Boletín informativo nº 664

El “vertiginoso” ya no se ríe.

El viernes pasado, el juzgado correccional nº 2 de Morón condenó al sargento Ariel Horacio Núñez a tres años y medio de prisión por haber encubierto el asesinato de Rodrigo Corzo, y quedó inmediatamente detenido, pues se ordenó su cumplimiento efectivo aun cuando su defensa –previsiblemente- apele la condena.

La rápida lectura de la sentencia fue seguida por Narciso, Eli y Micaela Corzo, junto a otros militantes de CORREPI, la mayoría familiares de víctimas. A pesar de la leve pena, la condena, y, sobre todo, la detención, fue vivida como un gran triunfo de la organización y la lucha. Costó 9 largos años llevar a juicio al policía que conducía el patrullero desde el que el ya condenado oficial Cristian Alfredo Solana disparó contra el auto que manejaba Rodrigo, y le colocó una bala en la espalda.

Por 9 años, cada vez que el sargento Ariel Horacio Núñez tuvo que enfrentar a la familia Corzo y a los demás militantes de CORREPI, sonreía irónicamente. ¿Cómo no iba a sonreír, si estaba muy tranquilo en el lugar de “testigo” que le dieron jueces y fiscales? Una y otra vez, Núñez declaró como simple espectador del homicidio del que fue partícipe, acomodando sus palabras a medida que lo requería la defensa de su camarada y jefe.

Primero habló del “vértigo” que le dio la leve inclinación del Puente Santa Rosa en el Acceso Oeste, y dijo que “cerró los ojos y aceleró”, por lo que no había visto si Solanas disparó. Luego, forzado por las pruebas contundentes contra su oficial superior, aclaró que “en realidad lo que hice fue fijar la vista adelante, no mirar al costado, y vi dos fogonazos desde el auto del caco”. En uno y otro caso, se probó que mentía, ya que no hubo otros disparos esa madrugada del 23 de junio de 2003 que los del policía a su lado.

En estos años, logramos impulsar la causa por encubrimiento. En 2008, tuvimos que pedir que se dictara su rebeldía y comparendo compulsivo, porque cada citación de la fiscalía era devuelta por la policía con la nota “desconocido en el domicilio”. Distribuimos su foto, en afiches y volantes que contaban la historia del “vertiginoso”, y advertían: “Si lo ve, NO avise a la policía”.

El 8 de marzo del año pasado, los vecinos de Moreno lo vieron en la plaza, durante el festejo del Día de la Mujer. No avisaron a la policía, sino a los militantes de CORREPI de Moreno. Las familias Torres y Casal, junto a otros compañeros, corrieron a la plaza. Lo identificaron, lo siguieron y lo fotografiaron. Gracias a esa constancia en la lucha, llegamos a este juicio, a esta condena, y a esta prisión, que, aunque breve, le borró la sonrisa al “vertiginoso”.

125 muertes en 7 meses.

A siete meses de la presentación de la actualización del Archivo de Casos de CORREPI, 125 nuevas muertes en manos de las fuerzas represivas estatales se suman a las 3.390 víctimas contabilizadas desde el advenimiento de la democracia en 1983 hasta noviembre de 2011 (ver Archivo 2011 en http://correpi.lahaine.org/?p=1098 ).

125 nuevas muertes que suma el gobierno kirchnerista a las 1.836 denunciadas el año pasado (54,11% del total), producto de la aplicación de sus políticas represivas de control social en los barrios y de la mayor militarización, a la par del crecimiento de la conflictividad social que genera la crisis económica de los últimos años.

Gran parte de estos asesinatos a manos del aparato represivo estatal, especialmente las que corresponden a los pibes de familias pobres, son encubiertos por la versión policial prefabricada del enfrentamiento armado, en la que, variando pequeños detalles, inverosímil pero milagrosamente, el policía resulta siempre ileso y el ladrón muere de un tiro por la espalda o la nuca. Por su parte, el periodismo cómplice obedece, no investiga: copia y pega en sus páginas los partes policiales sin nunca chequear la veracidad de los hechos relatados.

Es también, en gran parte de los 125 nuevos casos, la familia de estos pibes que, aún con el dolor de la pérdida de un familiar a cuestas, sale a enfrentarse contra este aceitado mecanismo de encubrimiento y a luchar contra la burocracia judicial, preparados ambos para garantizar la impunidad de los verdugos de pobres, asesinos a sueldo del estado.

El viernes 15 de junio, un policía de la comisaría 16ª de Mar del Plata, mató por la espalda a Maximiliano Villarroel, de 21 años, ante la mirada de sus vecinos, que echaron a piedrazos a los asesinos, impidiendo, de esa forma, que pudieran plantarle un arma y fraguar, como ya nos tienen acostumbrados, la consabida escena del enfrentamiento armado que nunca existió. Luego, fueron a protestar a la comisaría, donde la policía asesina los reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos, a la vez que el barrio fue cercado por la infantería hasta la medianoche.

En Junín, el domingo 25 de junio, Ramón Maidana Centurión fue acuchillado por otros presos en la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Bonaerense, sumando una nueva muerte a las 13 que llevamos contabilizadas este último año y de las que el SPB no da ninguna clase de respuesta, demostrando cumplir al pie de la letra con su rol de exterminio, preestablecido por el estado en su conjunto en el marco de su política represiva aplicada a los sectores excluidos de la sociedad capitalista.

Por último, el asesinato de Samuel Villegas en Escobar el 22 de mayo se hizo de conocimiento público gracias a la multitudinaria marcha encabezada por familiares y amigos de este joven de 22 años. En este caso, nuevamente, la versión oficial de comisaría 1ª de Escobar, reproducida sin escrúpulos por los medios locales, dice que Samuel atacó a los policías con una escopeta desde el asiento trasero un auto en marcha y que se bajó para darse a la fuga a pie, donde fue alcanzado por las balas policiales. En cambio, su familia denuncia que Samuel se estaba peleando con un “transa” (vendedor de drogas) en la puerta de la casa de éste y que la policía de la comisaría 1ª, que protege al narcotraficante, llegó para amedrentar al joven y comenzó a dispararle. Uno de los disparos le dio en la cintura y los policías se tomaron su tiempo para brindarle atención médica, por lo que el joven murió en el hospital a causa de haber perdido demasiada sangre.

Cerro Dragón, la histeria reveladora.

La Panamerican, agazapada y monitoreando. El ministerio de Trabajo y el de Seguridad, amenazando con la Gendarmería. La UOCRA del servicio Gerardo Martínez, legitimando el despojo a los trabajadores. Y un discurso presidencial revelador sobre la naturaleza de su gestión.

El funcionamiento de la triple alianza antiobrera, una vez más, al descubierto en la lucha que los obreros de la construcción vienen dando en el yacimiento de Cerro Dragón en Chubut.

Poco interesa que el reclamo sea de una mayoría de obreros de la construcción, cansados de las traiciones de los burócratas. Menos interesa que ese reclamo date del mes de enero, y que desde siempre fuera desoído por la empresa y el gobierno nacional. Nada interesa que el reclamo pida a gritos el cumplimiento de un principio básico: a igual tarea igual remuneración.

Poco, menos y nada, interesa la razón de los trabajadores a quienes ejercen la presión sobre ellos. Incluida la “gran prensa”, que, ninguneando y distorsionando, facilita a la pata judicial de la criminalización de la protesta, el consenso suficiente para imputar delito allí dónde hay un derecho.

Repetimos siempre: en cada conflicto donde aflora la lucha de clases, donde la tensión pone en jaque los intereses del capital, el estado tiene una sola respuesta REPRESION Y CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA.

En su discurso referido al tema, la Presidenta Cristina de Kirchner lo reconoció de modo elíptico: “No mandaremos más gendarmes ni fuerzas federales a las provincias para acallar conflictos”. No le creemos claro, aunque sirve como confesión de anteriores negaciones. Y lo dijo en ocasión de referirse al accidente en la ruta donde murieron los gendarmes que salían de Cerro Dragón hacia Mendoza. “Querían un muerto, ahí tienen varios”. Las mismas palabras que mencionó pocas horas después del crimen de Mariano Ferreyra, atribuyendo inauditas responsabilidades.
Su lógica es clara: en todos los casos hay que demoler, perseguir, desacreditar la protesta. Siguiendo esa lógica, la protesta genera muertos, la protesta provoca muertos, y en todos los casos los responsables son los mismos, los que protestan. Terminemos con la protesta, pues, nos está diciendo la gobernanta mientras la Panamerican aplaude y la gendarmería y los burócratas siguen al pie del cañón.

La protesta en Cerro Dragón es un capítulo de la historia de lucha obrera que ha promovido una histérica respuesta presidencial: a quiénes responde, con quiénes responde y cómo responde todo gobierno que tiene en la conciliación de clases su objetivo administrador.

Pero hay histerias que no debemos relativizar. En materia de criminalización de la protesta y represión selectiva, el gobierno de los DDHH no tiene empacho en cambiar una letra y fabricar con el resto, la historia del oportunismo.

Narcos y chorros, ¡todos de uniforme!

La policía, esa que está “al servicio de la comunidad”, y nos mata un pibe por día con el gatillo fácil y las torturas y nos reprime cuando nos organizamos para reclamar lo que nos corresponde, es la misma que, además, está metida en los peores negociados, que no podrían sostenerse sin la complicidad policial, y de las demás fuerzas represivas.

Casi semanalmente damos ejemplos de esto, y hoy no es la excepción.

Tres policías bonaerenses de distintas comisarías de La Plata, fueron detenidos esta semana por facilitar la fuga de una persona detenida, para robar. Esta vez los descubrieron, dado que pudieron identificar a la persona que robó a un matrimonio y que estaba supuestamente “detenida” en una comisaría de La Plata.

Claro que en esto de hacer negocios, la policía (federal, bonaerense, y las policías provinciales) no tiene la exclusividad.

Un cabo de Gendarmería Nacional, fue detenido con 110 kilos de cocaína escondidos en bolsos debajo de los asientos, en los espaldares y en el baúl del auto que conducía. Según informaron los medios, la Gendarmería ya contaba con información previo al momento de la detención. Lo que, para nosotros, significa que lo detuvieron por alguna disputa interna.

Y en Corrientes, un agente penitenciario de Entre Ríos fue detenido con 350 kilos de marihuana, cantidad que equivale a la suma de 2 millones de pesos. El penitenciario viajaba en un auto tipo ambulancia para el transporte de féretros, perteneciente a una cochería de Entre Ríos. La marihuana estaba escondida en bolsas de arpillera dentro de un ataúd de madera.

Gracias a la impunidad que detentan las fuerzas represivas, garantizada por jueces y fiscales, es que estas fuerzas controlan y regentean el narcotráfico, la trata de personas, obligan a los pibes a robar para ellos, controlan y distribuyen el paco en los barrios. Es que aquellos que le ponen el cuerpo al control social, que cumplen la función encomendada por el estado de mantener el pueblo a raya, tienen su recompensa.

Motín policial en Bolivia.

El 21 de junio, todas las unidades policiales de Bolivia se amotinaron en reclamo de cuatro puntos, entre los que se encontraban aumentos de salarios y mejor equipamiento. En los primeros días del motín, el intento de acordar fracasó y la policía aumentó sus demandas, desconociendo un preacuerdo ya firmado. En ese preacuerdo, se establecía un aumento del bono de seguridad ciudadana y la incorporación de un aumento salarial que permitiría ganar un salario de 2045 Bs. A estas concesiones se le sumaron la duplicación de la ración seca y de alimentos, el compromiso para mejorar la ley de régimen disciplinario policial, el establecimiento de un organismo para la defensa de policías, y el compromiso para mejorar el equipamiento.

En un principio, los policías de más bajo rango rechazaron ese preacuerdo y se movilizaron hasta la casa de gobierno, donde hicieron demostración de fuerza armada, confrontaron con partidarios de Evo Morales, y hasta ejercieron su función represora impidiendo que la marcha indígena del TIPNIS arribara a la plaza.

Luego de varios días de amotinamiento, los policías recibieron casi todo lo que pedían: El policía de más bajo rango percibirá la suma de 295 dólares, más un extra mensual de 57 dólares, lo que equivale a casi 2.500 pesos bolivianos; se les reconoce el derecho a una jubilación equivalente al 100% de los ingresos de la última boleta de pago; se garantizó la impunidad de los policías por todos los delitos que pudieran haber cometido durante el motín; se dispuso la creación de la Defensoría de la Policía (“para la defensa de los derechos del policía”, dice el convenio); y se estableció la revisión de la ley que establece el régimen disciplinario policial.

Se trata de concesiones que permitirán un mejor ejercicio de la represión por parte de la policía. Lejos de confrontar contra el golpismo policial, el gobierno boliviano cedió en casi todas las reivindicaciones, fortaleciéndolo.

Los policías no son trabajadores, el levantamiento no fue una huelga sino un motín, la obtención de semejante triunfo no los acercará al pueblo sino que los envalentonará, aún más, para ejercer la función para la que existen: reprimirlo.

El hecho de que los policías provengan en gran medida del pueblo no significa nada. Es la existencia la que determina la conciencia. Y la existencia no se encuentra determinada por la percepción de un salario sino por la función social que se ejerce. Aquél que, perteneciendo por origen a la clase trabajadora, se vuelve policía, es un policía de la burguesía y no un trabajador. Todo policía está entrenado para, a lo largo de su existencia, reprimir al pueblo cuando éste se moviliza por sus justas reivindicaciones; y sabe que los gobiernos cambian, pero la policía persiste.

Es por ello que los policías no pertenecen a la clase trabajadora y ésta nada gana apoyando sus motines, sino todo lo contrario, sale perdiendo y fortaleciendo a sus verdugos.

Próximas actividades.

- Viernes 13, en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti, venite a la Peña Antiyeta y Antiyuta. Clases de folclore, música, barra baratita con empanadas caseras y guiso de lentejas.

- Sabado 14 de julio, desde las 13:00, Radio Abierta Antirrepresiva en la plaza de la Escuela 10, Barrio Los Naranjos, Malvinas Argentinas.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.