Boletín informativo nº 618

EL GATILLO DE GARRÉ

El 20 de julio, Ariel Domínguez, un joven de 22 años que salía de la empresa donde trabajaba, recibió un disparo policial en la cabeza que lo mató en el acto. La primera versión habló de “delincuentes” perseguidos por la policía. Como esa les falló, porque Ariel estaba esperando el colectivo con sus compañeros, y el grupo de pibes resultó ser de estudiantes festejando el día del amigo, recurrieron a otro clásico, la excusa del “accidente”.

A partir de entonces, los medios, que reproducen sin beneficio de inventario la versión policial, afirmaron que el arma del policía se cayó y “se disparó” solita, con tanta puntería que el tiro fue a la cabeza. De nuevo, la tesis de las armas que disparan sin que nadie las gatille, ocultando que una Bersa Thunder 9 mm, aún sin seguro y con bala en recámara, necesitan que un dedo apriete la cola del disparador con una fuerza de 3 kilos y medio a cinco, y que producir un disparo por un golpe, tienen que recibir un impacto equivalente a la caída de un quinto piso.

Rápidamente, la jueza resolvió que fue un homicidio culposo, es decir, no intencional. Un accidente, y devolvió al policía Mendoza a la calle. Y todos los medios, a partir de allí, empezaron a hablar del pobre entrenamiento y de la falta de capacitación, porque el federal tenía el arma sin seguros.

En el juicio de Kunky Méndez, del que informamos en el pasado Boletín, uno de los peritos policiales era el instructor de tiro que entrena a la federal en el uso de armas. Y ese experto, dijo, bajo juramento ante los jueces de La Matanza, que la orden que tienen los federales es llevar su arma reglamentaria “en condición de disparo inmediato”, es decir, con bala en recámara y sin seguros. Y que la munición oficial que se provee a la federal son proyectiles troncocónicos, los de punta chata, prohibidos por la ley de armas excepto para caza mayor y tiro deportivo, y por la convención de Ginebra hasta para el caso de guerra.

Como la presencia de mucha gente en San Telmo impidió que armaran la escena del enfrentamiento, jueces y periodistas recurrieron al plan B, que parezca un accidente. Si lo de Ariel Domínguez hubiera pasado en un barrio, en Castillo o Fiorito, hoy estarían hablando del delincuente de frondoso prontuario abatido.

Pero con lo que explicó el instructor de tiro de la policía federal, queda claro para el que quiera ver que, aunque el arma estuviera en la cintura del cabo Mendoza, la que la puso ahí, y le dijo cómo usarla, fue la ministra Nilda Garré. La que dio la orden de que su policía lleve el arma en condición de disparo inmediato. No hace falta más para entender por qué un trabajador de 22 años recibió un tiro policial en la cabeza, ni por qué la jueza ya dejó en libertad a su asesino.

Al mismo tiempo, con mucha menos visibilidad, porque pasó en Florencio Varela, el sargento Isaías Cano, de la bonaerense, hijo del jefe de la policía distrital de ese partido, mató de un tiro en el estómago a Enrique Romero, de 30 años, e hirió a otro muchacho, a la salida de un boliche. Por ahora, y seguramente hasta que pase la tormenta, el asesino está preso.

Dos nuevos fusilamientos que muestran que no es un policía, es toda la institución; y que el gatillo fácil no es un error, un exceso o un accidente, sino una política de estado, dirigida desde el gobierno, y ejecutada por sus verdugos de uniforme.

¿SEGURIDAD PARA QUIÉN?

La Boca, Barracas, Pompeya, Parque Patricios, Soldati y Lugano integran el conjunto de barrios afectados por el “Plan Cinturón Sur”, la extensión del “Operativo Centinela” (que se encarga de disciplinar, con sus habituales medidas represivas, al conurbano, en apoyo de la bonaerense), que fuera lanzado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a fines del mes de junio. Pero, claro está, nada es suficiente cuando se trata de reprimir al pueblo trabajador, y, en este caso, la novedad (no tan novedosa), viene de la mano del gobierno porteño, y, por ahora, le toca a Lugano.

El gobierno de Macri quiere borrar del mapa a la Asociación Social y Deportiva Malvinas Argentinas, del barrio Piedrabuena, para instalar en su espacio la comisaría Comunal Nº8 de la policía Metropolitana. Además de sus intimidantes camaritas (que ya son 1.000, y se prevén unas 2.000, en total, para fines del 2011), sumamos a los azules de la PFA, los beige de la Prefectura y los verdes de la Gendarmería…, a sus colegas, los amarillos de la Metropolitana, que ya están copando los barrios del sur de la ciudad.

La Asociación recibe unos 160 chicos por día, que hacen distintas actividades deportivas, sociales y artísticas. Sus representantes sostienen que “realiza una importante función de contención social para los niños y jóvenes del barrio, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad social”. Es posible que Lugano no se salve, y que en este club barrial, donde se dictan talleres de baby fútbol, patín artístico, danza y hasta repostería desde 1981, entre muchos otros, ya no se vean ni botines, ni patines, ni bizcochuelos horneándose para ser compartidos por la barriada.

Una vez más, queda demostrado que la represión es política de estado. Lo mismo da si se trata del gobierno provincial, nacional o municipal. ¿Por qué crearían una nueva comisaría y pondrían al servicio de la seguridad más individuos armados cuando ya hay 2.500 efectivos (entre Prefectura y Gendarmería), con sus respectivas Unidades de Seguridad Pública “cubriendo” la zona? Porque un pueblo organizado es un pueblo con convicción y cuando el pueblo convencido está decidido, las fuerzas de seguridad de los ricos ya tienen que estar prevenidas, articuladas y listas para desplegar toda su impunidad sobre él.

Y, ahora, más que nunca comprendamos que “pedir más seguridad” es, realmente, pedir más seguridad para ellos: los empresarios disfrazados de políticos, que dicen hacer todo lo posible por una sociedad mejor y realmente hacen lo posible por una sociedad mejor reprimida.

OTRO JOVEN MUERTO EN UNA CÁRCEL

Sucedió alrededor de las 5 de la mañana, en el pabellón 9 de la Alcaidía de Varones ubicada en el barrio San Antonio de Formosa.

El cuerpo del joven de 20 años se hallaba colgado de su sábana. Desde el servicio de emergencia, SIPEC, y desde el juzgado que entiende en la causa, se dice que la causa de la muerte es el cuello roto producto del ahorcamiento y aseguran que el cuerpo no muestra signos de violencia.

La mamá, en cambio, denunció públicamente que, cuando concurrió al hospital a buscar a su hijo, se encontró con un cuerpo sin vida y en pésimas condiciones, golpeado y con los testículos estallados.

Como tantas veces, un “suicidio” inexplicable, de un pibe que recibía visitas de su familia, que quería pelear su libertad, y cuya causa de muerte, diga lo que diga la autopsia, fue estar preso.

Como sucede por lo menos una vez al día en algún lugar del país, nuevamente el estado mata y encubre a sus ejecutores, asegurando la impunidad a todo agente encargado de mantener el orden actual de clase, matando a los pobres.

REPRESIÓN SELECTIVA EN TUCUMÁN Y ROSARIO.

El 9 de julio, a la madrugada, una patota comandada por David Leiva, secretario de Grandes Comunas del ministerio del Interior de la provincia de Tucumán, atacó a los trabajadores autoconvocados de la salud que estaban acampando en la plaza Independencia. El ataque buscaba terminar con un acampe que ya tenía un mes de presencia en el lugar y se realizó luego de que la policía provincial liberara la zona. Los trabajadores se encontraban en la plaza en reclamo de una serie de reivindicaciones incumplidas por el gobierno radical-kirchnerista de Alperovich.

El 14 de julio, los autoconvocados se movilizaron en repudio a la represión de la patota. No habiendo bastado con esa represión, el gobernador respondió ordenando que la policía antimotines ocupara el Centro de Salud. En palabras del ministro de Salud, Pablo Yedlin, fue para “asegurar la tranquilidad y la seguridad de los directivos, los administrativos y los médicos que están trabajando”.

Alperovich, como un camaleón, ha sido radical, amigo del represor Bussi (éste lo llamaba cariñosamente “Pepe”) y, en la actualidad, ferviente kirchnerista. Y siempre responde a la lucha del pueblo apelando a todas las formas de represión.

Mientras tanto, en Rosario, la policía santafesina, bajo las órdenes del gobernador “socialista” Hermes Binner y el intendente rosarino Miguel Lifschitz, reprimieron un acampe y movilización de trabajadores desocupados de la Corriente Clasista Combativa (CCC) que buscaba ingresar a la delegación del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El reclamo se había originado porque la presidenta Cristina Kirchner viene negando el plan Argentina Trabaja en Rosario. Ante la movilización, la policía tiró con balas de goma y provocó con tiros de 9 mm al aire.

Estos dos hechos, ocurridos en dos provincias con gobiernos de distinta filiación, nos muestran que ninguna diferencia de fondo los separa. Ante los reclamos populares, responden de la misma manera: con represión. En el último caso, no ya para defender los intereses de la camarilla gobernante de Santa Fe, sino para proteger los intereses del partido de gobierno nacional, aparentemente opositor.

“YO SABÍA…” SIGUE RECORRIENDO EL PAÍS

El video “Yo Sabía…”, realizado por CORREPI y TVPTS en el 20º aniversario de la detención y muerte de Walter Bulacio, sigue recorriendo el país. Después de la exitosa presentación, hace poco más de un mes, en Rosario, el jueves pasado fue el turno de Rafaela, en la misma provincia de Santa Fe.

La convocatoria fue en el centro cultural y social “Estación Esperanza”, organizada por los compañeros, que integran el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo con la presencia de militantes de CORREPI y de la CADH (Comisión Antirrepresiva y por los DDHH) de Rosario.

Participaron variadas organizaciones sociales de la ciudad, como La Casona de los Pibes, el Grupo de mujeres y feministas Enredadera, y Marina y Andrés Destefani, hijos de Silvia Suppo, todos ellos integrantes del espacio que no olvida y exige desde hace ya 4 años justicia por la compañera, testigo en un juicio contra la dictadura, asesinada días antes de su declaración en Rafaela, en un hecho que la “justicia democrática” disfraza de “hecho de inseguridad”, cuando claramente fue un crimen político.

La militancia y la inserción barrial de los compañeros, demostró ser notablemente rica ante la asistencia de un centenar de personas, en su mayoría jóvenes, que querían, no sólo ver el video, sino fundamentalmente a participar de una actividad antirrepresiva.

Frecuentemente vemos cómo la bandera de Walter la levantan los pibes del rock, quienes siguen coreando aun 20 años después de su muerte su nombre en los recitales. Sin embargo, en esta oportunidad, esos jóvenes se agruparon, preocupados por la escalada represiva que se incrementó en su provincia, y, en particular, por la invisibilidad de la represión en toda la ciudad, demostrando que las detenciones arbitrarias, como aquella que sufrió Walter, son la moneda corriente.

En Rafaela, probablemente la ciudad más rica de la provincia, centro de la cuenca lechera y sojera, paulatinamente ha aumentando la brecha entre ricos y pobres, lo que se ve claramente al entrar a la ciudad por la ruta 34, con un barrio privado que es la envidia de Belgrano R y San Isidro, que esconde, más atrás, un asentamiento que tiene un solo ingreso y una sola salida, con guardia policial permanente para tener controlados a los pobres.

Entre las experiencias compartidas, los presentes denunciaban que, cada vez que falta algo en el ostentoso barrio privado, por mínimo que sea, la policía automáticamente hace una razzia en la villa lindante, destruyendo todo lo que encuentran a su paso, y se llevan algún pobre preso. Dentro de este marco, nos contaron de chicos que se tuvieron que ir porque la propia policía le “aconsejó” mudarse, porque su cara era “muy de chorro” y lo iban a seguir levantando siempre. O que, cuando Binner se presentó para un acto político, la policía comunal detuvo a los que “afeaban” el lugar y los soltó recién terminado el acto.

Así las cosas, luego de la reproducción del video, quedó claro que, si bien el video era la excusa para la actividad, el objetivo es empezar a organizarse para dar respuesta a la represión estatal. Desde acá y con toda la fuerza les haremos el aguante, orgullosos por su invitación y emocionados por el buen trabajo que están llevando adelante los compañeros.

MISIONES: SERVICIO PENITENCIARIO INFANTIL

En varias oportunidades, a través de este boletín, CORREPI denunció el funcionamiento de cuerpos infantiles de policías, bomberos y gendarmería que existen en más d ela mitad de las provincias argentinas.

En marzo pasado, tras la Reunión del Consejo de Seguridad Interior del 28 de ese mes, Nilda Garré firmó, junto a funcionarios nacionales y provinciales, el Acta de Compromiso por la Erradicación de las Policías y Gendarmerías Infantiles. Supuestamente, después de esa reunión, se disolvieron todas las escuelas militares para niños. Sin embargo, la decisión fue sólo para la foto. Sin el peso político recayendo en el ejecutivo nacional, estos cuerpos militares continúan funcionando, ya sin el amparo de las leyes, pero con el aval de quienes las dictan.

Según informó esta semana el diario kirchnerista Tiempo Argentino, el escuadrón infantil del Servicio Penitenciario de Misiones funciona hoy con más de 100 niños de entre 5 y 14 años de edad. En las fotos se observa a los chicos con trajes y gorras azules, con insignias del SPP, en formaciones, desfilando.

Se juntan cada sábado en el predio del Círculo de Suboficiales, donde reciben instrucción militar. Eso sí, desde que se firmó el desmantelamiento de este tipo de fuerzas, los niños dejaron de llamarse “Servicio Penitenciario Infantil” para ser “Grupo Ecológico Infantil”. Es decir, aplican la misma lógica que utilizan cuando llaman “Cascos Azules” a los milicos para que no parezcan tan asesinos.

Esto cuerpos son una herramienta más de adoctrinamiento social, destinada a inculcar el acatamiento reverencial ante la autoridad oficial. Por eso el estado sigue sosteniendo este tipo de prácticas. Por eso, también, debemos seguir denunciándolos.

LOS MISMOS DE SIEMPRE…

Según informaron los medios esta semana, el burócrata de la UOCRA, Gerardo Alberto Martínez, denunciado por el SITRAIC por su pertenencia, a partir de 1983, al Batallón 601 de Inteligencia del ejército argentino, hizo una presentación por escrito ante el juzgado federal que recibió la causa.

De los miles de estudios jurídicos que pudo elegir para su defensa, el espía seleccionó uno bien conocido por CORREPI: el del Dr. Pablo Argibay Molina, defensor, desde hace 20 años, del comisario Miguel Ángel Espósito en la causa por la detención y muerte de Walter Bulacio.

· Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
· El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
· Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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