Boletín informativo nº 650

“¿Tortura? Culpa de la sociedad…”, dicen el gobierno, la ONU y el CELS.

La semana pasada, senadores radicales y peronistas bonaerenses, junto con el CELS y la ONU anunciaron, con bombos y platillos, la creación de un “órgano de prevención de la tortura” en la provincia. Otro más, habría que decir, porque “Comisiones contra la Tortura”, “Observatorios contra la Tortura” o cosas parecidas abundan en la estructura gubernamental de la provincia de Buenos Aires, y en todo el país.

Como los ministerios o secretarías de Derechos Humanos, que no faltan a nivel nacional y de las provincias, estos “organismos” buscan instalar la ficción de que los gobiernos se preocupan por “prevenir la tortura”, cosa de estar a tono con las leyes y tratados internacionales en los que se despachan con enorme palabrería sobre la defensa de los DDHH y la prohibición de los tormentos.

El actual gobierno, en el marco de su constante práctica de sostener su trabajada imagen de “gobierno de los DDHH”, es campeón en esto de crear este tipo de organismos o de promover seminarios, coloquios y todo tipo de escenarios donde dicen cosas tan sesudas como “Si la tortura sigue existiendo es porque las sociedades así lo quieren y sólo desde la participación ciudadana puede venir la solución”, como disparó

Emilio Ginés Santidrián, integrante del Sub Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas en esta oportunidad, al tiempo que llamó a “Establecer un dialogo para hablar del hacinamiento, de las condiciones en las que se encuentran estas personas”, en referencia a los presos que sufren tormentos.

O sea: a Patricio Barros Cisneros, preso en el penal de José León Suárez, lo mató a palos “la sociedad”, y no once guardiacárceles torturadores que aplicaron una política de estado. El gobierno, junto con esos organismos nacionales o internacionales, nos convoca a “dialogar” sobre el apaleamiento, la picana, el submarino seco, el pata-pata, los submarinos y todo el despliegue de habituales métodos de torturas en los lugares de detención, antes de pasar al “coffee break” donde se charlará de cosas más placenteras.

Así, enmascaran la exclusiva responsabilidad estatal, a través del gobierno de turno, en la sistematicidad de la tortura; se presentan como quienes tienen “la solución”, y recurren al viejo truco de la “participación ciudadana,” cuando son ellos los gerentes de una política represiva sistemática que requiere, para su mejor implementación, de la invisibilización de la represión, por un lado, y de la construcción de consenso, por el otro.

En este intento de maquillaje, que ha sido una de las especialidades kirchneristas, juegan un papel protagónico los “organismos”, como el CELS, que se dedican a legitimar y fortalecer las instituciones que no son otra cosa que las ejecutoras de la represión cotidiana.

Silencian, así, que desde 1983, la “democracia”, administrada por radicales, peronistas y “progresistas” de toda laya (Frepaso, Partido Socialista, etc.) asesinó más de 3.400 personas con el gatillo fácil y la tortura; desapareció un centenar de pibes; tiene presos políticos y más de 4.000 compañeros criminalizados por defender sus derechos. Con una mano bendicen y promueven “órganos para prevenir la tortura”, y con la otra organizan proyectos de espionaje e infiltración en las organizaciones populares, como el Proyecto X de gendarmería y sus equivalentes policiales y en otras fuerzas, que dependen, igual que sus “Comités” y “Comisiones”, del mismo gobierno, fortalecido con los funcionarios aportados por “organismos” como el CELS.

Y nada más útil, para tapar la represión actual, que hablar del pasado, como lo hicieron hace unos días cuando funcionarios kirchneristas se juntaron con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) para “debatir sobre el avance de los juicios contra el terrorismo de estado”, por supuesto que sin mencionar el pibe que nos matan a diario, ni a los 17 asesinados en movilizaciones desde 2003. Hablan del pasado, matan en el presente, y generan consenso para la represión con medidas que aparecen como “progresistas”, creadas e implementadas por el mismo estado que necesita reprimir para seguir garantizando los privilegios de la clase explotadora, cuyos intereses representa y defiende.

Torturas, puebladas y más represión.

En la localidad santafesina de María Susana, un chico de 17 años fue levantado en la calle por la policía y torturado hasta dejarlo en grave estado de salud. A fuerza de golpes de puño y patadas, le exigían que llamara “jefe” a uno de los policías. Los vecinos reaccionaron con indignación, se movilizaron y apedrearon la comisaría. El ministro de Seguridad provincial, Leandro Corti, manifestó “si bien todavía no hay algún grado de precisión y claridad de cómo sucedieron los hechos, sí nos preocupa la manifestación que se dio en esta localidad por este conjunto de vecinos”.

Claro está que, a un ministro de Seguridad, no le preocupa que sus subordinados dejaran a un adolescente internado en grave estado, resultado de la política de disciplinamiento social que sus asesinos de uniforme cumplen al pie de la letra. Al ministro de seguridad del “progresista” gobierno santafesino, lo que en realidad le preocupa, es que el pueblo se niegue a ser sometido, ultrajado, torturado. Es por eso que a los policías que torturan y matan impunemente sólo se los somete a una investigación sumaria, mientras que a los vecinos se los incrimina y procesa por daños, atentado, resistencia a la autoridad y toda herramienta jurídica al alcance de la mano.

En la provincia de Catamarca, otro caso de tortura en comisaría tomó relevancia mediática cuando la víctima, Diego Pachao (20), sufrió muerte cerebral luego de quedar en estado de coma dentro de su celda en la comisaría 7ª de la capital provincial. Este joven también había sido levantado por un patrullero en la calle. Su familia se enteró de la detención porque un amigo que había sido detenido junto a Diego, y que presenció la golpiza, pudo avisarles. La noticia tomó estado público, por lo que la gobernadora kirchnerista, Lucía Corpacci, no perdió tiempo y, rauda como una laucha, fue al hospital a sacarse fotos con los familiares desesperados del joven, llevándoles la misma lista de promesas que escucharon los familiares de los cuatro adolescentes muertos en la Alcaldía de Menores el año pasado (ver Boletín N° 626, 19 de septiembre de 2011). Luego, mandó a su vicegobernador, Dalmacio Mera, a sacarse fotos para los medios recorriendo comisarías, e hizo intervenir la comisaría 7ª. Y entre tantas fotos y promesas, otro joven, Fernando Velárdez (25) era detenido y torturado en la comisaría 6ª de la misma ciudad.

“Quiero que la ciudadanía, los padres del joven fallecido y todos los jóvenes en situación de vulnerabilidad, que muchas veces son detenidos en las comisarías, sepan que este gobierno no va a tolerar de ninguna manera que hechos como estos vuelvan a pasar en nuestra querida provincia (…) Una policía que golpea no es la policía-institución que este gobierno quiere” dijo la gobernadora. Frases hechas para este tipo de ocasiones, que todo gobernante repite cuando un caso de tortura es conocido masivamente, apelando a la falaz teoría de la autonomía policial que les permite salir del ojo de la tormenta cada vez que se pone en evidencia el uso sistemático de la tortura, circunscripta a una política estatal de control y disciplinamiento de la clase trabajadora ante un régimen político basado en la explotación y el hambre.

Los vecinos de Diego Pachao, como en Santa Fe, también reaccionaron con indignación y manifestaron su furia frente a la comisaría. Corpacci adoptó inmediatamente el discurso conspirativo, sosteniendo que la pueblada constituía un “ataque a la democracia”, y pidió más gendarmes en su provincia (que, de paso, no le vienen mal para mantener a raya a los manifestantes antimineros de Catamarca). Hubo allanamientos y diez detenidos por la manifestación.

La justicia y los medios cumplieron también su papel en la farsa: los fiscales detuvieron a los catorce policías que participaron del asesinato de Pachao, de quienes nunca trascendieron los nombres pues el ministerio de Seguridad prefirió resguardar la integridad de sus asesinos uniformados. También fueron detenidos los jóvenes que pelearon en la calle con Diego y su amigo antes de ser arrestados, dos hermanos de 17 y 19 años. Los resultados son absolutamente previsibles: paulatinamente la información publicada por los medios viró de “murió el joven torturado por la policía” a ” la justicia investiga si Pachao murió por los golpes en una pelea”, inculpando de esta forma a los jóvenes por la muerte de Diego.

Finalmente, y como era de esperarse, los 14 policías fueron liberados luego de tomarles declaración indagatoria, y ya están a disposición del estado para seguir torturando y matando pobres.

Vale todo.

Vale para Jujuy: La jueza Pérez Rojas, aquella que ordenó el violento desalojo del ingenio Ledesma y causó 4 muertos en las filas del pueblo norteño, ordenó la semana pasada la detención de los dirigentes y abogados del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza. La causa, una protesta social del año 2010 que obligaba al poder a dar respuestas frente a la grave crisis que viven los trabajadores en la provincia. Varios días detenidos, procesados y finalmente excarcelados, con la amenaza vigente de un poder político presto a desempolvar causas a punto de prescribir diciendo: “se acabó la protesta desestabilizadora”.

Vale para Catamarca: Como se relata en la segunda nota de este Boletín, la pueblada originada en el asesinato en la tortura de Diego Pachao fue definida por el gobierno provincial como algo “desestabilizador, estuvo organizado para generar el caos”.
Vale para la ciudad de Buenos Aires: Movimientos piqueteros cortaron puentes y calles contra la política clientelar del gobierno, expresada en el manejo discrecional de los Planes Argentina Trabaja. Para ellos la ministra Garré disparó: “fueron cortes salvajes y desestabilizadores y sus dirigentes son extorsionadores”.

Días antes, un grupo de vecinos de la Villa 31 hicieron lo propio con la autovía Illia, reclamando elementales reivindicaciones para que sus hijos pudieran estudiar. No fue Garré en este caso, sino el ministro macrista Esteban Bullrich quien usó los mismos términos que la ministra de la seguridad kirchnerista: “Los vecinos son extorsionadores”.

Vale para todos los que, a lo largo y ancho del país, resisten y pelean contra las políticas antipopulares. La ley antiterrorista es mucho más que un instrumento que acompaña, es la voz vergonzante de los gobiernos de derecha, “nacionales y populares” frente a la protesta social, que no extorsiona ni desestabiliza. Los pone en evidencia.

Poliladrones en acción.

Tras un llamado al 911, en la municipalidad de Florencio Varela, dos policías bonaerenses, llegaron con la indicación de socorrer a una mujer que se encontraba en el interior de un Peugeot 206, desmayada.

Sin embargo, lejos de socorrerla, simularon un operativo, tomando declaración como testigos a una parejita que circulaba por el lugar. Minutos más tarde, convencidos de tener la zona despejada, comenzaron su “real operativo”. Lástima que no tuvieron en cuenta que estaban siendo filmados por las cámaras instaladas por la comuna en distintas esquinas, que en esta oportunidad registraron cómo uno de los policías agarró las llaves del auto, abrió el baúl y enseguida, su otro compañero acomodó el patrullero bien “pegado” al Peugeot 206 donde estaba la mujer para intentar ocultar la maniobra. El policía que abrió el baúl, se apoderó de una notebook y un celular, los tapó con su campera de servicio y subió al patrullero. Consumado el robo, los policías se fueron con total impunidad, sin saber que, esta vez, la víbora se mordió la cola, y estaba todo registrado en el video.

En el boletín nº 645 dijimos: “Atención, si ve un delito, no avise a la policía”… ¡Pero si necesita auxilio tampoco los llame!

Informe sobre criminalización de la protesta.

La Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, APEL, CEPRODH, CADEP, CADHU, Liberpueblo y CORREPI presentaron, en una conferencia de prensa, un informe sobre criminalización de la protesta que abarca el período 2001-2012, y sintetiza los primeros resultados de la sistematización de datos sobre la situación de los miles de compañeros criminalizados por luchar.

La base de datos que da origen al informe será permanentemente actualizada con el registro de nuevos datos, así como la incorporación de otros anteriores que no llegamos a incluir en esta etapa.

El informe está contiene los siguientes capítulos: Presentación de la situación de criminalización y represión 2001-2012; Presentación de la metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos; Informe estadístico de casos criminalizados registrados; Identificación de tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta; Registro de las organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país; Anexo con listado de víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2001-2012; Detalle de las fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos; Listado de materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la realización del informe.

Así, sobre un total de más de 4.000 casos, y 2.268 con registros completos, se confirma el crecimiento de esta variante de la política represiva estatal, que anunciara Aníbal Fernández en octubre de 2003 desde la tapa del diario La Nación (con el que, entonces, no estaba pelado el gobierno): “A los que saquen los pies del plato, los vamos a esperar con el código penal en la mano”, y que ratifica a cada paso el gobierno, cuando acusa de desestabilizadores, extorsionadores o creadores de caos a los que se organizan para luchar por sus derechos. El elevado porcentaje, en particular en los años más recientes, de conflictos gremiales criminalizados, muestra, también, que los trabajadores organizados por fuera y en contra de las burocracias sindicales son la principal preocupación del gobierno en este tema.

CORREPI, que milita contra la represión selectiva, luchando por la libertad de los presos políticos y la defensa de los criminalizados en la protesta con el mismo énfasis que denunciamos la represión preventiva del gatillo fácil, la tortura y la militarización de los barrios, celebra este esfuerzo conjunto de las organizaciones populares para construir este Archivo, y seguirá aportando para que, como nuestro Archivo de Casos de personas asesinadas en la represión, sea una efectiva herramienta de lucha a disposición de todos los compañeros, que sirva para poner en evidencia el carácter represor de los gobiernos que se suceden en la administración del estado.

- El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire cuando lo decida el gobierno de la Ciudad, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
-Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.