Boletín informativo nº 629

Otro ataque a los trabajadores de la Línea 60

A medida que profundizan su lucha por mejores condiciones laborales, los choferes de la línea 60 vienen sufriendo ataques por parte de la patota que defiende los intereses de la empresa Monsa.

Hace unas pocas semanas, le incendiaron el auto al delegado Néstor Marcolín. Esta vez, le tocó al delegado Daniel Farella. Cinco individuos armados irrumpieron en su casa la madrugada del viernes, suponiendo que lo encontrarían, pero él no estaba. Rompieron todo, y agredieron a su nieta de 15 años, a la que ataron y golpearon, mientras le mostraban la foto de la libreta de trabajo de su abuelo y amenazaban con matarlo si continúan los reclamos laborales.

Por la tarde, los trabajadores de la línea realizaron un paro por cinco horas, en repudio al accionar de las patotas, y convocaron a una reunión conjunta con otros sectores de trabajadores, estudiantes, partidos y organizaciones de derechos humanos para organizar la lucha contra la represión tercerizada.

Como dijéramos hace dos semanas: Más temprano que tarde, todo reclamo, todo conflicto, cada lucha, choca con la ineludible represión, respuesta inmediata que articulan, de conjunto, los enemigos históricos de la clase obrera. Enfrentar organizadamente la represión, venga del aparato represivo oficial, con uniformes, o del oficioso, con las patotas de la burocracia sindical, es una tarea imprescindible en el camino de la defensa de los intereses de los trabajadores.

Más tercerización de la represión

Como viene sucediendo de forma cada vez más frecuente, una de las estrategias del gobierno nacional para reprimir las protestas de los trabajadores que reclaman, es el uso de patotas sindicales o similares como fuerza de choque contra los trabajadores.

Esta semana, la ya célebre patota de la UOCRA volvió a atacar a trabajadores en Santa Cruz. Trabajadores de la empresa Eclesur SA reclamaban por la mala liquidación de sus salarios en el paraje Río Bote, cercano a Río Gallegos. Entre 40 y 50 patoteros de la UOCRA llegaron con piedras y palos a atacar a los trabajadores. Siete de ellos resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados, dos en grave estado, con traumatismos de cráneo. Tras el ataque, los trabajadores echaron a José Vidal, jefe de la UOCRA-El Calafate, quien se acercó luego de ocurridos los hechos. Además, trabajadores desocupados se solidarizaron y realizaron una protesta en la sede sindical.

Como sucedió en abril de este año, cuando la patota de la UOCRA atacó a los docentes en Santa Cruz, nuevamente el gobernador kirchnerista Daniel Peralta utiliza sus alianzas con la burocracia sindical para reprimir a los trabajadores que luchan con el menor costo político posible.

En Formosa, el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Mendoza, mandó a una patota encapuchada a la casa del locutor Wichí de Radio Identidad, Fernando Albornoz, a amedrentarlo al grito de “salí indio de mierda que nos manda el intendente a hablar con vos”. No sólo fueron a la vivienda del locutor, sino que también apedrearon la radio donde trabaja. Albornoz lleva adelante constantes denuncias contra las prácticas mafiosas del intendente Mendoza, quien responde a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, alineado con el gobierno kirchnerista.

Son constantes los aprietes que recibe la comunidad para la entrega de documentos para las elecciones, o los ataques frente a las denuncias que realizan por los manejos de los recursos destinados a la comunidad por parte de funcionarios del gobierno, a tal punto que el intendente amenazó de muerte a Agustín Santillán, referente de la Comunidad Wichí Barrio Obrero, y mantiene con constantes amenazas de desalojos y hostigamiento a los representantes de las familias del Barrio 13 de Agosto.

A lo largo y ancho del país, la tercerización de la represión va siendo una práctica cada vez más utilizada por el kirchnerismo y sus aliados, para reprimir la protesta social y llevar adelante su política antiobrera. En épocas electorales, esta práctica le viene como anillo al dedo para disminuir el costo político de la represión y favorecer su legitimación a través del consenso.

La justicia encierra, la cárcel enajena

Políticos, jueces y muchos ciudadanos hablan de que hay que confiar en “la Justicia” (el poder judicial). Sin embargo “la Justicia” es parte del aparato represivo y, como tal, defiende a los que más tienen y encarcela a los pibes pobres en esos calderos que son las Unidades Penitenciarias. Leandro Martín Roig, oriundo de Villa Trujuy, un barrio del partido bonaerense de Moreno, estuvo casi 3 años preso por un crimen que no cometió. El fiscal tardó 33 meses en darse cuenta que Leandro era ajeno al asesinato de Santiago Alfonso, ocurrido en 2009.

Mientras tanto, cada vez que un policía mata algún pibe de barrio continúa libre por lo menos hasta el juicio. Esa es “la Justicia” en la que quieren que confiemos: la que deja libre a su asesino policía y encarcela pibes pobres.

Una vez presos, la maquinaria carcelaria los condiciona a vivir hacinados, en paupérrimas condiciones de salud y alimentación, en las que el servicio penitenciario los obliga a robar o a que vendan droga para ellos, lo que genera un grado de violencia feroz dentro de los penales. Víctima de ello fue Samuel Emanuel Cardozo, un joven de 28 años que fue herido de un puntazo en una pelea entre encarcelados de la Alcaldía de Jefatura de Rosario y se encontraba “estado reservado” al cerrar el boletín. Su situación es responsabilidad del estado.

Hay en algunas situaciones en que los muchachos encarcelados comienzan a intentar organizarse para cambiar su situación dentro de las cárceles. Ya sea estudiando, creando un centro cultural o simplemente para no dejarse flagelar (aún más) por los penitenciarios. Y ahí también se los continúa reprimiendo y se los hacer padecer.

Tal como pasó a fines de agosto en la Unidad Nº 1 de Coronda, cuando, a raíz de la presentación del libro “Cárceles de Mala Muerte”, los asistentes fueron mantenidos desnudos en los pasillos mientras los agentes los insultaban, verdugueaban y robaban.

También, hace unos días, circuló la noticia de que los presos del Centro Universitario del Penal de Devoto, quienes a fines del año pasado estuvieron casi dos meses en huelga de hambre porque el SPF obstaculizaba su funcionamiento, se resisten a que trasladen a ese pabellón a un grupo de detenidos que cometieron crímenes de estado en los ‘70.

En la tarde del 29 de septiembre, en el penal Nº 1 de Corrientes, se produjo “un incidente” entre un preso y algunos penitenciarios, quienes lo apalearon en el patio. Sus compañeros de pabellón se solidarizaron e intentaron defenderlo. Ahí fue cuando intervinieron las fuerzas especiales antimotines, la infantería, el cuerpo de bomberos y el PAR (Policía de Alto Riesgo), quienes reprimieron con escopetas y balas de goma dejando varias personas heridas.

Todos estos hechos demuestran que dentro de este sistema capitalista, no hay reforma institucional posible ni para la justicia, ni para las cárceles, ni para la policía. La única salida, hoy como siempre, sigue siendo la organización y la lucha.

La “justicia”, también contra los trabajadores organizados

El viernes 30 de septiembre a la mañana, cuando el delegado de la lista Bordó del ferrocarril Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero, salía de su casa con su hija, fue detenido por policías de civil y encarcelado. Simultáneamente, otros cinco trabajadores, todos ellos opositores a la burocracia sindical que responde directamente al gobierno, también fueron detenidos. Rápidamente, sus compañeros se movilizaron exigiendo su libertad.

Esta vez, la excusa del estado para perseguir a los trabajadores del ferrocarril fue culparlos por la quema de trenes, ocurrida el 2 de mayo, en las estaciones de Haedo, Castelar y Ciudadela. A los trabajadores, quienes denuncian constantemente las pésimas condiciones en las que trabajan y se presta el servicio, mientras los empresarios de TBA se llenan los bolsillos con los subsidios del estado, se los quiere culpar de quemar su fuente de trabajo, armándoles una causa judicial bajo las acusaciones de estrago doloso y asociación ilícita.

El juez federal Yalj, quien es funcionario judicial desde la dictadura, los mandó detener apoyándose en “pruebas” que proporcionó la policía, repentinamente, a fines de septiembre, luego de casi cinco meses de la quema de trenes. Por su parte, el gobierno kirchnerista se ocupó de dejar bien en claro que avalaba y aplaudía esta nueva muestra de persecución sindical, diciendo por boca de su vocero oficial, Aníbal Fernández, que el juez “tenía pruebas suficientes para detener a los trabajadores”.

La movilización de los trabajadores dio como resultado que el lunes los compañeros fueran excarcelados. Tan (mal) armada estaba la causa, que el mismo juez tuvo que salir a reconocer que no tenía pruebas suficientes contra ninguno, además de quejarse de las “infelices tareas de inteligencia” que le “contaminaron la investigación”, por lo que apartó a la policía federal de la investigación, cambiándola por la Secretaria de Inteligencia (antes SIDE).

La persecución que sufren los trabajadores ferroviarios no es un caso aislado. Se enmarca en la política estatal de represión selectiva y criminalización de la protesta, que lleva adelante y profundiza cada vez más el gobierno kirchnerista, que se llama a sí mismo “popular” y “de los DDHH”, dejando bien claro que es capaz de armar fácilmente causas judiciales contra quienes no compran la farsa progre del gobierno que tiene más luchadores obreros y populares con causas penales y presos políticos desde 1983 hasta hoy, además de ser el gobiernos con más casos de gatillo fácil y que cuenta dieciséis compañeros asesinados en manifestaciones.

Causa del rectorado de la UBA: “piadosos” vs. “injustos”

En mayo de 2008, diez dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) fueron encausados luego de la movilización a la sede del rectorado donde se decidía el futuro del CBC de Merlo, y ponía en riesgo la posibilidad de estudiar de los jóvenes de la zona. La causa en su contra, que recién quedó cerrada esta semana, muestra de qué manera opera la justicia cuando trabajadores o estudiantes luchan por sus derechos.

El juez federal que los procesó por graves delitos, como secuestro extorsivo, es Octavio Aráoz de Lamadrid, quien, luego de dejar su cargo se dedicó a la actividad profesional privada. A fines del año pasado, en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, se presentó como defensor de uno de los integrantes de la patota de la UF, y es quien se encuentra involucrado en el intento de coimear a los jueces de la cámara de Casación para comprar la libertad de los asesinos.

En diciembre de 2008, a fuerza de movilización y denuncia pública, la cámara federal tuvo que retroceder sobre los pasos del juez. Luego de la audiencia en la que se agolparon numerosos representantes de organizaciones políticas, sociales, de trabajadores y de DDHH apoyando a los compañeros, mientras en la calle tronaban bombos y consignas, todos los estudiantes fueron sobreseídos. Los jueces de cámara debieron reconocer que ninguna de las conductas que se les reprochaba constituía un delito.

El fiscal federal Germán Moldes no se resignó, y recurrió a la cámara de Casación, argumentando que, si bien no podía probar un secuestro extorsivo, sí había otros delitos, como daño calificado, privación ilegal de la libertad, perturbación del derecho de reunión y extorsión.

Fueron necesarios dos años y medio para que, hace escasos días, finalmente la cámara de Casación resolviera que tampoco se puede acusar a los compañeros de semejante raid delictivo, y confirmó los sobreseimientos.

Sin embargo, vale mencionar un par de “textuales” del juez Mariano González Palazzo (viejo conocido de CORREPI, por su larga intervención como camarista criminal en la sala VI, en la causa Bulacio), que votó en disidencia. Dijo Su Señoría, por ejemplo: “Cubrir, ocultar o proteger los excesos que lastiman los derechos de los demás bajo la excusa de privilegiar la libertad, puede conducir a desnaturalizar, desfigurar o, por fin, destruir la seguridad, presupuesto del Contrato Social”. Y luego, advirtió: “Téngase en cuenta la Torah: quien es piadoso con los injustos, es injusto con los piadosos”. Queda claro, en su planteo de que los compañeros debían ir presos por gravísimos delitos, quiénes son, para él, “piadosos” e “injustos”.

La lucha organizada permitió, en este caso, que los “injustos” ganáramos dos veces: con los compañeros absueltos, y su reclamo hecho realidad.

Encuentro Nacional Antirrepresivo

Vinieron de Misiones y de Comodoro Rivadavia; de Olavarría y de Rafaela; de Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, El Bolsón. Compañeros que, con distintas historias, con su propia identidad y diferentes formas organizativas, pertenecen a diversas experiencias antirrepresivas que plasman en la práctica nuestra histórica consigna: CONTRA LA REPRESION, ORGANIZACION y LUCHA.

“La” CORREPI -como nos llaman con sus ricas tonadas- fue la anfitriona del ENCUENTRO NACIONAL ANTIRREPRESIVO que se desarrolló este fin de semana en Buenos Aires, convocado a partir de una iniciativa del Frente Antirrepresivo Marplatense (FAM) e inmediatamente apoyado por la Comisión Antirrepresiva y por los DDHH de Rosario (CADH).

Más de 70 compañeros de todo el país, con un amplio y fraternal sentido de la unidad en la acción, empeñados en trabajar sobre caracterizaciones profundas y determinantes, coincidimos en que la represión sistémica que se expresa en su modalidad preventiva y en la selectiva, es una política del estado capitalista. Demostramos, con la experiencia de cada uno, que se despliega a lo largo y ancho del país contra todos los sectores oprimidos de la sociedad.

Denunciamos que esta política va imprimiendo un ritmo cada vez más vertiginoso y que la violencia estatal se va profundizando y multiplicando, como respuesta institucional que busca el disciplinamiento social frente a la resistencia que generan la explotación, la opresión, la marginalización, la pobreza de amplias franjas de la población argentina. Comprobamos que la lucha antirrepresiva debe ocupar un lugar central a la hora de enfrentar las políticas de los diferentes gobiernos administradores, y mucho más hoy, de cara a la fenomenal crisis que envuelve al capital en el mundo y que hace sentir sus efectos entre nosotros.

Por el carácter de clase que esa represión asume, acordamos en activar en forma completamente independiente del estado, de sus agencias y de todas aquellas experiencias que la ocultan, legitiman, niegan o maquillan.

Porque la dispersión y el aislamiento conjuran contra nuestros objetivos, acordamos en realizar una serie de actividades coordinadas, más la producción de materiales conjuntos, y la difusión y respaldo conjuntos de nuestra militancia, primordialmente de aquellas experiencias incipientes o con mayor grado de dificultades organizativas.

Porque fue comprendida la trascendencia y centralidad que entraña la lucha antirrepresiva, acordamos sostener, periódicamente, encuentros plenarios en diferentes ciudades.

Vinieron de todo el país, y, a la hora de entender el impresionante despliegue militante que realizaron, todos dejamos en claro que, frente a las políticas opresoras, están los que justifican, disimulan o lloran y están los que se organizan y luchan. Sólo los últimos son merecedores del futuro y su alegría.

Repetimos el aplauso y el abrazo con cada uno de los compañeros.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.