Boletín Informativo n° 592

CUANDO EL DERECHO DE HUELGA ES “EXTORSIÓN”.

El juez federal de Quilmes Luis Armella dictó esta semana el procesamiento de cuatro militantes por la medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores tercerizados de la línea Roca el 23 de diciembre pasado. Los compañeros procesados son Jorge Hospital y Omar Merino (trabajadores ferroviarios de planta permanente, militantes del PO y de la agrupación Causa Ferroviaria), Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero-PO) y Miguel Morales (trabajador tercerizado despedido, militante de Causa Ferroviaria).

Los cuatro fueron individualizados a partir de videos y fotos policiales del corte de vías y de las cintas de las cámaras de seguridad del ministerio de Trabajo, al que algunos de ellos concurrieron, con otros compañeros, para discutir la reincorporación de despedidos y el pase a planta permanente. Pero lo que se advierte a poco de leer el expediente es que fueron seleccionados y señalados por policías federales de la División Roca , a cuyo testimonio dio, el juez federal, valor probatorio excluyente.

Así, el único fundamento del procesamiento, que resulta particularmente grave porque además de la interrupción del servicio ferroviario se imputa el delito de extorsión, es que la palabra de los policías comandados por el comisario Jorge Raúl Ferreyra.

Y aquí se aclara el motivo real del procesamiento: el mencionado comisario, así como sus subordinados, el subcomisario Claudio R. Premuda y los oficiales Omar Póvolo, Carlos Dante Farías y Gastón Marcelo Domecq, son los mismos policías de la División Roca que participaron, el 20 de octubre de 2010, del ataque de la patota de la Unión Ferroviaria que terminó con el homicidio del compañero Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de otros manifestantes.

Todos ellos han sido formalmente acusados por la querella que representa a Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y otros heridos, militantes, como ellos, del PO, de haber tenido un rol principal en el plan criminal concertado ese día junto a la burocracia sindical y la empresa con el objetivo de “aleccionar” a los trabajadores y organizaciones que se manifestaban en reclamo de la reincorporación y el pase a planta. Para la fiscalía que investigar el accionar policial el 20 de octubre, Ferreyra y sus secuaces, junto a otros policías de otras reparticiones, no se limitaron a colaborar en el estadío previo al ataque, “sino que posteriormente facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho cometido”.

Apoyado en los dichos de esos policías, cuya responsabilidad ha sido probada en la causa Ferreyra, entre otros muchos testimonios, con los de los compañeros Hospital, Merino y Belliboni, el juez Armella concluyó que, como las vías se cortaron para reclamar que el gobierno y la empresa cumplan los compromisos de reincorporar a los despedidos y pasar a planta a los tercerizados, se cometió el delito de extorsión, “al obligar a otro, bajo intimidación, a hacer algo contra su voluntad”. ¡Como si alguna conquista obrera se lograra con el concurso voluntario de la patronal y el gobierno de turno!

Este procesamiento –que ya ha sido apelado por la defensa de los compañeros- blanquea por boca del juez federal el credo capitalista: el reclamo de un trabajador por mejorar sus condiciones laborales, el derecho de huelga mismo, constituye el delito de extorsión. Y todo queda en familia, con los mismos participantes de la causa por el asesinato de Mariano: La empresa UGOFE y la secretaría de transportes son los denunciantes; los policías los “investigadores” y testigos; el juez el legitimador, y los compañeros de Mariano y Elsa, los procesados.

LA “TOLERANCIA CERO” ANUNCIA LA LLEGADA DEL VERANO

Así­ lo demuestran las declaraciones del gobernador Daniel Scioli, que, para que ”ningún delincuente le arruine las vacaciones a las familias”, anunció “un Operativo Sol sin precedentes en la costa atlántica, que cubrirá 1.200 kilómetros con más de 7.000 policí­as, 670 unidades móviles y tolerancia cero para los delincuentes”. Y muy orgulloso comunicó que “anoche un llamado 911 alertó a la policí­a, que actuó rápidamente y como consecuencia de un tiroteo hay un delincuente muerto”. Linda manera de felicitar a sus fuerzas por el nuevo caso de gatillo fácil.

Con el í­mpetu de “ser rigurosos en la aplicación de la ley dentro del estado de derecho” aclaró que no está descuidando el conurbano, ya que se encuentran trabajando conjuntamente con el gobierno nacional a través del Operativo Centinela.

No resulta llamativo cómo, desde cualquier sector de la clase dominante, se tiene claro cuáles son las herramientas para mantener el control social. Basta ver cómo, en sintoní­a con el gobernador de la provincia, el ex presidente Eduardo Duhalde expone que la palabra represión no es una mala palabra “porque el Estado tiene la obligación de hacer respetar la ley”.

Afirmando la necesaria aplicación de la ley, ambos, desde supuestos proyectos diferentes, custodian este sistema que castiga a los pobres ejecutando y aplaudiendo el uso de las polí­ticas represivas. Queda demostrado que, en este sistema, pasan los gobiernos, pero aunque parezcan distintos, es la misma represión.

NARCO-HIJOS DE BRIGADIERES

La semana pasada, en el aeropuerto de Barcelona, fueron detenidos tres argentinos que viajaban en un avión privado con una carga de 944 kg . de cocaína.

Esta noticia hubiera quedado de lado en nuestro boletín, si no fuera porque los tres detenidos tienen vinculación directa con el aparato represivo del estado.

Dos de los narcos son hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea durante la gestión de Carlos Saúl Menem, que luego fundó la compañía Medical Jet, dedicada a los vuelos sanitarios del PAMI y otras obras sociales. Uno de los hijos, Gustavo, fue, convenientemente, gerente económico financiero del PAMI hasta poco después del inicio del gobierno kirchnerista. El tercer narco, es hijo del brigadier Miret, que fuera secretario de Planeamiento durante la dictadura.

Los tres habían viajado a España con anterioridad por periodos cortos, para asegurarse de que todo saliera bien. Se desconoce quién dio aviso a la policía española sobre el espectacular cargamento, valuado en 35 millones de euros.

Tal como hace 4 años en el caso Southern Winds, por el que fue condenado el hijo del comodoro Beltrame, nuevamente aparecen familiares de militares ligados al narcotráfico a gran escala. Una nueva comprobación que deja a las claras quién maneja el negocio multimillonario de los estupefacientes.

Mientras los hijos de los brigadieres argumentan que no sabían que llevaban casi mil kilos de cocaína en su avión, y la justicia española delibera si los dejará en libertad durante el proceso, las cárceles (argentinas y españolas) están repletas de pobres explotados como “mulas” para malvivir.

MÁS PRESOS MUERTOS

En la tarde del 31 de diciembre, Luis Angel Bucci murió en la Unidad Penal Nº 21 de Campana. El hombre, de 29 años, fue atacado por otro preso con una “faca” en la región torácica, y llegó muerto al hospital.

En la Unidad Penal nº 39 de Ituzaingó, otro hombre, de apellido Peréz Sarza, murió en circunstancias similares a los pocos días.

Finalmente, Antonio Alberto Capdevilla (35), detenido en la madrugada del 31 de diciembre por “desorden en la vía pública” en la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires, murió con motivo de severas quemaduras que sufrió en el 40% de su cuerpo al incendiarse la celda en la cual se encontraba encerrado. Luego de permanecer 22 horas internado, falleció en el hospital municipal.

Independientemente de las circunstancias de estas muertes, lo cierto es que todas se dieron dentro del marco de las instituciones carcelarias, aquellas donde el Estado intenta disciplinar a los más pobres, en condiciones paupérrimas, con hacinamiento y tortura. Y sobre todo, en donde supuestamente deben lograr el objetivo de “reinsertarse en el sistema” el mismo que explota a la clase trabajadora, mata con el gatillo fácil, y reprime a los que se organizan y luchan.

TORTURAS ALLÁ Y AQUÍ, COSAS DEL CAPITALISMO

Dos presos militantes vascos detenidos en 2008 denunciaron las torturas a las que fueron sometidos, situación habitual en las cárceles del capitalismo de allá y de aquí. El ministro del interior español adjudicó las lesiones a la resistencia al arresto, y dijo que sólo existen en el “manual de denuncias” que tienen los presos para cuestionar el accionar policial.

A pesar de todo, la contundencia de las pruebas forzó a un tribunal español a condenar a cuatro policías por las torturas, que pusieron en riesgo la vida de uno de los presos políticos denunciantes.

Si se tratara de un hecho ocurrido aquí, la causa hubiera empezado como “atentado y resistencia a la autoridad”, pesando sobre la cabeza de los presos defenderse de esa imputación, y recién después, intentar la acusación por torturas, que, en el mejor de los casos, se hubieran calificado como “apremios”.

Si hubiera ocurrido aquí, el ministro –o el mismo juez- también hubiera hablado, locuaz y solvente, del “manual de denuncias”, que en estas tierras suele volcarse en la frase hecha: “el preso denunció torturas en un vano intento por mejorar su comprometida situación procesal”.

Allá, o acá, las penas son las mismas: por torturar gravemente a los militantes vascos, al sargento lo condenaron a escasos 4 años y medio de prisión, al guardia civil 2 años y medio y a los dos agentes 2 años.

Es que allá y aquí el estado tiene la misma esencia: el policía tortura, el gobierno justifica, la justicia legitima. Allá y aquí, cosas del capitalismo, para desmentir a los que pretenden humanizarlo.

MILES DE NIÑOS PALESTINOS ENCARCELADOS POR EL SIONISMO

Israel es un estado construido a base de usurpación y represión. Con la venia de la burguesía mundial, y luego de una gran cantidad de masacres, fue reconocido como estado en 1948 para ser el gendarme del naciente imperio norteamericano. En 1967 extendió aún más sus fronteras robando al oeste Jerusalén (a los palestinos), al norte el Golán (a Siria) y al sur el Sinaí (a Egipto).

Pero así como el sionismo ha reprimido, los oprimidos se han organizado y resistido a sus embates. Muestra de ello son las resistencias a puro palo y piedra contra los tanques y las balas. Deir Yassin y la primera Intifada a comienzos de los ’80 son un claro ejemplo.

Ante la necesidad de ajustar las clavijas contra la resistencia palestina, el estado sionista encuentra siempre modalidades nuevas para intentar adoctrinar a los rebeldes. Por estos días, se ha dado ha conocer que miles de niños palestinos están encarcelados en cárceles israelíes. Más de 300 sólo en la cárcel de Ofer, una de las ciento y pico que tiene Israel.

Según informan organizaciones de derechos humanos, el procedimiento para encarcelarlos es siempre el mismo: son arrancados de los brazos de sus padres para llevarlos a centros de interrogatorios del Servicio de Seguridad Interior; frecuentemente jeeps del ejército entran en un pueblo y se estacionan junto a una escuela, planifican deliberadamente alguna fricción con los alumnos y ante la defensa con el lanzamiento de piedras, son arrestados. Los que no son apresados o no logran obtener la libertad bajo fianza quedan registrados con antecedentes penales, condicionando su futuro.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño define al niño como “un ser humano menor de dieciocho años”. Pura fachada internacional, ya que la misma legislación sionista considera adultos a los mayores de 16 y aún así mantiene encarcelados a miles de niños palestinos menores de esa edad.

Otra muestra más de cómo la represión es política de Estado, sea donde sea, y siempre que haya una sociedad dividida en clases.