Boletín informativo nº 624

Inseguridad, es la policía en la calle.

Esta semana, y por más que los medios de desinformación oficiales y opositores traten de no difundir tanto, nos enteramos varias noticias sobre la criminalidad policial. Una, en particular nos trajo recuerdos… “reapareció” un viejo conocido.

La primera, es sobre una banda neonazi que actuaba en Córdoba y en Buenos Aires, que buscaba “lavar” la cabeza a los jóvenes y cooptarlos para la xenofobia. Desde su página de internet, los “Hijos del Sol Hermandad de Caballeros Alba Thule” promocionaban una “biblioteca aria” con textos de Adolfo Hitler, Martín Bormann y Joseph Goebbels. En los allanamientos realizados en Córdoba, Buenos Aires e Ituzaingó, se encontraron videos con imágenes nazis, cruces esvásticas, libros antisemitas, armas de guerra, explosivos caseros, manoplas y cachiporras. Y como en algo así no puede faltar el botón, uno de sus miembros es un policía de la Metropolitana.

El policía está prófugo, aunque, en este caso, no se ha sabido que a ningún juez o fiscal se le ocurriera la peregrina idea de acusarlo por “prepotencia ideológica”… lo suyo, apenas si es una violación a la ley antidiscriminatoria.

En Chubut, mientras tanto, detuvieron a cuatro personas que intentaban forzar un cajero automático. Después, resultó que eran dos personas… y dos policías. Al poco tiempo, detuvieron a otro policía más, y se investiga si se trata de la misma banda que viene robando cajeros en la zona. Es evidente que tantas cámaras y tecnología para prevenir el delito no son muy efectivas, ya que los detuvieron en flagrancia, es decir, en el acto, por otro policía que evidentemente no sabía que se trataba de sus compañeros.

Para el final, la frutilla del postre, el ejemplo claro de interrelación de las distintas fuerzas y la justicia con el crimen. Se informó que desbarataron una banda de secuestradores, integrada, cuándo no, por una policía federal y un ex bonaerense, Carlos Leiva. Este último fue uno de los policías que estuvo, de civil, en el puente Pueyrredón cuando murieron nuestros compañeros Kosteki y Santillán, escopeta 12/70 en mano y disparando a mansalva. En aquel momento fue reconocido por los represaliados, y se profugó. Varios vecinos denunciaron que se lo veía entrar y salir de la comisaría y que andaba por el barrio sin esconderse. Él mismo se entregó 14 meses después, seguramente porque le aseguraron una “condenita” por tentativa de homicidio, que finalmente le dieron, y hasta le permitieron la prisión domiciliaria.

Años después, y ya en libertad, volvió a caer por portación de armas de guerra y robo de automotor, y, de nuevo, se profugó. Ahora, lo detuvieron por formar parte de una banda de secuestradores que opera desde 2002, de la que, además, participaban su hijo adolescente, y su hermana, oficial de la comisaría 29ª de la PFA.

Tres ejemplos de que la inseguridad, es la policía en la calle.

Represión y presos en la marcha a la embajada de Chile.

Estudiantes y diferentes organizaciones de izquierda vienen manifestando su repudio a la represión que están sufriendo los estudiantes y trabajadores chilenos hace ya varios meses (ver Boletines nº 617, 619 y 623). Apoyando esta lucha, y repudiando la salvaje represión y las muertes por ella causada, Manuel Gutiérrez, de 14 años, y Mario Parraguez Pinto, de 18, el primer día del mes de los estudiantes se realizó otra manifestación frente a la embajada chilena, en la Ciudad de Buenos Aires.

Alrededor de las 20:00, luego de un forcejeo con infantería, dos camiones hidrantes avanzaron contra la columna de alrededor de 200 personas. El saldo de la represión fue de seis detenidos: tres militantes del PTS, dos del PRML y un fotógrafo de la Red de Medios Alternativos. Inmediatamente, en la puerta de la comisaría 53ª, muchas organizaciones exigieron la liberación de los detenidos, movilización que mantuvo cortada la avenida Las Heras hasta la madrugada, mientras compañeros de CORREPI y el CeProDH activaban los trámites para lograr la soltura.

Para desalentar la movilización, los compañeros fueron trasladados a la División Investigaciones, en Gral. Paz y Madariaga, desde donde salieron en libertad ya entrada la mañana del viernes 2, todos con una imputación por atentado y resistencia a la autoridad y daño, que, por involucrar una embajada, tramita ante el juzgado federal nº 10.

La persecución a luchadores y militantes sociales y políticos que contribuyen a la lucha organizada del pueblo, es una constante para cualquier gobierno que administre una sociedad con ricos y pobres, como lo vemos en Europa, en Medio Oriente, en Chile, en nuestro país. La respuesta por parte del estado es siempre la misma: REPRESIÓN. Represión selectiva que se dirige a quienes, organizados, luchan. Criminalización de la protesta social y política, una forma más de este tipo de represión, mediante la cual nos tiran por la cabeza la batería de herramientas legales con las que cuentan para garantizarla y hacerla efectiva.

Más gatillo fácil, más control social.

Como todas las semanas, el número de casos de gatillo fácil aumenta a ritmo constante.
El domingo 28 de agosto, en Gregorio de Laferrère, un policía que trabajaba como patovica en un boliche, le pegó un tiro en la nuca a un pibe de 22 años. A raíz de una pelea entre dos grupos de chicos, Osvaldo Aquino, el suboficial que prestaba servicios en el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de La Matanza, comenzó a perseguir a uno de los dos grupos. Luego de unos metros, apuntó su 9mm reglamentaria (a la que le había agregado una mira láser) y realizó varios disparos. Una de las balas fue directo a la nuca de Ángel Rojas, quien tuvo que ser internado en gravísimo estado, y está en coma farmacológico, en el Hospital Castex, de San Martín.

El policía, que al momento del incidente estaba de civil, y gozando de sus vacaciones, quedó detenido, acusado de “tentativa de homicidio calificado” y fue desafectado de la fuerza.
Este caso se suma a los de Manuel Pereyra (20), muerto en Morón luego de ser perseguido por la policía de San Isidro (quienes dijeron que se suicidó); y al de otro pibe de 16 años, quien en la localidad de en La Plata recibió un disparo por parte de un gendarme de apellido Rodríguez, porque, según él, “quería robar una camioneta”.

Así el estado amedrenta a los pibes de nuestra clase, a tiro limpio. El gatillo fácil se sigue cobrando hoy en nuestro país, a un pibe por día.

Con la ley en la mano.

Cuando la violencia directa no le alcanza, el estado recurre a su otra herramienta, la ley, que aparece para transformar en delito conductas que ponen en evidencia al sistema dominante. Pocas cosas ponen al desnudo tan claramente lo injusto que es este sistema capitalista como ver familias enteras sin techo acampando sobre las veredas de la reluciente ciudad capital.

Esto de ver pobres estorbando el paisaje citadino es algo que siempre molesta a todos los gobiernos, y molesta al PRO, que, en su afán de “liberar el espacio publico” primero usó la UCEP, esa fuerza de choque compuesta por ex policías y barrabravas que, por la fuerza, desalojaba a los que dormían en la calle. Ahora, creada ya la policía Metropolitana, la ex UCEP se disfraza de ayuda humanitaria “invitando” por favorcito corazón a los sin techo y a aquellos que acampen en una avenida a retirarse. Eso si, los efectivos de la policía Metropolitana actuarán como apoyo y custodia de los “operadores sociales” del gobierno en caso de que los “invitados” se nieguen.

“Como sucede en todas las ciudades del mundo, dormir en la calle es un tema grave que nos preocupa y queremos dar una solución. Va a ser una de las prioridades del Gobierno para los próximos meses” dicen los legisladores del PRO. “La idea es proteger a los que duermen en la calle y llevarlos a nuestros refugios para que el Estado esté presente”, mienten.

Un datito más: Fabián Rodríguez Simón, ex jefe de gabinete del ministerio de Espacio Público, y ex jefe de la UCEP, es quien hoy trabaja como asesor legal junto a Rodríguez Larreta y Diego Santilli para dar forma a esta nueva herramienta “legal” para esconder a los pobres de la vista de los ricos, y para desbaratar más rápido cualquier protesta social que incluya un acampe por tiempo indeterminado en una avenida, por ejemplo.

El estado avanza en sus medidas represivas, en silencio y amparado en el consenso de los que prefieren mirar para otro lado, siempre y cuando no les toque a ellos. Así es el capitalismo

Tercerización de la represión: otra vez la UOCRA.

El 30 de agosto, al mediodía, una patota de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, atacó a Víctor Amarilla, militante del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC).

El SITRAIC, con el apoyo de muchas organizaciones, entre ellas CORREPI, denunció al titular de la UOCRA por su participación como personal civil de inteligencia en el Batallón 601, durante la dictadura, y Amarilla, además de querellante en esa causa, es testigo en la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Amarilla fue golpeado en la entrada de la obra de Colombres 129, de Lomas de Zamora, adonde había concurrido para conversar con los trabajadores, algunos de los cuales son delegados electos del SITRAIC. Luego de anunciarse con la policía que custodiaba el predio, salió un burócrata de apellido Cardozo, seguido por unos 30 matones, que agredieron impunemente a Amarilla, golpeándolo en la cara y en la cabeza, a la vista de los policías que dejaron hacer.

La UOCRA funciona como parte del aparato represivo para-estatal destinado a disciplinar a los trabajadores, no sólo de la construcción, sino también de otras actividades. En febrero de este año, la patota agredió a trabajadores movilizados a las puertas de la obra de un Carrefour en Lomas de Zamora (ver Boletín nº 595).

Los medios, cuando difunden estos ataques, los disimulan anunciándolos como “enfrentamiento entre trabajadores”, cuando se trata de hechos represivos tercerizados por el estado en la patota de la burocracia sindical, lo que cumple, además, una función ideológica, al hacer uso de la ilegalidad mientras el estado burgués que las defiende y organiza parece permanecer en la legalidad.

El uso de grupos de choque o patotas por parte del estado y las patronales, es tradición vieja en nuestro país. Bajo el gobierno kirchnerista, lo novedoso es que ya no actúan como meros complementos del aparato represivo oficial, sino que, en muchas oportunidades, directamente lo reemplazan, como lo vimos el 20 de octubre de 2010 con el asesinato de Mariano Ferreyra, y, en el caso concreto de la UOCRA, en tantísimos ataques de su patota contra los trabajadores del SITRAIC, los vecinos de la Asamblea de Esquel No a la Mina, los trabajadores del sindicato de Comercio de Santa Cruz, contra el delegado de Dezacor en Atucha, Zárate, etc.

En cambio, si los trabajadores deciden organizarse independientemente y logran levantarse contra la burocracia, allí estará el estado para criminalizar la protesta social. Es lo que ocurre con Carlos Olivera, militante del SITRAIC, que está preso, imputado de homicidio en grado de tentativa, por intentar defenderse de un ataque de la patota.

El funcionamiento de este mecanismo represivo lo explicó con una gran claridad el general Perón en la Bolsa de Comercio, en 1944, cuando garantizaba que sus buenos muchachos disciplinados podían garantizar que los trabajadores actuaran de determinada manera. Era el seguro que daba la organización de las masas. Y si con eso no alcanzaba, aclaraba que, como reaseguro, estaba el estado para que “por la fuerza ponga las cosas en su quicio y no permitan que salgan de su curso”.

Inglaterra: los niños primero… a la cárcel.

Como es sabido, el mes pasado el pueblo inglés fue protagonista de una gran protesta en distintas ciudades de Inglaterra, que fue reprimida por la policía, dejando un saldo de cinco muertos, cientos de heridos y 3.000 detenidos, con 1.500 procesados. Pero el gobierno inglés no descansó con eso, y ahora sentenció a un pibe de 11 años a 18 meses de rehabilitación juvenil, porque habría sido sorprendido por un policía, en medio del caos de un saqueo a un almacén, llevándose un tacho de basura, durante esos días.

El juez John Woollard, de la corte de magistrados de Havering (noreste de Londres), dijo: “si fuera un poco más mayor acabaría en prisión”; lo cual no sólo no extraña, sino que remite a algo más cercano: la permanente intención del gobierno argentino de bajar la edad de imputabilidad.

Criminalizando al pueblo, a su protesta, a su cuestionamiento al poder estatal, es cómo logran que jóvenes adolescentes y preadolescentes sean considerados “delincuentes”, cuando lo que hacen es exigir las condiciones indispensables de vida, y cuando es el mismo estado (a cargo de cualquier gobierno) el que los persigue y los demoniza, logrando que buena parte de la sociedad piense que deben estar entre las rejas.

Acá, en Europa, en todo el mundo: disciplinar, controlar, y cuando el pueblo empieza a organizarse, reprimir. Eso es lo que hace la parte rica de la sociedad con los que salimos a la calle a exigir la dignidad que nos corresponde, y a demostrar que no le tenemos ni un poco de miedo a las instituciones que ellos crean y nos imponen, y que no vemos a la represión como un impedimento para concientizarnos de esta injusta realidad.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o enwww.fmentransito.org.ar.