Boletín informativo nº 645

Parque Indoamericano: “Impunidad para todos”.

En diciembre de 2010, la policía federal y la metropolitana coordinaron sus fuerzas para reprimir a los ocupantes de un predio en el Parque Indoamericano de Villa Soldati. Durante el “operativo conjunto”, fueron asesinados Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez, y media docena de vecinos sufrieron heridas de arma de fuego.

En la causa que investiga los homicidios y heridas, el fiscal había imputado a 11 policías de la federal, 33 de la metropolitana y a la jueza que dio la orden de desalojo, María Cristina Nazar, y pidió al juez de instrucción que se los indagara y procesara.

El juez Eliseo Otero, fiel a su larga trayectoria judicial, sobreseyó a los 44 policías y a la jueza. ¿De qué manera se garantizó la impunidad? Con la conocida formula de que, aunque se sepa que disparó la policía, si no se puede saber quien apretó el gatillo, no lo apretó nadie. Lo concreto es que Emilio, Rosemary y Bernardo fueron asesinados por el estado, y, lógicamente, el aparato judicial (que es del estado, tanto como el policial), una vez más demuestra que entre ellos se cubren, que el sistema está bien aceitado, y que no hay cuestiones al azar ni autonomía en el accionar policial.

El juez Otero, como tantas veces lo ha hecho, aseguró que el accionar de la policía estuvo “justificado” porque la orden de desalojo era “legítima”. “La ecuación ha sido tan simple como efectista: los proyectiles debieron provenir del grupo de funcionarios que pretendían cumplimentar la orden judicial de desalojo sobre el predio y la responsabilidad debiera extenderse a todos quienes participaron en la gestación de aquella orden” dijo el magistrado, en un completo acto de cinismo. De paso, criticó las conclusiones a las que llegó el fiscal en su dictamen, disgustado porque no se investigó a los vecinos de la Villa 20.

Desde CORREPI seguimos afirmando que no existe la autonomía policial, que no es un loco suelto o una manzana podrida, no es un policía, sino toda la institución, que está dirigida por el gobierno de turno. En el Parque Indoamericano se pudo ver a los gobiernos nacional y de la Ciudad obrando en conjunto para reprimir una toma de tierras causada por el desamparo en el que viven miles de personas. La orden de desalojo la dictó una jueza de la ciudad, fue cumplida con celeridad por los verdugos federales y metropolitanos, y un juez de la Nación les garantizó la impunidad a todos.

La compañera Elizabeth Ovidio, esposa de Emilio Canaviri Álvarez y militante de la TPR, no podrá apelar este fallo, ya que su petición de ser querellante con patrocinio de CORREPI fue rechazada en dos oportunidades por el mismo juez Otero, quien no tuvo por probado que su marido, enterrado con otro nombre ya que portaba el DNI de un paisano, sea el padre de sus hijas, y se negó a realizar los estudios de ADN necesarios.

¿Huelga policial? Película nao tem fin.

Los matones se amotinan. El mafioso que los contrata se indigna, por eso dispone el envío de otros matones, para que el mensaje llegue rápido y preciso a la barriada obligada al pago. El caos que preocupa es la posible ausencia de control social prolongado, que es el principal negocio del mafioso desairado.

Pero no es la trama de una película ni el trazo grueso de una novela de acción. Es un hecho de la realidad que aconteció en Bahía, estado empobrecido y populoso de Brasil, la mayor economía emergente, maquillada por la progresía continental.

Cuando se pretende contar lo ocurrido con la policía militar estadual como un hecho inscripto en el marco de una huelga, se empieza distorsionando. La huelga es una acción propia, exclusiva y excluyente de la clase trabajadora, que mediante esa acción directa, presiona al capitalista dejando de vender en el mercado su único recurso, la fuerza productiva, creativa, que le es inherente.

Y un policía NO ES UN TRABAJADOR, a menos que se afirme que la tarea de ejercer violencia sobre los más necesitados admita esa calificación.

El policía no pertenece a la clase trabajadora, porque su disposición es a controlarla, a encarcelarla, a matarla. Aunque haya nacido y hasta se criara en su seno, la decisión de alistarse lo aparta de ella, lo desclasa, cuando se convierte en su verdugo, mientras que él, para su amo (el estado y la clase que lo regentea) es un esclavo con látigo.

El proceso de desclasamiento puede advertirse sin titubeos cuando el policía pone en acto sus pretensiones. En Brasil lo fue en este orden:

1) Nuevos planes de carrera (adiestramiento y militarización);

2) Mejores condiciones (recursos para reprimir mejor);

3) Remuneración digna (en los últimos 5 años obtuvieron el 30% de ajuste);

4) Seguro por accidentes (impunidad encubierta frente a sus crímenes).

En sintonía con las recomendaciones de “respetables organismos de Derechos Humanos”, la asonada policial se funda en la hipótesis de conflicto interno que manejan los países de la región: la seguridad en el centro de toda sociedad dividida en clases. En cómo proveer al combate “de este flagelo que tiene a los buenos ciudadanos como rehenes de los delincuentes y a quienes velan por nuestra calidad de vida como abnegados servidores”.

Este mediático discurso que contribuye a la fabricación industrial del consenso, es el que los legitima. La confusión que instalan entre los trabajadores, por cierto que también: el brazo armado de la clase dominante se mimetiza con la clase sobre la que descarga su arsenal, tan solo para reprimirla mejor y en mérito a la seguridad… de los ricos, claro.

Las explicaciones sobre la formación dictatorial, (la Universidad de Río sostuvo que las PM “están formadas para la guerra y no para proteger al ciudadano”) o sobre la escasa remuneración “que los torna violentos y corruptos”, son macanas que desvían la cuestión.

Porque la violencia estatal o paraestatal no puede administrarse de otra manera que con los parámetros de una guerra despareja (gatillo fácil, tortura, desaparición, fusilamiento), la brutalidad y crueldad del brazo armado de la burguesía no depende de su formación, sino de su concepción. Del mismo modo que la corrupción institucional no es una causa, sino la paga en negro por los servicios prestados.

Importa entonces comprender que lo de Brasil (como lo de cualquier otro similar) fue un levantamiento de los perros guardianes frente a sus amos.

Y cuando los perros se satisfacen o tranquilizan…ya sabemos cómo sigue la película.

El estado argentino sigue asesinando, con prisa y sin pausa.

No esperábamos que febrero fuera una excepción en cuanto a las muertes provocadas por la política represiva estatal, pero la realidad supera nuestras especulaciones. En dos semanas, la represión preventiva, aquélla cuyo objetivo es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que, por lo tanto, se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, se cobró varias víctimas.

El 5 de febrero, Daniel Gonzalo Nieto, un procesado detenido en el penal de Miraflores, Catamarca, fue asesinado de dos puntazos, uno en el tórax y otro en la espalda. Las autoridades penitenciarias alegaron lo de siempre, que el preso tuvo una pelea y que lo encontraron casi muerto.

El 7 de febrero, encontraron a un detenido de apellido Almada, alojado en la Departamental de Rosario del Tala, colgado de los barrotes. El servicio se excusó diciendo que ya estaba sin vida y que no pudieron hacer nada para salvarlo. Lo mismo, dicen, le pasó a Yanina Hernández Painnenfil, que estaba alojada en la Unidad 3 de Ezeiza, y apareció “suicidada” el viernes 3 de febrero, lo que eleva el record de esa unidad, a 6 “suicidadas” en apenas dos años (junto a Silvia Nicodemo, Romina Leota, Noelia Randone, Vanesa Rodríguez y Natalia Alé).

Ante tantos casos idénticos, que se repiten todas las semanas, vuelven una y otra vez a nuestra memoria las palabras de Rodolfo Walsh sobre estos recurrentes “suicidios”: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella”. (”La secta del gatillo, el enigma de La Matanza”).

Fuera de las cárceles, en la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, un policía federal asesinó a un chico de 15 años, e hirió a su amiga, de 16. Como es costumbre, la fuente policial informó que el policía había sido sorprendido por cuatro motochorros, para luego decir que, cuando “se distrajeron”, el policía sacó su pistola 9 milímetros, se produjo un tiroteo, del que el policía salió indemne, y en el que murió el supuesto delincuente. No faltó el perro (arma plantada), un revólver calibre 38 largo.

A principios de mes, un policía bonaerense asesinó a un chico que, según la versión policial, había ingresado a un albergue transitorio en Quilmes, para asaltarlo, con un revólver de plástico.

El miércoles 8 de febrero, en San Martín, un sargento primero del ejército, que presta servicios en Campo de Mayo, fusiló a un joven de 18 años que, según él, intentaba robarle el rodado. En una primera versión dijo que su hijo de dos años se encontraba dentro del automóvil. Luego, que su hijo estaba a resguardo con la madre que, a su vez, le había alcanzado el arma reglamentaria. Se informó un tiroteo de frente, en el que el pibe de 18 años recibió varios disparos en el pecho y del que el sargento salió ileso.

En Martínez, un policía de la bonaerense asesinó a un joven de 20 años que, minutos antes, había asaltado una tienda de ropa con otros cómplices. La versión de los medios fue la misma de siempre, el policía advirtió su condición, dio la voz de alto, y recibió como respuesta una andanada de disparos de parte de los delincuentes. Sin embargo, el muerto tiene un tiro en la espalda y el policía, que fue atacado por cinco delincuentes, no tiene un solo rasguño.

Se repiten a rabiar los casos de supuestos delincuentes con muy mala puntería en todo el país. Por ello, vuelve a nuestra memoria Rodolfo Walsh, que en la publicación citada también decía: “En los tres primeros meses de 1968, la Policía bonaerense mató en tiroteo a diez delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo por su parte una sola baja. Este rendimiento de diez a uno es único en el mundo…”

Estas noticias, aparecidas en apenas dos semanas, ponen al descubierto la realidad represiva cotidiana, a la que se suma, por ejemplo, la criminalidad policial, de la que hablamos en otra nota porque, como también decía Walsh, la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata.

Policía municipal.

El gobernador Scioli anunció que pondrá en funcionamiento la primera etapa de una nueva fuerza policial denominada de PREVENCION MUNICIPAL. No hay sorpresas, la creación de nuevos cuerpos policiales estaba en los planes del gobierno desde hace mucho tiempo. La “seguridad”, como nueva hipótesis de conflicto interior, sólo apuró los trámites.

Presentada con la candorosa imagen de la policía de “proximidad vecinal”, el nuevo cuerpo represivo no es más que un acotado y previsible experimento descentralizador de algunas funciones de la convencional policía provincial.

Acotado, porque se reduce al ámbito de los municipios de más de 100 mil habitantes que quieran adherirse. Previsible, porque a través de su diseño, descentraliza funciones, multiplicando agentes y potenciando la capacidad represiva de un estado que no para de crecer en la materia. La apariencia “civil” con la que pretenden disfrazarla (la planificación de su accionar quedará en manos del Intendente) cede ante las cuestiones centrales, que se concentrarán en un jefe operativo perteneciente a la policía de la provincia. Lo previsible y reiterado: llevará el nombre “municipal” inserto en el uniforme, aunque los agentes que lo ostenten recibirán instrucción policial; y si bien su campo de acción se limitará a espectáculos públicos, problemas con el tránsito y conflictos vecinales, cada uno de sus efectivos estará armado (adiestrado y armado por la misma policía de la provincia). Es decir, más de lo mismo.

Por más eufemismos que usen, se trata de una fuerza de seguridad que viene a completar el potencial represivo de un estado provincial que cuenta con más de 50 mil efectivos de la Bonaerense, otro tanto de la policía federal que tiene sus delegaciones multiplicadas, más el aporte de los operativos Centinela y Cinturón Sur, que incorporaron decenas de miles de gendarmes y prefectos. Todo sin contar que en determinados sitios como el transporte público (estaciones ferroviarias) hay un ejército de agentes de la seguridad empresaria.

No es muy difícil imaginar barriadas enteras del Gran Buenos Aires, ahora también vigiladas y controladas por esta “democrática” fuerza. No requiere mucho esfuerzo comprender que viene a sumar presencia devastadora entre los sectores empobrecidos de la provincia. Y que en el horizonte de la democracia argentina se dibuja la silueta del verdadero estado policíaco.

No hay sorpresa, decíamos.

Es política de estado, no “descontrol”.

Durante la presentación de un libro sobre el derecho y cuidado del medioambiente, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió a la situación que atraviesa la policía bonaerense diciendo que “Aunque pongan a San Francisco de Asís, la policía bonaerense es muy difícil de controlar”. La afirmación es parcialmente verdad: sea cual fuere el santo que a cada cual le agrade, nada cambiaría en ninguna policía (no sólo la bonaerense) bajo su mando. Lo que es falso es que se deba a que la policía (bonaerense o cualquiera) sea “difícil de controlar”, sino porque la que vemos a diario es la tarea que deben llevar a cabo en una sociedad dividida en clases. ¿O alguna vez vimos a algún policía negándose a cumplir una orden de reprimir?

Para rematar su discurso, el cortesano opinó que “La gente exige seguridad a los municipios, que no controlan la policía, es más fácil controlar tres mil personas que cincuenta mil”. Si la cuestión pasara por la cantidad, la provincia de Tierra del Fuego, con 45.000 habitantes y un puñado de miles de policías, no exhibiría el índice más alto, después de Santa Fe, de muertes por gatillo fácil y en lugares de detención en proporción a su población.

Más de policriminales.

Sumando a la larga lista de casos del boletín anterior, que demuestran que lejos de ser un remedio para la inseguridad, la policía ES la inseguridad, esta semana… otra larga lista de casos:

Una oficial de la policía Metropolitana y su madre, fueron detenidas junto a otras tres personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la elaboración y venta de cocaína. La droga era preparada en la casa de la mujer policía, en el barrio porteño de Ramón Carrillo.

Allí se incautaron tres kilos de cocaína, 43 de marihuana, una pistola calibre 9 milímetros cargada con 16 cartuchos, un revólver calibre 38 y nueve teléfonos celulares utilizados por la banda. Además, hallaron precursores químicos para fraccionar la droga, una balanza y una prensa.

En Villa Madero, partido de La Matanza, un empleado civil de la Policía Federal hirió a balazos a un hombre cuando lo descubrió con su ex mujer.

En el marco de las investigaciones por el robo de $80.000 a una oficina de una empresa constructora (en el que hubo un herido) fue detenido un ex suboficial que fue exonerado de la fuerza el año pasado cuando se descubrió que, junto con su hermana, también policía, permitían el ingreso de droga para un preso en la comisaría 1ª. El ex efectivo había sido despedido, también, de la empresa constructora, en la que trabajaba como seguridad, por ser sospechoso del robo de unos 3.000 litros de combustible.

En General Roca, un oficial de la policía rionegrina de más de 10 años de antigüedad es investigado por haberse quedado con drogas que habían sido incautadas a un detenido.

El cabo Fernández, un agente de la policía de Mendoza, resultó condenado a tres años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación especial por haber torturado en 2005 a un vecino de Maipú, junto a otros dos agentes, en la comisaría 10ª. El fallo absolvió a los otros dos policías (Marcos Andrés Torres Antivilla y Miguel Alberto Genes Peralta). Y, claro, determina que, en menos de lo que canta un gallo, el represor volverá a tener chapa y arma. El mismo agente había sido absuelto por otras 3 causas: En 2007, por pegarle a un compañero que dejó en libertad a dos detenidos que no habían cometido ninguna falta, y por estafar a un turista. En 2006, por amenazar a una persona que observaba un accidente vial.

Una mujer que estaba a punto de recuperar su libertad denunció que fue abusada por dos penitenciarios mientras era transportada en un camión de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense hacia la Unidad 45 de Melchor Romero.

Atención, si ve un delito, no avise a la policía.

Causa Ferreyra: Patota y policía, la causa es una sola.

Apenas habían pasado unas semanas del asesinato de Mariano Ferreyra, cuando empezamos a denunciar públicamente que, cumpliendo a pies juntillas su función, el poder judicial intentaba esconder bajo la alfombra la participación de la policía federal. Dijimos, desde el primer día, en los tribunales y en las calles, que el ataque a los trabajadores tercerizados y a las organizaciones movilizadas con ellos el 20 de octubre de 2010, fue parte de un plan criminal en el que la patota, la policía y la empresa se repartieron las tareas, parea lograr un fin común: defender los comunes intereses de la triple alianza antiobrera, el estado, la patronal y la burocracia sindical, todos socios en las ganancias, en la explotación y la represión a los trabajadores.

Cada uno hizo lo que debía hacer: UGOFE licenció a los integrantes de la patota; ésta ejecutó el crimen, y la policía garantizó su seguridad e impunidad, abriéndoles el camino primero, y evitando que los compañeros los persiguieran y alcanzaran, después.

El estado echó a andar su maquinaria para ocultar ese mecanismo, y entregó el engranaje más sucio, débil y reemplazable (Pedraza y su patota). La jueza Wilma López los encarceló por el homicidio calificado de Mariano y las tentativas de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Al mismo tiempo que preservó a la parte más valiosa, la patronal, cuyos representantes sólo han declarado como “testigos”, para proteger a los hombres de la federal, imposibles de dejar afuera de la investigación por la fuerza de los hechos, se urdió la maniobra de inventar una causa paralela, simulando que se investigaba a los de uniforme “por otra cosa”.

Una y otra vez insistimos en que la policía federal hizo un aporte fundamental al plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, luego garantizando su escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar. Pero la trampa de la “causa paralela” parecía funcionar, a tal punto que su ejecutora, la fiscal Camaño, fue premiada por su eficiencia con la designación como segunda línea en el ministerio de Seguridad.

El nuevo fiscal y la jueza López procesaron a seis jefes policiales por abandono de persona agravado por haber resultado la muerte, mientras, desde la querella, acusábamos a los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua.

El año pasado, con la instrucción terminada en las dos causas, ya tuvo que admitir la cámara de apelaciones que se trataba de un mismo hecho, en el que habían intervenido dos grupos de personas, patoteros y policía. Luego, casi a fin de año, el tribunal oral que recibió la causa de los policías tuvo que reconocer que había indudable conexidad con la de Pedraza y sus matones, y la mandó a tramitar al mismo tribunal oral nº 21, al que, al mismo tiempo, las querellas exigimos que se unificaran ambos expedientes.

Como siempre, aun cuando no les quede otro remedio que admitir que falló el intento, dieron vueltas, decidieron no resolver durante la feria de enero, pero, al final, no les quedó otro remedio que aceptar que no tenían argumento para defender la separación en dos partes de lo que estuvo unido desde el comienzo. Y se reunificó el trámite de las que llamamos “causa policía” y “causa patota”.

Es un importante, aunque parcial, triunfo de la verdad, a fuerza de movilización y pelea. Cuando comience el juicio oral, la foto del largo banco de los acusados tendrá a la policía y a la burocracia de la UF como siempre estuvieron, codo a codo, contra el pueblo trabajador.

- El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire a partir del primer fin de semana de marzo, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.