Boletín informativo nº 660

Amenaza de cárcel para los militantes antimineros.

“Hay que hacerle entender a esa gente de alguna forma, en eso estamos”, fue la respuesta que Amelia Sesto de Leiva, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Catamarca, le dio a los periodistas cuando le preguntaban si los militantes antimineros que protestan sobre la Ruta 60, podían ser encarcelados.

La titular del poder Judicial, daba respuesta también a la kirchnerista titular del poder Ejecutivo provincial Lucía Colpacci, quien cursó una nota a la magistrada promoviendo la detención y procesamiento de los luchadores. Respuesta que se extiende al intendente Ávila de Tinogasta (un vil portero de los empresarios) y hasta al embajador en Chile, el “progresista” Gines García, preocupado por el comercio fronterizo (la ruta en cuestión habilita el paso San Francisco).

Todos contestes en la necesidad de acallar cuanto antes la protesta social. Es inocultable que la lucha antiminera pone en riesgo los intereses de los empresarios para quienes trabajan los gobernadores, los embajadores, los intendentes y los jueces. Más, este episodio que levanta una voz de alerta y solidaridad incondicional con los luchadores catamarqueños, es un rotundo ejemplo de cómo funciona el sistema, de cómo se alinean sus gerentes, qué intereses no pueden ser afectados, y también es un emblema de la respuesta única que el estado formula: represión y criminalización.

En simultáneo, en la zona norte del Conurbano bonaerense, la comisión interna del Frigorífico Rioplatense ha sido llamada a prestar declaración indagatoria por participar de un conflicto gremial, mientras el único no citado, Carlos Zerrizuela, sigue con la amenaza de un burdo juzgamiento por disposición de la justicia Federal de San Martín.

A su turno, tres delegados de FATE han sido notificados de la formación de otra causa en la fiscalía de San Fernando, esta vez, por defenderse de matones y carneros mientras ejercían el paro ante los incumplimientos empresariales (causa ésta donde CORREPI asume la defensa técnica junto al CeProDH).

La amenaza de encarcelar al que protesta, al que ejerce el derecho más allá de las formulaciones retóricas, los pone en evidencia: delito no es sólo una conducta antijurídica y culpable en los términos formales del Código Penal, lo es también (y fundamentalmente) toda conducta social o individual que jaquee los intereses de la clase dominante. Delito es todo lo que ellos dicen que es delito.

Una jueza a instancias de una gobernadora, con el aplauso de un intendente y la connivencia de un embajador, dicen que la protesta es un delito.

En las estribaciones cordilleranas o en el superpoblado conurbano bonaerense, el denominador común es el interés empresario.

Las empresas los necesitan y ellos cumplen con el eufemismo fetichista, la excusa elegante, la grandilocuente pretensión de hacernos creer que sólo están haciendo cumplir la ley.

Eso fue, es y será siempre criminalizar la protesta, ese modo sutil de marcar la cancha y esconder la brocha que se repite y se extiende por toda la geografía nacional, desmintiendo la canallesca afirmación del gobierno de los derechos humanos, experto en negar lo que ha sido una constante de su gestión.

En todo el país, se cuentan por miles los trabajadores y luchadores sociales perseguidos. Nacional y popular… es la criminalización.

Cristian Ibazeta, preso asesinado en una cárcel de Neuquén.

El 21 de mayo pasado, Cristian Ibazeta, interno de la Unidad nº 11 de la provincia de Neuquén, fue atacado y recibió 24 puñaladas en su cuerpo que, luego de varios dí­a de agoní­a, le produjeron la muerte. Faltaba poco tiempo para que empezara con las salidas transitorias.

Cristian habí­a denunciado, desde 2004 hasta la fecha, en siete ocasiones, a los miembros del servicio penitenciario del penal por diferentes hechos de tortura.

En 2009, denunció las condiciones de detención, y la Cámara en lo Criminal nº 1, a cargo de los jueces Luis Marí­a Fernández (ex asesor legal del Ejército durante la dictadura), Mario Rodrí­guez Gómez y Alejandro Cabral, lo rechazó sin tener en cuenta las torturas que sufrí­a cotidianamente de parte del servicio.

En 2010, declaró en un juicio oral contra 27 integrantes del servicio, por las torturas que habí­an recibido 45 presos en 2004. Mientras 6 de los policí­as recibieron algún tipo de condena, 21 fueron absueltos, y volvieron a custodiar a los presos que los habí­an denunciado. Luis Marí­a Fernández fue uno de los jueces que absolvieron a los servicios. El otro fue Juan José Gago. Carlos Brondo, el entonces jefe de seguridad, hoy dirige todos los penales de la provincia de Neuquén.

El servicio penitenciario nunca pudo cooptar a Ibazeta para que forme parte de los buchones y entregadores que hay dentro de la prisión. Tampoco pudo amedrentarlo con la tortura cotidiana. Durante todos estos años mantuvo la lucha que implicaba denunciar y declarar contra sus torturadores, pese que debí­a seguir en el mismo lugar, “custodiado” por aquéllos a quien denunciaba.

En el boletí­n informativo nº 659, afirmábamos que la lógica del sistema, que reprime con el gatillo fácil en las calles, se reproduce, con otras formas, en los centros de detención de todo el paí­s, sean provinciales o federales, a través de las torturas, los incendios, los supuestos suicidios, y los enfrentamientos provocados por los mismos servicios carcelarios.

Pero, como decí­amos en otra nota del mismo boletí­n, la finalidad es la misma: afectar la subjetividad de las masas, para que agachen la cabeza ante la autoridad y no se planteen la necesidad de enfrentar al aparato represivo. La represión “preventiva” busca que los pobres se disciplinen en el respeto al orden y la autoridad.

Continúa la lucha antirrepresiva en Olavarría.

En el Boletín Informativo nº 658 relatábamos cómo, el 12 de mayo, Diego González fue torturado por policías de la comisaría 1ª de Olavarría, quemado con agua hirviendo mientras le exigían una coima. Desde entonces, la movilización popular no ha cesado, y con ella, se consiguió que tres de los policías imputados (Néstor Rodríguez, Nicolás Manuel y Edgardo Constancio) fueran detenidos y trasladados a la unidad penal de General Alvear. Claro que jueces y fiscales están esperando su chance para decir “no son torturas, son apremios”, cosa que pronto puedan ser liberados.

En tanto, el secretario de DDHH de la provincia, Guido Carlotto (parece que se transmite en la familia el cargo, como las escribanías), apareció, como otros oportunistas, a lavar la cara de la represión. “Vamos a instrumentar todas las instancias necesarias para ayudar a esclarecer este inadmisible y horrendo caso de tortura” declaró. Y así, con un gran discurso bueno para generar consenso, anunció el traslado de varios oficiales a otras dependencias, que ahora torturarán en otros lados. Como si el problema fueran unos policías aislados y no toda la institución.

Militantes antirrepresivos de la localidad (compañeros organizados en el ENA, Encuentro Nacional Antirrepresivo), se encuentran luchando y denunciando que no es un caso aislado. El de Diego, es una demostración más de que este accionar es sistemático e inherente a las fuerzas represivas. Y que tanto los organismos oficiales como los oficiosos son los encargados de lavarle la cara a la represión, cuando estos casos, cuando trascienden, para pegarse en sus internas.

Organizando la represión.

Esta semana, Nilda Garre, la ministra de Seguridad, inauguró el Centro Unificado Federal de Respuesta Rápida, que consiste en poner la tecnología al servicio de la represión. Allí se centralizan las comunicaciones entre las distintas fuerzas represivas del estado (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) con el objetivo de articular una respuesta “rápida y entre todos” frente a cualquier situación de “inseguridad”, además de implementar nuevos dispositivos de informática y comunicaciones de última generación (¿socializará Gendarmería el software del Proyecto X?).

Si la seguridad de los ricos es la represión de los pobres, entonces no hay otra alternativa que decir que lo único que han hecho es mejorar sus herramientas para reprimirnos mejor.

Por otro lado, el ministerio de Seguridad y el titular de la Oficina Anticorrupción del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Julio Vitobello, acordaron un convenio para implementar “estrategias de transparencia y mejorar el control sobre la administración pública de todas las fuerzas del estado”, en el intento de eliminar la corrupción de las fuerzas.

Vano intento, cuando la corrupción –como la represión- es parte inherente de la naturaleza del estado capitalista. Tampoco, en materia de corrupción, “es sólo un policía…”. Ya lo señalaba Rodolfo Walsh en El Enigma de la Matanza: “La secta del gatillo fácil, es también la logia de los dedos en la lata”. Corrupción y represión van de la mano, y juntas actúan a través del aparato estatal.

Y por si no nos quedó claro que Nilda Garré esta por demás dispuesta a seguir organizando y profundizando la represión, desde esta semana sumó a 540 gendarmes a las calles de José León Suárez, en el marco del Operativo Centinela. Así, con la excusa de la “inseguridad”, militarizan los barrios, cuando todos los días vemos que la inseguridad es la policía en la calle: son ellos quienes matan a nuestros pibes, meten la droga en los barrios y roban.

Control social a la tucumana.

Los códigos de faltas y contravenciones, y la facultad del arresto para “identificar” o “averiguar antecedentes”, permiten a las policías y otras fuerzas de seguridad detener en cualquier momento y lugar, a personas que no han cometido ningún delito. Mientras un juez o un fiscal deben justificar, aunque sea en forma aparente, por qué ordenan una captura, un policía sólo tiene que afirmar que observó una “actitud sospechosa” (por ejemplo, que “el sujeto desvió la mirada” o que “aceleró el paso” al advertir el móvil policial), o invocar su “olfato” para privar a alguien de su libertad.

Desde los viejos códigos rurales dirigidos a disciplinar a los “vagos y malentretenidos”, y la Ley de Residencia, que apuntaba a los revoltosos urbanos, estas normas han ido evolucionando a través de los códigos de policía, los edictos policiales y, en tiempos más modernos, las faltas o contravenciones.

Desde el fin de la última dictadura, casi todas las provincias, y la propia ciudad de Buenos Aires, han actualizado el sistema, dotándolo de legitimidad de origen, al ser dictado por legisladores y no directamente por la policía, y actualizando su contenido para orientarlo hacia quienes deben ser eficientemente disciplinados en cada momento y lugar.

Tucumán es una provincia atrasada en la materia, pues todavía rige un sistema similar al de los viejos edictos policiales, por lo que, en estos días, todas las bancadas legislativas discuten un nuevo Código de Contravenciones. Son varios los proyectos en danza, pero, más allá de sus diferencias, todos parten de la misma premisa: el código penal no alcanza para ejercer el control social.

Por eso, más allá del debate puntual que se propone sobre alguna figura en particular (merodeo, vagancia, etc.), todos coinciden en la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas eficaces para el control social.

Esa necesidad de disciplinamiento, incrementada en tiempos de crisis, explica por qué la sentencia en la causa Bulacio que ordenó al estado argentino eliminar el sistema de detenciones arbitrarias, no puede –no podrá- ser cumplida por ningún gobierno que administre una sociedad dividida en clases.

Próximas actividades.

Miércoles 6 de junio, 20:30 hs, charla sobre la ley antiterrorista en Sociales (MT). Aula 403

Jueves 7 de junio, 14:00, acto de repudio al levantamiento del programa Leña al Fuego, tribuna de lucha de todos los trabajadores, en Sarmiento y Paraná.

Viernes 8 de junio, desde las 22:00, Peña de la Silla en el local de CORREPI, Carlos Calvo y Alberti. ¡Regalanos algo que sirva para sentarse y tenés una consumición gratis!

Sábado 16 de junio, a las 16:00, charla con CORREPI organizada por el Movimiento Político Alas al Viento (MOPAVI) en Apipé 4991, esq. Toai, González Catán (a una cuadra de Ruta 21 y a dos de la Terminal de Colectivos 180, 630, a 5 cuadras del cruce de la Ruta Nac. N° 3 y Ruta 21).

Martes 26 de junio, 8:30, movilización a los tribunales de Morón, Colón y Brown, durante el segundo juicio por el asesinato de Rodrigo Corzo, contra el sargento Núñez.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.