Boletín informativo nº 663

Caso Corzo: El segundo juicio, juicio al juicio.

El 22 de julio de 2007, el juicio por el asesinato de Rodrigo Corzo, fusilado el 28 de junio de 2003 por el oficial de la bonaerense Cristian Solana, probó que el patrullero, tripulado por el propio Solana y conducido por el sargento Ariel Núñez, siguió a Rodrigo, que iba en el auto de su padre a la casa de su novia. Probó, también, que, sin darle señal alguna, Solana disparó dos tiros, uno de los cuales atravesó el baúl e ingresó por la espalda en el cuerpo de Rodrigo, provocándole la muerte en segundos. Además, se probó que Rodrigo no tenía armas, y que la pistola calibre 22 que apareció luego sobre el capot de su auto jamás fue usada ni por Rodrigo ni por nadie desde su auto, que tenía las cuatro ventanillas empañadas, porque estaban cerradas.

“El estado tuvo que reconocer a través de tres de sus empleados, los jueces, que otro de sus empleados fusiló a Rodrigo y que un cuarto empleado, el sargento Nuñez, mintió y encubrió el homicidio”, dijimos tras la condena a 16 años de prisión por homicidio, luego rebajada a 10 años y 8 meses por el tribunal de Casación Penal bonaerense.

Pero el caso Corzo no terminó con la condena a Solana. El sargento Núñez nunca fue imputado por su participación en el crimen, y sólo declaró, una y otra vez, como simple testigo. Con sus primeras declaraciones, donde para protegerse sin acusar a su camarada y superior inventó aquello de “como sufro de vértigo, al subir al Puente Santa Rosa aceleré y cerré los ojos, así que no vi nada”, se ganó para siempre el apodo de “El Vertiginoso”. La infantil e inverosímil excusa fue pronto puesta en evidencia, y entonces el sargento cambió su versión, tratando de coincidir con lo que había declarado Solana. “Ví dos fogonazos desde el auto que perseguíamos”, mintió descaradamente, y contra toda evidencia, en el juicio oral. Por eso, en nuestro alegato al término del debate, insistimos en que debía ser enjuiciado, y los jueces debieron ordenar una nueva investigación respecto de la actuación del sargento, por la comisión de los delitos de encubrimiento y falso testimonio.

A lo largo de estos cinco años, Núñez prestó servicios en la comisaría Las Catonas de Moreno, y luego “desapareció”. Por mucho tiempo desoyó las amables invitaciones de la fiscalía a presentarse, hasta que, en julio de 2009, formalmente se dictó su captura. Claro que eso no significaba que nadie lo buscara efectivamente, de modo que CORREPI lanzó una campaña de afiches con su foto y la consigna “Si lo ve, NO avise a la policía”.

Para principios de 2011, el policía Ariel Horacio Núñez vivía tranquilo y feliz en Moreno, y no se privaba de salir de paseo con su familia. El 8 de marzo, en la feria organizada por el Día de la Mujer en la plaza de Moreno, una periodista que conducía una radio abierta lo vio de lejos haciendo compras con la mujer. Lo reconoció gracias a los afiches de CORREPI, y de inmediato avisó a nuestros compañeros de la zona, que llegaron enseguida, lo que ocasionó que el prófugo de lujo pusiera pies en polvorosa, no sin ser seguido por los compañeros, que verificaron su domicilio.

Una vez más, demostramos con hechos concretos que los policías prófugos no desaparecen.

Cuando llevamos a la fiscalía nº 8 de Morón las fotos sacadas con los celulares, ni siquiera sabían de qué estábamos hablando, porque la causa estaba “reservada en Secretaría” hacía años, cubierta de polvo.

La tuvieron que desarchivar, y, finalmente, el martes 26 de junio Núñez enfrentará el juicio que debió compartir, hace cinco años, con su jefe Cristian Solana. Sabemos que este juicio es una parodia, porque el crimen de Núñez no fue mentir, sino participar del homicidio, donde, por un simple reparto de tareas, no le tocó a él disparar sobre Rodrigo. Pero sabemos también que, aunque la pena por el leve delito por el que va a ser juzgado probablemente ni siquiera alcance para que vaya preso, llegamos hasta acá a fuerza de constancia y consecuencia en la lucha, y demostramos, de nuevo, que sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, organizados sin confiar en el aparato estatal ni en ninguna de sus instituciones.

A 10 años de la Masacre de Avellaneda ¡Compañeros Kosteki y Santillán, presentes!.

“Los piquetes no hacen más que contribuir al caos, hay que impedirlos cueste lo que cueste”. Esas fueron las palabras del entonces Jefe de Gabinete de la Nación, Alfredo Atanasof, la mañana del 26 de junio del 2002. Horas más tarde, caían heridos de muerte Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el operativo conjunto que la policía federal, la prefectura, la SIDE y la policía bonaerense llevaron a cabo para desalojar el Puente Pueyrredón.

Diez años después, los responsables políticos de la represión siguen impunes, muchos de ellos reciclados como funcionarios del actual gobierno, como es el caso de Aníbal Fernández, hoy senador nacional, ayer jefe de gabinete y secretario general de la presidencia en aquellos tiempos, o el caso de Juan José Álvarez, hoy diputado nacional y secretario de seguridad de Duhalde. Cabe mencionar al fallecido Carlos Soria, quien fuera en ese momento el jefe de la SIDE y cuya victoria en la gobernación de Río Negro, semanas antes de su muerte, fue catalogada por el kircherismo como “triunfo histórico”. Y como olvidarnos de Eduardo Duhalde, quien llevó de la mano a Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, aunque hoy el revisionismo kirchnerista prefiera olvidarlo.

La Masacre de Avellaneda es hija directa de la represión a la rebelión popular del 19 y 20 del 2001. Se vivían tiempos de gran movilización en el pueblo: miles de trabajadores desocupados cortaban cotidianamente los accesos a la ciudad de Buenos Aires para hacer escuchar sus reclamos. Ya con Kirchner en el poder, la estrategia fue distinta, más acorde con la política de reprimir con la mayor cantidad de consenso posible. La fragmentación y posterior cooptación a los movimientos piqueteros, cuyo operador más saliente fue Sergio Berni. El actual secretario de Seguridad, segundo de Nilda Garre, fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones con los dirigentes piqueteros, con gran éxito. A cambio de la administración de planes, cargos públicos y demás prebendas, muchos de esos dirigentes entregaron la genuina lucha piquetera, como el caso de Barrios de Pie, liderado por Humberto Tumini, quien pasó a ocupar el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, o el caso de Juan Cruz “Lucas” D´Affuncchio, dirigente del MTD Aníbal Verón, hoy concejal por el FPV en Florencio Varela, por mencionar solo a algunos de los quebrados.

Al resto de los movimientos piqueteros, los llamados “díscolos”, se los siguió reprimiendo. Con el movimiento piquetero desarticulado, cooptado en su gran parte, el gobierno kirchnerista vio que tenía el consenso suficiente para tratar a los disidentes como criminales, como hace con todo aquel que se organiza y lucha contra sus políticas de hambre y represión.

Cuando asesinaron a Maxi y a Darío, se intentó poner en el imaginario social la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos. “La crisis causó dos nuevas muertes” tituló Clarín, que contribuyó en gran medida en el intento de encubrimiento a los verdaderos asesinos. Mientras Clarín ocultaba las fotos obtenidas por su reportero gráfico José Mateos, que mostraban al comisario Fanchiotti en plena tarea homicida, el fotógrafo independiente Sergio Kowalewski, acompañado por CORREPI, desmintió con sus instantáneas la versión de que había sido un enfrentamiento entre grupos piqueteros. Al tomar estado público el material aportado por el “Ruso” Kowalewski, vieronla luz también las demás fotos, que contribuyeron para llevar a juicio a ocho policías bonaerenses, entre ellos el ex comisario Alfredo Fanchiotti, condenado a cadena perpetua, y que hace poco fue trasladado a la Unidad Penal N° 11 de Baradero, donde empezará a gozar de salidas transitorias (ver boletín N° 662).

Como vemos, cuando hay algún muerto en la represión a la protesta, si hay riesgo de exposición, simplemente se entrega algún engranaje para que no sufra todo el andamiaje. En este caso, sin embargo, el poder no se olvida de su perro guardián, que, si bien ayer cayó en desgracia para salvaguardar el sistema, hoy es rescatado y premiado.

Este lunes 25, a las 19:00, empieza el acto homenaje y la vigilia que se extenderá hasta el martes a la tarde, para recordar a los compañeros caídos por luchar. CORREPI estará presente, como hace 10 años, con sus militantes, para denunciar que la represión es una política de estado, y que los asesinos, materiales e intelectuales, siguen impunes; pero, sobre todas las cosas, para recordar que la mejor manera de homenajear a los compañeros es tomar sus banderas de lucha, hasta las últimas consecuencias.

¡Darío y Maxi presentes, ahora y siempre!

Garre: cooptación y la farsa de la autonomía policial.

La práctica de la cooptación a familiares de víctimas del gatillo fácil y de la represión policial no es algo nuevo, y tiene objetivos muy específicos y mezquinos: por una parte, con la cooptación se intenta desmovilizar a las víctimas, se intenta frenar la denuncia y encauzar las acciones para el lado que al poder le conviene; por otra parte, la cooptación tiene un objetivo legitimador de las mismas instituciones que forman parte del aparato represivo estatal.

Asimismo, los métodos de cooptación son variados, y muchas veces están relacionados con el sector social del cual provenga la víctima. En CORREPI, la mayoría de los familiares sufrieron algún intento de cooptación previo a un “apriete”. Ofrecimientos de cargos públicos, viviendas, planes, son el menú al que recurren punteros y funcionarios para que las familias abandonen la denuncia y así la maquinaria siga funcionando. Cuando esto no funciona, se recurre al apriete como forma de amedrentamiento, como cuando balearon la vivienda de la familia Bolaño (ver comunicado de prensa: “Comienza el juicio por el asesinato de Luis Bolaño”).

A estas tareas se dedicó esta semana la ministra de seguridad, Nilda Garré. Recibió en su despacho a una víctima directa del aparato represivo estatal, Fernando Carrera y a la esposa de Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez.

Al mismo tiempo, y a raíz del asesinato del jugador de Banfield, Lautaro Bugato, el Movimiento Evita lanzó la “Campaña contra la violencia institucional” que sostiene a tono con el gobierno, la teoría de la “autonomía policial”; “la manzana podrida”; “resabios de la dictadura” y aboga por una participación ciudadana en el control de las fuerzas represivas, acuñando novedosos términos como “inseguridad policial” (?).

Ahora pues, vemos a la ministra Garré intentando cooptar a Fernando Carrera, como si ella no dirigiera a la policía federal, y a Sandra Rodríguez, como si el estado no tuviera que ver con el asesinato de Carlos Fuentealba y en la liberación del policía asesino Poblete.

Vemos también a las agrupaciones oficialistas, junto con el CELS y demás organismos vinculados al gobierno, sosteniendo que el accionar represivo de las fuerzas no tiene relación con el gobierno sino que son “prácticas que no responden a las realidades de la Nación del Bicentenario”, cuando todas las semanas demostramos justamente lo contrario: que el gatillo fácil, las torturas en comisarías y la represión a manifestantes son políticas de estado. Qué mejor demostración de ello es el hecho de que, cuando un policía es llevado a juicio, el estado toma orgánicamente su defensa y pone a su disposición a los mejores cuadros para defenderlos, como en el caso de Alberto Alejandro Segovia, asesino de Mauro Vega (ver boletín N° 657), y sólo los reemplaza “tercerizando” con carísimos estudios jurídicos cuando la denuncia pública los pone en evidencia, como sucedió con los policías que participaron del asesinato de Mariano Ferreyra y el propio Segovia.

La policía federal tiene la orden de portar su arma en posición de disparo inmediato, es decir con bala en la recamara, sin seguro y amartillada, según declaró hace poco, bajo juramento ante un tribunal, el jefe de instrucción. Mezquino doble discurso: este tipo de órdenes, la facultad de detener a cualquiera (principal causa de muertes en comisarías) y la posterior defensa corporativa que le ofrece el poder judicial y el ministerio de seguridad, a través de la Dirección de Asuntos Penales, contra la ilusión del control civil de las fuerzas.

No nos engañan, no nos compran y no nos cooptan. Los denunciamos siempre por lo que son: represores; y nos seguimos organizando de la única manera coherente para enfrentarlos: en forma independiente.

La criminalidad policial sigue a la orden del día.

En esta semana, fueron noticia varios casos que muestran la participación directa de la policía en delitos, gracias a la impunidad con la que cuentan por pertenecer a la fuerza.

Por un lado, se supo de la detención de un sargento, un teniente y dos subtenientes de la bonaerense, por haber realizado un robo en una empresa panificadora de la localidad de Ciudadela, en el mes de enero de este año.

Los policías robaron la caja fuerte de la empresa, donde había 964.000 pesos y 21.500 dólares, más documentos y cheques por más de 2.000.000 de pesos.

El robo fue posible gracias a que pudieron entrar fácilmente vestidos con sus uniformes, contando con la información de dónde estaba el dinero y el uso de sus armas reglamentarias para reducir a la seguridad del lugar.

Tan impunes son, que con plena tranquilidad salieron con la caja fuerte en un auto, fueron a la casa de uno de ellos donde repartieron el botín, y tiempo después se dedicaron a gastarla en autos 0km carísimos e importantes refacciones en sus domicilios.

Cuando, esta semana, algunos de los policías fueron detenidos ya que se encontraron filmaciones del hecho, el sargento estaba preso hacía 15 días por haber fraguado una causa de homicidio haciéndola pasar por una muerte común… ¿quizás un caso más de gatillo?
Así como la bonaerense, las policías provinciales también son las que manejan el negocio de los robos y la droga y la prostitución. Ya lo dicen ellos mismos: “El principal cartel de drogas en la provincia de Santa Fe es la policía de la provincia”, fueron las palabras del ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín.

Tras el allanamiento de varias casas, se descubrió una red de venta de cocaína y marihuana dirigida por una mujer y varios familiares, entre ellos, un suboficial de la comisaría 12ª, un sargento del comando radioeléctrico, un cabo 1º de la comisaría 19ª y un empleado de seguridad de la Universidad.

Estos son sólo ejemplos de lo que a diario sabemos que ocurre con todas las fuerzas en todo el país. Los mismos encargados del control social son los que tienen el acceso a la información y a la impunidad para la realización de sus negocios, “un extra para completar el sueldo”.
Mientras tanto, los vemos patrullar los barrios vendiendo la droga a nuestros pibes y reclutándolos para que roben para ellos. Y si la cosa se pone difícil, cuentan con la facultad de las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil.

La matanza de Curuguaty y la destitución de Lugo.

La semana pasada, la Policía Nacional de Paraguay asesinó a once campesinos, mientras cumplía con una orden de desalojar la finca de un terrateniente, ubicada en Curuguaty. Un sector de la finca había sido tomado por aproximadamente 150 campesinos que reclamaban tierras. En el operativo también murieron seis policías. Sobre este aspecto, campesinos ligados al ex presidente Lugo sostienen que fue un autoatentado policial para justificar la represión.

El accionar policial fue reivindicado por el gobierno de Lugo. Sin embargo, ante la amenaza de juicio político, el entonces presidente decidió descomprimir la situación aceptándole la renuncia al ministro del Interior, nombrando a un político del partido Colorado en su lugar, y cambiando al jefe de la Policía Nacional.

El 21 de junio, 76 diputados, sobre 80 que tiene la cámara del Congreso Nacional paraguayo, decidieron iniciarle juicio político al presidente del Paraguay. Al día siguiente, el senado, con 39 votos, sobre 45, destituyó a Fernando Lugo.

No se hicieron esperar los gritos del progresismo apelando a la ideología democrática para hablar de golpe de estado, o de golpe institucional. Lo cierto es que la ideología democrática no ayuda en nada. No sólo porque Lugo aceptó la destitución, sin considerarla ilegal o viciada, sino que, en el marco conceptual de esa ideología, es el Congreso el órgano más representativo, ya que, a diferencia del Poder Ejecutivo, incluye a las minorías. El procedimiento respeta, al menos desde el punto de vista formal, la Constitución de ese país. La ideología democrática se queda pasmada ante la decisión tomada por “los representantes del pueblo”, que valga la aclaración innecesaria, también fueron votados de la misma manera que lo fue Lugo.

Quienes defienden al ex presidente paraguayo lo hacen porque suponen algo que no es. Lejos de ser parte del progresismo paraguayo, o de izquierda, llegó a la presidencia en una alianza de varios partidos pero que dependió, en mayor medida, del apoyo que le brindó el aparato electoral del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), un partido conservador que puso como vicepresidente a Federico Franco. En los hechos, más allá de las intenciones, que son inescrutables, Fernando Lugo fue, en su momento, la cara presentable por la que se contrabandeó el acceso de parte de la derecha paraguaya al gobierno.

Que Lugo no es el progresismo, ni mucho menos, sino todo lo contrario, lo muestra la política represiva llevada a cabo por su gobierno durante los años que ocupó la presidencia.

Durante su mandato, el gobierno terrorista de Colombia se volvió el principal asesor del gobierno paraguayo en materia de seguridad. La ayuda colombiana pasa por la venta de armas y municiones, asesoramiento y trabajo de inteligencia con fiscales y jueces, cuerpos especiales de la policía nacional, ganaderos y empresarios, adiestramiento de las Fuerzas Operacionales de la Policía Especializada (FOPE), y de sus grupos de élite como el grupo Fénix, por parte del Grupo de Acción Unificada de Libertad Personal (GAULA), de Colombia.

Se ratificó un compromiso firmado por el anterior presidente paraguayo, Nicolás Duarte Frutos, por el cual el estado colombiano ofrecía al estado paraguayo, la asesoría del temible Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, los asesores colombianos brindaron formación de contrainsurgencia para la búsqueda del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).

Durante la presidencia de Lugo, las fuerzas armadas paraguayas se utilizaron para colaborar con la policía nacional en tareas de represión interna, especialmente en la zona norte del país, donde se realizaron cinco operativos militares de contrainsurgencia que ha sufrido la población pobre. El último de ellos, el operativo Py’ a Guapy, se llevó a cabo en el marco de un estado de excepción, similar al estado de sitio, dictado por el presidente y que tuvo una duración de 30 días. Esto permitió que el aparato represivo pudiera registrar a más de 95.000 personas durante ese lapso.

Las fuerzas armadas paraguayas también fueron utilizadas para obtener consenso, mediante la realización de programas de asistencia humanitaria (Operativo Ñepohano), al mejor estilo de los Medretes yanquis.

La política represiva no se agota en esos hechos. El gobierno paraguayo autorizó la utilización de gastos reservados y el pago de gratificaciones al personal de las fuerzas públicas e incrementó el presupuesto para defensa en un 68% en dos años.

No se puede dejar de mencionar, también, que dictó la ley antiterrorista nº 4024. (Fuente: Servicio de Paz y Justicia, Paraguay, “Los nuevos rostros de la militarización” 2009-2010).

Lejos de haber sido una excepción, la masacre de Curuguaty fue un hecho más de la política represiva del gobierno de Lugo. Su destitución por medio de un procedimiento legal y democrático, que el ex presidente ha aceptado, lo único que ha hecho, hasta el momento, fue cambiar la cara de un gobierno que siempre fue de derecha. El pueblo paraguayo no puede esperar más que el mantenimiento y profundización de esta política. Para combatir esta política no puede confiar más que en sí mismo, en su organización y en la lucha. La democracia paraguaya no tiene para ofrecerle más que alguna máscara progresista que, como el presidente destituido, no sólo no se opondrá sino que prestará su legitimación para continuar en la profundización de la política de represión al pueblo.

Próximas actividades.

- Miércoles 25, desde las 19:00, Festival al pie del Puente Pueyrredón (Avellaneda) al inicio de la vigilia previa al 10º aniversario de la represión que costara la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

- Martes 26 de junio, 8:30, movilización a los tribunales de Morón, Colón y Brown, durante el segundo juicio por el asesinato de Rodrigo Corzo, contra el sargento Núñez.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.