Boletín informativo nº 654

Walter Bulacio: 21 años después, la lucha continúa.

Hace 21 años, los diarios titulaban: “Agoniza en el Sanatorio Mitre el estudiante detenido durante un recital de rock”. Unos días después, Walter Bulacio murió. La historia es tan corta como repetida: operativo policial “de prevención”, detenciones y golpes, un centenar de detenidos, más golpes. De los 73 pibes arrastrados a la comisaría 35ª, ni uno solo fue acusado de un delito: todas las detenciones fueron “justificadas” con la averiguación de antecedentes, las contravenciones, o la condición de menor de edad del preso, esas herramientas para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar que los legisladores ponen a disposición de las fuerzas de seguridad, y que jueces y fiscales cada tanto revalidan en nombre de la “seguridad ciudadana”.

La otra cara de los 21 años de impunidad la vemos a diario en las calles y los barrios, en cada pibe detenido porque sí; en cada torturado en una comisaría; en cada fusilado por el gatillo fácil. No hace una semana que la policía protagonizó un hecho idéntico en un recital de la banda Gatillazo. Como en 1991, hubo palos, corridas y presos, apaleados antes y durante la detención. Pero no hubo heridos graves ni muertos, y los medios lo silenciaron por completo.

El crimen de Walter Bulacio es paradigma de represión policial y de impunidad garantizada por todos y cada uno de los sucesivos gobiernos nacionales. A fuerza de 21 años de lucha organizada, dentro y fuera de los tribunales, logramos una condena de la Corte Interamericana de DDHH contra el estado argentino, sostenemos hasta hoy la causa abierta contra el comisario Miguel Ángel Espósito, y, sobre todo, logramos que el nombre de Walter siga siendo bandera para los que enfrentamos a diario la represión estatal.

Por Walter y por todos, cada abril, renovamos el compromiso de organizarnos y luchar contra todas las formas que asume la política represiva estatal.

Zaffaroni y los policriminales.

El juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, continúa cumpliendo su tarea de legitimador de la política represiva del Estado. Esta semana, en el cierre del Simposio de Seguridad Pública y Ciudadana en el Mercosur, organizado por el ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, Zaffaroni sostuvo que “la Policía no es eficaz si no goza de la confianza de la gente”, y apoyó la necesidad de una conducción política de las fuerzas represivas, como si hasta el presente se hubieran conducido solas.

En otra oportunidad, Zaffaroni había sostenido que el “problema” de la policía era la cantidad de efectivos, lo que aparentemente las haría ingobernables, y propuso la creación de policías comunales (Ver boletín nº 645).

Pero, ¿cómo va a tener confianza el pueblo en la policía, si es el permanente blanco de la represión, preventiva o selectiva; si, como todos sabemos, es la policía la principal generadora de “inseguridad” al administrar el delito en los barrios?.

En la misma semana que Zaffaroni insistía con su letanía legitimadora, en la comisaría 38ª de la ciudad de Buenos Aires, la policía robaba 74 armas. El escándalo obligó al gobierno a echar lastre y separar al armero de sus funciones.

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos dos policías por robarle $ 15.000 al primo de Riquelme.

En Santiago del Estero, detuvieron a 18 policías por el robo de bienes de uso que habían secuestrado en dos causas y que estaban bajo la custodia de la fuerza de elite Grupo Especial de Rescate (GETOAR).

En Tucumán, un policía retirado raptó, drogó, violó y mantuvo cautiva durante tres días a una adolescente de 17 años de una familia amiga.

En Berazategui, provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense fue detenido por estafa, consistente en vender viviendas construidas por el Estado.

En Catamarca, se separó a varios policías que se quedaron con fondos del Estado mediante la liquidación fraudulenta de adicionales, en lo que aparece claramente como un pase de facturas al interior de la fuerza, luego de los ataques que protagonizó el pueblo catamarqueño cuando conoció la muerte de Diego Pachao, ocurrida en la comisaría 7ª.

No se trata de conducciones, ni de una manzana podrida, ni de una jurisdicción en particular, sino de la propia naturaleza del aparato represivo estatal, la que tiene como consecuencia, entre otras, la permanente criminalidad policial.

Mientras Zaffaroni intenta recetas para legitimar la represión estatal, desde CORREPI denunciamos que inseguridad es policía en la calle y convocamos a organizarnos y a luchar contra la represión.

Siguen reprimiendo a los que luchan.

Hace un mes, CORREPI, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, APEL, CEPRODH, CADEP, CADHU y Liberpueblo presentamos, en una conferencia de prensa, un informe sobre criminalización de la protesta que abarca el período 2001-2012, y sintetiza los primeros resultados de la sistematización de datos sobre la situación de los miles de compañeros criminalizados por luchar.

El elevado porcentaje de conflictos gremiales criminalizados, muestra, también, que los trabajadores organizados por fuera y en contra de las burocracias sindicales son la principal preocupación del gobierno en este tema (ver Boletín nº 650).

Esta semana, se conocieron otros ejemplos de luchas reprimidas que confirman esa denuncia.

En la provincia de Chaco, en la intersección de las rutas 11 y 90, un grupo de indígenas, que se encontraba reclamando la instalación de una escuela de salud pública, y el pase a planta de miembros de las comunidades originarias, fue reprimido por más de 700 policías, que fueron puestos allí para aleccionar a unos 200 manifestantes.

La labor represiva fue calificada como “un trabajo encomiable” por el ministro de Gobierno provincial, Juan Manuel Pedrini.

A más de 2.000 kilómetros, en la provincia de Chubut, trabajadores de la salud que intentaron acampar frente a las puertas del ministerio de Salud de la provincia, en reclamo de mejoras salariales y para los hospitales, fueron reprimidos por fuerzas especiales de la policía provincial. Varios de los compañeros que se manifestaban sufrieron lesiones graves, como fractura de costillas.

En Bariloche, agrupaciones peronistas adictas al intendente, es decir, fuerzas de choque, amenazaron con ocupar el centro cívico para reprimir un reclamo de estudiantes, por el mantenimiento del boleto estudiantil, que se viene llevando a cabo en ese lugar de la ciudad.

La excusa fue que consideraban que la protesta era “destituyente”. Un eufemismo para evitar decir que no han podido cooptar a los que reclaman. Sin embargo, las agrupaciones que amenazaron con esa acción olvidaron una regla elemental para las patotas: actuar de tal manera que su jefe, el intendente, aparezca como desligado de la acción, para que no pague el costo político. Al hacer público el anuncio, los políticos que los apañan, entre ellos, el senador Pichetto, no tuvieron otra alternativa que salir a desautorizarlos.

Tres ejemplos de esta semana, en diferentes lugares del país, que confirman la denuncia que hiciéramos un mes atrás. Cuando los que luchan no pueden ser cooptados y disciplinados, la única respuesta del Estado es la represión, a través de las fuerzas estatales o paraestatales, y la criminalización.

Amenazas y represión en la UP 48.

En la Unidad Penitenciaria 48 de San Martín funcionaba una Sede CUSAM, donde los presos podían estudiar y rendir materias con el fin de obtener un título secundario o universitario, hasta que las autoridades penitenciarias decidieron cerrarla, como forma de castigo para los que denuncian las condiciones inhumanas en las que viven dentro de la cárcel.

Jesús Cabral, alumno de la sede, logó difundir una carta abierta donde cuenta que el Director de la Unidad 48, Andrés Almirón, junto a otros penitenciarios, irrumpió en la Sede CUSAM, a punta de escopeta y a puro golpe, al grito de “Acá mandamos nosotros y van a parar de hacer denuncias”. Los amenazaron, vejaron y secuestraron la llave del lugar.

En el comienzo de la carta, Jesús recuerda que “el día 4 de enero del corriente año fui trasladado y torturado por parte del Director de la Unidad N° 48 Andrés Almirón y los subdirectores Pirali y Urraco, todo ello con el aval y complicidad del Director provincial de casos contenciosos del Ministerio de Seguridad y Justicia”. Ese relato forma parte de las experiencias cotidianas y sistemáticas que tienen que soportar los presos en todas las cárceles del país.

La tortura, la humillación y el maltrato son moneda corriente. Los presos están a merced de un estado que es bien consciente de esto. Policías y guardiacárceles actúan con total libertad, porque saben que tienen como garantía un aparato que los avala y los protege cuando llevan adelante su trabajo, que no es otro que reprimir para disciplinar al pueblo trabajador y hambreado.

Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, esta semana confesó: “El poder político en general lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio, ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros, el poder político, les permitimos que sigan con los negociados”.

No es un dato menor que la gran mayoría de la población carcelaria sea joven y pobre, igual que las víctimas sistemáticas del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias policiales.

Base militar yanqui en Chile.

Hace poco, fue noticia la creación de una base militar en Chaco, dirigida por el Comando Sur yanqui. Hace unos días, trascendió una nueva base del Proyecto Sur, que instaló en Chile un Centro de Entrenamiento Militar.

El centro de entrenamiento militar de “cascos azules”, inaugurado el 5 de abril pasado, fue construido con un aporte de cerca de 500 mil dólares proporcionados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La inauguración de este centro fue explicada en el marco de la puesta en marcha del “Peacekeeping Operations-Americas” (PKO-Americas), ejercicio anual de “las fuerzas de paz” de la ONU. Claro, falta aclarar para quiénes está garantizada esa “paz”: no es la paz para el pueblo, sino para los poderosos, que dormirán tranquilos sabiendo que cuentan con el respaldo del imperialismo yanqui para poder seguir generando sus riquezas a costa de la miseria del pueblo.

Los organismos chilenos de Derechos Humanos han denunciado que, en los ejercicios, los que hacen de “civiles” que se enfrentan a los uniformados aparecen caracterizados como jóvenes con jeans y poleras, algunos encapuchados, lo que claramente evoca los enfrentamientos entre carabineros y manifestantes durante las movilizaciones estudiantiles y muestra cuál es el “enemigo” que se entrenan para combatir.

Estados Unidos pretende sigue avanzando en la colonización mediante la militarización, y los gobiernos latinoamericanos se pelean por abrirle la puerta.

Lejos estamos de poder plantear que los gobiernos latinoamericanos están avanzando en la independencia político-económica y en la lucha por los Derechos Humanos. A cada paso, vemos nuevas manifestaciones de defensa al imperialismo, que genera directamente peores condiciones de vida y mayor control social para todos nosotros.

Próximas actividades:

Lunes 23 y miércoles 25, desde las 10:00, movilizamos frente al TOC 21, Lavalle y Libertad, CABA, durante el juicio oral al policía federal Alberto Segovia, asesino de Mauro Vega.

- El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire cuando lo decida el gobierno de la Ciudad, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.