Boletín informativo nº 613

POLIASESINO Y POLIVIOLADOR DE LA SEMANA

No es lo mismo un asesino que un policía asesino; no es lo mismo un violador que un policía violador. Como siempre, los perros guardianes de los poderosos creyeron que sus chapas les iban a dar la impunidad que ven cotidianamente cuando se trata de sus asuntos con el resto de la sociedad.

Leonel Hernán Ledesma, un militar de 25 años, fue condenado a 30 por diversos hechos de violación ocurridos entre 2008 y 2009. Tenía un sistema para secuestrar a las víctimas: las hacía subir engañadas a su auto, las amenazaba con el arma, las violaba y les robaba. Generalmente aprovechaba alguna situación de emergencia de las víctimas, como una de ellas, que estaba siendo golpeada por su novio cuando él llegó a “rescatarla”.

Condena llamativa, cuando en la mayoría de las condenas por asesinatos de gatillo fácil, las condenas, cuando las hay, no suelen superar los 10 años. Sin descuidar que se les debe justicia a las víctimas, esto nos habla de que a los jueces les parece más grave una violación que un asesinato. ¿Será el sector de la sociedad del que provienen las víctimas lo que marca la diferencia?

En otro hecho, esta semana, en Santa Fe, encontraron los restos de un macabro asesinato a manos de un policía cuyos datos fueron debidamente preservados en los medios. Este policía mató y descuartizó a su cuñado en lo que fue un ajuste de cuentas o un asunto por drogas. Lo que no sabemos es que tiempo le darán de prisión si lo condenan.

Lo que sí sabemos es que, cuando esto ocurre, cuando condenan por un tiempo largo a un desclasado, es porque el crimen que cometió no puede ser ignorado y es lo que se dice: una bomba. En estos casos, para la clase dominante es mejor conservar el sistema y quemar el fusible, total mientras el resto de la policía cumpla su verdadera función de control social y represión, que cada tanto den algún “castigo ejemplificador” no es problema.

VIGILAR Y REPRIMIR

A pesar de escuchar constantes pleitos entre las diferentes fracciones de la clase dominante, cuando se trata de controlar al pueblo para poder seguir sometiéndolo, todos hacen su aporte.

Durante esta última semana, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, acordó entregar a los canales de televisión las imágenes en vivo captadas por las 1.023 videocámaras instaladas en los diversos barrios porteños en busca del control social y con el pretexto de la tan mentada “inseguridad”.

Esta medida (que junto a tantas nos acerca cada vez más a la realidad que plantearan Aldous Huxley en “Un Mundo Feliz” o George Orwell en “1984”) significa un tremendo aporte, en cuanto a material, al trabajo llevado a cabo por los medios en busca de instalar el miedo colectivo destruyendo la confianza del prójimo, y por lo tanto, la solidaridad dentro del pueblo, además de mostrar como acertado e indispensable el aumento de presupuesto para represión, la saturación de efectivos en la calle y la instalación de estas mismas cámaras.

Por otro lado, Daniel Scioli anunció que el gobierno bonaerense instalará más de 200 cámaras de seguridad en 32 asentamientos urbanos del Gran Buenos Aires.

La vigilancia monitoreada comenzará en la primera semana de julio y serán seleccionadas las villas que –de acuerdo con los relevamientos estadísticos - estén más comprometidas con los índices delictivos.

Entre las prioridades figuran las villas Carlos Gardel (Morón), Fuerte Apache (Tres de Febrero), La Rana (San Martín) y Pepsi (Florencio Varela)

Lejos de buscar soluciones a los problemas de pobreza, desocupación y viviendas, el gobierno profundiza el control sobre los que menos tienen.

Seguramente la policía, con esta medida, haga mejor su trabajo. Con las cámaras en los barrios de emergencia, ahora sí va a poder garantizar tener el monopolio de la venta de droga y la organización total de los grupos delictivos.

UN EJEMPLO DE LUCHA

Como contábamos en el Boletín nº 612, el 10 de junio, integrantes de agrupaciones peronistas y del Frente para la Victoria tomaron la sede provincial de ADOSAC, el sindicato docente de Santa Cruz, y mantuvieron de rehenes a varias personas. Ese mismo día, partió desde Buenos Aires una caravana solidaria en apoyo a la lucha que vienen llevando a cabo los docentes de Santa Cruz.

El domingo, cuando el micro llegó a dicha provincia (luego de haber soportados varios retenes policiales durante el viaje) fue detenido por la gendarmería con la excusa de que los choferes no habían descansado lo suficiente. Pero la solidaridad pudo más, los militantes de ADOSAC que ya se encontraban en el límite provincial hicieron correr la noticia y pusieron sus coches a disposición para transportar a todos los militantes.

El día sábado 11, se realizó en Andalgalá la Caminata por la Vida contra la minería contaminante. Los manifestantes exigen el fin de los proyectos de las mineras Alumbrera y Agua Rica.

Mientras de desarrollaba la movilización, cuando la columna pasaba frente a las oficinas de la empresa canadiense Agua Rica, 30 empleados de la minera, con camperas con el logo de la empresa, arremetieron contra la columna de mil personas, provocando y agrediendo verbal y físicamente.

Este episodio se dio en el marco de la represión continua que vienen sufriendo los vecinos de Andalgalá que resisten el avance de la empresa.

Cuando la lucha se desarrolla de forma independiente y combativa, la única respuesta que el estado da es la represión, ya sea poniendo sus perros guardianes al frente, o tercerizando la mano de obra represiva a través de las patotas.

La respuesta, tanto por parte de los docentes de Santa Cruz como de los vecinos de Andalgalá, son un ejemplo a seguir. Su única respuesta fue y debe ser la organización, la solidaridad de clase y la lucha.

REPRESIÓN PARA DISCIPLINAR, COOPTACIÓN PARA SILENCIAR

Hace unos días, Ricardo Dilan, un joven de la etnia wichi, de 28 años, fue detenido por la policía chaqueña por una contravención, y llevado a la comisaría. Horas después, según la versión oficial, se deprimió tan profundamente que confeccionó una cuerda con tela del colchón, y se suicidó.

A mil kilómetros de la selva chaqueña, en el barrio Trujuy de San Miguel, el domingo 12 de junio por la noche, otro muchacho, Elio Redioniggi, fue detenido por averiguación de antecedentes. Lo trasladaron a la comisaría 1ª de San Miguel, donde fue víctima del mismo virus suicidófilo, según explicaron los policías a su familia.

Dos jóvenes pobres y morochos, ninguno acusado de cometer un delito, víctimas favoritas del inmenso arsenal de facultades para detener personas arbitrariamente. Una vez más, el sistema de detenciones policiales arbitrarias prueba que es, sistemáticamente, la puerta de entrada, no sólo a la comisaría, sino a la tortura y la muerte. Como Walter Bulacio, como Sergio Durán, como millares de otros, codo a codo con los fusilados por el gatillo fácil.

Una vez más, también vemos cómo, tras la represión que busca disciplinar por el miedo, viene la cooptación, a través de funcionarios destacados para mostrar el lado “bueno” del mismo estado que mata, o, mejor aún, a través de sus facciones políticas colaterales disfrazadas de “militantes sociales”.

En el Chaco, ante el reclamo de la comunidad wichi, fue el fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca, el que rápidamente convocó a los referentes del pueblo originario y les juró “investigar el caso”. En San Miguel, la tarea quedó a cargo del oficialista Movimiento Evita, que, con duros términos, salió a denunciar el asesinato de Elio. En plena campaña electoral, aprovecharon para hablar de las “bandas armadas y descontroladas de la policía bonaerense”, como si fueran marcianos, y no la obediente tropa del gobernador peronista, miembro del mismo partido que dirige el gobierno nacional, cuyo “proyecto nacional y popular” comparte el Movimiento Evita.

Así, ocultan que el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias forman parte de una misma política de estado, que, junto a la represión selectiva, aplican tanto el gobierno nacional como los provinciales, porque todos la necesitan para defender los intereses en cuyo nombre gobiernan.

REPRESIÓN EN COLOMBIA Y VENEZUELA

El terrorismo de estado en Colombia, que tiene más de 7.500 presos políticos, volvió a ser noticia esta semana. El 2 de mayo, más de 300 prisioneros detenidos en una prisión conocida como La Tramacúa se declararon en desobediencia civil en contra de las constantes violaciones a sus derechos. Protestaban tanto contra las torturas a las que son sometidos como a las condiciones de hacinamiento en que son obligados a vivir.

El 11 de junio, el Grupo de Reacción Inmediata (GR) ingresó en las torres 1, 2, 3, 4, y 5, donde muchos detenidos protestaban subidos y amarrados a las estructuras del penal, y procedieron a soltar y bajar a los 132 prisioneros que estaban en esas condiciones. Durante algunos días se desconoció el estado de varios detenidos. A partir del operativo, las denuncias por torturas a quienes protestaban se multiplicaron. Se calcula que hubo más de 30 presos heridos en la brutal acción represiva. Presentaron asfixias, laceraciones, lesiones de gravedad, todo como consecuencia de haber sido golpeados con almohadas rellenas con piedras, cortados con objetos metálicos, arrojados desde las estructuras o de haberse abusado del uso de gases lacrimógenos.

La Tramacúa es una verdadera Abu Ghraib en territorio colombiano. Forma la primera parte en la serie de represión diseñada por los Estados Unidos para el sistema penitenciario colombiano en el marco del Plan Colombia. Fue planificada y supervisada por la Oficina de Prisiones de ese país, que proporcionó al menos U$ 4,5 millones para su desarrollo. Se concentra a los presos políticos colombianos junto con paramilitares que poseen toda clase de privilegios y forman un servicio penitenciario paralelo.

Los presos carecen de agua, sólo pueden acceder a un chorrito durante diez minutos por día, son sometidos a torturas físicas y psicológicas, se les niega tratamiento médico y se los mantiene en un ambiente degradado, al extremo que se ha llegado a encontrar excrementos en la comida que consumen.

El hecho de que los presos políticos colombianos sean destinados a prisiones como La Tramacúa evidencia aún más el tipo de política que lleva adelante el gobierno de Chávez que, desde 2009, ha entregado a unos 25 luchadores para que mueran en las mazmorras del régimen fascista de Colombia. Todo ello amparado en la razón de estado. En su momento Chávez se llegó a referir a las FARC-EP y al ELN como fuerzas beligerantes. Luego, conociendo la trágica experiencia de la Unión Patriótica, exigió el desarme a estas organizaciones. Ahora las califica de terroristas. En la lucha contra el terrorismo ha justificado las últimas entregas de Joaquín Pérez Becerra y de Julián Conrado.

Es que el régimen venezolano presenta las mismas características que el resto de los países latinoamericanos en cuanto a la política represiva contra el pueblo. Recordemos por ejemplo los hechos de sicariato contra activistas sindicales.

Recientemente, la policía venezolana de Chacao fue filmada golpeando brutalmente a un grupo de detenidos. Esa acción fue justificada por la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, como parte de una “cultura instalada” en dicha policía municipal. Agregó que no era lo mismo una policía dirigida por la derecha fascista que “una policía a cargo de personas identificadas con el proyecto humanista consagrado con la Constitución Bolivariana”.

La defensora venezolana recurrió a un símil de la teoría duhaldista de los “bolsones de autoritarismo heredados de la dictadura” condimentada por una buena dosis de progresismo al sostener que todo es un problema de educación. Lamentablemente para quienes creen en este tipo de propuestas, poco tiempo después de ese hecho, se conoció la muerte de tres personas que se encontraban detenidas en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), una policía que se encuentra bajo la responsabilidad del Gobierno Bolivariano. Seguramente tendrán preparada la teoría de la relativa autonomía de la burocracia policial para justificar este hecho.

El aparato represivo estatal cumple la misma función en todos los países donde impera una sociedad dividida en clases. Mientras en Venezuela no sean revolucionadas esas relaciones sociales de clase será lógico ver esta cooperación entre los gobiernos colombiano y venezolano así como el accionar policial que relatábamos más arriba.

MARTÍN BASUALDO Y HÉCTOR GÓMEZ, DESAPARECIDOS, 17 AÑOS DESPUÉS

Hace 17 años, a plena luz del día, en Paraná, Martín Basualdo acompañó a su amigo Héctor Gómez a buscar leche en polvo para su bebé. Nunca más se supo de ellos. Sólo algunos testimonios dispersos y asustados permitieron reconstruir que fueron subidos a un patrullero.

En aquellos años de fascinación con la democracia, hablar de nuevos desparecidos era, para muchos, poco menos que una herejía. A pesar de que ya había desaparecidos en Mendoza, en La Plata, y, desde 1994, en Paraná.

Los compañeros de la Revista El Colectivo, de Paraná, recordaron esta semana el aniversario, y escribieron: “Las crónicas de los diarios afirmaban que ya había amanecido, que la noche negra había pasado. Los gobernantes, los jueces, la policía no podían haber sido. Los gobernantes eran democráticos, los jueces probos e imparciales, la policía estaba al servicio de la comunidad. Sin embargo dos pibes se esfumaban, y el pasado que, según decían había pasado, se hallaba doblando la esquina”.

Más de 100 personas, en su mayoría jóvenes, desaparecieron a manos de la policía en los pasados 25 años. Desde Miguel Bru a Luciano Arruga, desde el mendocino Guardatti a Jorge Julio López, desde Andrés Núñez a Iván Torres, desde Martín y Héctor al cordobesito Flores, de sólo 5 años.

En este nuevo aniversario, CORREPI saluda y abraza a los familiares de Martín y Héctor, compañeros que nunca bajaron los brazos, y siguen luchando.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

- 27, 28 y 30 de junio, a partir de las 11:00, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución del trabajador ferroviario Daniel “Neno” Abella, denunciado por la empresa UGOFE por “daño”, por pintar “Pedraza asesino” al día siguiente del crimen de Mariano Ferreyra.

- 4, 5 y 6 de julio, desde las 9:00, concentración en Mendoza 2417 de San Justo, La Matanza , durante el juicio oral contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que fusiló a “Kunky” Méndez (17).

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional