Boletín informativo nº 614

LA JUSTICIA NO ES CIEGA: OTRA DE TORTURAS IMPUNES

Como sabemos, la policía es sólo una de las herramientas que tiene el estado para llevar adelante su plan sistemático de represión a los pobres, es su brazo armado. Pero luego, existe el aparato judicial, que es quien se encarga de que la “justicia” del estado caiga con todo su peso sobre los que menos tienen y quien garantiza la impunidad de la policía para torturar y matar, cumpliendo así ambos su función de control social sobre el pueblo.

Un claro ejemplo de a quién defienden los jueces y a quiénes condenan lo tenemos en las noticias de esta semana. El tribunal oral n° 4 de San Martín llevará a juicio a cuatro jóvenes que escaparon en 2005, del centro de rehabilitación “Volver a empezar”, de Tortuguitas, luego de haber sido golpeados y torturados por los celadores. Las torturas consistían en, por ejemplo, obligarlos a meterse en un pozo que les hacían cavar, permanecer allí por horas mientras les arrojaban agua podrida o hacer simulacros de ahogamiento, entre otras cosas.

Un día, los jóvenes lograron encerrar a tres celadores en un baño para poder escapar. En su huída se llevaron ropa, un celular y 70 pesos. Ahora son llevados a juicio, acusados de “robo agravado por el empleo de arma”. En cambio, a los torturadores no se los acusa de nada. Es más, los hechos ni siquiera se investigaron.

Así es como actúan sistemáticamente los jueces, enjuiciando y encarcelando a los pobres y avalando y garantizando las torturas y la impunidad de los torturadores. Y en los casos en que se logra llevar a los torturadores y asesinos de nuestros pibes a juicio, las torturas se convierten en “apremios ilegales” o cosa parecida, escondiendo que, en democracia, las torturas también existen y, como siempre, las ejecuta el estado.

Nota: El TOC 4 de San Martín es el mismo que, en 2001, se negó a condenar por torturas al policía Juan Carlos Botrón, quien, junto al prófugo Marcelo Palleroni, apaleó y aplicó submarino seco a siete chicos un fin de semana de julio de 1999. “Una sola aplicación de la “bolsita” no llega a ser tortura”, dijeron los jueces, para justificar una pena excarcelable…

POLICÍA, GENDARMERÍA Y PREFECTURA EN LA CALLE: AHORA SÍ ESTAMOS INSEGUROS…

En menos de una semana, tres noticias involucraron a la gendarmería con el negocio del narcotráfico. El gobierno trató, como siempre, de despegar a la fuerza enmarcando estos hechos en el funcionamiento del “operativo transparencia”.

Lo cierto es que 966 kilos de clorhidrato de cocaína eran transportados por dos gendarmes cerca de la localidad de Tartagal, recién contrabandeados desde Bolivia.

Al mismo tiempo, aparecieron 444 kilos que iban a transportar en un “narco velero” por Puerto Madero.

Y 145 kilos de marihuana fueron incautados a dos suboficiales de la gendarmería en Misiones.

A pesar de lo escandaloso del asunto, la ministra Garré, justifica a sus fuerzas de seguridad e intenta dar una respuesta ante la situación: “son muy jóvenes, recientemente incorporados a la fuerza y con muy poca experiencia”. “Uno supone que no eran estos chicos quienes podrían estar en condiciones de financiar esto. Seguramente, fueron contactados para transportar la droga. Atrás de esto hay una organización de mucha envergadura”. Y hay que reconocer que en esto Garré tiene razón, si cayeron fue por inexperiencia… todavía no aprendieron cómo se hace el negocio ni con quién hay que transar.

Pero la ministra, no sólo se muestra “compresiva” con las fuerzas, sino que anunció que serán el apoyo del gobierno nacional para la disputa electoral en la Ciudad.

¿Cómo? Les dará el control de las comisarías de la zona sur de la Capital, con la oportunidad de que ahora gendarmes y prefectos compartan los negocios de la droga, los robos y la prostitución en los barrios más empobrecidos de la Ciudad de Buenos Aires: Prefectura iría a las seccionales 24ª (La Boca), 32ª (Pompeya/Barracas/Parque Patricios) y 34ª (Parque Chacabuco/Boedo), mientras que gendarmería se ocuparía de la 26ª (Constitución/Barracas), la 28ª (Barracas/Parque Patricios), 36ª (Villa Soldati/ Bajo Flores), 30ª (Barracas) y 52ª (Villa Lugano).

Y para no quedarse afuera, Macri también mandará la metropolitana a los barrios sureños a partir del 1º de julio.

Represión y control social sigue siendo la respuesta del oficialismo y los partidos de la oposición propatronal. Todos hablan de las mil y una forma en que combatirán la inseguridad, metiéndonos cada vez más policías de toda clase y color, gendarmes y prefectos que se disputan a capa y espada los negocios de más repugnantes.

Por supuesto, a ninguno de los candidatos, ni a sus partidos, les preocupa el problema de la vivienda, del trabajo, de la pobreza, de la educación ni de la salud del pueblo. Para cuando esos problemas estallan y el pueblo se indigna por las condiciones a las que nos someten a vivir, están los palos, los hidrantes, los perros, las balas, la cárcel.

LA COTIDIANA REPRESIÓN DEL KIRCHNERISMO

El autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos” es el mismo que mata un pibe por día de gatillo fácil, el mismo que pretende constantemente enriquecer su aparato represivo, el mismo que reprime constantemente las luchas sociales y criminaliza la protesta.

Esta semana, los compañeros docentes de Santa Cruz, agremiados en ADOSAC, fueron víctimas de la represión policial. Los compañeros llevan una lucha desde febrero en reclamo de mejoras salariales, algo tan simple como que su sueldo alcance para cubrir la canasta básica familiar. A lo largo del conflicto, fueron víctimas, en su provincia, de distintos tipos de amedrentamientos (desde difamaciones hasta golpizas).

Con cuatro meses en plan de lucha y 50 días de paro, los docentes decidieron hacer un acampe frente al ministerio de Trabajo nacional. La respuesta fue aún más violenta. La noche del jueves, la policía desalojó a los trabajadores mediante carros hidrantes y bastonazos, dejando varios heridos y llevándose a 4 compañeros detenidos.

El candidato a jefe de gobierno de kirchnerismo, Daniel Filmus, quiso justificar la brutal represión: “se trata de respetar todos los derechos”, y agregó refiriéndose al Frente Para la Victoria “somos bastante respetuosos a ultranza de los derechos de expresión y manifestación de todos los sectores”, apoteótica caradurez de un gobierno que acaba de apalear a trabajadores organizados que reclaman un salario digno.

En solidaridad con los compañeros docentes, el viernes se convocó a marchar a Plaza de Mayo. Nuevamente hubo represión, esta vez a militantes del Frente de Organizaciones Clasistas (FOC). 49 militantes fueron detenidos, 6 de ellos menores de edad.

Este no fue el único conflicto de la semana. En Vicente López, un grupo de vecinos organizados quiso expresar su rechazo hacia el Vial Costero, autopista que quieren construir en la zona. La policía de Scioli volvió a reprimir, así como se llevó detenidos a seis de manifestantes (uno de ellos menor de edad) por “resistencia a la autoridad”. Será que pretendían que los manifestantes se quedaran quitecitos recibiendo balazos de goma.

El gobierno kirchnerista ya no puede seguir ocultando su naturaleza represiva. La violencia con que se muestran hacia quienes reclaman, con apaleamientos, desalojos, detenciones, es prueba fehaciente de que este gobierno, lejos de ser “respetuoso de los derechos de todos”, lejos de promover “la vuelta a la militancia de los ´70”, es el gobierno de la desarticulación de las luchas sociales, el que reprime la protesta, el de mayor cantidad de presos políticos desde el ´83. No nos engañamos, sabemos que el kirchnerismo no tiene nada de novedoso, que gobierne quien gobierne, estará siempre respondiendo a intereses opuestos a los del pueblo trabajador.

FERREYRA, ASESINATO Y DESPUÉS

Después del asesinato de Mariano Ferreyra, el estado echó a andar su maquinaria para ocultar el mecanismo que llevó a esa muerte, entregando su engranaje más sucio, débil y reemplazable (Pedraza y su patota, abandonado también por la CGT). De esta forma, la jueza Wilma López lo encarceló, como organizador, junto a Fernández, del homicidio calificado y las tentativas de homicidio de Elsa Rodrí­guez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

Pero, aunque lo quieran ocultar, no hace falta usar herramientas muy precisas para saber que UGOFE, la gerenciadora del FFCC Roca, es quien licenció a los miembros de la patota; que la secretarí­a de Transporte y el ministerio de Trabajo no sólo sabían, sino que comparten con Pedraza el negocio de las empresas tercerizadoras, disfrazadas de cooperativas. Con las escuchas telefónicas, se confirmaron la amistad y los negocios comunes de Pedraza con Tomada, hoy candidato a vicejefe por la ciudad, etc.

En este berenjenal de responsabilidades estatales disimuladas, la justicia también trata de esconder bajo la alfombra la participación de la policí­a federal el dí­a del asesinato, abriendo una causa paralela para distraernos.

Aunque está recontra probado que no se trató de una simple “zona liberada” por omisión, sino que la policía federal hizo un aporte fundamental al plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, y luego garantizando su escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar, los seis jefes policiales involucrados fueron procesados sólo por abandono de persona agravado por haber resultado la muerte, y graves daños en el cuerpo y la salud de las ví­ctimas, y por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, delitos que, sumados, apenas si superan los 15 años de prisión.

Así, el fiscal y la jueza desoyeron el planteo que hicimos los querellantes, reclamando que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay y los oficiales Echavarría y Conti, fueran procesados como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua.

Esta policí­a federal es la que el gobierno trata de cuidar, mientras reciben 15 denuncias diarias por irregularidades de la fuerza; mientras releva policías todos los días por sus negocios con la droga; mientras hay 90 oficiales federales investigados y 12 comisarí­as fueron allanadas por protección de prostí­bulos. Como necesidad de clase, el gobierno ordena a su justicia castigarlos lo menos posible por su participación en la muerte de Ferreyra.

Como dijimos en una de las audiencias ante la cámara de apelaciones, “Son todos los que están, pero no están todos los que son”. Y el gobierno quiere que sean menos los juzgados y menos los castigados, y que su gente quede lo más al margen posible. Por Mariano, por todos los caí­dos para que este sistema siga funcionando, no tenemos que dejarlos.

DOS MUERTES MÁS: INTRAFUERZA EN PREFECTURA Y UN FEDERAL NO AGUANTÓ SER CORNUDO

La semana pasada, en nuestro boletín, escribíamos que un “policía mató y descuartizó a su cuñado en lo que fue un ajuste de cuentas por drogas” en la provincia de Santa Fe. Estos últimos días nos enteramos de otros dos casos en los que las fuerzas represivas resuelven sus asuntos personales con las armas, la impunidad y la protección que les garantiza el estado por ser los protectores de los intereses de los ricos.

El represor de prefectura Octavio Romero desapareció la noche del sábado 11 de junio, cuando iba a un cumpleaños. Su cuerpo fue hallado flotando en el río frente a la costa de Vicente López el viernes 17. Sus compañeros lo hostigaban por ser gay. La autopsia determinó que al menos dos personas debieron haber participado en el crimen y que el prefecto no atinó a defenderse.

Brian Ezequiel Ojeda, de 16 años, murió de un tiro, también el viernes 17. Le disparó el cabo de la federal Pedro Mercado, de 35 años. Los medios abordaron la noticia según la información que dio la policía: “un enfrentamiento en ocasión de robo en la localidad de Burzaco”. Luego de un par de días, se supo la verdad: el policía no se aguantó ser cornudo y, cuando encontró al adolescente con su mujer, lo mató de un tiro. Pero esto no es todo: la adúltera estuvo en la escena del robo que armó el policía, una mujer también fue quien le avisó de la muerte a los padres del chico, en vez de ser algún miembro de la fuerza, y el fiscal les dijo que “el tiro lo tenía en el pecho” pero los empleados de la cochería les contaron que “las heridas estaban en la espalda y en el cuello”. El asesino a sueldo, como siempre, sigue libre.

Las fuerzas resuelven con sangre todos sus conflictos personales; los jueces y fiscales los protegen y los medios los legitiman hasta que no les queda más remedio que publicar la verdad: que el estado sigue asesinando.

LEGISLADORA PRO… TRATA

Un artículo publicado esta semana por el periodista Lucas Schaerer María muestra, de nuevo, la eterna vinculación entre los políticos del sistema, la policía y los negocios del crimen. Esta vez, la denuncia periodística hace referencia a la legisladora de la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Rodríguez Araya, que está en pareja nada menos que con el ex comisario Jorge Cipolla, echado de la federal por extorsionar dueños de prostíbulos a los que les cobraba protección.

Como si eso fuera poco, además, Cipolla, ex jefe de la División Antisecuestros de la PFA, intervino en la investigación cuando desapareció la joven Florencia Penacchi, y se sospecha de una manipulación para embarrar la causa, incluyendo declaraciones a los medios desautorizando la idea de un secuestro de redes de trata de personas y opinando que “se habría ido con un novio”. Igual que cuando desaparecieron a Jorge Julio López, y Aníbal Fernández dijo “se habrá ido a lo de la tía”…

La legisladora del PRO también tiene relaciones con personajes como el ex coronel José Luis Bo, condenado por espiar jueces, organismos de derechos humanos y partidos políticos en los ’90.

Todo salió a la luz cuando, desde su banca en la legislatura de la ciudad, Rodríguez Araya convocó a varias ONGs para trabajar un proyecto contra la trata, y quedó en evidencia su involucramiento, marido mediante, con lo más podrido de los proxenetas: los poliproxenetas. O, en este caso, propoliproxenetas.

Próximas actividades: 4, 5 y 6 de julio, desde las 9:00, concentración en Mendoza 2417 de San Justo,La Matanza , durante el juicio oral contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que fusiló a “Kunky” Méndez.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS