Boletín informativo nº 608

LA MUERTE VIAJA EN PATRULLERO
Domingo 5 de setiembre de 2010, seis de la mañana. En la calle Rivadavia del barrio UPCN de Trelew, Gonzalo Julián Antillanca, de 19 años, que cursaba el último año de la secundaria en una escuela nocturna de Trelew, que durante el día cuidaba a Diego, su hermanito de cinco años, y había salido a bailar la noche del sábado como tantos jóvenes, fue arrojado desde un auto en plena calle, e impunidad, con su cuerpo sin vida.

La muerte destrozó a la familia y durante los primeros días no hubo indicios sobre quien mató al joven, hasta que una chica del barrio declaró, reservando su identidad, que esa madrugada vio, escondida tras un árbol, que un cabo, que resultó ser el cabo Solís de la policía provincial, le ordenaba al chofer de un patrullero que bajara el cadáver del chico, que estaba en el baúl. Contó que el policía dio dos golpes en el capot y que antes “miró para todos lados” para cerciorarse que no hubiera testigos.

A la fecha se encuentran imputados en la causa el cabo Martín Solís, de la seccional 4ª de Trelew, con los cargos de partícipe primario y encubrimiento del homicidio, y el comisario Carlos Sandoval de dicha seccional, con los cargos de encubrimiento del homicidio y falsificación de documento público. Todos, agravados por la función pública que ejercían.

Desde el gobierno provincial y la cúpula policial, con el fin de desvincular a los policías de las acusaciones, se llevaron a cabo maniobras ilegales para desviar las investigaciones, como presentar una “testigo” con declaraciones falsas, y manejando la investigación desde la misma fuerza acusada, por los comisarios Guillermo Castaño, jefe de policía de la provincia del Chubut; Claudio Madeira y Absalón Cruz, de la unidad regional Trelew y el comisario Carlos Sandoval, co-responsable del asesinato y, hoy, jefe de Policía en la ciudad de Rawson.

Ante la afirmación de que Julián había muerto de un coma etílico, el tesón de su padre logró que se ordenara una pericia en el Cuerpo Médico Forense nacional, que concluyó, el 3 de febrero de 2011, que el joven presenta “…lesiones evidentes a simple vista en zona de cerebro y cerebelo (…) signos de edema, (…) que permiten inferir macroscópicamente que se corresponde con un cuadro severo de hipertensión endocraneana, postraumática de tipo agudo, con suficiente entidad para producir un enclavamiento de la amígdala y compresión del tronco cerebral incompatible con la vida”. O sea, en criollo, murió a causa de los fuertes golpes que recibió en la nuca.

Y ahora, para refutar a los policías, que siempre negaron que Julián haya estado en el patrullero, un estudio complementario encontró, en ese vehículo policial, muestras de tejido con el ADN de Julián. ¡Al joven lo asesinaron a golpes o en la comisaría o en el patrullero!

Frente a los esfuerzos del ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia del Chubut por silenciar el caso, ha sido la constancia militante de su padre, César, la que no permitió que lo consiguieran, así como hoy lucha para evitar que el leve arresto domiciliario del cabo Solís se convierta en libertad absoluta.

El compañero César nos honró con su presencia en el estreno del video “Yo sabía”, al cumplirse 20 años de la muerte de Walter Bulacio, y nos hizo saber que el próximo 24 de mayo, día que Julián cumpliría 21 años, convocará a una marcha en Trelew y luego presentará el video en la biblioteca Walsh de Trelew.

MÁS MUERTOS EN CARCELES
Jorge Hugo Navarro (53) se encontraba detenido en una comisaría de San Juan. Fue encontrado muerto en el calabozo donde estaba encerrado. La policía aseguró que sufrió convulsiones y un accidente cerebro vascular, pero su familia denuncia golpizas.

El miércoles 9 murió un preso en la Unidad Carcelaria N° 32, en Florencio Varela, la victima de 32 años falleció luego de recibir un facazo en una supuesta pelea entre presos. Sin embargo, al día siguiente de trascendida esta noticia, el diario Crónica tituló otra muerte, en el mismo penal, con un día de diferencia, la victima Federico Ezkrkowicz, murió al recibir golpes en la cabeza con dos bloques de hormigón por parte de su compañero de celda.

Lo cierto es que sin importar el número de victimas que la prensa difunde, la represión muerte y tortura en las cárceles son moneda corriente tanto en nuestro país como en el mundo entero. Mas allá de los casos concretos por los cuales murieron (enfrentamiento entre presos, problemas de salud por las condiciones terribles en las que sobreviven, etc) cada una de las victimas, está situación deja al descubierto cual es el verdadero rol que cumplen estos lugares de encierro, disciplinar, alienar, y controlar a los pobres.

SE MATAN ENTRE ELLOS
Esta semana ha tenido repercusión en los medios otro crimen policial, pero, esta vez, la víctima no ha sido un pibe pobre sino…un comisario.

La situación fue la siguiente: El sargento Hernán Faure, de la policía bonaerense, fue al destacamento Balneario de Azul, movido por la sospecha de que su pareja, también policía, lo engañaba con el comisario de dicha dependencia, Mariano Cafferatta. El sargento encontró a ambos en el privado de la comisaría, sector que utilizan los policías para descansar.

Hasta ahí, una situación de infidelidad común y corriente.

Lo que fue noticia fue la reacción del susodicho sargento frente a esta situación. Le vació dos cargadores de su arma reglamentaria al comisario, más de 20 balazos, lo cual resultó, claro está, en la muerte de Cafferatta.

Luego del asesinato, Faure se entregó a sus compañeros de la fuerza y está detenido por “homicidio agravado”.

No es este el primer caso de policías que se matan entre sí, y no será seguramente el último. Es que suele pasar que a los verdugos de los pobres a veces les sale el tiro por la culata, y estando tan bien preparados como están para cumplir su función de reprimir y asesinar a los pibes pobres y tan acostumbrados a manejarse con total impunidad gracias a un sistema judicial que los protege y legitima, asesinar se vuelve moneda corriente. Se entregó, sí. Porque el muerto esta vez es un comisario.

VERDUGOS PREMIADOS EN TUCUMÁN

Durante toda la semana pasada la provincia de Tucumán protagonizó incidentes a partir de reclamos de aumentos salariales y otros beneficios por parte de la policía provincial.

Recordemos que la policía tucumana, en abril, recibió un aumento del básico de $900 a $1950, y ahora exigían un muevo aumento a $3.500, ascensos y que la ART cubra las 24hs. Parte de esto fue acordado el mes pasado, pero los efectivos vieron que no se reflejaba en sus recibos de sueldo.

En sus testimonios, ellos se mostraron como los trabajadores más damnificados, mientras nosotros sabemos que ellos no son trabajadores sino desclasados, guardianes del sistema que día a día nos hostiga y la cara visible de la represión.

La medida constó en principio de paros y culminó con una movilización el día 7, de la que participaron policías, familiares y agentes retirados, y que ocasionó disturbios cuando, llegando al Centro de Monitoreo Provincial, los mismos policías que estaban de guardia se encargaron de detener y reprimir a los manifestantes, es decir, se reprimieron entre ellos. Esto de ninguna manera debe sorprendernos, ya que justamente hicieron lo que están mandados a hacer, reprimir sin mirar a quién, incluso con lo patético que pueda verse desde afuera como en este caso.

Finalmente, el conflicto terminó con un nuevo acuerdo con el gobernador, José Alperovich, que cedió a los reclamos del Cuerpo Policial.

Mientras un agente sanitario en esa provincia apenas araña los $2.250 pesos, y el 60% del salario de cualquier empleado público son cifras no remunerativas, en una semana, los responsables de que los ricos sean siempre ricos y los pobres siempre pobres, lograron un acuerdo casi completamente acorde a sus reclamos, con la única excepción de que el básico quedó en $3.000, aunque con adicionales llega a $4.300.

Por otra parte, se habla de falta de fondos para subir el presupuesto Educativo y Sanitario, pero sin mayor escándalo se le puede subir tan ampliamente el sueldo a los 8.000 efectivos que integran esta fuerza provincial. Ahora bien, no se trata de un aumento a un sector trabajador en conflicto, sino de un aumento al presupuesto destinado a la represión y una garantía de que los perros guardianes de este sistema estarán contentos.

Por último, a pesar de ver las imágenes de los policías manifestando en la calle, no nos confundimos, no consideramos de ninguna manera esta situación como una transición de los agentes de policía hacia el sector trabajador, ya que ellos defienden intereses irreconciliables con el conjunto de los trabajadores.

TODO VA MEJOR PARA AMNISTÍA
Como todos los años, se difundió el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Esta ONG, fundada en 1961 por un abogado británico, expuso, según sus investigaciones, como trascendió el 2010 año en materia de derechos humanos.

Los puntos tocados respecto a nuestro país fueron: la respuesta gubernamental a los conflictos sociales, disputas con los pueblos originarios, juicios por crímenes durante el último régimen militar, situación carcelaria y violencia de género.

El texto critica la situación de nuestro país diciendo que: “Se siguió desalojando a los indígenas de sus tierras ancestrales (…) sigue habiendo amenazas a testigos de casos de crímenes durante la dictadura (…) no hay avances con el caso López (…) no hay solución actualmente para el hacinamiento, el maltrato y la desatención en el sistema carcelario (…) sigue siendo de honda preocupación la violencia de género.

Dio el visto bueno a las asignaciones familiares, a los enjuiciamientos de responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado y a la reciente ley para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.

Esta organización del primer mundo, que, como el terrorista Obama ostenta un Premio Nobel de la Paz , es muy escuchada y tenida en cuenta por los medios de prensa. Seguramente sabiendo la responsabilidad que esto implica y también atendiendo a lo delicado que es el tema de los DDHH, divulgan un informe en el que no figuran el gatillo fácil, las torturas sistemáticas, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, la criminalización de la protesta, las represiones masivas, las frecuentes persecuciones al activismo político y las leyes antiterroristas. Nada dicen de Mariano Ferreyra, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Roberto y Mario López, asesinados por luchar.

Tan incompleto es su informe que es superado en denuncia por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Estos , que hablan descaradamente de derechos humanos mientras invaden pueblos…“para salvarlos”, en sus observaciones sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Argentina dejan como tibio el documento de AI ya que sí mencionan al gatillo fácil y las detenciones arbitrarias.

Amnistía Internacional busca en teoría defender los derechos humanos manteniendo y respetando las instituciones gobernantes. Exigen, año tras año, a los gobiernos que impongan el respeto a los pobres, a las mujeres, a los aborígenes, a los que opinan distinto, cuando bien saben que es central función de los diferentes gobiernos el profundizar la pobreza, la miseria, la desigualdad, haciendo que se note lo menos posible.

LA “INSEGURIDAD”: UN BUEN NEGOCIO
Así como hace unos meses el gobernador de la provincia de Bs. As., Daniel Scioli, viajó a Israel para hacer acuerdos con ese gobierno para la provisión de insumos para seguridad, hoy, nuevamente, se busca desde el gobierno provincial aprovechar el tema de la “inseguridad” para seguir haciendo negocios.

La provincia no tiene dinero para aumentar ni a jubilados ni a empleados estatales pero los millones que se están destinando al equipamiento de la bonaerense son cifras extraordinarias. Evidentemente la inversión en “seguridad” es mucho más rentable para Scioli que la educación o la salud.

Apenas entrado el mes de mayo se realizó en casa de gobierno una reunión el jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el ministro Casal, y el jefe de la Policía , Juan Carlos Paggi. Junto a ellos estuvieron el subsecretario de Justicia, Carlos Cervellini; el de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, Julio Pángaro; de Política Criminal el Investigaciones Judiciales, César Albarracín; y de Planificación, Guido Lorenzino Matta. También estuvieron los comisarios generales Hugo Matzkin (superintendente de Coordinación Operativa de Seguridad); Roberto Castronuovo (superintendente de Investigaciones en Función Judicial); Sergio Zudaire (a cargo de la zona interior); Osvaldo Castelli (zona sur); Sergio Bianchi (zona oeste); Guillermo Britos (zona norte); Alexis Ivanoff (superintendente en Seguridad Vial) y Rubén Lobos (superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas).

En esta reunión “consolidaron el bloque de seguridad ciudadana” en el que anunciaron haber incorporado 2.106 policías, destinaron 1.300 vehículos para los municipios, 3.762 cámaras de vigilancia y se pusieron en funcionamiento el 911 “pánico”, el 911 escuelas y el 911 “temático” (exclusivos para desarmaderos y narcotráfico).

A esta mega inversión se suma el reciente acuerdo que el gobernador y el ministro de justicia hizo con el responsable de educación provincial, Mario Oporto, quienes se proponen poner cámaras de seguridad en las escuelas del conurbano para garantizar el permanente monitoreo y una mayor presencia policial.

Evidentemente, para los funcionarios de la provincia, con en el negocio de la “inseguridad” se come, se cura y se educa… y se hacen muchos negocios.

De paso, la policía tendrá cada vez más facultades y herramientas para seguir haciendo su trabajo, cuidar a los ricos y vigilar y reprimir a los trabajadores y los pobres.