Boletín informativo n° 593

EL “DEBATE” SOBRE LA IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES DE EDAD

Cada vez que un chico menor de edad aparece involucrado en un delito grave, vuelve a la tapa de los diarios el “debate sobre la imputabilidad penal”. Políticos oficialistas, opositores, periodistas, opinadores profesionales, en fin, todos, reclaman cambios en las leyes o en la forma de aplicarlas. Unos piden represión explícita a los gritos. Otros son más sutiles, y mechan en su discurso palabras como reinserción, resocialización, garantías y derechos.

Una observación: ¿Alguna vez oyó a Casal, Garré, Scioli, Macri, Randazzo, Alak, Carrió, Duhalde, Cristina, o cualquier otro pedir a gritos mano dura para la infinidad cotidiana de delitos, muy superior en cantidad y calidad, que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles o militares?. ¿O para los crímenes (incluyendo “ajustes de cuentas” internos de la burocracia sindical, o de los empresarios?

Volviendo al tema de los menores, una de las primeras voces fue la del conocido fiscal de La Plata , Marcelo Romero, el mismo que hace unos años mandó filmar cortes de ruta y manifestaciones para tener un “archivo” de potenciales imputados: “En la Argentina , ser menor de 16 años es tener licencia para matar”. Lo siguieron el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, que dijo que hay un “vacío legal” en el tema, y defendió las posiciones de su jefe, el gobernador Scioli; Mauricio Macri y Francisco de Narváez, sin olvidarnos de Eduardo Duhalde, quien calificó de “imbéciles” a quienes “creen que el orden es de derecha”.

Desde el kirchnerismo, el ministro de Justicia Julio Alak, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y la propia presidenta se sumaron con un matiz más presentable, apoyando el régimen penal de menores aprobado en 2009 por el senado. La misma línea siguieron el radical Sanz, el “socialista” Binner y Elisa Carrió, con el argumento de que ser juzgado como adulto da a los pibes el derecho a defenderse…

Ese proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, combinación de otros tres, del peronismo kirchnerista, el peronismo no kirchnerista y la UCR-Acuerdo Cívico y Social, bien al estilo progre, declama con cuidado cuanto derecho y garantía procesal recordaron sus autores, e invoca a cada paso la constitución y pactos internacionales. Así, empaqueta con un velo “políticamente correcto” la sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos, que ni siquiera excluye el arbitrario procedimiento sumarísimo de la “flagrancia”.

Parte del discurso para la tribuna se nota cuando dice que ningún proceso podrá durar más de un año desde su inicio hasta la sentencia (4 meses en caso de flagrancia), términos que cualquiera que camina los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir con condenas express, usando mecanismos como los juicios abreviados, en los que toda la actividad del defensor oficial se reduce a la extorsión (“firmá el abreviado, pibe, te conviene”). Esas formas “alternativas” de terminar el proceso, aplicadas a la realidad material de los chicos que son judicializados en nuestro país, los más pobres y vulnerables, son formidables herramientas de disciplinamiento social.

Lo que no se dice, es que, con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune. Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice “Menores”, y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia.

Y si tiene 14 o 15 años, la cosa es todavía peor. Es cierto que no se lo juzga, porque es “inimputable” por su edad. Pero se lo interna en algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna “comunidad terapéutica” de donde va a salir alguna vez, mucho más adicto de lo que entró, pero, además, abusado, violado, embrutecido y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio. O no va a salir nunca, como los centenares de pibes que mueren por año en alguno de esos lugares “de protección”.

De eso se trata todo este “debate” sobre la imputabilidad penal de los menores de edad. De cómo exterminarlos en mayor número, al menor costo posible. Y que los que queden vivos, sirvan de clientes para las porquerías que trafica la burguesía, y de mano de obra esclava para su policía. Y que aprendan que si se rebelan, si dicen “no”, les puede pasar como a Luciano Arruga hace exactamente dos años.

Para que nunca, nunca, tengan la libertad de decidir que no quieren seguir viviendo de esa manera, ni, mucho menos, la conciencia para intentar cambiarlo.

PLAN DE BUCHONIZACIÓN

El gobierno porteño acaba de firmar un convenio con un amplio porcentaje de las agencias privadas de seguridad para ampliar el control social en el marco del plan oficial que dio vida, entre otros engendros, a la Policía Metropolitana. El ministro de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, afirmó que la iniciativa se hará carne en poco más de dos meses y la idea es “extender en un futuro la capacidad de ojos que controlen hacia canillitas, taxistas o cualquier transeúnte dispuesto a colaborar con tan noble causa”. Los barrios que estrenarán este nuevo sistema serán Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo.

Como el gobierno nacional lo consiguió con la implementación del 911, Macri ha logrado perfeccionar el control y la disciplina incorporando un método, la “colaboración” de sectores de la población, ya utilizado en tiempos dictatoriales, pero también en democracia, y por este mismo gobierno, como en 2003, cuando el ministro Béliz acordó con la Asociación de Radiotaxis Argentinos el plan llamado “Ojos de la Ciudad ”, o en 2005, con el convenio del SUTERH con la policía federal para que los porteros avisen de cualquier “actitud, conducta o movimiento que entienda como indecente o sospechosa”.

De este modo, junto con la privatización y tercerización de la represión (agencias de seguridad y patotas) se avanza en una suerte de “inclusión social represiva” que tiene como cimiento sólido el alcahuetismo ciudadano. Así, el sector subalterno tiende, progresivamente, a sentirse observado, vigilado de forma permanente.

El miedo resulta también un elemento de opresión de clase, y los terrores de un amplio sector de la población se colocan en las fuerzas represivas de estado.

CORRIENTES Y EL BOLSÓN: MÁS MUERTES EN COMISARÍAS

Corrientes cuenta con el privilegio de ser la provincia que inauguró el conteo anual de muertes en contexto de encierro carcelario. El 17 de enero pasado, José Adrián Azula falleció en el Hospital Escuela, donde había sido trasladado luego de sufrir graves quemaduras en la comisaría 13ª. Tenía 25 años, era carrero changarín. Desgraciadamente, estos datos ya no conseguirán sorprender a nadie: tan sólo un joven más que muere tras las rejas, tan sólo un pobre más que encuentra el peor de los finales.

El relato policial indica que Azula, luego de haber sido detenido por encontrarse en estado de ebriedad, ocasionando disturbios en la vía pública con un arma blanca, incendió el colchón de la celda en la que estaba demorado. Las llamas se extendieron rápidamente a su ropa, produciendo las quemaduras que le causaron la muerte horas más tarde.

Cuatro días antes, el 13 de enero, Guillermo Cervando Garrido, de 24 años, murió en un calabozo de la Comisaría 12ª de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Según la policía, el muchacho también detenido por una contravención, se habría ahorcado con su propio cinturón.

Los familiares y vecinos, y los compañeros del Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos local se movilizaron de inmediato. En una de las oportunidades, mientras los manifestantes marchaban aplaudiendo alrededor de la plaza, y empezaban a dirigirse hacia la comisaría, tres policías intentaron detener a un familiar del joven asesinado, lo que fue impedido por la decidida intervención de los compañeros.

Ambas muertes son responsabilidad de la policía, pero del estado en su conjunto, esa arma letal con la que las clases dominantes mantienen a raya a los que se pueden sublevar cuando no pueden seguir tolerando las reglas de juego establecidas, que los relegan a la miseria y al hambre.

Lejos de tratarse de una “tragedia” de la que serían responsables un par de “malos” policías, estas dos muertes muestran la interrelación de los distintos poderes del estado en la generación e implementación de sus políticas represivas: como la absoluta mayoría de los muertos en comisarías, los jóvenes Azula y Garrido estaban presos sin haber cometido ningún delito, por aplicación del sistema contravencional, herramienta favorita a la hora de aplicar el control social.

AUNQUE LA YUTA SE VISTA DE SEDA… REPRESIÓN EN EL FFCC ROCA Y TARTAGAL

El 19 de diciembre pasado, cinco personas que terminaban un mural por Mariano Ferreyra en la estación Hipólito Yrigoyen del Ferrocarril Roca fueron detenidas por un sujeto de civil, a punta de 9 mm , que dijo sin identificarse que era de la policía federal.

El hombre resultó ser el sargento 1º Capelo, que llevó a los jóvenes hasta los andenes del tren, donde convocó, por celular, al oficial de turno de la División Roca. Los cinco activistas fueron liberados horas después, no sin labrarles un acta contravencional por “ensuciar bienes”. Pero, como para muestra a veces no alcanza con un botón, al otro día el mural amaneció destruido.

Mientras tanto, en Tartagal, Salta, organizaciones de desocupados que cortaban la ruta 34 en reclamo de puestos de trabajo y planes sociales. El gobernador Urtubey mandó su policía, con el resultado de 30 heridos, 12 compañeros detenidos y cinco órdenes de captura.

Ambos hechos reafirman la consolidación represiva del gobierno kirchnerista, que ya se llevó puestos, con la intención de disciplinar, a los tobas de Formosa Roberto López, miembro de la comunidad qom La Primavera y de la CCC , fusilado por la espalda de tres balazos, a Mario López, integrante de la comunidad pilagá y delegado del MoCaFor (Movimiento Campesino de Formosa), embestido violentamente por un automóvil conducido por un oficial de la brigada de informaciones de la policía formoseña, Pedro Ariasa; a los asesinados del Parque Indoamericano, y a Mariano mismo, todo lo cual libera no sólo el uso indiscriminado de la policía y de los gendarmes, que ni siquiera se sienten obligados, ni los obligan, a portar uniforme, sino de patotas de los sindicatos aliados y amparados por el estado y por los patrones que dicen enfrentar.

Los medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores, coinciden en mostrar a piaras de vecinos sedientos de sangre exigiendo mano dura, más palos y gatillo, cárcel para chicos cada vez más chicos, pero no muestran a la represión estatal que se ensaña contra los que salen a exigir por sus derechos, intentando también judicializar aún más la protesta, como, por ejemplo, con el intento de encarcelar a los estudiantes que apoyaron al conflicto de Kraft, y aumentar el número de procesados y muertos por las garras del capitalismo.

No es casual que la respuesta de peronistas y no peronistas ante la demanda social sea presentarla como un delito, y tratar a los que reclaman como culpables “hasta que se demuestre lo contrario”.

La represión estatal y paraestatal que nos va sangrando de a uno no sigue obligando a organizarnos para defendernos en nuestros trabajos, en los barrios, en las calles.

No podemos confiar en esta policía ni en las fuerzas de represión del Estado, y sí desconfiar de quienes nos llaman a reconciliarnos con ellos diciendo que se puede democratizar la policía, por ejemplo votando los comisarios como en el lejano oeste holliwoodense. Están para eso, y nosotros para no dejarlos.

TORTURA Y HUMILLACIÓN, EN BUENOS AIRES Y EN CORRIENTES

A Facundo Landi, de 20 años, lo pararon bajando de un remise junto a su novia, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. Lo esperaron siete policías, lo golpearon con trompadas y patadas, lo orinaron en varias oportunidades y hasta le gastaron el crédito del celular.

A José Lorenzo, cartonero, lo detuvieron por robo porque revolvía un tacho de basura en la calle. Lo golpearon, lo tiraron al piso y le pusieron la cara contra excremento de perro que había en la vereda. “¿Ves esta mierda? Te la vas a comer ¿Sabes por qué? Porque los negros como vos comen mierda”, le dijo el policía. Presionaron con su bota sobre la nuca del hombre de 52 años, y luego le hundieron la cabeza mientras le apuntaban con la 9 mm .

El primer hecho ocurrió en la comisaría 3ª de Corrientes. El segundo, en la 36ª de Villa Soldati, odiada en el barrio por la cotidiana represión que ejerce con el gatillo fácil y la tortura.

Ambos casos demuestran que una misma política de tortura y humillación se da en toda provincia y en todo lugar del mundo en que haya una clase oprimida y una represora. Ambos ejemplos no son la excepción, sino parte de una política estatal. Ambos se conocieron porque los vecinos se animaron a denunciar y a enfrentar la represión.

“La policía me hizo lo mismo que hacían los militares antes, cuando te metían adentro del Falcon”, declaró José Lorenzo. Es verdad, sólo que ahora lo hacen en democracia, de uniforme y en patrullero.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 1º de febrero, a las 9:00, marcha desde Av. Márquez y Centenario a los tribunales de San Isidro (Ituzaingo y Acassusso) durante la audiencia del juicio por desafuero del delegado de FATE Ottoboni.