Boletín informativo n° 594

INSEGURIDAD ES LA POLICÍA EN LA CALLE

Este año comenzó con la noticia de que los hijos de los ex brigadieres Juliá y Miret habí­an sido detenidos en un aeropuerto de Barcelona cuando arribaron con un avión de la empresa Medical Jet cargado con 944 kg de cocaí­na valuados en aproximadamente 40 millones de euros. La empresa Medical Jet habí­a sido fundada por el ex brigadier Juliá durante la década del 90, cuando era jefe de la Fuerza Aérea y proveí­a servicios de vuelos sanitarios al PAMI, por los que también hay una causa por sobrefacturación. La droga fue cargada durante varias jornadas en la Base Aérea de Morón, escondida debajo de las alfombras y los asientos. La seguridad de la Base está a cargo de la Fuerza Aérea que parece que hizo la vista gorda ante todo ese movimiento de preparación del cargamento. El ministro de Defensa Puricelli, siguiendo a Aní­bal Fernández, salió a desvincular a la Fuerza Aérea del tráfico de drogas, aunque, pese a ello, decidió remover al Comodoro Ayerdi, jefe de la Base de Morón. A su vez, Nilda Garré ordenó cambiar los protocolos de vuelo. El personal polí­tico kirchnerista desmiente con toda su movida que se trate de un delito que no toca a la Fuerza Aérea. Mientras tanto, esta Fuerza se tira la pelota de la responsabilidad con la Administración Nacional de Aviación Civil.

También en enero ocurrió el asalto al Banco Galicia, del que se robaron más de 3 millones de pesos. Por las caracterí­sticas del hecho, quedó en evidencia que el robo habí­a sido cometido por policí­as o por ex policí­as. En efecto, el asalto se llevó a cabo luego de un operativo de distracción en el que se realizaron diferentes acciones en los lí­mites jurisdiccionales de la comisarí­a 3ª de la policí­a federal. Los ladrones lograron provocar el desplazamiento de los móviles policiales sin necesidad de que intervengan otras seccionales en apoyo, permitiendo que la cuadra del Banco Galicia quedara liberada.

Estos dí­as, un ex comisario, José Luis Salerno, fue detenido por la causa de los medicamentos. Anteriormente estuvo investigado por el tráfico de efedrina y fue socio de una de las ví­ctimas del triple crimen de General Rodrí­guez, Damián Ferrón. Salerno fue arrestado por una maniobra consistente en retirar del Hospital Posadas medicamentos próximos a vencer o vencidos, que fuera del hospital eran rotulados nuevamente con una fecha de caducidad posterior, y reinsertados en el circuito ilegal. Esta detención tiene ví­nculos estrechos con la causa mayor de la llamada mafia de los medicamentos, por la que está detenido y procesado el sindicalista Juan José Zanola y el droguero Néstor Lorenzo. A su vez, en esta causa de la mafia de los medicamentos se investiga también a la obra social del sindicato de trabajadores de maestranza, cuyo tesorero, Roberto Roger Rodrí­guez, fue asesinado recientemente. No hay que olvidar tampoco que el Frente para la Victoria financió su campaña presidencial con aportes de las obras sociales disfrazados de aportes de droguerí­as.

Por último, de noticias recientes se pudo conocer el caso de tres oficiales de la Bonarense que se dedicaban a los secuestros extorsivos. Pero no sólo eso, estos oficiales utilizaban de aguantadero la misma comisarí­a donde prestaban servicios, en Isidro Casanova. Allí­ mantenían secuestradas a sus ví­ctimas, mientras negociaban con los familiares la entrega del rescate. Esto es imposible de realizar sin la complicidad de toda la dependencia, desde el comisario hasta el último policí­a.

No existe delito que esté desvinculado de las fuerzas de seguridad. El aparato represivo estatal (policí­as, gendarmerí­a, prefectura, policí­a de seguridad aeroportuaria, fuerzas armadas, servicio penitenciario) organiza y administra el delito: Zonas liberadas, coimas a comerciantes por protección, secuestros extorsivos, asaltos a bancos y camiones de caudales, narcotráfico, trata de personas, desarmaderos, etc., todos delitos organizados por las fuerzas del orden. Así­, estas fuerzas represivas configuran una gran asociación ilí­cita, una verdadera mafia. Inseguridad es la policí­a en la calle.

UN POLICÍA EN CADA ESCUELA BONAERENSE

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dispuso que el primer día de clases, el 28 de febrero, haya un policía en cada una de las escuelas de la provincia. La excusa es “la inseguridad y prevención del delito”. “Delito” organizado por las mismas fuerzas represivas; e “inseguridad” difundida hasta la saturación por los medios masivos de comunicación, quienes siempre adjudican el delito a los más pobres y desprotegidos y jamás a la policía.

Los policías entregarán folletos represivos y responderán preguntas de los alumnos. Una parte de la burocracia sindical, la Celeste , se opuso, para sostener su perfil “progre” en consonancia con el gobierno nacional, otra, como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aseguró que “es útil si se la vincula con otras iniciativas entre la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad (represivas)”, y que “puede resignificar la imagen de la policía”.

Lo que parece una medida única, esporádica y simbólica, es, en verdad, el comienzo de la incursión de las fuerzas represivas en las escuelas. Así es que el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, aseguró que “habrá reuniones con los docentes y con los directivos de las escuelas para que ellos después apoyen y difundan este material con los chicos en las horas de clases”.

La presencia policial y la entrega de folletería es parte de un paquete que incluye duplicar y elevar a 300 los miembros del Grupo Halcón, instalar cámaras de seguridad en las calles de 46 municipios y sumar 40 comisarías más.

Cómo se ve, en lugar de hacer una política de inclusión social, aumentar el presupuesto educativo o promover el bienestar de los jóvenes, la respuesta de la burguesía es más y mejor represión. Eso sí, con todo el consenso posible. Nunca podemos esperar otra cosa de este estado burgués. Ante esta situación, a los empobrecidos y a los explotados, sólo nos queda el camino de la lucha.

La burguesía no escatima artilugios para legitimar el uso represivo y así controlar mejor socialmente a los trabajadores y a los empobrecidos del país y del mundo.

LA POLICÍA MATA, EL GOBIERNO DEFIENDE Y LOS MEDIOS JUSTIFICAN

Franco y Mauricio, dos chicos de 16 y 17 años, fueron asesinados por la policía bonaerense el 3 de febrero en La Cárcova , uno de los barrios pobres de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. La policía llegó al lugar tras una supuesta denuncia al 911 de que la gente del barrio había descarrilado un tren y estaba robando el contenido de los vagones. Este llamado bastó para que la policía comenzara a disparar desde el terraplén, a pesar de que todo indica que el tren se descarriló porque las vías están en muy mal estado (de hecho, los caídos son los vagones traseros). y la gente sólo estaba viendo qué pasaba, pues esos vagones estaban vacíos.

Franco murió en acto, baleado por la espalda, cuando entraba al barrio intentando escapar de la represión. Mauricio aguantó hasta la nochecita, y murió en el hospital zonal.

Con estos dos asesinatos, suman 3.139 las muertes a manos de las fuerzas represivas del estado desde diciembre de 1983 hasta la fecha.

Como se ve, nada nuevo bajo el sol: Franco y Mauricio, dos pibes pobres del conurbano que ayudaban a su familia con el cartoneo en la quema del CEAMSE, fueron asesinados a puro gatillo de la bonaerense por ser pibes y pobres; la policía que custodia “la propiedad privada” del basural, disparó ante un grupo de gente que se agolpó a curiosear cuando el tren descarriló; la bronca del barrio por los asesinatos y heridos se trasladó a las puertas de la comisaría 4ª, donde otra vez hubo represión y razzias ocasionando decenas de detenidos. Para el ministerio de seguridad, los pobres son siempre sospechosos de ser chorros y, por lo tanto, la versión que prima es que la gente del barrio “agredió a la policía, descarriló el tren para robar”, etc.; las medidas tomadas desde el gobierno fueron la saturación y cercamiento del barrio por la gendarmería “que estará a cargo de la investigación” y la “sanción” a algún policía que “reconoció haber disparado con un arma de fuego”.

“EN LA VEREDA O EN EL CORDÓN”: SI NO QUEREMOS REPRESIÓN, CON LOS RECLAMOS A OTRO LADO.

En la provincia gobernada por el kirchnerista Juan Manuel Urtubey se aplicó una vez más la sistemática represión policial que disolvió violentamente un piquete de desocupados y la detención de 12 manifestantes.

Aún hoy los detenidos siguen presos en la Comisaría 42 de Tartagal, donde seguramente estarán dándoles a entender el mensaje que no incorporan: aceptar las cosas como son y sin chistar.

Algunos medios intentaron establecer una vez más en sus crónicas la teoría de los dos demonios, definiendo los hechos como “batalla campal”, “enfrentamiento” o “disturbios entre dos sectores”. Los hechos fueron otros.

El estado -mediante sus fuerzas represivas portadoras de armas- hace uso del poder sobre todo aquél que deje al descubierto la desigualdad de clases y la naturaleza imposible de silenciar de un sistema que necesariamente oprime y expulsa a los que menos poseen.

Aquí no hay casualidades tampoco. Basta recordar a Mariano Ferreyra, el asesinato a miembros de la comunidad toba qom en Formosa, las policías federal y metropolitana para desalojar y matar en el Parque Indoamericano, entro numerosos otros. Sistematicidad y violencia en cada bandera de turno.

Hace unos días, la presidenta salió a decir: “Si van a protestar háganlo mitad en la vereda y mitad en el cordón”. En otras oportunidades ya había cargado contra piquetes y cortes de ruta, pero, esta vez, la idea de control y disciplinamiento quedó muy clara: “Les pido que cuando protestemos lo hagamos un poco en la vereda y otro poco en el cordón, para que la gente pueda circular y llegue al trabajo o a la escuela”.

Clara promesa de que, si se protesta en la calle -donde realmente se torna visible la lucha- vendrán balas de arriba. Está claro cuál es el camino que nos quieren imponer.

MACRISTA, KIRCHNERISTA O SCIOLISTA, UNA MISMA REPRESIÓN

Todo parece indicar que el canciller Héctor Timerman se precipitó al denunciar -con la incontinencia twitter-informática que lo aqueja- que “Macri y el gobierno de USA entrenan policías porteños en técnicas ‘antiterroristas’”, haciendo referencia a los cursos de “capacitación” que realizan efectivos de la policía metropolitana en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés). Esta institución es la continuación de la “Escuela de las Américas”, lugar en el que supieron aprender técnicas de tortura -entre otras cosas- personajes como Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, y una de las muchas similares en las que, en todo el mundo, los yanquis enseñan a sus “aliados” a defender los “intereses norteamericanos”.

El jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta, no tardó en salir al cruce y, en conferencia de prensa, solicitó a la presidenta argentina que efectuara el pedido de renuncia al verborrágico canciller, tildando de “patéticas” sus declaraciones y afirmando que al mismo curso asiste personal de la federal y de la bonaerense. Lo cierto es que, con sus declaraciones, Timerman puso en un brete a su arco político, ya que desde el oficialismo tuvieron que salir a dar explicaciones sobre los efectivos que suelen asistir a las mismas jornadas denunciadas por el canciller, donde los “agentes del orden” se capacitan sobre prácticas represivas, lucha antiterrorista y métodos de tortura, confirmando, así, las declaraciones de Rodríguez Larreta.

Si bien la ministra de seguridad de la Nación , Nilda Garré, negó esa posibilidad, en el transcurso de estos días se han filtrado los nombres de Cecilia Teresita Murphi y Daniel Crudo, subcomisario y principal de la Policía Federal , y Oscar Alarcón, principal del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense. Asimismo, miembros de policías provinciales, de gendarmería y prefectura, como así también jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

En honor a la verdad, tanto el gobierno nacional como el citadino consideran imprescindible tener efectivos de “élite” que “estudien” en instituciones subvencionadas –económica e ideológicamente- por un país que, apelando a conceptos como “terrorismo” o a la doctrina de la “seguridad ciudadana”, no ha hecho más que vulnerar los derechos humanos en todo el mundo. Esos términos no se diferencian más que en sonoridad con lo que otrora se calificara como “subversión” o “seguridad nacional”. Así como los yankis disfrazaron estos conceptos, de un tiempo a esta parte también establecieron un modelo distinto de dominación imperial. Redujeron la promoción de golpes de estado y la intervención militar directa, reservándola para casos como Irak o Afganistán, y se propusieron gobernarnos de manera más sutil, a través de tres ejes: la gobernabilidad democrática, la libertad económica y la cooperación militar internacional.

Lo cierto es que, en materia represiva, la única diferencia entre el gobierno nacional y el de la ciudad se encuentra en el discurso. Si no, cómo se explica la ley antiterrorista que sancionó el Congreso Nacional en 2007, siguiendo expresas instrucciones del -por aquel entonces- presidente de los Estados Unidos, George Bush. Norma ésta que permite la criminalización de la protesta, bajo el infame rótulo de “terrorismo”, y que pretende convertir en un perseguido a nivel mundial a todo aquel que ose defender los derechos de su pueblo.

A la hora de los hechos, todos los gobiernos quieren, por un lado, hacer los deberes como manda el país imperial, y por otro, tener entre sus filas agentes entrenados en torturas y represión de masas, de los cuales puedan disponer cuando los revoltosos jóvenes y desamparados se transformen jurídicamente en “células terroristas” para reclamar lo que es justo.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL ASESINO CONVICTO SOLANA?

El 22 de febrero de 2007, el Tribunal Oral nº 5 de Morón condenó al oficial de la policía bonaerense Cristian Alfredo Solana a la pena de 16 años de prisión por el homicidio de Rodrigo Corzo, hijo y hermano de nuestros compañeros de CORREPI, Narciso, Eli y Micaela. En diciembre de 2009, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena al policía, pero consideró “excesiva” la pena, así que la bajó a 10 años y 8 meses. Justito lo que hacía falta bajar para que días después Solana saliera en libertad asistida, a tiempo para disfrutar las fiestas en familia.

En el acta de soltura, el policía manifestó que se mudaría al Barrio Unión de la localidad de Rojas, cerca de Pergamino. Una de las condiciones de su libertad era que residiera en el lugar informado. Sin embargo, desde el 20 de octubre de 2010, nadie sabe (al menos, nadie en el poder judicial y la policía bonaerense) dónde está el otrora “ejemplo para la oficialidad”, como lo definió a poco del asesinato su jefe en el comando patrullas de Hurlingham.

Resulta que, desde esa fecha, el tribunal ha mandado en varias oportunidades policías de Pergamino a ubicar la casa para notificarle distintas cuestiones, y no sólo no lo han encontrado, sino que tampoco encuentran la casa. El oficial Norberto G. A. Schwiser, enviado a rastrear a su colega, informó a los jueces: “Llevo a su conocimiento que al haber sido comisionado con el fin de dar con el Sr. Cristián Alfredo Solana, cuyo domicilio obra en calle Alemania 78 del Bº Unión de este medio, con el fin de proceder a la notificación, desde el 12/10/10 al actual, constituido en varias oportunidades en el citado barrio, y de entrevistas a una gran cantidad de vecinos oriundos del lugar, el nombrado no es conocido y no han escuchado siquiera su nombre, y esa altura catastral no figura en la calle Alemania.”. Luego se acompañan las declaraciones de los vecinos, que nunca oyeron hablar de Solana, ni conocen la dirección, en un barrio de escasas cuatro o cinco manzanas.

No es ninguna novedad que un policía procesado o condenado, excarcelado o en libertad asistida, se profugue. Lo que llama un poco más la atención es que, a medio año de comprobado lo anterior, el tribunal oral de Morón se resiste a dictar la orden de captura, y sigue mandando notificaciones a un domicilio que ya le dijeron que no existe. La familia Corzo y CORREPI ya hemos hecho todo lo que correspondía hacer por nuestra parte en la causa judicial. Nos dijeron que esperemos un poco, no es bueno ser impaciente.

Por las dudas, si se cruza a Solana por la calle, en un Shopping o un cine, acuérdese lo que siempre pedimos: por favor, avísenos a nosotros. NO LE AVISE A LA POLICÍA. Y en este caso, mejor tampoco avise a los jueces.