Boletín informativo nº 580

LOQUITO SUELTO OFICIAL
Este Boletín tuvo que retrasarse unas horas, porque no supimos, hasta ayer, si el 25 de octubre íbamos a los tribunales de Morón a acompañar el juicio oral y público contra el asesino de Jonathan Mansilla, o si, como finalmente resultó, convocábamos a un escrache para denunciar, de nuevo, que la justicia para los pobres siempre puede esperar.

Jonathan “Tato” Mansilla, trabajador del supermercado Disco, tenía 18 años cuando, el 11 de julio de 2006, iba a visitar a su ahijada a unas cuadras de su casa, ubicada en los monoblocks Nueva Italia de Villa Tesei. El policía bonaerense Sergio Nogueira lo fusiló por la espalda desde la camioneta que manejaba el sargento Rojas. Enseguida le plantaron papeles de un coche robado y un revólver lechucero sin percutor ni gatillo en cuyo cañón colgaban telarañas.

El asesino jamás estuvo preso gracias a la impunidad que garantizan jueces y fiscales, que opinaron que no había “peligro de fuga”. Gracias a la activa militancia de su familia en CORREPI, se logró evitar que la justicia salvara de entrada al asesino represor, y, a fuerza de lucha, se lo imputó por homicidio.

Ahora, la maniobra de la justicia represora, en concordancia con la defensa del policía, es argumentar que el policía “no está en condiciones psiquiátricas de enfrentar el juicio” alisando el terreno jurídico para presentar a Nogueira dentro de la teoría del “loquito suelto” y ocultar la naturaleza asesina de la institución policial.

Ante la suspensión del juicio al asesino de Tato, convocamos a una movilización hacia los tribunales de Morón (Colón y Brown) el día 25 de octubre, a las 9:00, para denunciar que, para los pobres, no hay justicia, mientras que, para los asesinos estatales de nuestros hijos y hermanos, continúa la impunidad y la vía libre para seguir matando y torturando.

POLICÍA MUNICIPAL: MÁS DE LO MISMO
El ingenio con el que los gerentes del poder resuelven sus internas, conduce siempre a un ajuste económico sobre las espaldas del pueblo, cuando no, a un ajuste represivo sobre esas mismas espaldas. Los intendentes, administradores del estado más cercanos a las barriadas, responden a esa lógica.

Ocho de ellos, bonaerenses, díscolos de la hegemonía K, encabezados por un ex funcionario estrella de este gobierno nacional, el intendente Massa de Tigre, acaban de plantear que la legislatura provincial apruebe un proyecto de creación de policía municipal.

Acosados por el tema de la seguridad (de los ricos), impotentes frente a las consecuencias de un sistema económico que no tiene (ni tendrá) alternativas ante la violencia que él mismo genera, la respuesta que encuentran es el armado de otra fuerza represiva (y van…)

Con un discurso para mentiroso y escondedor, quieren hacernos creer que la necesitan para dirimir cuestiones de vecindad y traslado de expedientes judiciales. Si así fuera, ¿para qué llevarán armas? ¿Porqué se entrenarán en la Vucetich ? Y además, ¿porqué hacen referencia a la necesidad de descentralizar a la bonaerense (con 50 mil agentes en actividad, el mayor cuerpo armado del país) cuando en realidad crearán nuevos cargos mediante un impuesto o tasa específicos que serán destinados a su sostenimiento y conducción?

Con ese mismo discurso subestimador de nuestra inteligencia, nos hablan del vigilante de la esquina, como si en los barrios se desconociera que la función primordial de cualquier policía ha sido, es y siempre será, la de disciplinar y reprimir a los pobres con prácticas que van desde la administración del delito hasta el mismísimo gatillo fácil. Como si en el barrio no supiéramos quién es el verdugo y el recaudador.

Este proyecto confirma que la seguridad que los intendentes defienden no es la de los pobres. Con la creación de la policía municipal, el ingenio de los gerentes del poder evidencia aquello que siempre sostuvimos: la seguridad de los ricos es la inseguridad de los pobres.

ESTUDIANTES DETENIDOS Y ENCAUSADOS
El miércoles pasado, unos 300 estudiantes de la UBA , se movilizaron al ministerio bien temprano, a la mañana, reclamando el derecho a estudiar en las universidades públicas con un mínimo de dignidad, con edificios donde no estén hacinados, donde no corran el riesgo de accidentes. Pidieron una reunión con el ministro, pero parece que estaba muy ocupado con alguna otra cosa. Los estudiantes insistieron y entraron al edificio de la calle Paraguay.

La policía federal cargó con palos y gases contra los estudiantes, que estaban peligrosamente armados con las banderas de sus universidades y agrupaciones. Once muchachos (8 chicos y 3 chicas) fueron arrastrados a los patrulleros y llevados a la comisaría 17ª. La manifestación estudiantil, apoyada por militantes de distintas organizaciones que empezaron a llegar apenas circuló la noticia de la represión, se trasladó a la comisaría, hasta que, pasadas las 4 de la tarde, los compañeros recuperaron su libertad.

Para el Ministerio de Educación, hubo “usurpación, daños, hurto, robo y privación ilegítima de la libertad”. Para el juez federal Julián Ercolini, hubo “violación de domicilio, lesiones, daño calificado, y atentado y resistencia a la autoridad”. Un combo de delitos que abarcan penas de hasta 6 años de prisión, sin contar lo que puede subir ese máximo, si se aplica la sumatoria de penas de las leyes Blumberg, votadas por los diputados y senadores de todos los bloques en 2004.

Sileoni también dijo que “No era necesaria la violencia, se llevaron lo mismo que hubieran obtenido sin la violencia…”. Lo mismo que dijo el ministro de la ciudad Bullrich sobre las tomas de los secundarios. Sin embargo, el plan de obras en los colegios de la ciudad recién tomó algo de actividad después de las tomas de los secundarios. La respuesta del rector Hallú a los reclamos universitarios sólo llegó después de la toma del Palacio Pizzurno, y hace 14 años que la facultad de Ciencias Sociales reclama el edificio único.

Eso nos dicen los hechos, eso nos muestra la realidad. Sin lucha, no hay reivindicación posible. Y frente a cualquier forma de lucha, la respuesta del gobierno será la represión.

Otro ejemplo de esto, lo sufrieron los estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que se encuentran llevando adelante un plan de lucha en reclamo de mejores condiciones de estudio, edificio propio y mayor presupuesto para el funcionamiento de la escuela. Luego de dos cortes del Puente Pueyrredón y con un tercer corte próximo a realizarse, entre otras medidas, una de las militantes del Centro de Estudiantes fue seguida de manera intimidante por un patrullero de la comisaría 1ª de Avellaneda, durante varias cuadras, en lo que constituye un vano intento por amedrentar al activo de militantes que continúa dando pelea por una educación mejor y para todos.

CONFESIÓN FÁCIL
“…Yo quiero decir que probablemente la escopeta que tenía el móvil de LOBOS era particular seguramente. O bien que no esté blanqueada en la comisaría. Los policías compran armas en forma particular, no hacen la transferencia y las usan en la función, cuando se mandan una macana como ésta la hacen desparecer…”

En la IPP 7.155 de la UFI 10 de Moreno se investiga el asesinato del “Pata” Díaz, el muchacho que, en su propia casa, fue muerto por la policía, que llegó hasta allí para “disuadir” una discusión familiar. La declaración que transcribimos es parte textual de la ampliación de la indagatoria del oficial Pablo Apecechea, el policía que disparó contra el joven.

La contundencia del reconocimiento, la confesión lisa y llana de cómo actúa la institución, nos exime de todo comentario. Si alguien dudaba de lo que venimos sosteniendo desde hace muchos años, que las armas las manejan ellos, que las hacen circular y desaparecer cotidianamente, que en las comisarías existen arsenales sin “blanquear”, para tenerlas a mano, y, entre otras, cosas plantarlas en casos de gatillo fácil., si alguien duda de todo eso, que vaya hasta Moreno, pida la causa y se fije en la foja 243.

Esta vez no lo dijimos nosotros. Lo reconoció uno de ellos: NO ES UN POLICÍA, ES TODA LA INSTITUCIÓN.

LAS NOTICIAS Y LA POLICÍA
Como ya nuestros lectores deben saber, el día 19 de noviembre presentaremos, en Plaza de Mayo, el Archivo de casos de víctimas de gatillo fácil y demás modalidades, por ejemplo tortura seguida de muerte y muertos en situación de detención. Año a año, la recopilación de datos se dificulta, debido a cómo los medios presentan las noticias, o, cuando se trata de muertes a manos de policías, a cómo, directamente, hacen silencio. Otras, se dilata la información hasta que es inevitable publicar, por ejemplo, que un juicio es inminente.

Es el caso un diario de la provincia de Salta, que publicó, recién ahora, que el 5 de abril de este año un policía mató a su amante. Es que, según el imputado, cabo primero de policía provincial Ángel Benito Copa (36), Karina Coria (29) estaba jugando con el arma y se disparó ella misma, accidentalmente, en el abdomen. Tras un corto periodo de internación, murió en el hospital a causa de una ruptura de una arteria estomacal.

El policía Ángel estaba casado, pero mantenía una relación con Karina, a la que testigos del hecho oyeron gritar antes que se oyera el disparo. Al entrar, vieron a Karina en el piso sangrando y al policía hablando por teléfono “lo mas tranquilo”, como si nada. ¿Que hubiese pasado si no había testigos? ¿Cuántas veces se tapan casos como este?

Los medios no publicaron esta noticia en su momento, ni muestran lo recurrentes que son estos casos de violencia intrafamiliar policial, y sólo lo hacen ahora, cuando se cayó el cuento policial. Evitan las frases hechas habituales en las “noticias sobre la inseguridad”. No dicen “ola de asesinatos policiales” aunque maten una persona por día; no hablan de la “criminalidad policial” como hablan de la “criminalidad juvenil”. Cualquier cosa sirve para titular “Más menores en el delito”, pero nunca se les va a escapar “Más policías asesinos”.

¿Hasta cuando nos vamos a dejar engrupir? Invitamos a los que estén cansados de no saber lo que pasa, a acompañarnos el 19 de noviembre en Plaza de Mayo, a las 18:00, para denunciar al estado represor e impulsar la organización independiente y la lucha consecuente contra la represión.

REPRESIÓN EN CHACO: POR POBRES Y ORGANIZADOS
Unas 186 familias viven en el barrio Segundo David Peralta “Mate Cosido”, a la entrada de Resistencia, Chaco. Fruto de la lucha organizada, consiguieron el terreno donde se ubica el barrio. Pero la lucha continúa por mejorar las condiciones de vida.

El viernes 1º de octubre, la policía de la provincia realizó un operativo que incluyó el despliegue de unos 100 efectivos de civil, acompañados por la infantería, la policía montada y motorizada. Un operativo más de los que sufren los barrios pobres habitualmente. Esta vez, la policía entró en la vivienda de una vecina del barrio que no sabe leer ni escribir. Al requerir información a los agentes, éstos comenzaron a golpearla y la esposaron.

Esto despertó la resistencia del barrio, que, recibiendo golpes y disparos de balas de goma enfrentó la represión policial con palos y cascotes. La represión dejó decenas de heridos por balas de goma y 7 detenidos (entre ellos un menor), que mostraron luego signos de golpizas durante la detención.

En “Mate Cosido” se reúnen las dos condiciones que los hacen blanco perfecto de la represión: son pobres y se organizan para luchar contra la pobreza.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 25 de octubre, a las 9:00, nos reunimos en Plaza La Roche , al lado de la estación de tren de Morón (FFCC Sarmiento) para marchar a los tribunales en Colón y Brown, a denunciar la suspensión del juicio contra el policía Sergio Nogueira, asesino de Tato Mansilla.

Lunes 1º de noviembre, 10:30, comienza el juicio oral y público contra el policía Alberto Alejandro Segovia, que el 1º de marzo de 2009 fusiló de un disparo en la nuca al joven murguero Mauricio Vega. Movilizamos a Lavalle y Libertad, frente al TOC nº 21 de la ciudad de Buenos Aires.

Viernes 19 de noviembre, 18:00, en Plaza de Mayo, acto anual de presentación del Archivo actualizado de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 1983/2010.