en el país, ….”, en referencia a la frecuencia del involucramiento policial en delitos de todo tipo.

Los que nos leen habitualmente se preguntarán por qué, esta vez, no abundamos en la historia de cada caso. Solemos dar lujo de detalle sobre cada situación. Esta vez, adrede intentamos mostrar que no importa si fue en Neuquén, o en Capital Federal, o en San Martín (provincia de Buenos Aires). El accionar de las instituciones de seguridad del estado es siempre el mismo, sea coimeando en el barrio o en la ruta; extorsionando; en los grandes delitos millonarios o en la administración y explotación del “chiquitaje”. Los jueces garantizan la impunidad. Todo con un fin común, demostrar quién manda. Y cómo, cuando, por alguna razón, quedan al descubierto, se ponen en funcionamiento los otros mecanismos del estado, asegurando la continuidad de la política represiva.

REPRESIÓN EN LATINOAMÉRICA, CON Y SIN LA AYUDA DEL IMPERIO

En épocas de crisis, ante el empobrecimiento de la clase trabajadora, el pueblo se organiza y lucha. En este contexto es donde queda totalmente cristalizado el carácter represivo de cualquier estado que rija en una sociedad dividida en clases. Pero, cuando las fuerzas represivas locales no son suficientes para adoctrinar al pueblo organizado, se hacen presentes los refuerzos imperiales, con o sin la venia de las burguesías locales, para cuidar sus intereses y seguir aleccionando a los dominados. Este es panorama que están viviendo los pueblos de Latinoamérica.

A Costa Rica llegarán cerca de 50 buques de guerra, y decenas de aviones y helicópteros estadounidenses. Los represores estadounidenses, que ya vigilan las costas centroamericanas desde hace más de 10 años, incursionarán en territorio tico con 7.000 uniformados. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército. No les es necesario. Cuando la policía no puede asesinar y encarcelar a todos los necesarios para adoctrinar a la clase, recurren al imperio yanki.

“El personal de los Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”, dice el documento. O sea: impunidad para matar. Algo muy similar decía el documento que firmaron con Colombia el año pasado para instalar a sus fuerzas en 7 bases militares colombianas. La excusa también fue la misma: “combatir al narcotráfico”; cuando en verdad es para reprimir al pueblo que se organiza y lucha. Lo mismo está ocurriendo en Honduras con la extensión del “Plan Mérida”, otro acuerdo militar entre las burguesías locales y el imperio gringo.

En Haití, luego del sismo que dejó más de 200 mil muertos, Estados Unidos envió 20 mil efectivos, barcos y aviones para reprimir a la población hambrienta y sin hogar. El águila apunta y quiere posar sus garras sobre el pueblo trabajador latinoamericano. Sin embargo, en Panamá, a la burguesía local todavía le alcanza con la policía. Luego de una brutal represión por una protesta contra el gobierno de turno, los verdugos asesinaron a otro luchador popular y arrestaron a cerca de otros cincuenta, que engrosarán las listas de presos políticos.

Arcesio Lemus era uno de los miles de presos políticos que el estado colombiano tiene encarcelado. En estos últimos días falleció por problemas cardíacos, ante la indiferencia de las fuerzas represivas. Esta es una política estatal inherente en cualquier sociedad dividida en clases.

En estos días, en Argentina, pudimos asistir a la audiencia del Negro Martino, preso político en el país por denunciar al sionismo. En la misma, el compañero preso expuso cómo el Estado de Israel viene masacrando al pueblo palestino, incluso desde antes de su creación. Del lado de los verdugos, estuvieron los jueces sobre el estrado y en la querella todo el sionismo local (Embajada de Israel, AMIA y DAIA).

Así, cuando la crisis más golpea a los pueblos latinoamericanos, la burguesía local encarcela y mata luchadores populares; y cuando sus fuerzas represivas no son suficientes para adoctrinarlo, recurren al imperio yanki, siempre bien dispuesto a matar, reprimir y controlar.

POLICÍA DE RÍO NEGRO: NINGUNA REFORMA CAMBIA LA NATURALEZA DE LAS COSAS

De nuevo, tenemos que hablar de Bariloche, del gatillo fácil y de la represión a las manifestaciones populares. Sin cambiar de tema, vamos a hablar de los esfuerzos que hacen los gobiernos para fortalecer su aparato represivo.

Cuando el pueblo reacciona contra la represión y rompe el muro de invisibilidad con el que se sepulta dos veces a los pibes fusilados o torturados por la policía; cuando la movilización popular muerde los cimientos de la gobernabilidad democrática, rápidamente los encargados de recomponer la legitimidad del sistema ponen manos a la obra bajo la consigna fundacional de cualquier gobierno democrático: TODA LA REPRESIÓN NECESARIA, CON TODO EL CONSENSO POSIBLE.

Si Diego Bonefoi entró al Archivo de Casos de personas asesinadas con el gatillo fácil que compila CORREPI con el número 2943, Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29), además de ser los casos 2944 y 2945 en el listado general, se convirtieron en el quinto y sexto caso de asesinados en manifestaciones populares por el gobierno peronista de los Kirchner, junto a Luis Cuéllar, Carlos Fuentealba, Juan Carlos Erazo y Facundo Vargas. Un listado que suma 54 nombres desde 1995.

Cuando estos hechos cotidianos de represión se visibilizan y causan reacción popular, enseguida aparecen los recursos del estado para acallar la protesta y desmovilizar. Por un lado, declaraciones grandilocuentes de los funcionarios que prometen “investigar hasta las últimas consecuencias”. Por la otra, se pone en funcionamiento el aparato de cooptación de los familiares de las víctimas, con visitas de secretarios o ministros de DDHH, defensores del pueblo, legisladores, oficinas de asistencia a la víctima o programas antiimpunidad. Muchas fotos, cafecito y más promesas, éstas de subsidios, planes, y, desde luego, reformas.

Eso es lo que hoy está pasando en Bariloche. Con el apoyo de organismos siempre listos para ponerse al servicio de los gobiernos como pata izquierda del sistema, los familiares de Diego, Sergio y Nicolás ya están invitados a tomar el té con la Sra. Presidenta.

Y esta semana, el Ministerio de Gobierno y de la Policía de Río Negro, junto con la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, analizaron un proyecto de ley para que, en el futuro, las policías y servicios penitenciarios provinciales tengan que cumplir con el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley que dictaron las Naciones Unidas en 1979.

Ese código, que dice, con el bonito lenguaje garantista de los organismos internacionales, cuándo puede un policía sacar y usar su arma, por ejemplo, está incorporado a la legislación argentina desde 1992. En 2003, el gobierno kirchnerista lo declaró obligatorio para todas las fuerzas federales, e invitó a las provincias a hacer lo mismo. La provincia de Buenos Aires lo adoptó poco después.

El proyecto de Río Negro fue presentado por dos legisladores del partido SUR (Solidaridad y Unidad de Río Negro), un partido vecinal, de raíces radicales y fuerte acercamiento con el gobierno nacional, cuyo máximo dirigente, ya fallecido, fue tres veces intendente de Bariloche.

Ahora, diputados, ministros, y la propia policía, nos dicen que, en Bariloche, pasó lo que pasó porque no tenían esta norma incorporada a la legislación local. Nos dicen que nos quedemos tranquilos y no molestemos más con los tres asesinatos, porque, a partir de ahora, la policía rionegrina va a actuar conforme el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU.

¿A cuántos Diego Bonefoi fusilaron la federal, la gendarmería, la prefectura o la bonaerense desde 2003, desde que es obligatorio para ellos el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU?

Una buena muestra de cómo intentan, a fuerza de propaganda y alguna reforma, que los tibios de siempre aplauden, lavarse la cara y las manos manchadas de sangre de trabajadores, para seguir matando, con más legitimidad.

Confiar en estas reformas, que jamás cambiarán la naturaleza de las cosas, es contribuir a la impunidad de los asesinos, y preparar el camino para las represiones que vendrán. Para el pueblo trabajador, hay una sola salida: ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

CORRIENTES: TORTURAS EN COMISARÍA

Una vez más, las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, como el conocido recurso de la “averiguación de antecedentes”, sirven como puerta de entrada al infierno de la tortura a manos de personal policial.

Esta vez ocurrió en Corrientes, cuando el joven Javier Blanco se dirigía a visitar a unos familiares y fue interceptado por un móvil policial de la Seccional 2ª. Descendieron unos oficiales que comenzaron a propinarle golpes y patadas, para luego trasladarlo a la comisaría.

Una vez en la comisaría, continuaron las torturas, hasta que lo liberaron, al día siguiente, sin que se le imputara delito alguno. Javier presentaba severas lesiones, sobre todo en la zona pulmonar, que hicieron necesaria una internación en el Hospital Escuela de Corrientes y la realización de un drenaje para parar la hemorragia luego de la feroz golpiza.

El 2 de julio, los familiares de Javier Ramón Blanco hicieron la denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción de turno, cuyo titular, dice, se encuentra evaluando qué medidas adoptará frente a la imposibilidad de deambular por las calles de Corrientes sin riesgo para la vida por el accionar represivo policial.

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA EN LOMAS

Los vecinos de Ingeniero Budge están sufriendo un verdadero drama ambiental y sanitario desde hace años. Cada vez que llueve, sus casas son inundadas con más de medio metro de agua. Pero lo peor es que el agua que entra a sus casas contiene grandes cantidades de materia fecal, debido a la falta de un sistema de desagüe en el barrio. Muchos vecinos sufren graves problemas de salud a raíz de esto. Ante la reiterada negativa del secretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Massara, de recibirlos para atender su reclamo, los vecinos, organizados en una asamblea vecinal, decidieron hacer pública la situación marchando desde el barrio hasta el Camino Negro.

Por una hora permanecieron, en el mes de marzo, sobre la avenida, sin producir un corte total, sino que se dejo libre el espacio necesario para transitar.

Enterado el aparato judicial, dispuso infiltrar personal policial en la manifestación para sacar fotos e identificar a los vecinos movilizados. A una de ellas, la vecina Dora Oviedo, que sufre además una discapacidad motriz debido a una artritis reumatoidea, se la citó posteriormente en calidad de testigo, pero cuando llegó a la fiscalía le leyeron los derechos y la mandaron a sacarse fotografías. Al comparar las fotos e identificarla positivamente quedó imputada por “obstruccion al tránsito” y se la citó a indagatoria.

La defensa de la compañera, a cargo de CORREPI, a través de la compañera María Teresa Larramendy, planteó la nulidad de las “pruebas” obtenidas mediante el engaño y la mentira, y pidió la suspensión de la audiencia hasta que se resolviera la cuestión.

Mostrando de qué lado se posiciona siempre la justicia, no sólo se mantuvo la convocatoria, sino que la compañera de CORREPI fue denunciada ante el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por “no colaborar con la administración de la justicia”, según lo planteado por la fiscal María Laura Alfaro.

Esta ofensiva judicial es entendida por los vecinos como una clara “advertencia que el aparato judicial nos da por organizarnos y reclamar una mejor calidad de vida”. Una verdadera reprimenda a los luchadores que, al organizarse, deciden levantar la voz y romper el cerco de la invisibilidad protestando en la calle ante la violación sistemática de sus derechos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 13 de julio, 12:00, concentración frente a los tribunales de Mercedes (calle 26 y 27), para la lectura del veredicto y sentencia en la causa contra el oficial Juan Sebastián Álvarez, asesino de Miguel Da Silva.