Boletín informativo nº 633

Perdón… Nos equivocamos de dirección.

El jueves 3 de noviembre, al mediodía, agentes de la policía bonaerense ingresaron en la sede de una ONG del partido de San Fernando. Llegaron con carros de asalto, destrozaron con las culatas de sus armas y los borceguíes todo lo que encontraron a su paso y atacaron brutalmente, fracturándole un brazo, a la hija de la titular de la asociación.

Resulta que la policía de San Fernando estaba cumpliendo con una orden de allanamiento y se equivocaron de domicilio. Pidieron disculpas a los damnificados, pero este hecho muestra cómo se maneja cotidianamente la policía cuando realiza un allanamiento. En esta ocasión salió a la luz porque entraron a las patadas en una ONG por error, pero nunca se muestra como trata la policía a la gente cuando allanan un domicilio o hacen una razzia.

Este método no es novedad, es lo habitual, la policía lo sabe, la justicia lo sabe y los funcionarios de todos los gobiernos lo saben. Y lo saben porque es la orden, no un hecho aislado, la policía a los barrios no entra pidiendo permiso, entra a los garrotazos o a los tiros, para que la gente sepa quién manda, forma parte de lo que desde CORREPI caracterizamos como represión preventiva, para meter miedo y lograr que el pueblo no se organice.

Represión a trabajadores. Causa Ferreyra.

El 1º de noviembre, una patota de la UOCRA atacó a varios trabajadores del SITRAIC que realizaban un piquete en un obrador, denunciando que todos los trabajadores estaban en negro. José Luis Guerra, una de las víctimas del ataque, fue apuñalado por los matones de Martínez. Al mando de éstos últimos estaba Cardozo, máximo dirigente de la UOCRA Lomas de Zamora, quien increpó a los trabajadores, amenazándolos con matarlos a todos, por denunciar a Gerardo Martínez. El SITRAIC, junto con la CORREPI, y otras organizaciones, denunciamos a Martínez por su participación en el Batallón de Inteligencia nº 601 durante la dictadura.

El 3 de noviembre, hubo una audiencia en la causa donde se investiga la responsabilidad de los policías en el asesinato de Mariano Ferreyra. Había sido convocada para resolver una chicana planteada por el abogado del comisario Lompizano, que buscaba que la causa tramite en los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. CORREPI, junto con APEL, lleva adelante las querellas de varias de las víctimas del ataque del 20 de octubre de 2010, en las que acusamos a los policías como partícipes necesarios en el homicidio calificado, lo que tiene una pena de perpetua.

Sin mucha sorpresa, nos enteramos que, como consecuencia de nuestras denuncias, los abogados del ministerio de Seguridad habían tenido que renunciar a defender a varios de los policías implicados. Como no podía ser de otra manera, fueron reemplazados por abogados poderosos estudios, y altos honorarios. Si bien la resolución de la chicana fue postergada para los próximos días, quedó claro que la finalidad buscada por la defensa es, en primer lugar, evitar que recaiga una condena a prisión perpetua y, en segundo lugar, dilatar lo más que se pueda el juicio oral.

Por otro lado, este 4 de noviembre por la madrugada, los trabajadores ferroviarios del Belgrano Norte fueron brutalmente reprimidos por la policía federal, mientras realizaban una medida de fuerza votada en asamblea, consistente en un corte de vías. Los trabajadores reclaman el pago de tickets adeudados y mal liquidados desde 2009. La orden de desalojo fue dada por el juez federal Bergesio y fue cumplida a rajatabla por el comisario a cargo del operativo. A los golpes con bastones, las balas de goma y los gases lacrimógenos, se sumó la persecución por las vías y zonas aledañas, con carros hidrantes y numerosos patrulleros. El resultado de este hecho represivo fueron varios trabajadores heridos, afecciones respiratorias producidas por los gases, y tres trabajadores detenidos.

Ese mismo día, los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires, fueron reprimidos por la seguridad de la legislatura porteña, que les impidió presenciar una sesión de comisiones, donde se iba a discutir la reforma del estatuto docente impulsada por el gobierno de la ciudad. Esa reforma es repudiada por todos los docentes. Sin embargo, a diferencia de situaciones, donde para debatir sobre el aborto, los legisladores permiten opinar a los más reaccionarios, o durante el conflicto con el campo, donde pudieron participar todas las patronales agrarias, en este caso, no se permite ingresar a los interesados directos, los trabajadores. Esto, por su parte, nos debe llevar a la reflexión sobre el engaño que suponen categorías como la de “ciudadano”. Está claro que no es lo mismo el “ciudadano” del Opus Dei, o de la Sociedad Rural, que el “ciudadano” trabajador que da clases en las escuelas públicas.

Robo al country.

Como nunca falta en nuestros boletines, esta semana les contamos el caso de vigiladores, en este caso privados, del Country y Club de Campo Mayling, un barrio privado de Pilar, que robaron bienes que se suponía debían proteger. Fueron varios vecinos los que los denunciaron, “los vimos varias veces mirando por las ventanas de las casas” contaron los testigos, que, por temor a represalias, mantienen su anonimato. Entraban a las casas que sabían estaban sin gente y se llevaban televisiones, dvds, computadoras, etc.

Luego de que se le diera intervención a la comisaría 5ª de Pilar de la zona, uno de los compañeros de la empresa de seguridad RGA y Asociados, contó que lo querían involucrar en los próximos robos que tenían planeados. Lo extraño es que recién después de que detuvieran a sus camaradas habló, ¿Cuál seria la historia si no los hubiesen agarrado?

Mucho podemos acotar a este tipo de hechos, pero la extensión de la nota no nos lo permite.

Nadie puede dejar de ver la ironía de que haya personas con mucha plata que pretenden armar barrios VIP para evitar tener que “sufrir presencias indeseables que ensucien sus veredas” y sus propios custodios sean quienes los roban.

Gatillo fácil en barrios y estadios. “Suicidios” en cárceles.

El 30 de octubre, la policía rosarina asesinó a un hombre de 35 años luego de una supuesta persecución. Minutos más tarde, mientras los peritos tomaban rastros en el lugar y levantaban el cadáver, los familiares y vecinos del “sospechoso” apedrearon a un suboficial que resultó herido. El asesinato se produjo en el barrio Empalme Graneros, típico barrio obrero, metalúrgico, que tradicionalmente ha sufrido las inundaciones por los desbordes del arroyo Ludueña. Como siempre, los medios hicieron referencia a que las fuentes (es decir, la policía que lo asesinó, y que es quien informa a la prensa) decían que el muerto era un delincuente que se había tiroteado desde el lugar de acompañante de una motocicleta.

No faltaron los “perros” (armas plantadas) en la escena del crimen. Sólo así se puede entender la justa reacción popular ante hechos como el relatado. Por ese asesinato, y por la cotidiana prepotencia de la célebre policía brava santafesina.

En San Rafael, la policía mendocina reprimió salvajemente la desconcentración del clásico entre Huracán de San Rafael y Sportivo Pedal Club. El saldo, un herido de gravedad y 26 detenidos. La víctima herida, Hugo David Ramírez, recibió dos balazos de goma en la clavícula izquierda, a tan corta distancia, que le perforaron uno de sus pulmones, y tuvieron que suturarle una vena y una arteria. Según los médicos, “Le va a quedar un drenaje pleural para expulsar la poca sangre que le quedó en el tórax”.

En Añatuya, Santiago del Estero, un preso que estaba detenido por una pelea familiar en la que había golpeado a su mujer y a su suegra, “tomó la trágica decisión de suicidarse”, cortándose las venas (o el cuello, dependiendo de “las fuentes”), a las pocas horas de haber sido llevado a la Alcaidía de la Unidad Regional III. Como no podía ser de otra manera, los guardiacárceles llegaron a auxiliarlo cuando ya no había nada que hacer para salvarlo, muriendo al llegar al hospital.

Como todas las semanas, con casos como éstos, no hacemos más que mostrar que la brutalidad policial no se debe a una particularidad geográfica, es constitutiva del aparato represivo estatal.

Las luchas “que generan malhumor” y el gobierno “que no reprime”.

Hace un par de días, la presidenta de la Nación aprovechó un acto oficial para fustigar públicamente a un ex aliado. Fue durante un acto en el que se promocionó la compra de equipamiento para el hospital Churruca, el de la policía. Compraron un tomógrafo y un resonador magnético, y un nuevo sistema de seguridad, con cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo.

El enojo de la presidenta obedecía a que la Unión de Trabajadores Rurales (UATRE), que dirige el Momo Venegas, había cortado la autopista Ricchieri. En consecuencia, aprovechó las cámaras dispuestas para la video conferencia con el Churruca para pasarle la factura a su correligionario, que hoy sigue alineado con Duhalde, y, por lo tanto, está enfrentado al kirchnerismo.

La presidenta aprovechó para tirarle algunas flores, seguramente bien merecidas, como decirle “mamarracho” y acusarlo de que, apenas llegó la gendarmería, enrollaron las pancartas, y se fueron, en auto, a comer a una parrilla, seguramente no del tipo de bolichones donde nos reponemos nosotros después de una movilización.

Pero lo que es interesante para reflexionar son las otras cosas que dijo Cristina, en consonancia con la agenda represiva que viene marcando su gobierno, cosas mucho más dirigidas a los trabajadores organizados, y las organizaciones que apoyan sus reclamos, que a burócratas como Venegas, empresarios ellos mismos.

Dijo Cristina Fernández: “Esta clase de movilizaciones pretende desgastar políticamente al Gobierno porque la gente se malhumora”, como si la gente anduviera con un humor de maravillas, porque todo anda fenómeno, sin inflación, sin crisis de vivienda, con hospitales de lujo totalmente gratuitos y unas escuelas públicas impecables…

Entonces, para que la gente no “se malhumore”, propuso que “los que quieran protestar lo hagan en la vereda, o en una plaza” porque, dijo, “es un crimen obligar al desplazamiento de un centenar de gendarmes afectados a tareas específicas en el Cinturón Sur o en el Conurbano bonaerense para desalojar un corte”… claro, porque los necesita para que patrullen los barrios, metan gatillo y picana en las comisarías, cosa de aplicar bien a fondo el control social que dificulta la toma de conciencia y la organización.

Después, dijo que, cuando se corta una ruta, los trabajadores pretenden aprovecharse de un gobierno “que ha hecho política de la no represión de la protesta social…”

Lo grave no es que ella mienta, no creemos que nadie espere que diga la verdad, sino que haya algún desprevenido que caiga en la trampa de buena fe…

¿El gobierno que hizo una política de no reprimir la protesta?

Nada más claro que los números para salir de dudas. Desde que fue asesinado Víctor Choque, en 1995, en la represión a una movilización después del cierre de la fábrica Continental en Ushuaia, 64 compañeros cayeron bajo balas policiales, de la gendarmería o de las patotas paraoficiales en la represión a la protesta. Y de esos 64, ¡16! Los mató el gobierno de la que dice que ella y su marido no reprimieron…

Luis Cuéllar en Jujuy en 2003, Carlos Fuentealba en Nuequén en 2007 y Juan Carlos Erazo en Mendoza en 2008.

En 2010, fueron nueve: Facundo Vargas en enero, en una movilización contra el gatillo fácil en Pacheco; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en igual circunstancia, pero en junio, en Bariloche; en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, Mariano Ferreyra, militante del PO asesinado cuando acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados; los tres muertos del Parque Indoamericano, y, finalmente, los dos integrantes del pueblo Qom, en Formosa.
Y en 2011, los 4 muertos en Libertador Gral. San Martín, en la represión a la toma de tierras del ingenio Ledesma.

Entonces, ¿de qué gobierno que no reprime nos habla la presidenta? ¿Del de los 16 muertos en la represión a la protesta? ¿Del que mata un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura? ¿Del que desaloja a los tiros y gases? ¿Del que militariza los barrios? ¿O del que tiene miles de procesados por luchar?

Por eso CORREPI lleva la cuenta, de los asesinados por el gatillo fácil y la tortura, y también de los caídos por luchar, en marchas y movilizaciones, para exponer la verdadera extensión y profundidad de la política represiva del estado.

NOTICIA… ¿NOTICIA?

Sin hecho atípico, sin lo nuevo, no hay noticia.

Para un desprevenido, la noticia es que van a investigar la compra de las pistolas Bersa Thunder 9.19 mm, reglamentarias de la Policía Federal que reemplazaron a las Browning 9mm.
Y que la investigación tiene como disparador el asesinato de Ariel Domínguez el pasado 20 de Julio en San Telmo a manos del policía federal Mendoza cuando se sumó a una persecución y en la corrida -según declaró- se le cayó el arma, golpeó contra el piso, se disparó y mató al muchacho que esperba el colectivo de regreso a su casa.

El cabo Mendoza ha sido procesado por homicidio culposo (o sea, un “accidente” con pena de hasta 5 años de prisión) y no por homicidio agravado por “abuso funcional policial” (perpetua).
La noticia es demostrar que, en un presunto acto de corrupción, se compraron armas en mal estado o no se proveyeron las cartucheras adecuadas, por lo que el arma suele caerse y dispararse en la corrida de quien la porta, con lo que se extiende, convenientemente, la persecución penal a los responsables de esas compras.

Ahora bien, en casos como el de la referencia -que se reproducen invariablemente y nuestro Archivo registra por centenares- esgrimen siempre la misma excusa: “involuntariamente se dispara el arma reglamentaria por el efecto de un golpe provocando la muerte de…”.
El arma reglamentaria, en todos esos casos, era de otra partida y otra marca (Browning).
En todos los casos (con Browning o con Bersa Thunder), para que el arma se dispare es necesario que sus dos seguros estén desactivados.

Los propios instructores de tiro de la misma policía federal reconocen -desde tiempos compartidos entre una y otra marca- “que recomiendan a sus agentes iniciar la persecución con el arma lista para disparar” (del testimonio de un perito de la defensa del asesino del Kunky Mendez).

En todos los casos, sin excepción, las causas terminaron con el policía impune o con una pena insignificante.

La noticia para CORREPI es otra.

La noticia es que quieren ocultar una política sistémica de estado consistente en el disciplinamiento social en su modalidad de represión preventiva, tras la pantalla de la corrupción.

De ese modo, se licua la responsabilidad institucional, el hecho es el producto de un mix entre la fatalidad y un mal funcionario y los casos podrán repetirse utilizando siempre una generosa excusa absolutoria.

La noticia, es que no hay novedad.

7. PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 10 y viernes 11, movilizamos a los tribunales de San Martín, Av. R. Balbín (ruta 8) 1753 desde las 9:00, ¡Justicia para Luis Bolaño!

Viernes 11, ¡11.11.11: La Fiesta del Fin del Mundo! en Filo, Puán 478. Patys desde las 21:00, después bandas y fiesta, y barra baratita.

Viernes 25, 18:30, Acto en Plaza de Mayo (Archivo 2011): LA FUERZA DE LA REPRESIÓN PARA PROFUNDIZAR EL MODELO DE EXPLOTACIÓN.

• Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
• El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
• Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.