Boletín informativo nº 635

Archivo 2011: La represión sigue siendo política de estado.

El 25 de noviembre, a las 18.30, CORREPI estará en Plaza de Mayo haciendo su presentación anual del Archivo de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado.

Hace 15 años, el gobierno menemista, en la voz de Carlos Corach, intentaba deslegitimar nuestra denuncia sobre su política represiva y nos pedían “números, datos”.

Así comenzó la tarea de sistematizar la información. Pero como, para nosotros, nuestros pibes muertos no son ni “números” ni “datos”, la información del archivo acompaña nuestra tarea militante diaria de organización, de denuncia y de lucha.

Hoy, después de la reelección de un gobierno que se adjudica el rol de “defensor de los DDHH”, nuestro archivo sigue evidenciando números que contradicen de pies a cabeza ese discurso.

Sobre 3.393 personas asesinadas desde diciembre de 1983 a la fecha, 1.836 murieron en los 8 años de gobierno kirchnerista, casi 200 en los últimos 12 meses. Más del 50 por ciento son pibes menores de 25 años.

Además, el Archivo muestra que la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas del país. Desde las policías de los gobiernos “más reaccionarios” como el de Macri, que con su metropolitana, en lo que va del año, tiene 5 casos de gatillo en su haber, hasta la policía del “socialista” Hermes Binner, la policía santafesina, que vuelve a ocupar el primer lugar en cantidad de casos en proporción a la cantidad de habitantes de su provincia.

A estos datos, hay que agregar el recrudecimiento por parte del gobierno de políticas de persecución hacia los sectores organizados. La represión selectiva del kirchnerismo sigue manteniendo en sus cárceles a tres presos por razones políticas y criminaliza a quienes salen a luchar por salario, trabajo y mejores condiciones de vida.

La utilización de patotas sindicales y grupos de choque para dirimir conflictos gremiales o medidas de lucha han sido moneda corriente en este último periodo, como lo prueba el asesinato de Mariano Ferreyra.

Mientras el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión, nosotros seguiremos denunciando y llamando a la organización frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica del pasado, no sólo los números de nuestro archivo, sino la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política de estado, gobierne quien gobierne.

Mariano Ferreyra: de cómo la justicia cuida a los sicarios del estado.

Esta semana, la Cámara en lo Criminal confirmó el procesamiento de siete policías federales por su apoyo, el 20 de octubre de 2010, a la patota de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra.

Los policías imputados son el ex titular de la Superintedencia Metropolitana de la Policía Federal Hugo Lompizano, los comisarios Luis Echeverría, Jorge Ferreyra y Luis Mansilla, el subcomisario Rolando Garay, el principal Gastón Conti y el suboficial Villalba. Esta causa es un desprendimiento de la causa inicial por el asesinato de Mariano. Es que la estrategia de la justicia y del gobierno es disimular su responsabilidad sobre lo ocurrido y, por supuesto, cuidar a sus sicarios. Por esto mismo es que estos siete policías, cuatro de ellos oficiales jefes, fueron procesados por “abandono de persona seguido de muerte”, es decir, por no haber prestado auxilio a las víctimas después del hecho, y no como partícipes del asesinato, cuando está por demás probado que no actuaron por “omisión” sino que fueron una pieza fundamental del plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, permitiéndole un escape seguro y, finalmente, destruyendo pruebas de su accionar.

Ya la jueza Wilma López desoyó el planteo que hicimos los querellantes en la causa para que se los impute como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua. Ahora es la Cámara en lo Criminal quien confirma el procesamiento realizado por la jueza, responsabilizándolos por un delito menor, que no refleja su verdadera participación en el asesinato de Mariano. Como siempre, la justicia se encarga de cuidar a los sicarios del estado, o de darles el menor castigo posible, limpiando la responsabilidad que tienen, tanto la policía como el gobierno, en el asesinato de un luchador.

Cristian Ferreyra: Otra víctima de un crimen “nacional y popular”.

“Asesinado por el agronegocio, Cristian vive, la lucha sigue”. Así tituló el oficialista diario Página/12 en relación al crimen de Cristian Ferreyra, el militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) asesinado en Copo, Monte Quemado, cuando el 16 de noviembre, junto a otro campesino también herido, se resistía al desalojo.

Rápidamente, el periodista Darío Aranda (autor de la nota), salió a denunciar al diario del gobierno, porque le censuraron la explicación del crimen que realiza el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Concretamente, Aranda dijo que le “podaron” el siguiente párrafo: “El MNCI donde militaba Ferreyra enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Zamora, el Poder Judicial de la provincia y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero del MNCI Adolfo Farías fue explícito: hacemos público que vamos por el gobernador, es el responsable de las represiones”.

¿Qué evidencia este pasaje censurado de la crónica periodística, a manos de un medio oficialista?

¿Cómo se compadece este silenciamiento de la víctima en un medio del gobierno autodenominado de los derechos humanos?

Como en el caso del otro Ferreyra, Mariano, estos crímenes se inscriben en el método de la represión tercerizada para defender, desde el estado, los intereses de los empresarios.

Que el “modelo nacional y popular” se asienta en los pooles sojeros, nadie puede negarlo: desde los Grobocopatel, Monsanto y compañía, hasta empresarios locales al estilo del asesino Jorge Ciccioli, responsable directo del crimen de Santiago del Estero).

Al amparo de las direcciones estatales de tierras, las policías provinciales y el propio poder judicial, las prebendas y privilegios que estos asesinos-socios del gobierno ostentan, han servido para consolidar el negocio de la sojización, con el que forma caja “el gobierno nacional y popular”.

Es que negocios son negocios, como lo explicara la propia presidenta, cuando, tiempo atrás, recibió a Pueblos Originarios reacios a su cooptación, aunque haya que decretar zonas liberadas, desalojos compulsivos ilegales e ilegítimos, cajoneo de múltiples denuncias e impunidad para el matonaje.

En esta lógica se inscribe el disparo mortal sobre Cristian Ferreyra. Como en el asesinato de Mariano, donde los intereses de los empresarios ferroviarios se contraponen con el de los trabajdores tercerizados, en el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía sojera contra los del campesinado.

Y en ambos, el estado habilita el crimen y lo delega, tercerizando su participación y protagonismo. Para eso, necesitan socios como empresarios asesinos, gobernadores o burócratas sindicales afines, jueces, fiscales y policías convenientemente adiestrados tanto para la comisión como para la omisión, patotas prestas a actuar, y siempre, siempre, un diario que tergiverse un crimen de la burguesía.

Corcovado y Luis Bolaño: la justicia en evidencia.

Esta semana presenciamos dos fallos judiciales que muestran sin disimulo el rol del aparato judicial como garante de la impunidad de los represores de cada día. Dos casos en los que las pruebas demuestran una cosa, y el fallo dice lo contrario.

En marzo de 2009, Corcovado, Chubut fue sitiado por la búsqueda de un prófugo. El GEOP (Grupo Especial de Operaciones de Policía), junto con otras reparticiones de la policía provincial, invadió el pueblo. Allanaron violentamente más de 20 viviendas, asesinaron a Wilson Bustos, dejaron parapléjico a su hermano Marcos, y hasta hoy sigue desaparecido el adolescente Luciano González. Hasta tomaron la radio zonal para que no se difundiera lo que sucedía.

Luego de la denuncia de las víctimas, la fiscalía amagó con la calificación de tortura, y de delitos de lesa humanidad, pero todo terminó con una tibia imputación por “excesos y abusos”. Se decidió acusar solamente al comisario Miguel Gómez, jefe del GEOP, y a ninguno de sus subordinados ni a los otros sectores de la fuerza policial que intervinieron. Tras casi tres años de espera, en estos días se conoció la sentencia, que causó asombro e indignación en Corcovado: lo absolvieron.

Los jueces decidieron, basándose en impresiones personales, y no en una base probatoria concreta, que probablemente los recuerdos de los habitantes de Corcovado “se vean mezclados por apreciaciones escuchadas, por un ataque que sintieron como aditamento de desgracias como la muerte de un integrante de la familia y otro gravemente herido”. Por otro lado, sobre lo actuado por los subordinados del comisario Gómez, concluyeron que “seguramente” no habrían sido decididos por él, y resultaron “excesos del personal policial”. Personal desconocido, por cierto, ya que no existe listado del personal policial que participó del operativo durante esos días.

Es decir, de la terrible semana que vivieron los habitantes de Corcovado no existe ningún responsable, ni material, ni político.

El otro fallo fue en el juicio por el asesinato de Luis Bolaño, en Grand Bourg, Buenos Aires, el mismo mes de marzo de 2009, por el vigilador privado Juan Pablo Rodríguez. Como hemos informado, Luis, un chico discapacitado mental y motriz, volvía a su casa cuando Rodríguez le disparó a matar. La historia del vigilador es que Luis era un delincuente armado y violento. Las pruebas, por su parte, muestran que Luis no hubiera podido siquiera sostener un arma, ya que tenía la “mano en garra” y el brazo atrofiado, aparte de que la supuesta arma nunca fue encontrada en la escena.

Esta semana, el tribunal oral nº 2 de San Martín condenó al vigilador de la empresa Clave seguridad SRL, contratada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, a la pena de dos años y diez meses de prisión, por supuesto que sin ir preso.

¿Por qué? Porque, según los jueces, como Luis, desorientado, caminó erráticamente para un lado y parta otro, en un lugar donde eran frecuentes los robos a mano armada, el vigilador pudo equivocarse, y creer que debía defenderse. Así, aplicaron la tesis de un “error en el ejercicio de la legítima defensa”, no sin aclarar que, después de todo, “…fue la propia acción de Bolaño la principal provocadora del error”.

Así como la policía es el brazo represivo del estado, el perro guardián de los poderosos, y su función es la de reprimir al pueblo, el aparato judicial es el que se encarga de defenderlos a ellos. La justicia no está en los tribunales, se consigue con organización y lucha.

Detenciones arbitrarias: la gran herramienta de la represión preventiva.

El diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, informó, la semana pasada, que una mujer policía denunció que su jefe, el comisario de una seccional de la ciudad, porque obligaba a todos los policías a hacer detenciones sin motivo alguno para elevar el número de las estadísticas de la comisaría.

El comisario llevaba una planilla con los nombres de sus subordinados, y las cantidades de detenciones realizadas. Y también colgaba un cuadrito con las fotos de los verdugos más eficientes, al estilo del “empleado del mes”.

Esta es la política que CORREPI viene denunciando desde que existimos. Las detenciones arbitrarias, en Córdoba, Buenos Aires, Salta o Santa Cruz, son política de estado. Para garantizar la “seguridad” de los ricos, los asesinos de uniforme detienen arbitrariamente a todo pibe de barrio por pura pinta. Así lo vemos a diario en las calles del país, cuando la policía pone contra la pared y cachea a los pibes que andan vestidos con ropa deportiva y gorrita.

En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia del Caso Walter Bulacio, ordenó al estado argentino derogar todas las normas y prácticas que habilitan detenciones arbitrarias. Sin embargo, en Córdoba, como en todo el país, siguen existiendo, al amparo legal de los Códigos de Faltas o Contravenciones y las facultades para detener personas en averiguación de antecedentes. Ni hablar de las prácticas que ni siquiera están normadas, como las razzias y las requisas que hace la gendarmería en los colectivos que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires.

El estado argentino jamás va a cumplir con el dictamen de la Corte IDH porque se quedaría sin una de sus armas más elementales para controlar a los sectores más empobrecidos de la sociedad.

En un escaparate de sinceridad, el diario cordobés publicó: “El Gobierno argumenta que la detención no es una pena, sólo una medida preventiva, y que no se podría responder a las demandas de seguridad y a las denuncias de la sociedad…”. Es verdad, las detenciones arbitrarias son una herramienta de represión preventiva imprescindible para garantizar las demandas de seguridad de los explotadores.

Otro burócrata de la UOCRA integrante del batallón 601.

En el Boletín Informativo Nº 616, de julio de este año, denunciamos la participación durante la última dictadura militar del secretario general de la UOCRA, como personal civil del batallón 601, donde realizaba tareas de inteligencia.

A principios de este mes, el SITRAIC (sindicato de trabajadores de la construcción y afines) denunció otro nombre más. Séquito de Gerardo Martínez por más de 20 años e integrante de la Triple A, Raúl Alberto Leiva (DNI 12.622.342) aparece a foja 46 y con número de orden 2474, en la nómina oficial que el Ejército Argentino entregara en 2010 a la ministra Nilda Garré.

En dictadura, entregaron compañeros a las manos del ejército. En “democracia”, son los mismos burócratas los que ejercen la repreisón. Los que muelen a palos a los trabajadores que se organizan de manera independiente, los que mandan a matar en las movilizaciones, como sucedió con Mariano Ferreyra, los que amenazan, los que amedrentan. Los que lavan la cara al gobierno, que terceriza la represión en estas patotas sindicales para sostener su discurso de “defensa de los DDHH”.

En dictadura o en “democracia”, el objetivo es el mismo: mantener callados a los que se organizan y quieren cambiar este orden nefasto de las cosas.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.