Boletín informativo n° 573

PERSECUCIÓN CONTRA LOS ESTUDIANTES MOVILIZADOS

Desde hace varias semanas, los estudiantes secundarios de varios colegios vienen desarrollando un plan de lucha en reclamo de aumento del presupuesto educativo, por mejoras edilicias, incremento de becas, viandas y aumento del salario docente. En las escuelas se han producido accidentes como caídas de mampostería y de porciones de techos. También denuncian que pasaron los grandes fríos de este invierno sin gas o sin electricidad, es decir, sin calefacción.

A esos reclamos generales, que muestran el abandono que hace el estado de la educación pública, se suman, también, reclamos por reformas del plan estudios. Es el caso del instituto del profesorado Joaquín V. González, donde quieren imponer una nueva currícula que restringirá la posibilidad de trabajo de los futuros docentes.

Cansados de esperar las respuestas que nunca llegan de las autoridades, los estudiantes se movilizaron, cortaron calles y tomaron los colegios. La sucesión de ocupaciones comenzó con el Mariano Acosta y se extendió a unas 20 escuelas de la ciudad. Así, los compañeros lograron perforar el muro de silencio mediático y poner sus reclamos en la primera plana de los diarios.

Como es costumbre, los medios en masa salieron a deslegitimar la pelea de los pibes, acusándolos de cualquier cosa. Lo que se ha publicado en estos últimos días habla solo: “Troskistas y chavistas dirigen las tomas”, o “se unen la izquierda y el kirchnerismo para atacar a Macri”; “Fiestas, drogas y alcohol en las tomas”, tituló un diario; “nunca vi algo así- dice otro diario que dijo el portero de una escuela- dejaron los patios y el buffet “hechos pelota”. Y, por supuesto, todos agitan con el cuco de “la política” y “la izquierda” que manipularía a los chicos con aviesos y oscuros designios. Hasta han salido notas con el listado de las principales agrupaciones estudiantiles involucradas en la lucha, y alguna breve referencia – las más de las veces, dislocadamente inexacta- de su filiación política o ideológica.

Por su parte, el gobierno de la ciudad ordenó a las autoridades de las escuelas que confeccionen listas con los nombres de los chicos que participan en las tomas y los denuncien a la policía. Una jueza hizo lugar a un recurso de amparo contra ese memorándum, pero eso no alcanza para pensar que ya nadie está haciendo esas listas negras.

No son pocos los estudiantes y docentes que ya enfrentan causas penales y contravencionales (es decir, ante la justicia nacional o la de la ciudad) por participar en movilizaciones, acusados de obstruir el tránsito vehicular y de afectar el giro económico de empresas de transporte o comercios.

Como dos estudiantes y un docente del Joaquín V. González, que fueron seleccionados para ser indagados por un fiscal contravencional, de una larga lista que presentaron las autoridades, por una movilización contra el cambio del plan de estudios en la carrera de historia. O como los tres dirigentes estudiantiles de las facultades de Sociales y Filosofía y Letras, acusados, ahora, ante la justicia criminal, por una manifestación en apoyo a los trabajadores de Kraft el año pasado.

Con o sin recurso de amparo, hoy, todos los estudiantes, participen o no de las tomas, las marchas, los cortes o las asambleas, están en libertad vigilada, como cualquier trabajador o cualquier militante que saque los pies del plato y proteste de manera distinta a la que los gobiernos, y su caja de resonancia, los medios, dicen que está permitido.

MÁS VICTIMAS DE LA REPRESIÓN POLICIAL

El 20 de julio, en el barrio Independencia de Posadas, Misiones, un policía federal asesinó a balazos a Juan Carlos Pereyra (19). Todo ocurrió por la madrugada, cuando Juan intentó robarle el vehiculo. La victima recibió cuatro impactos de bala, y cayó luego de correr unos cien metros. El asesino admitió haber juntado los proyectiles, pero aclaró que su objetivo no fue cambiar la escena del hecho (¿habrá querido cooperar con la limpieza de la vereda?) y aseguró haber actuado en “legítima defensa”. Pero Juan no contaba con otro elemento “amenazador” que un destornillador y un trozo de hierro, ocultos en la cintura, lo que admiten hasta las fuentes policiales. El policía, por ahora, está detenido, “vigilado” por sus compañeros de trabajo.

El miércoles 26, en Pilar, un oficial principal de Mercedes mató a un hombre, e hirió a otro. Ambos, según el policía, iban a una pizzería ubicada en pleno centro. Al día siguiente, esta vez en la Horqueta , partido de San Isidro, un policía de la comisaría 1ª le disparó a un hombre de 30 años, siempre con el argumento de que intentaba robarle el auto. La victima fue encontrada sin vida poco después en el barrio Bajo Boulogne, a pocas cuadras, con dos disparos en el cuerpo.

Ese mismo día por la noche, en el partido bonaerense de San Martín, Antonio Messina, sargento retirado de la federal, mató a balazos a dos de los tres jóvenes que ¡de nuevo! intentaron robarle su automóvil. Las victimas, de 16 y 19 eran de la villa La Rana.

Estos casos son una prueba clara de cómo la represión policial no duda qué hacer cuando se trata de defender “legítimamente” al sistema capitalista, apañados por los medios de comunicación, que no dudan en justificar el asesinato remarcando el “frondoso prontuario” de la victima.

“SOLIDARIDAD” INTERNACIONAL PARA REPRIMIR

En nuestro último boletín decíamos: “Las fuerzas represivas existen para garantizar y proteger los derechos y la propiedad de la clase dominante. Para ello, es necesario avasallar los derechos de los oprimidos con represión para su control social. Siempre que haya una sociedad dividida en clases, se necesitará de la represión para mantener ese dominio de una clase sobre otra. La represión es política de estado, no importa la bandera que tenga. Las policías de los distintos países defienden los intereses de la clase que les paga y domina a los trabajadores. Por eso, cuando de reprimir se trata, no importan las nacionalidades”.

Hace dos semanas, en la ciudad de Córdoba, cinco personas fueron detenidas, luego de que la policía dispersara una manifestación en solidaridad con los 32 presos políticos mapuche en huelga de hambre y con los 14 nuevos presos políticos por la causa bancos en Chile, a quienes se les está aplicando la ley antiterrorista dictada por el genocida Pinochet y mantenida por los gobiernos “democráticos” posteriores. Una de las compañeras fue detenida en la ciudad universitaria, con lo que volvió a violarse la autonomía de la universidad.

Luego de tomar conocerse las detenciones, se comenzaron a reunir compañeros frente a la comisaría 4ª, donde habían sido llevados los detenidos. Mientras la policía los amenazaba con reprimirlos, decían que era imposible liberarlos, porque uno era brasileño y tenían que pedir sus antecedentes. Finalmente, dada la presión que generaron los compañeros fuera de la comisaría, todos fueron liberados.

Bien clarito, cuando se trata de represión, la solidaridad entre los distintos estados es inquebrantable.

CASO ALVEAL: QUE SE TORTURE, PERO QUE NO SE NOMBRE

Esta semana se conoció la sentencia del caso de Pepe Alveal contra siete policías, por la represión en Ruca Che, Neuquén, el 25 de noviembre de 2003. Ese día Pepe se había movilizado junto con otros trabajadores desocupados y, en la represión, recibió 64 balazos de goma en el cuerpo, uno de los cuales causó el estallido de su ojo izquierdo. En ese estado, fue detenido y atormentado por horas en dos comisarías. Pepe, en ese momento, tenía sólo 20 años.

La causa fue separada en dos partes, con la clásica intención de diluir las responsabilidades. Hace casi dos años, fueron condenados a penas absurdamente leves, los escopeteros que dispararon contra Pepe. El juicio que acaba de terminar, es por la segunda parte de los hechos, las torturas en las comisarías 18ª y 1ª.

Ya cuando se inició el debate, nuestra compañera María del Carmen Verdú, que viajó a la primera audiencia, dijo: “Vimos a la jueza, empecinada en cercenar la palabra de los compañeros de la querella y a la fiscal, haciendo malabares para no decir “tortura”.” Ahora, con la sentencia, se confirmó esa primera impresión, pues, aunque los hechos se tuvieron por probados tal como los denunció Pepe, las condenas fueron de una levedad que sólo se explica por el esfuerzo del aparato judicial de ocultar cuanto pueda la frecuencia e intensidad de las torturas sistemáticas en comisarías.

Un diario local destacó en su tapa “Frases duras, condenas blandas”. Es que la jueza María Antonieta Gagliano, se despachó con duras consideraciones sobre la forma en que Pepe, malherido y sangrante, fue detenido, golpeado, arrastrado del cabello, “paseado” por toda la ciudad en varios móviles, y luego alojado sucesivamente en dos comisarías, donde siguió el castigo corporal, sin atención médica alguna.

Pero, en coincidencia (cómo no) con la fiscal Sandra González Taboada, condenó a los policías torturadores por el delito de “severidades ilegales”, uno de los clásicos eufemismos con que cuentan los jueces, gracias a los legisladores, para nombrar a la tortura en democracia y proteger a sus verdugos.

Contra lo planteado con gran solvencia por los compañeros Mariano Pedrero e Ivana Dal Bianco, abogados del CeProDH a cargo de la querella, la jueza fue benevolente con los represores, y sólo condenó a cuatro de los siete imputados a penas que varían entre seis meses y dos años de prisión, todas en suspenso.

Una condena que confirma, una vez más, cómo se tolera y avala la tortura, en este caso contra un militante organizado, bajo la máscara de la legalidad democrática, pero que no hubiera sido posible, aun en su lenidad, sin la presión popular que impuso la movilización que se sostuvo antes y durante el juicio, fundamentalmente sostenida por los trabajadores del Sindicato de Ceramistas, los obreros y obreras de Zanón y Stefani, los docentes y la militancia antirrepresiva de Neuquén.

FILIPINAS: POLISECUESTRADOR VS. GATILLO FÁCIL

Como de costumbre, la noticia empezó a difundirse como un hecho de “inseguridad”: un hombre armado con un rifle automático tomó un ómnibus de turistas y mantuvo como rehenes a 25 personas. Al poco rato, trascendió que el secuestrador era un ex policía, que reclamaba que lo reincorporaran a la fuerza, de la que había sido echado por extorsionador. Ninguna sorpresa para los que tenemos claro que no hay mayor inseguridad que la policía en la calle.

¿Berazategui? ¿Moreno? No. Ocurrió en Manila, capital de Filipinas. El ex inspector Rolando Mendoza comenzó a negociar la soltura de los rehenes con sus ex compañeros, y liberó a un primer grupo, compuesto por niños, mujeres y un hombre diabético, mientras el vehículo era rodeado por francotiradores estilo Swat.

El desenlace tampoco fue sorpresivo para los que recordamos hechos locales como la masacre de Ramallo, la de Andreani o el asalto a Aguas Argentinas en Palermo. Los grupos de elite hicieron lo suyo, con el saldo de cinco rehenes muertos, todos ellos oriundos de Hong Kong.

Final previsible para los pobres turistas, a dos fuegos entre el polisecuestrador y el gatillo fácil.

POLICORRUPTOR DE MENORES Y POLIESTAFADOR

“Amor sin barreras”, tituló, benevolente, la agencia de noticias AIM de Entre Ríos en su página de policiales. Allí se informa que un policía de la provincia de Santa Fe raptó, en Rosario, a una nena de 11 años, de la que dijo estar “perdidamente enamorado”. Tres días después, los encontraron en Nogoyá. El policía fue detenido, y la nena devuelta a sus padres. De la investigación resultó que el agente, recibido hacía sólo dos meses, fracasó en la evaluación psicológica previa, pese a lo cual estaba en funciones.

Mientras tanto, en Bahía Blanca, un ex oficial de la policía de investigaciones fue detenido por dirigir una banda que falsificaba títulos de propiedad y usurpaba inmuebles, en una estafa de más de 7,5 millones de pesos. El teniente Daniel Reynaldo Milé había sido separado de la bonaerense el año pasado, luego que se comprobó su vínculo con una red policial de extorsión a propietarios de cabarets de la zona. Frustrado ese negocio, el hombre armó un grupo con dos gestores y una escribana. Desde una oficina en pleno centro, se dedicaban a elaboradas estafas, mediante el uso de poderes y boletos de compraventa falsos. Ubicaban casas en trámites de sucesión, concurso o quiebra, las usurpaban y creaban falsos documentos para escriturarlos a su nombre o al de sus allegados. Entre los inmuebles apropiados hay una estancia de 500 hectáreas , propiedades en barrios residenciales y en el balneario de Monte Hermoso. También ofrecían un servicio de confección de falsos contratos para que ocupantes de inmuebles pudieran eludir juicios ejecutivos, desalojos o embargos.

Ahora se investigan las conexiones de la banda con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, porque uno de los falsos gestores viajaba habitualmente a Buenos Aires para buscar documentación con pasajes oficiales de la DDI.

Corruptores de menores o estafadores, siempre salta el botón…

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 8 de septiembre, 20:30, charla debate con CORREPI sobre la “utilidad práctica” para reprimir de las contravenciones, en el Instituto Joaquín V. González. Organiza Agrup. La Curva.

Sábado 25 de septiembre, a las 14:00, participamos del escrache a la comisaría 1ª de Morón.