Boletín informativo nº 620

BALAS PARA TODOS

La represión como política de estado, sistémica, indelegable o tercerizada, ¿es una novedad o una constante que se ha naturalizado?

¿Es casual que se haya desplegado en tiempos de bonanza empresarial? Interrogantes que se recrean ante las cuatro muertes del operativo estatal y empresarial de Jujuy y la represión desatada en el desalojo del predio tucumano.

Ya es público que Ledesma S.A. ha sido premiada por el gobierno nacional con el subsidio de la producción azucarera, el papel y la fijación monopólica de sus precios. A cambio, los Blaquier, dueños del ingenio, le dieron al gobierno kirchnerista el apoyo imprescindible en la interna de la UIA.

Más conocido es que la sumisión de los políticos jujeños (del palo oficial u opositor, lo mismo da) es también una cuestión atávica. A cambio, esos mismos “representantes” reciben suculentas sumas que en parte se vuelcan en las campañas que alimentan el circo electoral.

Por ley del capitalismo, Ledesma S.A. explota y contamina cada vez más superficie jujeña, usando menos mano de obra y dejando a la intemperie a numerosas familias del lugar. A cambio, se le adjudica a sus responsables un sitio en la comitiva presidencial a Brasil como empresa ejemplo del modelo que pivotea el kirchnerismo.

En este contexto, como maquillaje, salta por el aire el jefe de la policía; el ministro del Interior Randazzo discursea un repudio mentiroso y la inefable operadora kirchnerista Milagro Sala es convocada para convertir la indignación en miserable clientelismo.

A cambio, se mantiene al juez que ordenó el desalojo investigando si fueron balas policiales - o tercerizadas en los custodios de la propia empresa- las que se cargaron a los cuatro jujeños, mientras ordena, otra vez , el desalojo compulsivo de las tierras tomadas en respuesta a la falta de vivienda y a la violencia estatal y empresarial desatada.

Muy cerca de allí, en Tucumán, el aparato punteril compuesto entre los alineados en el hiperkirchnerista gobernador Alaperovich y la oposición, suele dirimir sus negocios electorales con el manoseo y el aprovechamiento clientelar de la pobreza. Prometen tierras, que después se desalojan violentamente por la policía, como en Jujuy, aunque, por ahora, sin muertos.

Ambos sucesos son emblemáticos: sirven para mostrar claramente cómo funciona el estado allí dónde la pobreza se manifiesta a rancho descubierto. Para mostrar también a quiénes sirve y cómo les sirve. Y, finalmente, para poner en evidencia su lógica: si el privilegio se ve amenazado (sea el patrimonio ya consolidado o la disminución de la tasa de ganancia) la respuesta es clara: balas para todos.

Los interrogantes entonces hallan respuesta unívoca: la represión es una constante estructural del sistema, para defender las ganancias de las empresas o para acrecentarlas. La represión es la inversión más importante que hace el estado y que cierra contablemente en los libros de sus reales dueños. Nosotros, ponemos los muertos.

Para que esto cambie, insistimos con multiplicar la organización y la lucha.

GATILLO FÁCIL EN VILLA LURO

Un nuevo caso de gatillo fácil ocurrió esta semana en el barrio porteño de Villa Luro, que se suma a los más de 3.200 casos de los que tenemos conocimiento desde 1983 hasta hoy. Una mujer policía, de civil, comenzó a disparar sobre tres personas que quisieron robarle el auto, matando de un disparo en la cabeza a uno de ellos. Este es uno más de los casos en que los medios de comunicación quieren esconder el asesinato y a la vez justificarlo, contando la versión de una heroica policía que resiste un robo, como si el hecho de estar robando justificara el fusilamiento. Siempre fieles a la versión policial de los hechos, primero afirman que todo se dio en un tiroteo, para luego revelar detalles como que la mujer policía, cuando le dijeron que se baje del auto, lo primero que hizo fue meterle un tiro en la cabeza a uno de ellos.

Esto es gatillo fácil. Esta es una de las herramientas represivas del estado que se cobra la vida de un pibe por día. La policía, encargada de esta tarea, tiene la impunidad asegurada tanto por la complicidad de los mismos policías, que se encargan de armar escenas de enfrentamiento, plantar armas y todo tipo de artimañas para esconder los asesinatos, como de parte de los jueces que, en caso de no poder disfrazar los fusilamientos, se encargan de absolverlos o darles la condena más leve posible. Así es como el estado garantiza su gobernabilidad, haciendo uso de todas sus herramientas represivas para tener bien controlados a los pobres. El gatillo fácil no es un “exceso” policial, es una política de estado.

“SIEMPRE SE ES CULPABLE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO”

Sobre todo, si el sospechoso es pobre, y, mucho más, si la comisaría cercana necesita hacer números para recaudar. Ante la duda, “marche preso” o gatillan por lo espalda, total ¿quién dudaría que un “morocho” caminando por una vereda de un barrio “no estaría en actitud sospechosa y a punto de cometer un delito”?.

A pesar de que los allanamientos y armados de causas son moneda corriente de parte de la policía, y, además, es de público conocimiento, ante denuncias concretas y situaciones demasiado evidentes, que los diarios siguen titulando “denuncias a policías por supuesto armado de causas”.

Recientemente, en la provincia de Salta, ha habido denuncias concretas de que policías del Gabinete de Prevención del Delito y de la Brigada de Investigaciones, arman causas para justificar allanamientos y aumentar la estadística de “prevención del delito” o, incluso, detienen y torturan a personas obligándolas a declararse culpables de algún hecho.

De esto último es ejemplo el caso del crimen de las dos turistas francesas asesinadas en Salta. Por este asesinato se acusa y está detenido Daniel Octavio Vilte, quien denuncia que tanto, él como su hermano, fueron llevados y golpeados en el monte por agentes de la Brigada para que se declararan culpables del hecho.

Por otra parte, un capitán y un subteniente del Gabinete de prevención del Delito de la comisaría 4ª, fueron denunciados por un juez por el armado de causas que les permitía justificar allanamientos. De esta forma, por un lado desvalijaban con orden judicial las casas de los “sospechosos” y por el otro lado mantenían un buen número en las estadísticas de acción de la comisaría con lo cual aumentan la recaudación.

Claro que estos procedimientos no son patrimonio de la policía salteña ni la forma de operar de un “sector corrupto de la policía u otra fuerza”. Estos procedimientos son los que garantizan la recaudación y la impunidad necesarias para que las “fuerzas de seguridad” garanticen el orden social.

La posibilidad de detener arbitrariamente a las personas es una de las herramientas fundamentales que sostienen esta acción. Y esta facultad es otorgada por el estado a la policía, a pesar incluso de haber sido condenado por esto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio.

Nada demuestra mejor que, lejos de tratarse de “irregularidades o anomalías”, las detenciones arbitrarias, el armado de causas y las torturas son parte del procedimiento para el control social, ejecutado por la policía y demás fuerzas y dirigido por el estado.

REPRESIÓN EN PADUA

El sábado 30 de julio, a la madrugada, en Padua, Nancy Marottoli (20 años) estaba con un amigo en su moto cuando fue asesinada. Según los vecinos, se escucharon entre cuatro y seis disparos, de los cuales uno le pegó a Nancy en el tórax.

Al llegar al lugar, la policía ni siquiera pidió a una ambulancia, mientras limpiaban rápidamente todas las pruebas del lugar.

Por el homicidio hay un detenido que sería un militar retirado (el cual comenta por el barrio como torturaba gente en los ’70) o su hijo. La información sobre este punto es confusa, ya que la policía mantiene un fuerte hermetismo y da distintas versiones sobre lo ocurrido.

Ante esta situación, la familia y el barrio, reclamando justicia y repudiando el mal accionar de la policía, realizó el miércoles siguiente una marcha hasta la casa del asesino. Cuando llegaron, se encontraron con que la casa estaba totalmente protegida por la infantería y la policía, quienes no dudaron en reprimir la manifestación con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes hacia los manifestantes, lastimando a muchos de ellos.

Pero la represión estatal no inmovilizó a Padua, todo lo contrario, al otro día volvieron a marchar por Nancy y contra la policía.

En esta marcha se encontraron con otra vez con la infantería y con policía, no solo de Merlo, sino también de Ituzaingó, Glew, Morón y La Matanza, refuerzos para reprimir que pidió el intendente kirchnerista Raúl Othacehe, quien en ambas marchas impidió que los medios de comunicación ingresaran a Padua.

La policía cercó a la manifestación y, por segunda vez en menos de 48 horas, las fuerzas del estado descargaron sobre el barrio que se manifestaba gases lacrimógenos y golpes, sumando esta vez balas de plomo. Hubo heridos nuevamente y hay una mujer internada.

En la marcha del jueves, la policía detuvo alrededor de 20 personas, de las cuales cinco siguen detenidas e incomunicadas, además de haber sido fuertemente golpeadas en la comisaría. Cinco jóvenes entre los que se encuentran los hermanos de Nancy, acusados por una variedad de delitos que han impedido, hasta hoy, su excarcelación.

Una nueva muestra de que cualquier forma organizativa que se dé el pueblo trabajador, encuentra como respuesta inmediata la represión estatal.

REPRESIÓN A LOS ESTUDIANTES CHILENOS

Nuevamente, el estudiantado chileno salió a las calles por la estatización de la educación. La semana pasada, convocaron a una masiva marcha, que agrupó a más de 100.000 personas, en reclamo de un cambio sustancial de la educación, mientras el presidente Piñeyra ofrece reformas parciales y a largo plazo, ya que para él es sólo un negocio más y no está dispuesto a perderlo.

Cabe mencionar que la educación chilena, heredada de la dictadura militar de Pinochet, no sólo es privada. Está entre las más caras del mundo, y es la más cara de toda América Latina. Las cuotas mensuales son desconcertantes y los estudiantes llegan a tener deudas millonarias al finalizar la carrera.

Por esta razón, estudiantes y docentes chilenos llevan ya varios meses de reclamos, los últimos dos con cese total de actividad de varias instituciones. Por esta razón había sido convocada la marcha de la semana pasada, marcha que Piñeyra no había autorizado y que, como de costumbre, volvió a reprimir violentamente, largando a las calles de Chile más de 1.000 policías, que arremetieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes. Fueron detenidos 527 manifestantes.

El ministro Chadwick defendió la apaleada contra estudiantes, docentes y trabajadores y remarcó que la policía “estaba cumpliendo su responsabilidad y contaba con total respaldo del Estado”, como queriendo terminar de despejar cualquier duda sobre la responsabilidad que el gobierno había tenido esa tarde.

Esa misma noche, el pueblo chileno volvió a solidarizarse con el estudiantado, con “cacerolazos” en las principales ciudades del país.

Chile es hoy ejemplo de lucha para toda Latinoamérica; el pueblo, a sabiendas de la represión que puede sufrir, continúa movilizándose en reclamo de una educación gratuita y de calidad.

JUICIO A LOS ESTUDIANTES SOLIDARIOS CON LOS TRABAJADORES DE KRAFT

El conflicto de los trabajadores de Kraft (ex Terrabusi) tomó visibilidad, en septiembre de 2009, a partir de la repercusión que lograron los sostenidos cortes de la Panamericana. Paralelamente, no fue menor el impacto de la serie de medidas de apoyo que se realizaron desde otros sectores solidarios, como el movimiento estudiantil, con cortes céntricos a primera hora de la mañana, por ejemplo.

Más de un año y medio después, tres estudiantes de la FUBA, Jésica Calcagno, ex presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Patricio del Corro, ex Secretario General de ese Centro y Juan Oribe, Secretario General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, deberán enfrentar un juicio oral y público, acusados por haber estado presentes en varios cortes en Callao y Corrientes, y tres movilizaciones acompañando a los trabajadores de la alimentación frente a la Secretaría de trabajo de la Nación.

El fiscal, que no dudó en usar material obtenido con “tareas de inteligencia” policiales, pretende condenar a los compañeros a penas de arresto. El primer juzgado que intervino, también intentó incrementar el voltaje represivo calificando los hechos como delito federal, lo que fue rechazado por la Corte Suprema.

La audiencia comenzará a las 10:30 del miércoles 10, en Tacuarí 138. CORREPI, que junto al CEPRODH ejerce la defensa técnica, convoca a movilizarnos durante el juicio, para aportar el imprescindible el apoyo y la solidaridad activa en la calle, reclamando la absolución de los estudiantes represaliados.

LA TERCERIZACIÓN DE LA REPRESIÓN LLEGA AL FÚTBOL, PARA TODOS

Tras el fracaso del Circo sin el Pan que fue la Copa América, por los resultados que esperaban para la selección argentina, y el vergonzoso cambio de campeonato que operaron el gobierno y la AFA para tener a los equipos grandes en primera, votos agradecidos y más dinero de la TV pública, se esconde una modificación en cuanto a la “seguridad” en las canchas que traerá cola. La ministra de Seguridad Nilda Garré dispuso que la mitad de los policías que actúan en cada cancha de la ciudad de Buenos Aires sean reemplazados por seguridad privada.

El puntapié inicial se hizo en el partido All Boys-Belgrano, donde la mitad de la policía, al estilo Cinturón Sur de ciudad de Buenos Aires, fue reemplazada, pero no por Gendarmería y Prefectura, sino directamente por policías privados. Supuestamente, para estar más en la calle y alejarlos de las transas con la droga, la trata, etc. en el sur de la ciudad, y, en este caso, de los barrabravas.

Pero todos sabemos que los barras son protegidos por los policías que les liberan zonas o pasillos para que accedan a las canchas; que les dejan pasar la droga que venden; que facilita que roben en las tribunas, que vayan armados, y los siguen usando en la semana, todo cocinadito por los dirigentes de los clubes y el poder político y judicial.

Sacar los policías de las canchas para darles más libertad en las calles, duplica las posibilidades de gatillo fácil y tortura en las horas de partido, como pasó con el hincha de San Lorenzo Ramón Aramayo, torturado y muerto antes del partido con Vélez, o en los recitales como el pibe Rubén Carballo, en el de Viejas Locas, asesinados por la federal, y tantos otros pibes. Encima salen de las tribunas para dejarlas en manos de la seguridad privada -cuyas agencias pertenecen a ex militares y torturadores en su mayoría, y reclutan policías y militares exonerados por chorros, asesinos- que ahora se harán cargo de la represión de los hinchas en nombre del estado.

La policía no debe estar en las canchas, ni en nuestras calles y trabajos, y menos que menos ser reemplazada por seguridad privada que se mueve como la del Ingenio Ledesma en Jujuy o como la de los patovicas en los boliches.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 20 de agosto, a las 14:00, en la Facultad de Ciencias Sociales (sede Marcelo T. de Alvear), Jornada contra la Represión Selectiva. Video y dos paneles sobre Tercerización de la Represión y Criminalización de la Protesta. Participarán, entre otros, compañeros de la J. I. del Hospital Garrahan; Causa Ferroviaria; Agrupación 4 de Octubre; FATE y CORREPI.

· Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
· El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
· Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.