Boletín informativo nº 611

COMO PUEDEN… JUECES Y FISCALES DEFIENDEN A LA POLICÍA

Hace ya casi un año que Sandro Colombil, policía de Bariloche, asesinó de un tiro en la cabeza a Diego Bonefoi que tan sólo tenía 15 años y vivía en un barrio humilde de esa ciudad.

La lucha en repudio a este caso típico de gatillo fácil se cobró la vida de dos jóvenes más, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, a manos de la represión policial.

Aún así, la lucha de los familiares y amigos continuó y la respuesta de la “justicia” fue una condena de 20 años de prisión para el asesino.

Conseguir la condena del asesino de Diego no deja de ser el fruto de la lucha, eso es un hecho que hay que señalar.

Pero Colombil fue condenado por un “homicidio simple”, un delito que podría haber cometido cualquiera, y no por “homicidio calificado” por su condición de policía, lo que es una clara intención de querer desvincular la responsabilidad de la fuerza policial que comete estos asesinatos día por medio, cumpliendo con la función que el estado asigna a esta institución, la del control social sobre los pobres.

Haber admitido la responsabilidad mayor sobre el asesinato por ser Colombil un miembro de la fuerza obligaba a condenarlo a perpetua, cuestión que los jueces intentan evitar en todos los juicios de gatillo, cada vez que pueden.

Muy por el contrario, cuando el asesinado es un policía, el responsable siempre es condenado a perpetua por el agravante de que la “víctima” es un policía.

Ambas figuras fueron incorporadas como ley en 2004, con “el paquete de leyes Blumberg”. La primera se evita y la segunda se aplica rigurosamente.

Esto pone a las claras, de que más allá de la legislación y los fallos, jueces y fiscales protegen de la mejor forma posible a los policías y la institución, pues ellos son los garantes de la aplicación del control social como política de estado.

NARCOPENITENCIARIOS Y POLINARCOS.
Hace unos días, se descubrieron más de dos toneladas de marihuana (2.370 kilos) en el interior de un camión del servicio penitenciario. Detuvieron a los dos choferes, de bajo rango, que de inmediato llamaron a su superior. Porque, como dijo uno de los investigadores judiciales: “Si creemos que dos choferes pueden moverse en un camión oficial con dos toneladas de marihuana sin ningún tipo de protección. Volvimos a creer en los reyes magos”.

Está probado que el camión en cuestión realizó por lo menos seis viajes transportando grandes cantidades de drogas desde Misiones a Buenos Aires.

La misma semana, en Salta, unos policías que estaban haciendo control vial vieron llegar dos autos. Mientras el primero se detuvo y ostensiblemente sus ocupantes intentaron distraer a los policías, el otro auto giró en redondo y fugó del lugar. Pero tuvo un inconveniente mecánico y los policías, alertados por la maniobra, lo alcanzaron. La sorpresa (para ellos) fue que el conductor y dueño del auto era el comisario Carlos Gallardo, jefe de Inteligencia Criminal de Tartagal, que intentó descartar 50 kilos de cocaína que llevaba en dos mochilas. Los cómplices del primer auto aprovecharon a escapar mientras arrestaban a Gallardo.

Como decimos siempre, y se empeñan en demostrar a diario, no hace falta ser muy vivo para darse cuenta quién dirige y protagoniza el crimen organizado del narcotráfico en Argentina.

TRATA DE PERSONAS Y AMENAZAS: UN SERVICIO DE LA FEDERAL

También es bien sabido la policía no sólo cumple a la perfección su función de garante de la seguridad de los ricos atacando a los pobres, sino que, además, se encuentra vinculada a negociados perversos como por ejemplo la trata de personas para la explotación sexual. En estos meses ha salido a la luz una red de trata que funciona en el barrio de Once, a raíz de intentos de secuestros que han sufrido mujeres del barrio y estudiantes de Psicología y del IUNA que cursan por la zona.

Gracias a la organización de los estudiantes y de la gente del barrio, que realizaron marchas y escraches a la comisaría, esto ha llegado a los medios. Los intentos de secuestro se han dado por la noche y también durante la tarde, a plena luz del día, mostrando una verdadera impunidad en la forma de moverse, que deja a las claras que la complicidad policial está garantizada, como siempre.

Hace unos meses nomás, en marzo, la ministra de Seguridad Nilda Garré anunciaba con bombos y platillos las purgas policiales debidas a, entre otras cosas, las vinculaciones de decenas de comisarías con las redes de trata. Esto no es una novedad, las redes de trata funcionan gracias a que la institución policial y jueces y funcionarios las garantizan, lucrando con la libre explotación de mujeres y niños.

En este caso, la comisaría involucrada es la 8ª. Los vecinos y estudiantes organizados a raíz de estos hechos han realizado escraches en dicha comisaría denunciando la complicidad policial, ya que, bien entienden que la solución a este problema no es más presencia policial en las calles, como nos quieren hacer creer los medios y el gobierno con el famoso discurso de la “inseguridad”, sino que, para nosotros, inseguridad es la policía en la calle.

Y por si faltaban pruebas de la vinculación policial, una de las estudiantes que está activamente denunciando estos hechos ha recibido amenazas telefónicas en su casa, en un intento de amedrentarla, otra de las metodologías más usadas por la policía para intentar hacernos callar y garantizar su impunidad.

La solución a este problema no va a venir de la institución policial, quien está claramente involucrada en este negociado; ni tampoco lo solucionan las lavadas de cara de la policía que pretenden Garré y compañía con sus purgas; acá y siempre el camino es la organización y la lucha popular

EN EL BORDA NOS DAN LA RAZÓN.

La semana pasada, dos presos murieron en un incendio en la Unidad Penitenciaria 20 que funciona anexa al Hospital Borda de Barracas y otro resultó herido. La causa judicial está dando vueltas por tribunales, ya que ninguno de los dos juzgados de turno (el que correspondía a la comisaría de la zona, y el que estaba de guardia con el servicio penitenciario) se quiere hacer cargo de investigar el hecho. Y se lavan las manos, total los muertos son dos presos y encima loquitos.

Por supuesto, el gobierno nacional y el de la ciudad compitieron para echarse la culpa unos a otros, ya que el hospital es municipal, pero la Unidad 20 depende del servicio penitenciario federal. En definitiva, ambos mataron.

Y nos matan, desde el estado, una persona por día. La mitad, son los pibes pobres fusilados en las calles y los barrios. Casi la otra mitad, son muertos en lugares de detención (comisarí­as, institutos de menores, y cárceles). Después del gatillo fácil, estar preso es la principal causa de muerte a manos del estado. Sólo en la cárcel de Coronda, por ejemplo, murieron 114 presos de forma violenta en los últimos 10 años.

Esas muertes, son presentadas como inverosímiles suicidios o incendios donde los candados se ponen una vez que el fuego estalló, como en Magdalena; o son ejecuciones hechas por “soldados”, los presos reclutados por el servicio, que salen a robar para ellos, que manejan el negocio de la droga, y que matan también cuando se les ordena, para que esas muertes figuren en las estadí­sticas como “peleas entre presos”.

Los asesinatos en las cárceles son una tuerca más del engranaje represivo estatal. No es posible imaginar un sistema carcelario diferente dentro del orden burgués, ni pueden hacer diferencia real un par de propuestas reformistas “humanitarias”, como intentan lograr, y a veces consiguen, de muy buena fe, los compañeros que se dedican al trabajo asistencial en las cárceles.

No hay solución alguna al “problema carcelario” en este marco, como no lo hay para el gatillo fácil, las torturas, la persecución polí­tica y el resto de los problemas de la clase trabajadora. Mientras vivamos en una sociedad de opresores y oprimidos, pensar en “reformas democráticas” es estéril.

En el Borda murieron dos presos en un incendio cuyas causas dormirán el sueño de los injustos en algún juzgado, mientras el gobierno jamás será declarado culpable. En el Borda hay “locos” en manos de Macri y “locos y presos” en manos del SPF de Cristina Fernández, que sufren las condiciones de encierro y mueren. En el Borda hay abandono y negocios del estado.
En el Borda, nos dan la razón.

DESALOJOS EN EL BAJO FLORES Y EN MENDOZA

La semana pasada, fuimos testigos de dos violentos desalojos en Bajo Flores, realizados por la policía metropolitana con apoyo de la federal y gendarmería.

El primero sucedió en un complejo habitacional ubicado entre las calles Lafuente, Castañares y Portela, que estaba ocupado desde hacía tres meses. Se trata de unidades habitacionales que estaban destinadas, según informó la ministra Vidal, a habitantes de asentamientos levantados a orillas del Riachuelo. La orden fue dada por juez federal Luis Armella de Quilmes e intervinieron las tres fuerzas.

El segundo fue en las veredas de Riestra y Portela, asentamiento conocido como de “La Veredita”, a una cuadra del complejo habitacional, donde vivían desde fines del año pasado más de 200 personas. El operativo incluyó el uso de una camión de Defensa Civil junto con dos topadoras.

Este sistema genera desigualdad, pobreza y hacinamiento, que se suman a la enorme crisis habitacional que padecemos. A quienes no tienen otra alternativa que vivir en la calle, a los más pobres y damnificados, se los castiga mediante desalojos y represión. Vemos, además, cómo, más allá de la supuesta rivalidad entre la metropolitana y la federal, las dos actúan en conjunto, también con gendarmería y los “civiles” de Defensa Civil, con los mismos mecanismos a la hora de reprimirnos.

También esta semana le tocó a Mendoza, con un desalojo en Jocolí, cerca del límite con San Juan. La empresa multinacional española Argenceres S.A., conocida en Mendoza por la precarización hacia sus trabajadores, barrió con todo lo que se encontraba a su paso con el fin de expandir su territorio, incluyendo el campo de una familia, el que destruyó con topadoras y cargadoras y luego avanzó con alambrado.

El empresario, Antonio José Marchal “quiere desarrollar allí el emprendimiento olivícola más grande del mundo”, dijo, y para ello se está apropiando de campos y por sobre todo de vertientes y acuíferos.

Cuando la familia desalojada fue a hacer la denuncia, desde la comisaría no aceptaron tomársela, por lo que comenzaron un reclamo instalando una carpa en el lugar con el apoyo de diversas organizaciones. A partir del reclamo, la fiscal mendocina María Luisa Canata ha dado la orden de que los campesinos salgan del lugar o los imputará por usurpación y daño.

Queda en completa evidencia cómo el gobierno se pone del lado de las empresas, permitiendo su hostigamiento hacia el pueblo, así como criminalizando la protesta, denunciando y amenazando a quienes reclaman lo que es justo.

CONTINÚA LA PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN ENTRE CHÁVEZ Y COLOMBIA

El último jueves, el presidente Hugo Chávez afirmó que su gobierno “no permitirá la presencia en el país de ningún cuerpo armado… Detuvimos al rebelde cumpliendo con nuestra obligación, y seguiremos haciéndolo”. Lo dijo después que sus fuerzas represivas capturasen a un alto miembro de las FARC. Se trata, esta vez, de Guillermo Torres Cueter, alias “Julián Conrado'’.

“Venezuela realizó la detención del rebelde cumpliendo con nuestra obligación y seguiremos haciéndolo y estoy seguro que del lado de allá también'’, dijo el presidente militar. Con esta frase da cuenta de que la represión no es una cuestión de buenas voluntades sino de una necesidad que tienen los ricos, más allá de las banderas, para perseguir a los que se organizan y luchan.

El director de la policía nacional de Colombia informó que pagará una recompensa a un buchón que aportó datos claves para la captura de Torres Cueter, que será deportado en días próximos. A fines de abril, Joaquín Pérez Becerra, periodista y editor de la Agencia Anncol, que difunde información de las FARC, fue también apresado y entregado por el gobierno chavista.

El gobierno de Hugo Chávez ya entregó a una decena de luchadores a Colombia. La persecución a los que luchan es política de estado y la colaboración de los distintos gobiernos burgueses para esa política demuestra que la única salida es la organización y la lucha fraterna.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 9 y viernes 10 de junio, desde las 11, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución del trabajador ferroviario Daniel “Neno” Abella.

Lunes 4 de julio, desde las 9:00, concentración en Mendoza 2417 de San Justo, La Matanza , durante el juicio oral contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que fusiló a “Kunky” Méndez (14).

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

- El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.