Boletín informativo nº 610

A LOS TIROS, 8 AÑOS DE GOBIERNO DE LOS KIRCHNER

Hace unos días, en La Plata, dos familias estaban cenando tranquilas, cuando se escucharon gritos, sirenas y golpes. El dueño de casa corrió a ver qué pasaba, y cuando se acercó a la puerta de entrada, sonó un escopetazo. Las postas de plomo, que atravesaron la madera, le pasaron a centímetros de la cara. Mientras los adultos intentaban poner a resguardo a los pibes, una cantidad infernal de policías irrumpió en la casa a disparo limpio.

Resultó que, gateando, uno de los chicos, de un año y medio, activó por accidente un “botón antipánico”. La empresa avisó a la policía, y la policía invadió la casa a los tiros.

Como siempre, apenas trascendió el hecho, escuchamos las excusas habituales. La cúpula de la bonaerense salió a despegarse, diciendo que las escopetas no pueden estar cargadas con postas de plomo, salvo que la superioridad lo autorice. O sea, la culpa no es de ellos, ni de sus jefes del poder ejecutivo, sino del “tarado” que cargó plomo en lugar de goma… ¿Y Sonia Colman, asesinada el 23 de diciembre de 2007 por un disparo de escopeta con cartuchos con postas de plomo? ¿Y los muertos del 20 de diciembre de 2001 a puro escopetazo, como Gastón Riva y nuestro Petete Almirón? ¿Y Mauro Rotella, el pibe de Baradero? ¿Y el Pata Díaz, asesinado el año pasado en la cocina de su casa, en Moreno?

En los 8 años que acaba de cumplir el gobierno peronista de los Kirchner, mientras se reprime cada vez más, selectivamente, a las organizaciones y sus militantes, y se intensifica, preventivamente, el control social con el gatillo fácil y la tortura, episodios como el de La Plata muestran, con total claridad, cuál es la policía que necesitan, y cuánto vale la vida de cualquiera de nosotros, cuando lo que está en juego es conservar el manejo del aparato del estado para garantizar la defensa de los intereses de los poderosos.

3.183 muertos por el gatillo fácil o la tortura (casi cien asesinados desde que publicamos el último Archivo de CORREPI); más de 6.000 compañeros sometidos a proceso por defender los intereses de los trabajadores; leyes antiterroristas; barrios saturados de policías y gendarmes; detenciones arbitrarias a granel; patotas de la burocracia sindical que funcionan como fuerza de choque del gobierno…. y sigue la lista. Ése es el saldo, 8 años después, en materia de libertades, del gobierno que aspira a replicarse hasta 2015, y es, también, el plan de los “opositores” que le disputan la torta, siempre en contra de los trabajadores y el pueblo.

GATILLO FÁCIL EN PARANÁ Y LLAVALLOL

El caso de la familia tiroteada en La Plata es un ejemplo elocuente del accionar policial: tiran a matar, por las dudas y caiga quien caiga. Después es la prensa la que se encarga de justificarlos. Las noticias policiales (o “de seguridad” en algunos medios) son, en la mayor parte de los casos, la versión policial de los hechos, tendientes a encubrir los casos de gatillo fácil como muertes en confusos episodios o en supuestos enfrentamientos.

La familia platense tuvo la fortuna de no correr con la suerte de Roxana Leguizamón, una joven mamá de 19 años, embarazada de 7 meses, que hoy lamenta la muerte de su bebé por ese accionar rutinario de la policía. Roxana vive en el barrio Gaucho Rivero, al sudoeste de Paraná. El domingo 22 de mayo, recibió un disparo en su vientre al quedar atrapada en un tiroteo entre integrantes de una banda, que habían sido denunciados por protagonizar un enfrentamiento en el barrio, y los policías que los estaban buscando. El bebé murió luego de nacer prematuramente por cesárea a causa de las heridas en la mano y la pierna que le provocó la bala, además de haber sufrido alteraciones en el sistema nervioso y hemorragias.

Otra muerte, se dio el martes 24 en Llavallol cuando Antonio Catarino, un custodio privado de un camión de gaseosas, empezó a los tiros contra dos supuestos motochorros, matando de un certero balazo en la cabeza a uno de ellos. El custodio quedó en libertad después de declarar en la comisaría cuarta de Lomas de Zamora.

MILICOS Y PUNTEROS SE MATAN ENTRE ELLOS

Ya sabemos que los ricos, los que nos gobiernan y sus cipayos represores piensan, planean y ejecutan la represión contra los pobres y contra los que se organizan para mantener las riquezas que cosechan a costa de los trabajadores. Pero también, muchas veces, esa violencia organizada la utilizan para dirimir sus negocios y cuotas de poder. Y también en el entrenamiento para reprimir se pueden hasta matar entre asesinos.

Esto es lo que se demostró con las noticias de estos últimos días que llegaron desde el interior del país. En el regimiento de Infantería de Montaña 26 de Junín de los Andes, Neuquén, un milico fue muerto por otro de un balazo en la cabeza. Las autoridades del Regimiento dicen que fue un accidente, así como tantas otras veces que aparecen canas, gendarmes y militares muertos, que, luego, nos enteramos que se mejicaneaban vueltos del narcotráfico y el robo. Más allá de lo que quieran esconder, se matan entre milicos.

El otro caso que salió a la luz no tiene que ver con sus fuerzas represivas tradicionales sino con la burocracia sindical y los punteros políticos; la fuerza de choque parapolicial; la tercerización de la represión. El hecho ocurrió en Posadas, Misiones. El 25 de mayo pasado, un concejal aliado del intendente Franco invitaba a tomar chocolate a unos niños de un barrio de la ciudad, cuando llegó al lugar un grupo de tres hombres que insultó y amenazó al político. Otro tipo salió en su defensa y uno de los matones lo apuñaló en el pecho y lo mató.

El finado era José Alberto Rodríguez Dos Santos, un empleado municipal de la sección Servicios Públicos y puntero del intendente Orlando Franco. El asesino se llama Luis Oscar Payal, otro puntero y uno de los cabecillas de la misma facción burocrática de empleados estatales. Ya había sido detenido con armas blancas y drogas en su poder. Los punteros políticos también se matan entre ellos.

No importa si son militares, gendarmes, penitenciarios, bonaerenses, federales o provinciales. Tampoco si son burócratas sindicales o punteros políticos. Desde que asumen su rol de vigilante y fuerza de choque de los poderosos, tienen la necesidad de usar la violencia y muchas veces dentro de sus mismas filas.

MÁS MUERTOS EN CÁRCELES

El 18 de mayo murió otro preso en el complejo penitenciario bonaerense de San Martín, donde funcionan las Unidades 46, 47 y 48. Esta vez se trata de Ramón Quintero, un recluso de la Unidad 46, que resultó herido en una pelea en su pabellón. La muerte de Quintero se pudo haber evitado, de no ser por el abandono y la precariedad en la que viven los presos. Los primeros auxilios que debería haber recibido en el penal no se le dieron por una sencilla razón: en todo el complejo, que aloja a 1.500 personas, no había desde hacía días un especialista en sanidad; desde hace más de un mes no se reciben ninguna clase de medicamentos y no hay una sola ambulancia para las emergencias.

Quintero fue trasladado al hospital donde murió, en un Renault 12 modelo ‘85 en condiciones precarias de uso y mantenimiento, obviamente carente de las más elementales condiciones sanitarias.

En otro lugar, desde la Unidad 1 de Coronda, Santa Fe, la organización carcelaria Trascendiendo los Muros denunció la muerte de Lucas González, detenido en esa unidad. Fue encontrado agonizando en su celda, tras lo cual, los compañeros del pabellón donde estaba alojado Lucas, fueron encerrados durante más de 48 horas en sus respectivas celdas, sin agua, luz ni comida, como una forma de continuar con las torturas físicas y psicológicas a que los somete el Servicio Penitenciario.

CONTINÚA LA PERSECUCIÓN PARA LA FAMILIA DE DIEGO BONEFOI

Fue hace ya casi un año que el policía de Bariloche Sergio Colombil fusiló a quemarropa a Diego Bonefoi, de 15 años, por que le resultó “sospechoso”. Este hecho, acompañado por el constante hostigamiento hacia los pobres de Bariloche, que son continuamente violentados por la policía, desencadenó en un levantamiento popular. La bronca de la gente pobre se hizo sentir, como también así la represión de una ciudad hiper turística que no tolera alborotos. La violencia del grupo anti-motines BORA se transformó en decenas de heridos y dos muertos más: Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29.

Al poco tiempo, estando todavía muy latente el tema, el hermano de Diego, Fabio Bonefoi, de 18 años, fue a un hotel, acompañado de un amigo, a buscar trabajo. Al presentarse, lo hicieron esperar y llamaron a la policía. Los efectivos lo detuvieron, lo golpearon duramente y le practicaron un simulacro de ahorcamiento al tiempo que le advertían que no ande por el centro de la ciudad.

Unos meses más tarde, en noviembre, el padre de Diego, Sandro Bonefoi, fue apresado y acusado de agredir a una mujer de un policía que estaba destruyendo material de difusión por el caso de Diego y en contra del gatillo fácil.

Por último, la madre de Diego denunció que, hace dos sábados, varios policías balearon el frente de su casa al grito de “ahora vayan a llorar a Dieguito, chorros” mientras ella y sus hijos dormían. El hecho se produjo un día después de que la fiscalía y la querella pidieran que el cabo Colombil fuera condenado a prisión perpetua por ejecutar a la víctima.

En los barrios de Bariloche en que mataron a Diego y a los otros dos muchachos que repudiaban la violencia policial hay 10.739 familias -un total de 41.450 personas- sin vivienda propia y la desocupación llega a un 25 %. El contraste con la forma de vida que se da en la ciudad (grandes hoteles, turismo internacional, chocolates y esquí) genera esta enorme violencia que necesita el estado para mantener un pueblo en la más profunda miseria mientras ahí nomás se ostentan las máximas comodidades.

Dentro de esa necesidad imperiosa de represión se da el permanente hostigamiento a la familia de Diego, que, cada vez que levanta la voz, mancha el prestigio de esa ciudad tan exclusiva.

POLIVIOLADORES, ACÁ Y EN EL MUNDO

En Corrientes, un sargento de la policía fue detenido por violar a la hija de su novia cuando tenía entre 9 y 12 años de edad. El uniformado se ofrecía para cuidarla cuando su madre salía a trabajar, y, aprovechando su condición policial, la amenazaba con matar a la mamá si ella lo denunciaba.

Durante ese tiempo, la nena se escapó varias veces de la casa y hasta intentó suicidarse, pero el temor infundido por el policía no le permitió contar lo que sufría hasta ahora, tres años después de que su madre se separó del violador, en que pudo decírselo a su psicóloga. El animal fue detenido, al menos por ahora.

En Tijuana, México, una chica fue detenida por la policía el 15 de abril, acusada de tenencia de drogas. Los policías la llevaron a una sala para “interrogarla”, y allí, mientras uno de ellos filmaba, le dijeron que la dejarían en libertad si les daba un poco de “espectáculo”.

La hicieron subir a una mesa ratona, pusieron música, y empezaron a exigirle que bailara y se desnudara. Aterrada, la chica obedeció. En las imágenes que circularon por Internet se ve con claridad cómo unos 15 policías se turnan para manosearla. La difusión del video forzó al alcalde a suspender a los implicados, aunque nadie ha ido preso.

Y, de nuevo en Argentina y en Corrientes, un policía bonaerense retirado, de 60 años, fue arrestado por abusar de dos nenas y un nene, a los que obligó a entrar a su casa a punta de pistola (9mm, reglamentaria) y filmó con su teléfono celular mientras los obligaba a practicar sexo oral.

Acá y en el mundo, el protagonismo policial en delitos sexuales, aprovechando de su condición de funcionario armado para amedrentar, muestra cómo emplean, para sus fines privados, lo que les enseñan a hacer para ejercer el control social.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 9 de junio, desde las 11, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución del trabajador ferroviario Daniel “Neno” Abella.

Lunes 4 de julio, desde las 9:00, concentración en Mendoza 2417 de San Justo, La Matanza , durante el juicio oral contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que fusiló a “Kunky” Méndez (14).