Boletín informativo nº 637

2012: más conflicto social y más represión.

Ya pasaron las elecciones, por lo que el gobierno ya no necesita de eufemismos, no necesita suavizar el discurso y puede anunciar más medidas antipopulares como las que viene aplicando desde hace 8 años, sin necesidad de disfraz y sin ponerse colorados.

Este es el análisis que se desprende luego de la II reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior (CSI), que se llevó a cabo el pasado miércoles 23 de noviembre en la sede del ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.

En la reunión del CSI se habló del aumento del conflicto social que se vaticina para el próximo año. Es sabido que la discusión de las paritarias no superará el 20% de aumento, en un año en el que la quita de subsidios, el recorte al gasto público y el enfriamiento de la economía que ya viene pregonando Cristina Kirchner, sumado a los conflictos ya existentes por tierra, vivienda, trabajo, salud y educación, van a recrudecer los reclamos y hacer salir la gente a la calle.

Palabras de preocupación se escuchaban entre los ministros provinciales, que reclamaron “políticas claras” y respaldo de las autoridades nacionales en caso que haya que reprimir tomas de tierras, acampes y piquetes.

Piden más respaldo del que ya tienen, tras el conflicto en Ledesma (Jujuy), cuya represión dejó el saldo de cuatro muertos. O el de la comunidad Qom en Formosa, que dejó dos, o el más reciente en Santiago del Estero, con el asesinato de Cristian Ferreyra. Más respaldo para la criminalización de la protesta, cuyo saldo es de 6.000 procesados, 17 muertos y 5 presos por razones políticas desde 2003. Respaldo para la más absoluta impunidad, garantizada por el aparato judicial, al servicio de sus intereses.

De todos modos, la ministra Garré les manifestó su apoyo, lanzando un protocolo de acción en caso de “desbordes callejeros”, medida para reprimir más efectivamente las tomas de tierras, acampes y cortes de rutas. No se puede negar que la clase dominante encontró en Garré uno de sus mejores cuadros para planificar las formas en que el estado descarga la represión sobre el pueblo. Ya ha implementado medidas como el Operativo Centinela, el Unidad Cinturón Sur y el Escudo Norte, todos dirigidos al control social, llenando las calles de verdugos.

Está claro que esta reunión apuntó a consolidar alianzas y marcar el rumbo en materia represiva para los próximos 4 años de gestión kirchnerista.

Hablando de alianzas y estrategias, paralelamente se viene desarrollando la interna dentro de la CGT. Interna que está íntimamente ligada a la discusión de las paritarias y al sistema de alianzas políticas hacia adentro del kirchnerismo. El viernes 25, Cristina Kirchner tuvo un claro gesto hacia Gerardo Martínez, denunciado por varias organizaciones políticas y sindicales, entre ellas CORREPI, por hacer inteligencia para el batallón 601 en la dictadura. Martínez, líder de la UOCRA, es el hombre que suena fuerte para reemplazar a Moyano en la dirección de la CGT. A cambio del blanqueamiento de su prontuario, es el títere perfecto para torcer la discusión salarial para el lado del gobierno y la UIA.

Es por eso que el vicegobernador, Gabriel Mariotto, organizó un encuentro en el predio que la UOCRA posee en Esteban Echeverría, al que asistieron Hebe Pastor de Bonafini, jóvenes de La Campora y Aníbal Fernández. Ahí se pudo ver a la otrora luchadora por los DDHH compartiendo escenario con el responsable de la desaparición de al menos 105 trabajadores de la construcción en la dictadura y que actualmente se dedica, entre otras bellezas, a enviar patotas para golpear docentes, como en el conflicto de Adosac en Santa Cruz (ver Boletín 612), trabajadores de listas opositoras dentro del gremio de la construcción, como las reiteradas palizas a los obreros de Sitraic (ver boletines 595 y 633), así como todo conflicto que moleste al gobierno y necesite de una fuerza de choque para silenciar los reclamos.

Como podemos ver, el próximo año se prevé un aumento considerable de la conflictividad social y la represión no se hará esperar. El gobierno ya está aceitando los mecanismos para aplicar sobre los trabajadores las medidas represivas que les permita contrarrestar la lucha. El protocolo de acción en caso de desbordes, enfocado a la represión que desde CORREPI caracterizamos como selectiva y el guiño a Gerardo Martínez, demuestra una vez más que la política de DDHH es una fábula mezquina para obtener consenso, así como también demuestra el carácter represor y antiobrero de este gobierno.

Hay para todos… represión a estatales en el Chaco y a docentes en Capital.

Esta semana se dieron dos hechos represivos de significativa importancia por la envergadura de los conflictos que involucran a los trabajadores del estado en ciudad de Buenos Aires y en la provincia del Chaco.

Ambos conflictos se relacionan con el avance de la precarización laboral, afianzada en el sector privado, que en este caso se vuelca en la esfera pública.

El jueves 30 de noviembre, los empleados estatales de la provincia del Chaco realizaron un corte de calle, frente a la Casa de Gobierno, en reclamo de mejoras salariales y de la derogación de un decreto que establece la obligatoriedad de una carrera administrativa en el sector público.
El gobernador kirchnerista, Jorge Capitanich, no tardó en enviar a la policía para que libere el transito, que lo hizo a fuerza de gases y balas de goma que hirieron a mujeres y niños inclusive. El resultado de la represión fue de varios heridos y seis detenidos, entre ellos José Niz, titular de UPCP, el mayor gremio de estatales de esa provincia.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, se desató la represión, en este caso protagonizada por integrantes de la barrabrava de Boca al servicio del macrismo, sobre los docentes que venían llevando adelante la lucha contra la sanción de la ley que reduce a la mitad las juntas de clasificación docente y establece la creación del una comisión de control que responda al poder ejecutivo de la ciudad, por ende al gobierno de turno.

En la noche del 29, luego de reiterados paros, los docentes agremiados en UTE y Ademys, acompañados de organizaciones políticas, hicieron un acampe y vigilia en las inmediaciones de la legislatura porteña. Alrededor de las 9 de la mañana, UTE se retiró del acampe, al mismo tiempo que la policía liberó la zona. Poco tiempo después llegaron cuatro micros con gente encapuchada cantando consignas contra Macri que se infiltraron entre los manifestantes, previo de robar banderas y estandartes de algunas organizaciones que estaban en el lugar. Cuando lograron infiltrarse comenzaron a golpear a los docentes y estudiantes para hacer un cordón que permitiera el paso de los legisladores al recinto, pra que votaran la resistida ley.

Durante la tarde hubo una movilización en repudio de las agresiones hacia los docentes y se continuó la vigilia en la puerta de la legislatura. Cuando ya estaba finalizando el trámite legislativo y la sanción de la ley era casi un hecho consumado, los manifestantes fueron finalmente desalojados por el personal de seguridad de la legislatura y la policía metropolitana.

Esto nos muestra que no importa el color político del partido que gobierne. Kirchnerismo y macrismo, a la hora de reprimir, son lo mismo. Pueden hacer la parodia de pelearse para las cámaras, pero entre bastidores se dan las manos porque saben que defienden los mismos intereses.

El Banco Piano persigue a los sindicalistas antiburocráticos, la policía reprime.

La semana pasada fueron despedidos dos compañeros del Banco Piano. Aníbal Maidana, cajero de la sucursal San Martín, y Daniel Truccolo, cajero de Ballester, fueron despedidos por su actividad sindical. Ambos pertenecen a la agrupación “La Tecla”, opositora a la burocracia de la Junta Interna y a la burocracia zanollista de “La Bancaria”.

El jueves, los compañeros despedidos, junto a otros bancarios, hicieron un escrache en la casa Central del Banco Piano, para reclamar por la reincorporación de los despedidos y el cese la persecución sindical hacia los miembros de “La Tecla”. Cuando los compañeros entraron a la sucursal con bombos, redoblantes y volantes, los policías de la federal y la seguridad privada del banco agredieron con golpes y empujones a los trabajadores y hasta intentaron agredir también a un periodista del diario “El Sindical”.

Los compañeros, ante esta persecución sindical, también iniciaron acciones judiciales. En 15 días un juez tendrá que decidir si restituye a los compañeros, mientras avanza el juicio, o si se pone del lado de la patronal y avala la persecución de la patronal del Banco.

La patronal despide y persigue a los trabajadores antiburocráticos, la burocracia sindical avala los despidos y la policía reprime cuando protestan. La única manera de lograr que el juez restituya a los compañeros despedidos a su lugar de trabajo, es con la solidaridad, la organización y la lucha.

Para qué aumentar las penas, si reprimiendo se obtienen mejores resultados.

La ministra de Seguridad, mientras disertaba en la primera Jornada sobre Seguridad Integral organizada por el Observatorio de Seguridad Integral de la Fundación Ángela María Aieta de Gullo efectuada la semana pasada, aseguró que “la conflictividad, presente en todas las sociedades, requiere conocer cómo gestionarla para que tenga los menores grados de violencia posibles y que el derecho a la seguridad de cada ciudadano esté garantizado”. Y rematando agregó: “La mayoría de los casos pueden resolverse de manera preventiva”, dejando al descubierto que no hace falta aumentar las penas para reprimir el conflicto social, si existen métodos más eficaces para resolverlo.

¿Cómo? Con los métodos que viene aplicando e incrementando desde que asumió su mandato. Sólo para mencionar algunos, la creación del Plan Cinturón Sur militarizando los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, la creación de policía vecinal, policía especial, es decir, más policía, gendarmería, prefectura, todos invadiendo los barrios con la única finalidad de controlar y reprimir la clase que ella anuncia como responsable del delito. Lo dijo con toda transparencia: “La desigualdad no es la única causa del delito pero sí de conflictividad, violencia y situaciones que terminan en accionares delictivos”.

Mostrando el respaldo de todo el estado nacional en esta política de represión preventiva, añadió a sus palabras que: “cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó el Ministerio de Seguridad, dio una señal muy enfática al determinar en la agenda pública una política de seguridad”.

El mensaje de la ministra de seguridad es claro, “la inseguridad no se resuelve con penas más duras”, sino con más represión…

Restructuración policial para reprimir mejor.

Esta semana, a las puertas de la reasunción de la gestión kirchnerista en la nación y varias provincias, hubo varios anuncios de cambios en la estructura policial. Por el lado de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli decidió pasar a retiro al jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, desgastado en los últimos años, después de episodios que trascendieron y pusieron en evidencia la participación criminal de la fuerza.

Junto con la designación, en su reemplazo, del comisario Hugo Matzkin, de inmejorable relación con el gobierno nacional a través de León Arslanián, se reestructuró el organigrama policial, designando a dos civiles en las subsecretarías de Política Criminal y Operativa.

Paralelamente, el gobernador anuncio la creación de la policía municipal, que dependerá de los intendentes del conurbano, y de la policía judicial. Ninguno de ambos anuncios es demasiado novedoso. Por el lado municipal, hace años que diversos municipios, como Ezeiza, implementan “planes piloto” de policía local, reclutando ex policías de “impecables antecedentes”, como el “Mataguachos” de Fiorito, Juan Antonio “El Oso” Peloso, reciclado en aquel municipio cuando fusiló a Matías Barzola en 2003. Y pocas medidas han sido “anunciadas” más veces que la policía judicial, que nunca se terminó de implementar.

El triángulo operativo conformado por el nuevo jefe y los civiles a cargo de las secretarías, responde de manera directa a las prescripciones acordadas con el ministerio de Seguridad nacional y promovido por el CELS, Pérez Esquivel, la CTA y otras organizaciones en el llamado “Acuerdo de Seguridad Democrática”, el decálogo de “cómo reprimir y seguir pareciendo progresistas”.

Al mismo tiempo, pero desde la nación, se anunció la creación de una delegación para monitorear a las fuerzas de seguridad en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, justamente las provincias en las que, de manera recurrente, los conflictos por tierras y trabajo son más agudos, y prometen crecer de cara a la miseria que avanza.

El comunicado del ministerio de Seguridad de la nación es bien claro: “…la nueva dependencia permitirá detectar problemáticas específicas de seguridad en la región y, eventualmente, proponer cursos de acción”. La resistencia, a pesar de la represión y el asesinato, de la comunidad qom La Primavera, es buen ejemplo de esas “problemáticas específicas” que requieren “proponer cursos de acción” en los que la nación coordine sus fuerzas federales con las policías provinciales y municipales.

A Garrido lo mató la policía.

El 36% por ciento de las muertes a manos del aparato represivo estatal ocurren en comisarías o cárceles. Presentadas como suicidios, descompensaciones o muertes súbitas, son la perfecta cobertura para la muerte en la tortura o la lisa y llana ejecución. Aun las atribuidas a peleas o riñas entre presos, suelen estar acompañadas de la facilitación, cuando no la directa instigación de los funcionarios, que usan sicarios igual que reclutan “buches” en la calle.

El 1º de diciembre, Alejandro Verardo Iraola, de 37 años, apareció muerto a puntazos en su celda en el penal de San Felipe, en Mendoza. Con él, ya ronda la decena la cantidad de nuevos casos que hemos registrado después del cierre de datos para el acto en Plaza de Mayo.

Al mismo tiempo, pericias médicas confirmaron, en El Bolsón, que a Guillermo “Coco” Garrido, encontrado ahorcado en la comisaría 12ª el 13 de enero de 2011, lo mató la policía, fraguando luego su “ahorcamiento”, tal como lo denunciamos desde el primer momento (ver Boletín nº 593, 31/01/11).

Gracias a la movilización de familiares y vecinos y a la lucha organizada del Colectivo de Militantes de DDHH de El Bolsón (integrantes del Encuentro Nacional Antirrepresivo), se logró desbaratar el intento de encubrimiento el que fueron parte el médico forense que realizó la primera autopsia, que ocultó el golpe que tenía Guillermo en su cabeza, y el juez Ricardo Calcagno, quien, además de tratar de cerrar la causa, premió a los asesinos permitiéndoles seguir trabajando.

Como en El Bolsón, sólo la pelea antirrepresiva organizada permite mostrar en un expediente judicial lo que tanto se esfuerzan en ocultar: que cada preso que muere en una cárcel o comisaría, es una víctima de la represión estatal.

Próximas actividades:

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.