Boletín informativo nº 665

La represión como reivindicación.

La semana pasada, los policías de Santa Cruz se autoacuartelaron con el objetivo de obtener la satisfacción de varias exigencias entregadas al gobernador kirchnerista Daniel Peralta, entre las que se encuentran una suba del sueldo mínimo de 85,9%, con un promedio de 45%, provisión de armas y equipamiento, y el reclamo de reconocimiento de las asociaciones policiales que ellos llaman “sindicatos”.

Si bien el gobernador dejó claro desde el primer momento que la provincia, debido a la crisis económica, no está en condiciones de pagar lo que sus policías exigen por sus servicios represivos, contraofertó un 34% de aumento que fue rechazado, y luego dictó un decreto que otorga una suma no remunerativa de $800 y un incremento del valor del “punto salarial” progresivo desde los actuales $15,6 a más de $21 en el curso de los próximos meses, mientras el reclamo policial es elevarlo a $29.

Cualquier comparación de los beneficios ya otorgados a los policías santacruceños con la situación de los trabajadores de la misma provincia o del resto del país, donde ninguna paritaria ha cerrado por encima del 25% y varias provincias se preparan a pagar el aguinaldo en cuotas, muestra con claridad cómo, cuando se trata del pueblo trabajador, se ajusta, con aumentos por debajo de la inflación, mientras se hacen malabares con las cuentas públicas para gratificar a los uniformados.

La preocupación del gobierno y la búsqueda rápida de respuesta a los pedidos policiales tienen un por qué: es que la policía, como parte del aparato represivo del estado, es necesaria para mantener las cosas como están, con algunos pocos poderosos gobernando y la mayoría del pueblo trabajador padeciendo la explotación y el hambre. Y cuando este mismo pueblo sale a luchar por lo que le corresponde, es la policía quien evita, a fuerza de represión y sangre, que las reivindicaciones de los trabajadores sean llevadas a cabo.

Así lo vimos apenas el año pasado con la lucha de los docentes y los petroleros de Santa Cruz, quienes fueron sistemáticamente reprimidos en las manifestaciones, perseguidos, criminalizados y acusados tanto por el gobierno provincial como por Cristina Kirchner de “extorsión”, calificativo que en ningún momento aplicaron a los actuales amotinamientos de la policía.

Entonces, mientras los trabajadores petroleros y docentes son condenados a un salario básico de $3.000 y $1.100 respectivamente, totalmente insuficiente en una de las provincias con mayor costo de vida del país, a los policías se les pagará por decreto un mínimo de $6.700, y siguen apretando por más.

Estas asonadas son tratadas por los gobiernos de forma bien diferente a los reclamos de los trabajadores, pues resulta vital para el estado asegurar las condiciones necesarias para que repriman y que lo hagan cada vez mejor.

Respecto al pedido de “sindicalización” de los policías, es necesario tener claro que esas iniciativas son una herramienta más para que las fuerzas policiales se organicen para la represión. Como explicábamos en el Boletín n° 664, a propósito de la asonada boliviana, los policías no son trabajadores ni parte del pueblo. Los policías y todas las fuerzas de seguridad del estado son parte del aparato represivo que tiene como función reprimir y disciplinar al pueblo trabajador. Es por eso que esto no es una huelga sino un motín. No tiene importancia que en algún momento hayan pertenecido al pueblo, ya que decidieron abandonarlo para pasarse a las filas de los explotadores; definitivamente no son trabajadores, sino custodios de la riqueza de la clase explotadora, riqueza y poder que se consigue a costa de la sangre del pueblo. Los policías existen como brazo armado de esta clase, para asegurarse que el orden social impuesto no cambie.

Por algo sus “pliegos de condiciones” o “petitorios” siempre incluyen el reclamo de más pertrechos para reprimir y de “amparo legal” frente a posibles acusaciones por “actos de servicio”, es decir, fusilamientos de gatillo fácil, torturas y desapariciones. La sindicalización y una paga más elevada, es decir, un “triunfo” del motín policial, sólo significará más seguridad para el estado y más represión para el pueblo.

Mendoza y Gral. Rodríguez, una misma política de control social.

El pasado 5 de mayo, en Godoy Cruz, Mendoza, moría asesinado por una bala policial Franco Díaz, de 19 años. Al otro día, en Burzaco, David Benítez, policía de la bonaerense, mataba de siete tiros a Lautaro Bugatto (ver Boletín n° 657).

Franco Díaz se encontraba en una fiesta con sus amigos hasta que llegó la policía, que había sido llamada por los vecinos que denunciaban ruidos molestos. Como siempre, los policías se dedicaron a provocar a los adolescentes que estaban en el lugar, lo que desencadenó incidentes entre los policías y los chicos; y una vez encontrada la excusa, hicieron lo que mejor les sale: disparar contra los jóvenes.

Una de esas balas fue fatal, ya que impacto directamente en el rostro de Franco, provocándole la muerte momentos después.

Hoy hay 11 policías ‘investigados’ por el asesinato. A pesar del entorpecimiento de la investigación (ya que los peritos y fiscales no ayudan, sino todo lo contrario, se dedican sistemáticamente a encubrir a los asesinos del estado) hay pruebas irrefutables. La bala que mató a Franco había quedado alojada en el rostro de Johana Flores, quien estaba detrás de él cuando lo mataron, pero nadie se preocupó por extraerla para analizarla.

Está semana, finalmente, y debido a que Johana concurrió al hospital quejándose de dolores, la bala fue extraída y peritada. Así, se confirmó lo que todos sabíamos: que el proyectil de 9mm fue disparada por un arma policial, y que el encargado de jalar el gatillo fue el policía Walter García.

Por último, el viernes 6 de julio, Yamila y Mery, ambas compañeras de CORREPI, vecinas de la familia de Matías Lobo, asesinado por el gatillo fácil, estaban en su casa del barrio Los Naranjos en Gral. Rodriguez, cuando vieron cómo el policía Horacio Lebras torturaba a golpes a uno de los chicos de la cuadra.

Rápidamente salieron a la calle para ayudarlo y enfrentarse con el policía, bien conocido en el barrio por el maltrato constante hacia toda persona que él considere ‘inferior’. Madre e hija recibieron golpes y amenazas, no sólo del policía sino de su familia, ante la complaciente mirada de los policías de la comisaría zonal.

Nos queda claro que la tortura y el gatillo fácil no son “abusos de manzanas podridas”, sino que son herramientas que utilizan todos los días los policías en los barrios contra el pueblo trabajador. Los policías que torturan y matan saben que lo hacen con todo un aparato estatal que los protege, porque ésa es su función, disciplinar y matar a todos aquellos que puedan representar algún peligro para el poder, por ser los más perjudicados con las políticas de hambre y miseria que aplican desde el estado.

El juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra y los manotazos de ahogado.

Cuando la lucha popular impulsa al aparato judicial al callejón sin salida de tener que sentar en el banquillo de los acusados a los ejecutores de sus políticas represivas, cualquier recurso, por impresentable que sea, sirve para ayudar a los socios en desgracia.

Muchos ejemplos, de los cuales la causa por el asesinato de Walter Bulacio es muestra suficiente, dan cuenta de cómo recurren, cuando las papas queman, a la batería de herramientas que, bajo la máscara de la legalidad procesal, habilitan todo tipo de dilaciones para evitar la instancia del juicio oral y público.

El juicio a los asesinos de la burocracia sindical y la policía, dos de las tres facciones asociadas en el plan criminal que mató a Mariano Ferreyra (la patronal sigue impune), está fijado para el próximo 6 de agosto. Con un manejo impecable de los tiempos procesales, la defensa de Armando Uño, uno de los integrantes de la patota, recusó al tribunal oral encargado de dirigir el debate. Si bien el planteo fue rápidamente rechazado por otro tribunal, y, por la liviandad de sus argumentos no tiene posibilidad alguna de prosperar, lo cierto es que la maniobra introduce alguna incertidumbre en relación al comienzo del juicio, ya que el oportuno defensor podría interponer un recurso de casación que lo postergaría.

“Es el legítimo ejercicio del derecho de defensa”, se quejan con calculada amargura los defensores del estado de derecho. Legítimo, claro, porque la ley es de ellos, y la defensa de sus esbirros, oficiales o tercerizados, es política de estado.

El 6 de agosto debe comenzar el juicio contra los 17 procesados, Pedraza y su patota, y el comisario Lompizano y la suya. La chicana de la recusación no es una maniobra aislada del defensor de uno de ellos: es el manotazo de ahogado de los que quieren evitar un juicio que no le conviene al gobierno, y al que sólo la organización y la lucha popular nos permitirá llegar.

Represión en toda la línea.

El 4 de julio fue noticia, mínima pero noticia al fin, que un muchacho de 22 años que estaba detenido acusado de robo en la comisaría 3ª de Quilmes “se suicidó”. Lo encontraron colgando de los barrotes de la ventana de su celda con una sábana. Apenas 48 días antes había ingresado a la comisaría, donde, como siempre nos quieren hacer creer, lo acometió tal remordimiento y depresión que resolvió matarse. Desde entonces, no se supo más del asunto.

En San Luis, dos policías, Raúl Márquez y Juan Orellano, fueron apartados de la fuerza después que una mujer brasileña de 39 años los acusó de someterla sexualmente en un descampado al que la llevaron, por la fuerza, a bordo de su patrullero. Aunque la víctima denunció el hecho de inmediato y se verificaron sus lesiones, no hay noticia de que fueran detenidos.

En Tucumán, unos 200 policías fueron enviados por un juez para desalojar a la comunidad Indio Colalao de sus tierras en el límite con la provincia de Salta, reclamadas por dos grandes terratenientes de la zona. Hubo golpes y disparos de arma de fuego por parte de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, Montada, Motorizada, Bomberos, Criminalística y el Grupo Cero, que intentaron, sin éxito, sorprender a los vecinos ingresando desde la frontera salteña.

Tres ejemplos de diversas modalidades represivas que apuntan al disciplinamiento y el control social, mostrando que reprimen en toda la línea.

Bolivia y Perú: muertes para garantizar las explotaciones mineras del imperialismo.

En el boletín anterior (N° 664) hablábamos del motín policial en Bolivia. Evo Morales dijo en esa ocasión que “no sacaría al ejército a las calles para evitar muertes”. Este jueves, a menos de una semana de finalizado el motín, donde los desclasados consiguieron aumentos de sueldo y mejor equipamiento, ya hay un muerto por la protesta social en Bolivia. Evo Morales no dudó en usar a la policía, satisfecha, para garantizar las ganancias de la empresa canadiense South America Silver reprimiendo a los trabajadores.

Los mineros, sector históricamente combativo en este país, mantenían como rehenes a cinco personas en Mallku Khota, Potosí, para reclamar la expulsión de esta empresa y hacerse cargo ellos mismos de la explotación de la mina de plata e indio, material necesario para fabricar monitores de pantalla líquida. José Mamani fue fusilado de un tiro en la nuca y hubo cuatro heridos graves, producto de la represión policial.

Al mismo tiempo, en La Paz, la policía desalojó a integrantes de comunidades amazónicas que acampaban en las inmediaciones del palacio presidencial, quienes protestaban contra la construcción de una carretera que afectaría gravemente sus poblados y los recursos naturales de la región. Gases y palazos para amedrentar a mujeres y niños, quienes hace unos meses también sufrieron un muerto en el marco de una protesta por el mismo reclamo (ver boletín N° 628).

Mientras tanto, en Perú, ya son 17 los muertos por la protesta social desde que asumió Ollanta Humala, hace menos de un año. En distintos puntos del país, la policía asesinó a cinco personas que protestaban contra varios proyectos mineros, en su mayoría yanquis, en Cajamarca, Espinar y otros puntos del país. Humala decretó el estado de emergencia tres veces en Cajamarca para combatir las protestas mineras; el jefe de la policía nacional, Raúl Salazar, dio la habitual (y no por eso menos absurda) excusa de los infiltrados que llevaban armas de fuego, cuando ellos sólo usan balas de goma, teoría a la que adhirió gran parte del gobierno.

La minería es un negocio multimillonario, es por eso que ningún gobierno va a dudar en reprimir para garantizarlo, Humala y Morales son lo mismo porque pertenecen a la misma clase y porque los mecanismos que usan para continuar la explotación son iguales, la diferencia es el consenso que tiene uno y el otro en América Latina. Morales, más hábil en ese aspecto, se sumerge en la misma lavandina que Kirchner, Mujica y Rousseff, pero no duda en soltar el hueso cuando el perro se lo pide, quien contento, sale presto a cumplir su deber: reprimir al pobre.

Próximas actividades.
- Viernes 13, en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti, venite a la Peña Antiyeta y Antiyuta. Clases de folclore, música, barra baratita con empanadas caseras y guiso de lentejas.

- Sabado 14 de julio, desde las 13:00, Radio Abierta Antirrepresiva en la plaza de la Escuela 10, Barrio Los Naranjos, Malvinas Argentinas.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.