Boletín informativo nº 671

195 desaparecidos en democracia.

El 30 de agosto se conmemoró internacionalmente el día del detenido -desaparecido. El gobierno nacional lo celebró reprimiendo trabajadores con la gendarmería en Panamericana, para luego llevarlos detenidos ilegalmente a Campo de Mayo, y en los múltiples actos y discursos que se escucharon ese día poco se dijo de quienes el Estado desapareció desde 1983 hasta esta parte.

Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura del ’76 se equivoca: son 195 las personas que los gobiernos democráticos detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la ‘democracia’.

La restauración democrática anunciaba que, en 1983, la organización del pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados.

Las fuerzas represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión “preventiva” o “selectiva”, sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados.

Pero lo cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima.

Son 195 las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.

El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.

La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres.

Se profundiza la crisis, el pueblo protesta y el Estado reprime.

El pasado sábado 25, en Orán, provincia de Salta, trabajadores del ingenio azucarero San Martín del Tabacal, realizaron un bloqueo en la ruta 50 para exigir la reincorporación de 57 compañeros despedidos en medio de una negociación paritaria. Ante esto, el gobernador kirchnerista Urtubey dispuso el envío de 300 efectivos de la policía provincial con la orden expresa de desalojar la ruta, que conecta con la estratégica ruta 34, que comunica a Salta con Bolivia.

Con la agudización del conflicto, familiares de los trabajadores se acercaron al ingenio en apoyo, con lo que el corte llegó a tener 2.500 personas que fueron reprimidas con gases y balas de goma. El resultado fue el de varios heridos y personas descompuestas por inhalación de gases, además de los habituales detenidos. La represión siguió con la cacería y las amenazas a todo aquél que apoyara a los trabajadores del ingenio. Tal es el caso del periodista local Samuel Huerga, quien transmitió por radio todo el conflicto y recibió varias amenazas de muerte.

Hay quienes puedan pensar que esto es un problema local, que el gobierno nacional nada tiene que ver. Pero este método fue diagramado hace tiempo, enla II Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad, liderada por Nilda Garré, donde se lanzó un protocolo de acción conjunta para saber qué hacer en estos casos (ver boletín N° 637). En ese encuentro se vaticinaba que iba a aumentar el conflicto social por la agudización de la crisis; los gobiernos provinciales reclamaban medidas claras y mecanismos para tratar con los díscolos que no quisieran agachar la cabeza: este es uno de los resultados.

Unos días después, pero en Pacheco, provincia de Buenos Aires, organizaciones barriales cortaron la autopista Panamericana, en reclamo del aumento para el programa Argentina Trabaja. El encargado de llevar adelante el operativo de gendarmería fue el mismo Sergio Berni, secretario de seguridad, quien anteriormente, y como remarcáramos en numerosas ocasiones, estaba a cargo de negociar con las organizaciones piqueteras desde el Ministerio de Desarrollo Social, o sea viejo conocido.

El desalojo de la Panamericana se resolvió en cuestión de minutos, gendarmería desplegó un operativo cerrojo y, aunque los manifestantes intentaron resistir, no pudieron sostener el corte. El saldo fue de 60 detenidos que fueron llevados a Campo de Mayo, lugar donde tiene una de sus bases de acopio y nálisis de datos el Proyecto X.

En declaraciones en el lugar, Berni sostuvo: “Esta no es la manera de actuar o de protestar, considerando que el Gobierno Nacional atiende todos y cada uno de los reclamos y siempre busca el diálogo y la solución de los problemas”. Como será de compleja la situación, si el “diálogo” con los que antes eran sus aliados e inclusive fuerza de choque, como Libres del Sur, hoy alineados con Binner, es éste. ¿Qué pueden esperar las organizaciones que siempre se mantuvieron independientes?

Como podemos ver, la variable del ajuste siempre es la misma. La crisis se profundiza y la sufre el pueblo que sale a las calles a reclamar. La respuesta del gobierno no es otra que la represión, ya que ésa es la función que cumple: garantizar mediante balas, gases y palos la ganancia de los empresarios, inclusive si los empresarios son el Estado.

Cárceles de mala muerte: bonaerenses, provinciales y federales.

A pesar de los intentos del oficialismo por hacernos creer que el Servicio Penitenciario Bonaerense es el único en el que se tortura, reprime y mata a los presos, ésta es una situación que se extiende a todas las cárceles del país, ya sea que dependan del Servicio Penitenciario Provincial, Bonaerense o Federal. Es que esta no es una cuestión de jurisdicción o de internas políticas, sino de clase.

Como bien sabemos, a la cárcel no van los poderosos, sino los pobres, el pueblo trabajador, los explotados. Es que el Estado necesita de todo su aparato represivo para sostener un sistema de desigualdad, en el que una mayoría es explotada por una minoría. Las cárceles, lejos de intentar “rehabilitar”, son parte de este aparato de control social, que nos enseña a mantener la cabeza gacha.

En la cárcel de mujeres de Ezeiza, dependiente del SPF (Servicio Penitenciario Federal), María Laura Acosta, de 35 años y madre de un hijo a quien sostenía económicamente desde la cárcel, esperaba salir en libertad en enero, pero fue encontrada ahorcada y degollada, con varias puñaladas en su cuerpo; y Cecilia Hidalgo, de 24 años, fue encontrada asfixiada sobre su cama. Sus compañeras bien saben cómo se manejan las cosas ahí, y manifestaron que siempre los asesinatos se hacen pasar por suicidios.

Sergio Omar Ibarra, detenido en la cárcel de Devoto, también dependiente del SPF, estaba enfermo de VIH. El SPF le negó la atención médica necesaria, frente a lo cual sus compañeros presentaron un habeas corpus colectivo para exigir que Sergio recibiera cuidado médico. Las autoridades del SPF cajonearon el habeas corpus, lo trasladaron al hospital penitenciario, donde recibió un solo medicamento y luego fue regresado a su lugar de detención, porque en el hospital, dijeron, “no tenía camas disponibles”. Sergio falleció porque el estado le negó la atención médica que necesitaba.

En Mendoza, en la cárcel de San Felipe, famosa por los videos y fotos de torturas que salieron a la luz el año pasado, Diego Gatica Toledo, de 35 años, apareció “ahorcado” en su celda. Diego cumplía una condena de 10 años, le faltaban dos años para salir en libertad.

Las torturas y asesinatos de personas privadas de su libertad, al igual que el gatillo fácil, son prácticas sistemáticas de un estado que necesita de todo el peso de la represión. Más allá de los falsos debates que ponen en la agenda distintas figuras del progresismo, planteando medidas para reformar las instituciones del aparato represivo como la desmilitarización del sistema penitenciario o su conducción civil (medida que, de hecho, ya existe), lo cierto es que las cárceles y los institutos de menores, son desde su inicio, un lugar donde encerrar a los pobres, castigarlos y enseñarles a fuerza de palos, como ser dóciles y agachar la cabeza.

Policía municipal de Morón, la relatividad de los progresistas.

Decía Einstein que, para buscar resultados diferentes, se impone no hacer siempre lo mismo. La incuestionable recomendación del notable físico da por tierra con los afanes y aspiraciones de los sectores de la pequeña burguesía y reformistas afines devenidos en administradores del estado.

“Estamos en condiciones de conducir una policía municipal”, dijo el intendente de Morón, el sabatelista Lucas Ghi. Con la prolojidad propia de quienes barren y acumulan la tierrita debajo de la alfombra, rodeado de “fuerzas vivas de la sociedad”, con la participación íntegra de la plana mayor de la policía distrital y los representantes del Poder Judicial local, el administrador municipal dijo que pretende el gobierno de los 450 agentes de las 7 comisarías locales, para elaborar las tareas de prevención y aplicar las sanciones “a quienes no desarrollen correctamente su vocación de servicio”.

Se podría suponer que, al pretender el manejo de la policía, el intendente de Morón postula lo diferente. Pero si reparamos cómo repite los viejos enunciados del sistema en crisis que él y sus correligionarios defienden con el recurso devaluado del maquillaje verbal, aplicando la lógica del científico enunciador de la teoría de la relatividad, se advierte que el resultado no será diferente.

En el sistema capitalista, la única prevención que funciona es la de los que mandan, y la única “vocación policial” efectivamente comprobada, es la de convertirse en perros guardianes de sus intereses.

El tema de la seguridad siempre ha sido estructural del sistema capitalista. Responde a una regla lógica que -aunque moleste a los políticamente correctos- es incontrastable: en una sociedad con privilegios de clase, la violencia social es su consecuencia. Cuanto más se consolidan esos privilegios y más se profundizan las diferencias, mayor es el grado de respuesta violenta del estado.

La mentada prevención del intendente redundará entonces en mayor poder de disciplinamiento: cámaras de seguridad, que en el Partido de Morón superan las 200, incorporación de mayor poder de fuego con armas y 33 nuevos patrulleros en comisarías, alarmas por doquier, sospechas y denuncias las 24 hs., proponen un modelo de “convivencia” basado en el control y la vigilancia, la delación, la estigmatización, la selectividad penal, en una palabra, el cretinismo político de quienes se autodenominan progresistas y no son otra cosa que la versión aggiornada de los viejos reaccionarios.

Para el intendente progresista, el gatillo fácil que mata un pibe por día, es apenas un incorrecto cumplimiento de una vocación.

Hace mucho tiempo sostenemos que la hipótesis de conflicto interno que manejan desde el poder, se centra en la cuestión de la “seguridad ciudadana”. Que excusados en ella, desde los diferentes poderes estatales y cualquiera sea el signo político con el que pretendan diferenciarse, lo cierto es que cobra vida el estado policíaco (aquel que entre otras cosas, disminuye las garantías o equipara una protesta a un delito) al tiempo que se militariza la sociedad (más fuerzas de ocupación que ven en los pobres al enemigo interno). Lo sabe y comparte el partido del intendente de Morón, que, con Sabatella a la cabeza, votó disciplinadamente la ley antiterrorista del gobierno autodenominado de los DDHH.

Nos preguntan a menudo, ¿y Uds. qué proponen para resolver el tema de la seguridad?, y nosotros respondemos aquello que perturba y descoloca: la seguridad es el gran accesorio del sistema capitalista, no tiene solución porque el capitalismo no puede dar ninguna solución.

Se pueden discutir muchas otras cuestiones, se pueden proponer alternativas en otras áreas, pero nada en materia de seguridad: en todos los casos se termina de la misma manera, con todos los muertos y todos los presos de un mismo y pobre lado. No seremos nosotros, NUNCA, quienes aportemos a esa política de estado.

El sabio, solía hablar del concepto “Espacio-tiempo” para graficar que no existen entidades independientes del contexto.

En la Argentina capitalista, en la provincia con más pobres y conflictividad social, en el municipio con barriadas circundantes humildes, sumidas en la inflación, la explotación y la alienación, hablar de policía municipal y manejo civil de la seguridad es la encubierta manera de seguir haciendo lo mismo de siempre.

Gatillo callejero, rural y hogareño…. Fácil, siempre muy fácil.

A Cristian Chanta lo mató la Federal el día de su cumpleaños, el 20 de agosto de este año. Cumplía 23, pero no pudo terminar el festejo porque de un balazo le apagaron todos sus sueños. El policía de apellido Pérez, un suboficial de la comisaría 29ª radicada en el barrio porteño de Villa Crespo, que viajaba junto a otro vigilante en su Toyota Corolla, relató que tuvo que frenar el coche porque el muchacho y dos amigos se lo apedrearon. Que cuando lo hizo y se bajó, vio que Cristian se llevó la mano al bolsillo y en un heroico acto de inteligencia, supuso como siempre lo hacen: disparando con su 9 mm reglamentaria (“fuera de su horario laboral”) para concatenar cualquier duda con una sistemática certeza: a los pibes pobres hay que bajarlos para prevenir.

Dicen los diarios que Cristian fingió tener un arma, que por eso el milico le disparó… por la espalda. Pero cuando su cuerpo estaba tirado en la calle Isabel La Católica, entre Caseros y Pardo en la localidad de San Miguel (casi al límite de Moreno), no había con él arma alguna. Sólo una realidad que evidencia nuestra certeza: que el gatillo es facilísimo en las miserables cuadras de la desigualdad, que el gatillo es facilísimo cuando las balas del Estado sucumben en los cuerpos de aquellos a quienes someten diariamente.

Cristian llegó al Hospital Raúl Larcade casi sin vida. Murió minutos después. El policía y el otro colega que lo acompañaba, habrán llegado a sus respectivas casas con la satisfacción de haber cumplido con su deber, con la seguridad (¿ésta es la que pide, Sr. Vecino?) de que al día siguiente algún Fiscal de turno, esta vez el Dr. Fernando Corda de la Unidad Funcional nº 22 de Malvinas Argentinas, considerará su actuación como una respuesta en “legítima defensa”. Los chicos que acompañaban a Cristian, estarán huyendo como puedan de las garras policiales y de los ejemplares justicieros (paradójico antónimo que se le asigna a los botones y alcahuetes), con toda la fuerza de los servidores de la Comisaría 3ª de San Miguel sobre sus espaldas.

Pero la historia de Cristian es cruelmente una de tantas desde que CORREPI empezó a investigar y luchar contra el accionar represivo del Estado. Es uno de los últimos casos en la larga lista que creció este año y que presentaremos en el Archivo cuando nos juntemos en Plaza de Mayo. Historias que dan cuenta de cómo vivimos los explotados de nuestro tiempo.

Como la de Héctor García (45) en Chubut, quien por resistirse a la autoridad policial fue torturado en la Seccional 5ª a cargo del comisario Naya, hasta producirle la muerte horas después de ser liberado. Como la de Nadia Joana Moreno (24), quemada y mutilada por su novio policía en La Rioja, dando cuenta de la complicidad Estado/Patriarcado que, por supuesto dejará abandonados a sus tres hijos. Como la de Ivana Perán (30), asesinada de un balazo en la cabeza por su concubino Alberto Carrizo, un suboficial de la Departamental Calamuchita en Cruz del Eje, Córdoba.

Como la del pibe asesinado por un ex policía de un balazo en el pecho con una 38 mm, en el Bracho, Tucumán, cuando entraba a robar en la finca del propietario, primo del milico. Como la del muchacho asesinado en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, por un teniente que presta servicios en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín, quien paseaba fuera de servicio en su Eco Sport pero que le disparó con su arma reglamentaria porque, dijo, quiso robarle. Como la de otro pibe en Córdoba, que en una entradera le afanó la billetera a un civil sin sospechar que era policía y recibió un certero disparo que lo mató en el acto. Para excusarse, el asesino tuvo que argumentar el forcejeo y así nomás, al muerto, plantarle una 9mm.

Como la historia de Johnatan Soraire (20), que, a caballo, como en los viejos tiempos de los bandidos rurales, quiso asaltar a un civil que resultó ser un policía federal. Pero sin suerte, quizá con menos que la de aquellos, terminó con tres balazos propiciados por el sargento Evaristo González (56) o Elber Espíndola, en la puerta de su casa en la calle Juan B. Justo al 700 en González Catán. Su familia fue a buscar su cuerpo al enterarse por los vecinos rápidamente, ya que vivían en el mismo barrio que el cana que les mató a su hijo.

Largas, extensas las historias que se suman día a día para engrosar el Archivo. Cada una es particular porque cada uno de nuestros pibes es único. Pero todos, absolutamente todos, son el mismo motivo que a cada momento pone el grito donde pretenden callarnos. Ponen el grito en una verdad irrefutable: la represión es sistemática porque la explotación que llevan los ricos y poderosos pretende mantenernos a raya. Pero también escupen otra mucho más necesaria: que sólo en la lucha, cotidiana y perseverante, algún día dejaremos de contar para ser libres. Organizarnos hará ese camino mucho más hermano y sencillo.

El juicio de Mariano: la semana policial.

Con el testimonio, el lunes a media mañana, de María Wenceslada Villalba, militante del Polo Obrero y compañera de Elsa Rodríguez, que produjo una declaración tan sólida como emocionante, terminó la ronda de querellantes que había comenzado la semana pasada, y empezaron a desfilar los policías bonaerenses y federales que lograron eludir toda imputación.

Primero escuchamos a los de la DDI de Lomas de Zamora, que tuvieron a su cargo identificar el domicilio y la persona de Cristian Daniel Favale a partir del llamado anónimo, desde un locutorio, al 911, que lo sindicó como uno de los tiradores. La habitual “desprolijidad policial” y la no menos frecuente pérdida de memoria selectiva del sargento Julio César Benítez, la comisario Mónica Dávalos, el oficial principal Eber Bobadilla y el inspector Bruno Soria, y sus titubeos a la hora de explicar lo que llaman “tareas investigativas”, que consistieron, por ejemplo, en buscar los nombres de los habitantes del domicilio denunciado en el sitio de Internet Telexplorer.com, simplemente mostraron cómo trabajan habitualmente.

Después vino un federal de la comisaría 30ª, que estuvo sobre la calle Pedro de Luján. “Desde que llegué, apenas pasadas las 12:00, hasta el final, el subcomisario Garay me dio sólo dos órdenes”, dijo el actual inspector Sergio Domínguez -lo ascendieron el mes pasado- cuando le preguntamos por las directivas que recibió en Barracas el 20 de octubre de 2010. “Primero, la orden fue permanecer en observación. Y después que el grupo que estaba sobre la vía bajó y nos pasó corriendo, la orden fue avanzar con cuidado de nuestra integridad física”. Y, para proteger a su jefe, uno de los acusados, hasta se olvidó dónde estacionó el patrullero en el que llegó.

El oficial escribiente Luis Humberto Coronel, también de la comisaría 30ª, admiró por su capacidad de expresarse con menos de 150 vocablos. Recordó, sin embargo, que eran unos 100 a 150 los que estaban sobre las vías, y que los compañeros se iban ya, a más de 200 o 300 metros. Agregó que, junto a la patota, vio a policías de la División Roca que conocía, ya que hizo adicionales en el ferrocaril, y a un grupo de infantería que sólo se mostró cuando todo hubo terminado.

Rompió un poco el tedio de desmemoria el sargento José Alberto Ortigoza, de la brigada de la comisaría 30ª, que fue comisionado para servir de enlace con los manifestantes, por lo que vio los hechos desde la esquina de Santa Elena y Luján, a metros de la parrilla al paso donde ellos se detuvieron. “El panorama era normal … iban a hacer una asamblea para decidir cómo seguía, así que me aparté unos 15 o 20 metros por Santa Elena. Los manifestantes eran unos 50, muchas mujeres, chicos, adolescentes… encolumnaron y empezaron a marchar para Vélez Sársfield. Cuando esta gente empieza a caminar, yo me acerco a la esquina y veo gente que viene corriendo desde las vías. Le dije al periodista “correte” y yo me corrí para atrás. Sobre la calle Santa Elena había un grupo de unos tres efectivos de civil de la División Roca, me quedé con ellos. En eso unos 6 del grupo que corría desde las vías se viene a increparnos, gritaban “esos son zurdos, vamos a darle”. “Pará que somos poli” dijo uno de la División Roca, y uno de los que corría lo reconoció, y se fueron. Enseguida me asomé a la esquina, caían todo tipo de objetos contundentes y sonaban las alarmas de los autos. Retrocedí por Santa Elena y dí la vuelta por la calle Villarino”. Agregó que, al principio, los patrulleros estaban colocados sobre Luján, cortando el tránsito, cruzados. Pero más adelante, cuando estaba en la calle Santa Elena con los manifestantes, vio que los habían corrido, y estaban a los lados, a 45º.

Luego fue el turno del principal Ángel Castro, de la PFA, que trató de quedar bien para la tribuna cuando dijo, con cara de indignado: “… podría haber sido cualquiera de nosotros, mi hijo… personalmente creo que no puede ser que cualquiera ande armado, esto no se arregla así. Esté o no en concordancia con él, a este muchacho lo mataron mal”. Los pocos imputados presentes en la sala lo miraron incrédulos.

El sargento Alejandro Tocalino de la DDI de Quilmes, dejó a la vista las relaciones de Cristian Favale con la bonaerense. Contó que otro policía, de Florencio Varela, se lo presentó una año antes, y que, a partir del 20 de octubre de 2010, el barra brava reclutado por la UF lo llamó varias veces a su celular, para contarle que “había estado en el problema ése en Capital” y para pedirle ayuda.

La última declaración de la semana fue la del comisario inspector Alejandro Daniel Recalde, que se atajó de entrada: “conozco a varios de los imputados, son mis compañeros de armas”. Luego se le preguntó por el sumario administrativo policial que labró, porque para octubre de 2010 era jefe de investigaciones administrativas de Asuntos Internos. Quedó claro que ese sumario es nada más que una formalidad, ante la repercusión del hecho, que se construye con recortes periodísticos y las declaraciones de los propios involucrados.

Lento, pero seguro, se va cerrando el círculo en torno de todos los imputados.

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