Boletín informativo nº 634

Cárceles de esta semana, muertes y torturas de siempre.

Tolstoi se preguntaba: “¿Qué es lo que le da derecho a un hombre a sentirse con derecho a encarcelar a otro hombre?”.Retórica o no, lo cierto es que cuando en Holanda e Inglaterra, allá por el siglo XVI, se abrieron las “casas especiales” con la finalidad de adiestrar -según las necesidades de producción de la burguesía- a las masas de vagabundos expulsados del campo, estaban creando una indispensable institución capitalista: la cárcel.

Basados en el principio de retribución equivalente, la ecuación tiempo y dinero comenzaba a corroer los destinos de la humanidad. Una nueva forma del castigo como necesidad de disciplinamiento social nacía en las entrañas del capitalismo. Al poco tiempo, el poder encontró en la hipócrita formulación de la resocialización y la reeducación su modo de legitimar la tortura, la degradación, el exterminio de lo que marginaliza y produce la burguesía.

Nada nuevo se dice al hablar de la composición casi exclusivamente pobre de la población carcelaria, ni de la violencia que genera el encierro, ni de las recurrentes conductas agresivas que el estado despliega sobre la humanidad de los presos. Tal vez haya que remarcar siempre que la naturaleza -también ampliamente mayoritaria- de los delitos por los que se los encierra, tiene que ver con la afectación del derecho de propiedad, ese eufemismo jurídico que garantiza a pocos lo que se niega a muchos.

Esta semana, registramos más casos que engrosan la creciente nómina de víctimas en encierros:
Un muerto en Mendoza, en el penal de Almafuerte, por una pelea de internos; por iguales motivos, enla U48 de San Martín, Bs. As., un muchacho de apellido Ramos quedó hemipléjico.

Un preso en Catamarca y otro en Coronda, con la modalidad reiterada, multiplicada y siempre misteriosa del “suicidio”, completan el informe de aquello que los pretendidos neutrales califican como “violencia penitenciaria” y no como violencia estatal de responsabilidad indelegable. Porque es el estado quien se hace cargo “para resocializar o reeducar”, aunque eso, a la larga, signifique devolverlo en una bolsa de plástico.

En la misma semana, el policía imaginaria que había sido condenado a tres años y medio de prisión por no haber evitado las torturas sobre un detenido en la comisaría 5ª de Talar de Pacheco en agosto de 2002, fue absuelto por el tribunal de Casación Penal, dejando definitivamente en claro que la justicia lava siempre la sangre que queda en las manos del Estado.
A la pregunta del pensador y novelista ruso, le cabe una sola respuesta: “es el sistema papá, es el sistema”.

Sin-di-calistas de Perón y kirchneristas!

El General los reconocía como imprescindibles a la hora de disciplinar a los trabajadores para garantizar la conciliación de clases.

Su rol jamás será el de enfrentar a los empresarios, sino el de asegurarles sus pretensiones.

Delegados legitimadores en paritarias, suelen negociar los techos salariales que previamente les bajaron las patronales con acuerdo del estado.

Centran toda su actividad sindical en una fraguada reivindicación salarial y en el despliegue de una maquinaria asistencialista y clientelar, y, ayudados por una reglamentación torcida y por las consecuencias naturales de la alienación laboral multiplicada, se perpetúan en las direcciones de sus gremios.

Por supuesto, todo lo que huela a clasismo, independencia del estado y de los patrones, será convenientemente perseguido, amenazado y exterminado por las patotas que dirigen.

A cambio, son prebendarios del poder y constituyen en su entorno una especie de empresarios por inclusión, extraños señores gordos oliendo a rosca, a negocio y a traición.

En el escalafón de lo que se define como burócrata sindical, Hugo Moyano, secretario general de los Camioneros, de la CGT y principal ariete sindical de Néstor Kirchner, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, de relaciones exteriores de la CGT y referente sindical de Cristina Fernández, disputan el primer puesto, sobresaliendo entre otros tan repugnantes como ellos, porque además tienen pedigree represivo.

Y estos antecedentes han vuelto a relucir en estos días.

Moyano debió haberse sentado en el banquillo de los acusados esta semana, por sus vinculaciones con la marplatense CNU (Concentración Nacional Universitaria o la Triple A de la Feliz). Una jugada de su abogado -el ex juez Llermanos, el mismo que defiende a la patota camionera y a funcionarios oficialistas- le permitió zafar del cara a cara con los trabajadores y luchadores políticos y sociales que sufrieron su delación en los años de plomo.

Es un secreto a voces que detrás de la maniobra dilatoria estuvo la mano del “gobierno de los DDHH”, preocupado por la exposición de un aliado fundamental.

Gerardo Martínez, tal como lo denunció CORREPI junto a otras organizaciones, acaba de ser reconocido por el gobierno como agente de inteligencia del Batallón 601 (servicio, buchón) según documento firmado por Eduardo Luis Duhalde, secretario de DDHH de la Nación.

El oficio salió para el juzgado donde se lo investiga, justo cuando el entregador posaba jactante junto a la presidenta en la reunión del G20 en Cannes.

El general lo dijo en 1944, ante la Bolsa de Comercio: “No se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo. A nuestro amparo (el del Estado) se neutralizarán las corrientes ideológicas y revolucionarias que pueden poner en peligro nuestra sociedad capitalista”.

Setenta años después, un gobierno autodenominado “de los Derechos Humanos” reactualiza al general.

“Venga tranquilo”, dijo el juez.

La semana pasada se llevó a cabo el juicio al vigilador privado Juan Pablo Rodríguez, de la empresa Clave S.R.L, que fusiló a Luis Alberto Bolaño, un joven discapacitado de 27 años, que se ganaba la vida vendiendo estampitas en la estación de tren.

El estado argentino asesinó dos veces a Luis, quien tenía un retraso madurativo y atrofia de una pierna y un brazo, con mano “en garra”, como consecuencia de la desnutrición que había padecido de niño, y antes, durante el embarazo de su madre. La tarea la terminó de concretar este verdugo, quien le disparó cinco veces con su pistola Taurus calibre 32.

Antes del juicio, la familia de Luis, organizada en CORREPI, fue víctima de continuos aprietes y amenazas por parte de los esbirros del intendente menemista-kirchnerista–duhaldista Jesús Cariglino, que había contratado a la empresa Clave para hacer tareas de custodia en el Municipio de Malvinas Argentinas. Los aprietes incluyeron una tremenda balacera sobre la humilde vivienda de la familia Bolaño en Grand Bourg, el pasado 3 de septiembre.

Durante el juicio, al que está de más aclarar que el asesino vino libre, se comprobó que no hubo legítima defensa, que fue lisa y llanamente un fusilamiento. El balazo mortal que recibió Luis de arriba hacia abajo le atravesó el pulmón, el corazón y la aorta. El vigilador disparó a matar, no había otras armas ni vainas en el lugar, ni nada que indicara que el menor peligro para el asesino.
No obstante eso, la fiscalía pidió solo 8 años y medio de prisión, aunque con detención inmediata, ya que si bien consideró que fue un fusilamiento, tomó como atenuantes la falta de antecedentes del imputado y que “pudo haber tenido miedo, por eso disparó”.

Como querellantes, desde CORREPI sostenemos que si bien el asesino de Luis no es un policía, recibió cursos de entrenamiento, con el permiso de portación y su capacitación como vigilador homologados por el estado. Descartamos todo atenuante frente a la muerte de un discapacitado físico con la mentalidad de un niño de 5 años. Reclamamos que se lo condene a 25 años de prisión e inhabilitación para usar armas, por tratarse de un homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El asesino, desprovisto ahora de su arma, lloriqueó al escuchar los alegatos acusatorios. El presidente del tribunal, tan comprensivo, le dijo después de anunciar la fecha del anticipo de veredicto: “Venga sin miedo, venga tranquilo, que aunque lo declaremos culpable no vamos a ordenar ninguna detención todavía”.

Efectivamente, en la audiencia siguiente, el tribunal anticipó su veredicto unánime de culpabilidad, y el vigilador, aunque condenado, se fue caminando a su casa, escoltado por la veintena de patovicas de su agencia de seguridad que le vinieron a hacer el aguante, y a provocar al grupo de militantes de CORREPI, mayoritariamente mujeres, entre las que estaban la mamá y las hermanas de Luis.

El viernes 18, a las 9 de la mañana, estaremos nuevamente en los tribunales de San Martín, para gritar que a Luis Bolaño lo asesinó dos veces el estado argentino: primero, al limitar su vida por ser pobre y pasar hambre; luego, de un tiro “tercerizado” por un vigilador contratado por un municipio. Y que los verdugos, que nos matan un pibe por día con el gatillo y las torturas, pueden seguir matando, total siempre habrá un juez que les dirá “venga tranquilo”, que les garantizará la impunidad, aunque los condenen de palabra, para que sigan haciendo lo que la clase dominante les paga por hacer. Si usted, estimado lector, siente indignación por lo que le acabamos de contar, está invitado a acompañarnos.

Policías, la banda criminal más organizada.

En los últimos días de octubre, el capitán Roberto Bouzada y el subteniente Samuel Lanza, integrantes del Gabinete de Prevención del Delito de la comisaría 4ª de Mar del Plata, fueron detenidos por armar causas penales contra empresarios y comerciantes de la zona. Los policías solicitaban allanamientos basándose en la denuncia de testigos truchos. En los allanamientos nunca se encontraban pruebas relacionadas a lo que el testigo había declarado, sino que “servían como expediciones para encontrar algún elemento que sirva de cargo para formular imputaciones penales y la producción de estadística policial de presunta eficacia en el control de la criminalidad” según palabras de un funcionario judicial.

El armado de causas es un recurso habitual para todas las comisarías del país. Permite a la policía producir “resultados eficientes” en las estadísticas que muestren su inexistente “eficacia en el combate contra en delito”. Esas estadísticas son usadas por sus jefes, gobernadores y ministros de Seguridad, para hacer una tendenciosa lectura que les permita presentar ante la sociedad una realidad de “policías buenos contra pobres malos”, en oposición con una realidad tangible para el pueblo trabajador: la de delincuentes de uniforme enriquecidos por su eficacia en la organización del delito.

En la Unidad N° 45 de Melchor Romero, La Plata, cuatro presos denunciaron judicialmente lo que, de hecho, todos los jueces y fiscales ya saben: que los hacen salir a robar. La denuncia relata que los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense sacaban a los presos de su pabellón, les entregaban uniformes policiales, autos particulares, y los mandaban a robar a Capital Federal bajo amenaza de atacar a sus familiares. Así, robaban casas de familia y autos de alta gama que después llevaban a desarmaderos en el conurbano bonaerense para ser “cortados”. Luego de la denuncia, los presos fueron torturados y el testimonio fue puesto en duda por la fiscal por supuestas contradicciones en ¡la marca de los autos!.

Y, aunque no se tienen mayores datos, se puede inferir que este mismo proceder se dio en la ciudad santafesina de General Lagos, donde un grupo comando atacó un camión de caudales el 4 de noviembre. Los custodios respondieron a los tiros y mataron a uno de los asaltantes que vestía uniforme policial.

Por otra parte, un nuevo movimiento en la causa por el asesinato en octubre de 2007 de los tres policías bonaerenses en la planta transmisora de La Plata, pone de nuevo a la criminalidad policial en los titulares de los grandes medios de comunicación. Ya está preso un ex compañero de los policías asesinados, quien confesó que el golpe fue para robar uniformes, chalecos, armas y equipos de comunicación para hacer secuestros. La línea investigativa judicial apunta a que “si está involucrado un compañero de las víctimas, puede haber otros involucrados”. Por eso, mandaron a extraer muestras de sangre a 17 policías para cotejar el ADN con los rastros que encontraron en la escena del crimen.

Semana tras semana, CORREPI muestra que la criminalidad policial no es el resultado del accionar de algunos policías malos, sino que hace a la naturaleza de la propia institución policial, y que inseguridad es la policía en la calle. Como decía Rodolfo Walsh, hace más de 50 años, la secta del gatillo alegre es, también, la logia de las manos en la lata.

Más consenso para la represión.

El 3 de noviembre, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y su par de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, firmaron el acta de adhesión al “Protocolo de Actuación para las Fuerzas de Seguridad en el Rescate de Víctimas de Trata de Personas”.

Este protocolo había sido impulsado por el ministerio de Seguridad de la Nación en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior, organismo integrado por todos los ministros del país de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales.

El acta hace hincapié en la formación profesional de los policías que habrán de intervenir en estos delitos. Junto con la intervención policial, una serie de organismos ad-hoc intentarán tomar a las víctimas desde el comienzo mismo de la investigación, para intentar cooptarlas, como hacen actualmente con las víctimas de gatillo fácil y torturas.

Pocos días después, el 7 de noviembre, la ministra Garré inauguró el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad (INEES). Según el ministerio, el instituto tendrá por misión producir y difundir trabajos académicos que apoyen la “política de seguridad democrática” del gobierno, esa que desde 2003 ha asesinado a más de 1.700 personas con el gatillo y la tortura en comisarías y cárceles, y a 16 personas en movilizaciones populares.

En esa inauguración, se presentó el Cuaderno de Seguridad nº 14, la publicación del INEES. Sobre esta publicación disertaron Zaffaroni, Kessler y Escudé. El primero llamó a “reforzar las instituciones policiales para que trabajen en pos de una seguridad democrática”.

Por otra parte, esta semana Scioli acordó con el gobierno nacional mantener a Casal en el ministerio de Justicia y Seguridad, y remover, una vez más, a la cúpula de la bonaerense. El primer caído fue el comisario general Mario Alberto Valente, quien estaba a cargo de la Superintendencia de Seguridad Siniestral.

Medidas gatopardistas que nada cambiarán el panorama de la seguridad de los ricos y la inseguridad de los pobres. La trata de personas seguirá existiendo como hasta ahora, porque es precisamente la fuerza policial la que gerencia este delito, protegiendo prostíbulos y proxenetas, cuando no interviniendo directamente en el secuestro de personas para esos fines.

El anuncio de la creación del INEES, cuya función, según el decreto de 723/2011, es la utilización de la ciencia para perfeccionar la herramienta represiva, es coherente con el origen de las ciencias sociales burguesas (sociología, antropología, etnología, criminología, etc), utilizadas para profundizar el control social, comprendiendo mejor a quienes hay que oprimir. No está de más recordar que muchos “cientistas sociales” fueron, además, miembros de los servicios de las potencias colonialistas. La apelación al academicismo no debe ocultarnos que, en los hechos, se trata de utilizar la ciencia para perfeccionar la represión.

Por último, el anuncio de cambios en la cúpula de la policía bonarense, apunta a legitimar a esa fuerza, cambiando algo para que nada cambie. Como reza la tradicional frase, no se trata más que dejar caer al dictador para mantener la dictadura.

Tres medidas en apariencia progresistas, cuya verdadera finalidad es la de aplicar el máximo de represión con el mayor consenso posible.

La industria del control social.

En el capitalismo, todo puede ser reducido a la categoría de mercancía. Las modernas tecnologías de vigilancia, para el control social, no son una excepción.

Junto con el complejo militar industrial, la industria de la vigilancia debe ser de las pocas que no está en crisis actualmente.

Entre las novedades de la tecnovigilancia, se cuenta la noticia reciente de que unos científicos de la Universidad de Carolina del Norte, inventaron un programa capaz de espiar los mensajes de texto de celular a medida que se escriben, y con un alcance de hasta 60 metros. El programa logra recuperar el mensaje descifrando el movimiento de los dedos a medida que se escribe. Además, es capaz de leer las contraseñas que los usuarios introducen. Asimismo, el software es capaz de captar las imágenes que se reflejan sobre un vidrio o las lentes de un anteojo, por lo que no es necesario estar detrás de quien está usando el celular. Este proyecto es financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de los EEUU, que es una de las agencias federales para el desarrollo científico. Sabemos el uso que le darán las fuerzas represivas de todo el mundo apenas perfeccionen este nuevo sistema.

Pero no sólo en EEUU utilizan nuevas tecnologías para el control social. En Argentina, el “gobierno de los derechos humanos” ha decidido implantar el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), que servirá para identificar mejor a las personas, mediante un software que procesa registros patronímicos y biológicos, esto es huellas dactilares y fotografías.

El decreto 1766/2011 que establece el SIBIOS, entre sus considerandos, informa que la policía federal “ha sido recientemente dotada de un SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DIGITALES (A.F.I.S.), cuya base de datos cuenta con OCHO MILLONES (8.000.000) de registros biométricos recolectados en tiempos en que esta Fuerza expedía la extinta cédula de identidad y los pasaportes y que, en la actualidad, se nutre constantemente con el aporte de los datos biométricos suministrados por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS”.

La misma norma nos dice que el SIBIOS, “cuya implementación se propicia a través de esta medida, posee como finalidad principal instrumentar un servicio informático para permitir la comprobación idónea y oportuna de identificación de personas y rastros para fines de seguridad pública y de investigación judicial, contribuyendo al desarrollo de políticas eficientes de prevención y conjuración de ilícitos en el ámbito de la seguridad ciudadana y al mejoramiento de las diligencias investigativas requeridas por autoridades judiciales.”

Teniendo en cuenta esta nueva tecnología, y casos en los que el “gobierno de los derechos humanos” utiliza fotos bajadas de Internet para perseguir judicialmente a quienes salen a la calle a luchar, está más que claro que nos quieren obligar a marchar con la cara tapada.

Las clases dominantes siempre recurrieron a todos los avances tecnológicos existentes en diferentes momentos históricos, para oprimir y explotar mejor a las clases dominadas. Sin embargo, estas tecnologías se han visto sobrepasadas e inutilizadas, en reiteradas oportunidades a lo largo de la historia, ante la lucha organizada, independiente y consecuente, de los oprimidos y explotados. Es por eso que, por más que aparezcan nuevas tecnologías de control social, no cambia la consigna histórica de CORREPI: contra la represión, organización y lucha.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

- Viernes 18, movilizamos a los tribunales de san Martín, desde las 9:00: ¡Justicia para Luis Bolaño!

- Viernes 25, 18:30, Acto en Plaza de Mayo (Archivo 2011): La fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.</strong>

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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

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