Boletín informativo n° 576

TORTURA EN SANTIAGO DEL ESTERO

El 28 de febrero, enLa Banda, Santiago del Estero, una pareja estaba en una concesionaria y fue asaltada. Dos personas les robaron en una moto. En la causa los imputados son dos tucumanos, Juan José Símula y Mario Rafael Quinteros, que confesaron el hecho, a pesar de que, en la ronda de reconocimiento, los damnificados no los identificaron. Esta semana, durante el juicio oral, Simula pidió hablar. Dijo que el día que ocurrió el robo, él estaba en Tucumán, y recién al día siguiente llegó a Santiago. Contó que la policía lo detuvo en una fiesta por embriaguez y por haber fumado marihuana. Después, en la comisaría, lo torturaron, igual que a su compañero de causa, para que se hicieran cargo del robo.

Símula relató ante el tribunal que le aplicaron “submarino seco”, es decir, sesiones de asfixia con una bolsa plástico. También los acusaban de haber robado una pañalera y otro delito más en la autopista, pero se conformaron con la primera confesión.

Estas prácticas no son resabios de épocas pasadas, cuando no existía un estado de “derecho”. Estos pibes fueron torturados en una comisaría en plena “democracia”, pero todos están involucrados. Es imposible que en la dependencia nadie escuchara los gritos. Es imposible suponer que no le contaron al defensor oficial lo que había pasado. Es imposible que la fiscalía y el juez de instrucción no vieran que estaban manteniendo gente presa por una confesión, sin ninguna otra prueba.

La tortura no es exclusiva de un estado de facto. Previo al ‘76 también había golpes, picana, bolsas de plástico, o baldes con agua para no dejar marcas de ahorcamiento. Se hacía antes de la dictadura, se sigue haciendo después y se va a seguir haciendo. Son prácticas inherentes al sistema, más allá de las distintas banderas políticas.

AMENAZAN A INTEGRANTE DE HIJOS ZONA OESTE

En la mañana del jueves 9 de septiembre, Ramón “Andy” Iozzolino, militante de HIJOS ZONA OESTE, salía de su trabajo en Buenos Aires. Encontró su motocicleta con el tablero partido, y un papel a un costado, con las insignias de la Policía Federal, la Bonaerense, la Fuerza Aerea y Gendarmería, que decía “VAS A TERMINAR COMO LOPEZ Y SUS MONTONEROS, HIJO DE PUTA”.

La amenaza se inscribe en el contexto de las investigaciones previas al juicio que se iniciará el año próximo respecto de la represión desatada por la dictadura en la llamada Subzona 16 Zona IV Fuerza Aérea del circuito represivo del oeste, al que HIJOS viene aportando elementos de prueba.

La denuncia que el compañero Andy realiza, con el patrocinio del equipo de abogados de CORREPI, responsabiliza al estado nacional por la impunidad de que gozan los autores de la amenaza. La presentación judicial, que también denuncia la continua impunidad por el caso López, concluye exigiendo al estado que no sólo investigue el presente caso, y tiene como finalidad evitar que alegue ajenidad por la responsabilidad que le cabe ante cualquier ataque a testigos o querellantes.

Las sucesivas maniobras dilatorias y distractivas que existen detrás de los juicios, el sometimiento a desgastes y exposiciones constantes de los testigos, entre otras, constituyen también la fuente de estas maniobras delictivas.

RECLAMOS SOBRE EDUCACIÓN, UNA SOLA RESPUESTA: REPRESIÓN

En la escuela primaria 23 de Villa Pueyrredón, el 3 de septiembre, un niño de 12 años tuvo la mala idea de no hacer caso a lo que dijo la vicedirectora, luego de haber empujado a una compañerita de curso. En esta circunstancia ¿Qué haría una persona con dos dedos de frente? ¿Llamar a los padres y al Same como indica las normativas educativas? ¿Recurrir al Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, si la situación era muy compleja para que la maneje la escuela? Bueno, la vicedirectora llamó a la policía Metropolitana. Cuando este niño vio a los uniformados ingresando al colegio, que se supone que tiene que protegerlo, hizo lo más lógico: correr y esconderse en el baño.

Ocurre que a esta escuela pública de Villa Pueyrredón concurren muchos chicos de uno de los barrios más pobres de Vicente López: Villa Martelli. Y como es también sabido, muchos docentes estigmatizan a estos chicos y los tienen como delincuentes. Aplican la vieja fórmula: pobre-negro-chorro-vago. Por eso, ante cualquier problema, por mínimo que sea, la mejor idea es meter a la policía metropolitana para que lidie con ellos.

Más acá en el tiempo, el miércoles 15, un grupo de 80 estudiantes de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata se concentraba frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación nacional, mientras una delegación estaba adentro teniendo una audiencia por un reclamo presupuestario.

Mientras esperaban, la policía federal trató de detener a un chico que estaba haciendo una pintada con aerosol. Ante la reacción de sus compañeros, aparecieron los de civil, que desenfundaron sus armas y arremetieron a los golpes contra los estudiantes.

La situación fue tan brutal, que hasta los empleados del ministerio de educación salieron a defenderlos. Tres estudiantes fueron detenidos y llevados a la comisaría 17ª, de donde fueron liberados horas después, a fuerza de presión en la calle.

Este hecho justo se dio en el marco de la lucha que están llevando a cabo los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, junto con los docentes, en demanda de mayor presupuesto, mejoras edilicias, más becas y aumento del salario. Reclamos que son apuntados tanto al gobierno de la ciudad como al nacional, aunque el gobierno kirchnerista quiera patearlo debajo de la alfombra y sacar provecho político cargando las tintas en los medios contra Macri.

No deja de ser ilustrativo que los estudiantes de La Plata fueran reprimidos por el estado nacional el día previo a la multitudinaria marcha en conmemoración del 34° aniversario de la Noche de los Lápices.

No importa de qué color sea el gobierno: nacional, provincial o el de la ciudad. Cualquier reclamo del pueblo tendrá como respuesta represión, siempre represión.

EL SISTEMA PENAL PARALELO

Esta semana se conocieron algunas cifras de los detenidos por contravenciones en la provincia de Córdoba. Solo en 2009, 54.223 personas fueron víctimas del código de faltas, esa herramienta de control social que permite detener a cualquiera con excusas como escándalo en la vía pública, consumo de alcohol, merodeo u omisión de identificarse, entre otras. Son más de seis personas detenidas por hora.

Probablemente, si hubiera números del resto del país, no serían muy diferentes. Pero las cifras de las detenciones arbitrarias son cuidadosamente ocultadas, salvo cuando, como en este caso puntual, se las usa para propagandizar la necesidad de mano dura.

Este altísimo número de detenciones sirve a la policía para mostrar una falsa eficacia en la labor prevencional y legitima la vigencia de estas detenciones de carácter “preventivo”, que violan derechos constitucionales como la defensa y acceso a la justicia, la libertad de transitar, expresarse, y hasta de trabajar, porque la falta figurará dos años en los antecedentes y esto complica a la hora de buscar trabajo.

Las contravenciones o faltas, igual que la averiguación de antecedentes o “establecimiento de identidad”, conforman un formidable sistema que permite a la policía practicar a diario este tipo de detenciones arbitrarias, por fuera de cualquier instancia judicial previa.

En los barrios pobres, permite una imposición de autoridad más dura aún, ya que pueden llevarte detenido solamente por caminar por la calle “con actitud sospechosa”, que significa lo que el policía decida que sea, o por “merodeo”, figura existente en muchos códigos contravencionales, y que no es otra cosa que pasear, pero con cara de “pibe chorro”.

Con estas facultades a la mano, la policía no necesita ningún justificativo para detener a alguien y trasladarlo a la comisaría. Así de fácil se implementa este sistema de control social, que afecta brutalmente la vida cotidiana de los jóvenes de la clase trabajadora y de la gente en los barrios.

Metropolitana o federal, bonaerense o cordobesa, la tarea es la misma. Ojos y brazos de sus jefes, los gobiernos.

RIO NEGRO: POLICIA DISPARA CONTRA SU PROPIA FAMILIA

“Esa noche no estaba alcoholizado, como dijo la Policía. Yo lo conozco bien, conviví con él… No está loco ni estaba borracho; fue muy consciente de lo que hacía porque llegó con el arma cargada y otro cargador en el bolsillo… Pero él es policía y sabe que se puede hacer pasar por loco para zafar”. Así advertía Natalia Candia, de 23 años, sobre los hechos del domingo 12 de septiembre, en su casa del barrio Noroeste de Roca, provincia de Río Negro, donde su ex pareja, el policía Fabio Alejandro Cofré (29), tras discutir por no lograr una reconciliación, sacó su arma y disparó, no sólo contra Natalia (que resultó herida en una pierna y un brazo), sino también contra dos de sus hermanos, de 19 y 25 años, quienes intentaron defenderla ante el ataque. El mayor recibió cuatro impactos de bala, dos en el pecho, uno en el hombro izquierdo y el cuarto proyectil le perforó la pierna izquierda, por lo que se encuentra internado en grave estado.

De la balacera se salvaron el hijo del policía, de 1 año y 5 meses, y las dos hermanas menores de Natalia: una de 13 años y otra de 4. Varios impactos quedaron en la puerta, un paredón, una camioneta y el interior de la casa. “No pensó ni en el hijo, que estaba a dos metros”, lamenta la ex del policía.

“Él no tenía más balas pero me seguía gatillando” cuenta Gonzalo, el menor de los hermanos agredidos, quién también está convencido de que “vino decidido a hacer lo que hizo… porque dejó el auto a una cuadra y se fue corriendo cuando llegaba el primer vecino a socorrernos. Y después de que pasó todo, le mandó un mensaje a mi papá y le dijo ‘Faltás vos, Candia’”. A Gonzalo tendrán que operarlo y colocarle clavos para que recupere la movilidad de una pierna, fracturada por un tiro.

El hecho, a simple vista, pareciera tratarse de un anecdótico caso de violencia doméstica. A lo sumo, podrá sorprender en este caso la alevosía con que fue llevado a cabo. Sin embargo, demuestra su verdadera profundidad si observamos la sistemática reiteración que casos como este, en el que los policías resuelven sus altercados personales, de la única manera en la que están entrenados para hacerlo. Semana tras semana, las noticias muestran (y tras ellas se esconden muchos otros) casos tan similares, que nos permiten concluir que la violencia y la impunidad, conforman la idiosincrasia de las fuerzas represivas, ya sea para dirimir sus altercados personales, como para desarrollar su verdadero rol: la represión del pueblo.

GATILLO FÁCIL A LA URUGUAYA

Esta vez, la ciudad de Piriápolis, en Uruguay, fue testigo de una de las prácticas sistemáticas de represión al pueblo: el gatillo fácil.

El pasado domingo, los amigos de Michel Sebastián Mariño Olivera, mecánico, recibieron un llamado desesperado del joven de 23 años, avisándoles que estaba siendo perseguido por la policía, cuando la comunicación se cortó de golpe. “Luego de eso, los amigos lo llamaban y lo llamaban y nada. Como al rato alguien contesta el teléfono de él y dice que tuvo un accidente de tránsito y que le avisaran a su padre que había muerto. Sólo eso dijeron”, relató la madre de la víctima.

La versión oficial fue cambiando. Luego de la inicial versión del accidente de tránsito, recién a las siete de la mañana la familia fue informada de que lo a Michel lo mataron a tiros. Obviamente, al otro día la policía informó que había encontrado un arma en el interior de la camioneta, pretendiendo sostener la teoría del enfrentamiento. “¿Qué arma? Él jamás tuvo un problema con nadie. La policía lo correteó y le encajaron cinco balazos por la espalda. Lo mataron” Aclaró la madre. “El arma fue plantada. El nunca tuvo un revólver, ni nada que se le parezca”, agregó un amigo.

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, que hace bandera de su pasado remoto de guerrillero, sentó la posición del gobierno uruguayo: “El accionar aislado de un funcionario no puede poner en riesgo el prestigio de todos los funcionarios del Ministerio”. De éste o el otro lado del charco, gobierne quien gobierne, la misma forma de justificar y amparar el gatillo fácil: será un exceso, a lo sumo, o un error, o algún loquito suelto…

No hace mucho, informábamos del incendio en una cárcel de Rocha, donde dejaron morir encerrados a 12 jóvenes. Hace unas semanas, otro policía asesinó (de nuevo, “por error”) a un hombre en el barrio Flor de Maroñas.

Hechos como este, aplacan toneladas de encendidos discursos progresistas. El actual presidente uruguayo ha pretendido usufructuar su pasado Tupamaro para convencernos de que este sistema puede tener una salida humana a las contradicciones de clase que encierra. A la vista está de qué salida habla, la misma que, en el resto del mundo, le espera a todos los pobres: muerte, impunidad e inmunidad. Gatillo fácil y represión al pueblo trabajador, para disciplinarlo y hacerlo obedecer.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 24 de septiembre, desde las 19:00, Festival político cultural por la libertad de los presos políticos. Entrada: colaboración con productos para llevarle a los compañeros presos (yerba, cigarrillos, tarjetas telefónicas, etc.). En el estacionamiento de la Facultad de Sociales, sede Marcelo T. de Alvear (Azcuénaga 933). Convoca: Comisión por la Libertad de los Presos por Luchar.

Sábado 25 de septiembre, a las 14:00, escrache a la comisaría 1ª de Morón. Concentramos En Plaza La Roche (estación de Morón, lado sur).

Miércoles 29 de septiembre, 20:00 (puntual), charla antirrepresiva con CORREPI en el bachillerato popular de la Organización Territorial La Pulpería, Pinzón 705, La Boca.