Boletín Informativo n° 575

“MENORES”, ESTADÍSTICAS Y CONTROL SOCIAL

Según estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, se incrementó en un porcentaje importante la cantidad de causas penales contra chicos de menos de 18 años en La Plata. Sin embargo, el mismo organismo oficial explica que, en realidad, no se trata de un crecimiento exponencial de delitos cometidos por menores de edad, sino de una falacia del sistema de estadísticas. Dicen desde la procuración que, a partir de que la Corte provincial confirmó el fallo del juez Arias que recordó a la policía que sólo puede detener pibes en la hipótesis de comisión de delitos, la enorme cifra “negra” de detenciones de menores bajo la excusa de la averiguación de antecedentes, el código de faltas o el procedimiento policial de “entrega del menor”, ha pasado a “blanquearse”.

Para decirlo más clarito: no es que más menores de edad delincan, sino que, como se restringió formalmente la posibilidad de manejar las detenciones policiales arbitrarias con las herramientas de costumbre, ahora a todos se les imputan delitos que la propia Procuración define como “de ninguna trascendencia”. Lo mismo que demostró la realidad en la ciudad de Buenos Aires, en el muy breve lapso entre que se derogaron los edictos policiales y se dictó el código contravencional: la cantidad de detenciones arbitrarias no disminuyó, sino que, como reconoció entonces un jefe policial, “a los que no podamos detener por edictos, los detendremos por otra cosa”…

Así lo explicaba, hace unos días, el diario platense HOY: “Los especialistas del fuero señalan que La Plata “se encuentra al tope de las estadísticas de delitos cometidos por menores porque el juez (Luis) Arias prohibió detener chicos por averiguación de identidad o contravenciones. Así, toda detención representa una causa judicial por un delito”.

Por otra parte, y usando de justificativo esas estadísticas que sus propios autores señalan como inexactas, desde el ministerio de justicia y seguridad se está implementando un sistema de “patrullas juveniles”, que no son otra cosa que móviles repintados en los que circulan policías junto a un integrante del área de minoridad.

Un ejemplo claro de la falacia del “sistema penal juvenil”, cuyos defensores se llenan la boca con invocaciones a la “protección de los niños, niñas y adolescentes”. Cambian las formulaciones, hacen propaganda con uno u otro fallo “progresista”, mientras la única realidad es que, en La Plata, como en todo el país, los pibes pobres siguen siendo el blanco favorito de las detenciones arbitrarias, ese conjunto de mecanismos que permite a cualquier policía detener a cualquiera, en cualquier momento, porque sí.

INSEGURIDAD ES LA POLICÍA EN LA CALLE

La semana pasada, un suboficial de la policía bonaerense fue detenido en Mar del Plata, acusado de participar en varios delitos, la mayoría robos a viviendas en esa ciudad.

Otro suboficial, esta vez de la federal, cayó preso por fraguar documentación para una de las bandas más importantes del sur de conurbano, que se dedicaba al robo de vehículos para venderlos como autopartes, o como autos mellizos. También tenían los autos guardados algunos meses y luego, con documentaciones falsificadas, fraguaban inexistentes robos y cobraban los seguros.

La misma semana, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, no dudó en defender a sus verdugos asegurando que la complicidad entre los desarmaderos y la policía es “más un mito urbano que una realidad”.

Hace pocas horas, una banda bien “profesional” robó una sucursal del Banco Nación. En menos de dos minutos se llevaron tres millones de pesos y casi cien mil dólares. Tres minutos después, la investigación se orientó hacia a la policía, debido a que se liberó la zona y los ladrones contaban con información que un civil no posee.

A fines del mes pasado circuló una información que también sirve para evidenciar el accionar policial: la policía federal argentina abre un sumario contra un integrante de su propia fuerza cada 24 horas.

Esta información afirma lo que venimos sosteniendo siempre desde CORREPI: allí donde estén los robos, y cualquier tipo de delito organizado, está la policía, ya sea participando activamente en el hecho, proveyendo logística e inteligencia, estableciendo zonas liberadas, o, en el otro extremo, el del delito “menor”, obligando a los pibes de las barriadas a “laburar”. Nadie anhela tener los privilegios económicos de los poderosos más que sus propios perros guardianes.

No hay vuelta que darle: Inseguridad es la policía en la calle.

MUERTE EN LA TORTURA EN HAITÍ

En Haiti, el pasado 17 de agosto, murió Gérald Jean Gilles, un joven de 16 años, luego de una sesión de torturas realizada por integrantes de la Minustah, el ejército imperialista que ocupa esta región.

Igual que lo hace, cotidianamente, cualquier policía en nuestro país con sus detenidos, las fuerzas de seguridad que vienen ocupando desde hace muchos años este país hundido en la miseria, declararon que el fallecimiento del joven fue un suicidio, a pesar de hallarse claros indicios de asfixia o ahogamiento.

El cuerpo de Gérald fue encontrado colgado, dentro de la base Formed Police Units (FPU), ubicada en el centro de Cabo Haitiano. Según informaciones enviadas por algunos jóvenes al medio de comunicación haitiano Réseau Citadelle, Gérald fue torturado hasta la muerte porque los militares sospecharon que había robado 200 dólares.

El abogado y un pariente de Gérald acusaron a las Naciones Unidas de haber retenido el cuerpo del joven en Puerto Príncipe por varias horas, hecho que impidió al médico forense realizar la autopsia antes de pasadas las 72 horas después de su muerte, lo que puede alterar los resultados.

“Minustah” significa Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. En el capitalismo, la clase dominante necesita estabilizar la explotación. Es por esto que, sea por medio de ejércitos de ocupación, o mediante las fuerzas represivas locales, los diferentes estados precisan demostrarle cotidianamente al conjunto del pueblo quien es el que domina.

Recordemos los sinceros reconocimientos, hace ya unos cuantos meses, de nuestra presidenta Cristina a las tropas argentinas enviadas “solidariamente” a Haití tras el terremoto, para incrementar la presencia militar en la isla. Esa es la misión “humanitaria” que planifica el imperio. Esta es la misión humanitaria de la que nuestro estado (como tantos otros estados “progres”) participa.

FRENTE A LA ORGANIZACIÓN POPULAR, REPRESIÓN ESTATAL

El miércoles pasado, en General Mosconi, provincia de Salta, trabajadores desocupados que cortaban la ruta nacional Nº 34 en reclamo de fuentes de trabajo y el pago por obras realizadas, fueron reprimidos por la policía provincial y la gendarmería. El corte se realizaba frente a la planta de Refinor.

Las fuerzas represivas provinciales, bajo las órdenes de su responsable directo, el gobernador Urtubey, y las federales, bajo el mando del gobierno nacional, reprimieron con gases, balas de goma y plomo. Rápidamente se supo que habría, al menos, un herido de bala de plomo en el hospital.

Algunas de las organizaciones que participaban hicieron saber que el corte se estaba realizando en el marco de otras protestas y cortes de trabajadores estatales en los alrededores.

En esta misma línea, los trabajadores de Kraft se movilizaron, el viernes pasado, a los tribunales de San Isidro, en repudio a uno de los juicios por despidos reabiertos por la empresa contra la lucha de los trabajadores realizada a fines de 2009. Particularmente este juicio es contra Jorge Penayo, miembro de la anterior Comisión Interna de Kraft.

El recuento de estos casos muestra la situación que se vive en forma permanente. Frente a los planes de ajuste del gobierno, se profundiza la crisis. Y ante la lucha y la organización de los trabajadores, la respuesta del estado es siempre la misma: la represión.

Para esto, el gobierno se vale tanto del uso de la fuerza como de los aceitados mecanismo judiciales. Así se evidencia la naturaleza de un estado de clase, siempre defensor de los intereses de los explotadores.

GATILLO FÁCIL EN CORRIENTES, EN LA MATANZA… Y EN FAMILIA

Ezequiel Riquelme tenía 14 años cuando recibió un balazo policial en el cuello. Estaba cerca de su casa, en el barrio Pío X, uno de los más pobres de la ciudad de Corrientes. La policía desplegó un operativo para buscar a dos personas que habían robado una cartera. Cuando la familia y los vecinos lograron, con su movilización, que el fusilamiento trascendiera, vinieron las excusas y justificaciones habituales de los funcionarios, amplificadas por los medios.

El titular de la cartera de Gobierno, el Dr. Gustavo Valdés confirmó el episodio confuso se inició tras la persecución de la policía a dos jóvenes que habían cometido un delito.

“Tuvimos un desafortunado episodio en el día de ayer; la policía estaba persiguiendo a una persona; se produce un incidente -hechos que la Justicia esta tratando de determinar- en donde se produce un disparo de arma de fuego con bala de goma”, dijo el ministro de gobierno correntino. A ningún periodista lo incomodó la evidente ausencia de sujeto activo en la frase ministerial. Ninguno repreguntó cómo es que los disparos que matan a nuestros pibes “se producen”, como si las armas operaran solas. Ninguno tituló “Ola de gatillo fácil” ni “Aumenta la represión policial en los barrios pobres”.

Así y todo, la reacción popular forzó al gobierno provincial a decir algo más, y anunciaron que están estudiando “una severa reforma en la formación de nuevos efectivos”, como si alguna vez una purga o una reestructuración hubiera cambiado algo, salvo para peor.

De los 12 policías intervinientes en el operativo, inicialmente detenidos, once ya recuperaron su libertad. Mientras tanto, con los diarios y otros medios locales afirman que: “voceros cercanos al gobierno felicitan el operativo y hasta piden medallas para los policías que asesinaron otro delincuente.

Casi un mes antes, el 19 de agosto, en Isidro Casanova, La Matanza, el GAD (Grupo de Apoyo Distrital) de la bonaerense entró a una casa de familia, forzando la puerta con un ariete. Buscaban a un prófugo por homicidio apodado “Cabeza”, al que la jueza describió en la orden de allanamiento como de 21 años, 1,70 metros, delgado, ojos verdes, tez blanca, cabello negro y el escudo de Almirante Brown tatuado en la pierna izquierda.

Pero al entrar a la casa de la familia Bustos, al que encontraron durmiendo fue a Luis Bustos, de 39, 1,90 metros, 170 kilos, pelo negro y ojos marrones. Los policías dicen que Luis se abalanzó sobre ellos, por lo que tres uniformados debieron disparar.

“Mi hermano apenas se podía levantar de la cama. Tenía las piernas a la miseria por la flebitis. Era un trabajador; tenía un negocio de compra y venta y era el principal sostén de la familia”, dijo su hermana Mónica. Y agregó que un policía le dijo: “Perdone, doña, su hermano está muerto, nos equivocamos”.

Como cierre de la semana, un suboficial de la policía de Córdoba fue detenido en relación a la muerte de su pareja, Edith Venegas (49), encontrada sin vida en su casa. Mientras los investigadores revisaban el cuerpo de la mujer, con golpes y hematomas en distintas partes, llegó el suboficial Juan Carlos Matos (46), que también presentaba huellas físicas de una pelea.

Una vez más, conviene reparar en la forma en que los funcionarios explican y los medios reflejan los hechos de violencia policial. El jefe distrital de la policía afirmó públicamente que “no se observaban signos de violencia ni de desorden en la vivienda”, algo totalmente desmentido por el estado del cuerpo, las marcas que tenía el propio homicida y el relato de la fuerte discusión que oyeron los vecinos. Y el diario La Voz del Interior no tuvo empacho en publicar: “La muerte de Edith Venegas, por ahora, aparece caratulada como “muerte de etiología dudosa, aunque no se descarta que en las próximas horas cambie a una figura penal más gravosa. Hemos consultado el código penal, y no encontramos ningún delito bajo la original denominación inventada por el periodista para disimular que el policía mató a golpes a su mujer.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 25 de septiembre, a las 14:00, escrache a la comisaría 1ª de Morón. Concentramos En Plaza La Roche (estación de Morón, lado sur).

Miércoles 29 de septiembre, 20:00 (puntual), charla antirrepresiva con CORREPI en el bachillerato popular de la Organización Territorial La Pulpería, Pinzón 705, La Boca.