Boletín informativo nº 672

Caso Antillanca: Conferencia de prensa en el Bauen

En la madrugada del 5 de septiembre de 2010, Gonzalo Julián Antillanca, de 19 años, fue abordado por cuatro policías uniformados de la ciudad de Trelew que lo golpearon en todo el cuerpo. Las graves lesiones producidas en la cabeza y cuello causaron un paro nervioso central, y Julián murió en el momento. Los policías cargaron el cuerpo en el patrullero y lo tiraron en una calle oscura.

Desde el hallazgo del cuerpo, César Antillanca, papá de Julián, encaró una activa lucha contra la versión oficial, que comenzó hablando de coma etílico y siguió con “muerte natural por causas indeterminadas”, hasta que logró encontrar testigos que vieron la detención y la paliza, y hasta el momento en que, desde el baúl del patrullero, arrojaron el cuerpo sin vida en la cinta asfáltica.

También se pudo determinar que los mismos policías, horas antes, habían torturado a otros dos chicos, los hermanos Sergio y Denis Aballay, y ambas causas se acumularon. A fuerza de militancia y denuncia constante, con pruebas contundentes como el ADN de Julián encontrado en el patrullero, nueve meses después los cuatro policías, Martín Paul Solís, Jorge Abraham, Pablo Morales y Laura Soledad Córdoba fueron llevados a juicio.

Los jueces, cumpliendo su tarea de preservar el aparato represivo estatal, optaron por el “mal menor”, y se limitaron a condenar a los policías a penas escandalosamente leves por las torturas a los hermanos Aballay, y los absolvieron por la tortura seguida de muerte de Julián Antillanca.

Frente a la sentencia, que confirma que el gatillo fácil y la tortura es una política de estado, ejecutada por las fuerzas de seguridad, y legitimada por el aparto judicial, la familia Antillanca y la fiscalía interpusieron un recurso extraordinario que todavía no ha sido resuelto.

El papá de Julián, consciente de que no es un policía, es toda la institución, y convencido de la necesidad de organizarnos contra la represión estatal, viene coordinando actividades con CORREPI, en el marco del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) desde el primer momento.

Hemos compartido muchas jornadas de lucha, tanto en la Patagonia como en Buenos Aires y el conurbano, mostrando que, en Trelew o en La Matanza, los trabajadores y sus hijos son víctimas de una misma política de disciplinamiento y exterminio.

Por eso, este 21 de septiembre, en el auditorio del Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores, estamos convocando conjuntamente una conferencia de prensa para dar visibilidad nacional al caso, uno más de los centenares similares en la provincia de Chubut y la vecina Río Negro. Junto a César, estarán con nosotros familiares de otros casos patagónicos, y exhibiremos un video realizado por estudiantes de Trelew sobre el caso Antillanca.

Julián, uno más en la lista de 3.500 personas asesinadas por el aparato represivo estatal, representa a cada uno de esos jóvenes asesinados por el gatillo fácil y la tortura, una política de estado que busca, a través del temor, ejercer el control social obre los jóvenes de los barrios, otencialmente destinados a pelear por otro tipo de sociedad.

Convocamos a todos los medios y organizaciones a acompañarnos en la conferencia de prensa el viernes 21 de septiembre, donde, junto a César Antillanca y otos familiares de víctimas del gatillo fácil y la tortura, daremos otro paso en la lucha contra la represión estatal.

Gobierno, empresas y burocracia: Los mismos intereses, la misma represión.

En los últimos días, los trabadores han sido testigos y víctimas de una represión constante contra su lucha. El 29 de agosto, el albañil Vicente Muñoz fue golpeado por una patota de la UOCRA. Muñoz impulsa la organización de sus compañeros de trabajo frente a la falta de pago de salarios y la mala liquidación. Eso le costó que cerca de 40 personas, entre ellos la propia cúpula de la UOCRA Bahía Blanca, lo golpeen largo tiempo hasta dejarlo desmayado. La patota pudo actuar con tanta libertad gracias al apoyo de las empresas Vale y Skanska, quienes se benefician con la explotación a los trabajadores.

Al día siguiente, unos 100 trabajadores del Plan Argentina Trabaja protestaban en la Panamericana, con el fin de conseguir un aumento en el paupérrimo salario de $1.200 que reciben. Una vez conseguido este triunfo, se disponían a organizar una asamblea para levantar el corte, cuando más de 200 gendarmes dirigidos por el ex coronel Sergio Berni, Secretario de Seguridad Nacional, los rodearon. Los trabajadores fueron reprimidos y detenidos. Más de 60 adultos y menores de edad pasaron largas horas detenidos ilegalmente en Campo de Mayo. Así celebró el gobierno nacional el Día del Detenido Desaparecido.

El 3 de septiembre, con el apoyo de la empresa Firestone, una patota de la burocracia del sindicato SUTNA y de Pedro Waseijko arremetió contra un grupo de trabadores del neumático que estaban entregando un volante donde denunciaban a la burocracia del SUTNA por haber cerrado las paritarias y se convocaba a realizar asambleas para definir un plan de lucha.

El 4, varios militantes del Movimiento Teresa Rodríguez de Florencio Varela fueron detenidos arbitrariamente por la policí­a de la comisaría 1ª, la misma cuyos comisario y subcomisario se confesaron amigos de Cristian Favale en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra. Después de apresarlos, todos fueron golpeados. Estas detenciones se dieron luego de las denuncias hechas por los militantes del Movimiento acerca de que la policía libera la zona en el barrio Pico de Oro para realizar los negociados con la droga, y tras el incendio deliberado de la vivienda de uno de los compañeros del MTR.

El 5 de septiembre, otra vez las patotas del servicio de la dictadura y burócrata kirchnerista Gerardo Martínez, atacaron a trabajadores del SITRAIC dentro de una obra, dejando tres compañeros heridos.

Ese mismo día, militantes de Rompiendo Cadenas en ATE Sur fueron amenazados, agredidos y detenidos por la policí­a cuando pintaban en una pared consignas pidiendo la reincorporación a Aerolíneas Argentinas de Cristian Fontana, despedido por influencia de La Cámpora por querer organizarse.

La represión es necesaria para cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en una minoría rica que oprime a una mayoría popular, y de esto no pueden escapar el gobierno, las empresas y la burocracia, quienes comparten intereses y metodología contra la clase trabajadora y el pueblo.

Como vemos, mientras se desarrolla el juicio por Mariano Ferreyra, quien cayó enfrentando esa Triple Alianza Antiobrera, los trabajadores de todos los sectores siguen siendo blanco de la represión de la patronal, la burocracia sindical y el gobierno.

Inseguridad es más policía en la calle.

En estos días, además de los cacerolazos paquetes en Callao y Santa Fe o Belgrano por “seguridad y dólares”, varios de los grandes medios dieron una fuerte difusión a movilizaciones en Valentín Alsina, Lanús, pidiendo mayor seguridad.

Luego de que dos asesinatos, y de algunos robos con mucha trascendencia mediática, el ministro de seguridad provincial militarizó el distrito, multiplicando la cantidad de policí­as en las calles y barrios de Lanús. Fuerzas que se suman a los numerosos gendarmes que patrullan los barrios movilizados desde el impulso del operativo Centinela, hace ya casi un año.

Además del reclamo de más seguridad y fuerzas en la calle, los vecinos de Lanús pedí­an la renuncia de Darí­o Dí­az Pérez, intendente del municipio del Frente para la Victoria. Y vale decir que la movilización contaba con la presencia de Gustavo Grindetti, referente del PRO en Lanús.

No se hicieron esperar, entonces, las internas entre los partidos del sistema, acusándose de “operaciones”, mientras los hechos objetivos siguen sucediendo y los diferentes gobiernos aprovechan la excusa para seguir militarizando las calles con sus fuerzas de seguridad, las mismas que son acusadas a diario de manejar todos los negocios más sucios y siniestros: la droga, los robos, la trata de personas.

Y en esta carrera por militarizar y cooptar votos, el PRO presenta su plan de seguridad “modelo” en Vicente López. “Tenemos la suerte de seguir haciendo anuncios vinculados a nuestro plan integral de seguridad, es un orgullo dar este nuevo paso porque hace tiempo venimos muy comprometidos con la seguridad y esto incluye muchas veces trabajar codo a codo con la policí­a de la Provincia de Buenos Aires”, anunció el intendente Jorge Macri.

Este cuerpo de seguridad estará compuesto por vecinos de Vicente López, equipados con un bastón tonfa para defenderse en el caso de ser agredidos, botón antipánico y una radio conectada al Centro de Comando, señaló uno de los medios que sacó la noticia.

Como siempre, los diferentes gobiernos, se muestren más de derecha como es el caso del PRO o intenten mostrarse más progresistas como del kirchnerismo, presentan como salida ante cada problema más represión.

En este caso, ante los problemas de inseguridad, a los que aporta la crisis con sus lógicas consecuencias de pobreza y desocupación, y que el aparato represivo estatal gerencia y administra, no se presenta otra respuesta que el despliegue de más policía en la calle. Policía que, como sabemos, aprovecha todas las situaciones de vulnerabilidad de los jóvenes de las barriadas más pobres, a quienes obligan a traficar droga, a robar o a prostituirse para ellos.

Así, castigan preventivamente a los pobres y se ganan el voto de la “gente bien”, que se obnubila con la presencia de uniformes y armas largas en manos de los verdugos del pueblo.

12 años de prisión para el policía violador del subte.

El 1º de enero de este año, poco antes de las 23:00, un niño de 14 años bajó en la estación Congreso de Tucumán para tomar el subte hacia su casa, en Pacífico. Había estado con sus amigos de la escuela, y luego pasó por la casa de su papá, encargado de un edificio a media cuadra de la boca del subte, pero él no estaba.

En el andén, el policía Jesús Walter Yapura, que estaba de uniforme haciendo servicios adicionales para la empresa concesionaria del subterráneo, le dijo que ya había pasado el último servicio. Ante la perspectiva de un largo viaje en colectivo, el pibe pidió permiso para ir al baño. Al salir, encontró al policía bloqueando el pasillo, con una mano ostensiblemente colocada sobre la empuñadura de su arma reglamentaria, la bragueta desabrochada y su pene en la otra mano.

“Chupala”, exigió el policía al aterrado chico. En un descuido del jadeante uniformado, el pibe logró zafar y salir corriendo hacia la casa del papá, que aún no había vuelto de Retiro, adonde había ido con su novia a acompañar a una familiar que volvía a su casa después de pasar las fiestas con ellos. Como no tenía crédito en su celular, llamó al papá desde un locutorio, pero perdió la llamada porque su padre justo bajaba del taxi. Avisado por el empleado de seguridad del edificio de que su hijo lo buscaba, a los pocos minutos pudieron encontrarse, y se hizo la denuncia de la violación.

El policía Yapura fue detenido, y el juez de instrucción, tras corroborar el relato del niño con los dichos del padre, su novia, el encargado de seguridad del edificio y un empleado de limpieza del subte, le dictó la prisión preventiva. La defensa particular del policía apeló el fallo, y la Cámara Criminal, aunque mantuvo el procesamiento, dijo algo así como “no es para tanto” y dispuso su libertad.

Mientras tanto, la familia del pibe se contactó con CORREPI, y, siempre resguardando su identidad, comenzamos a militar el caso. Pronto logramos la elevación a juicio, al tiempo que verificamos que el policía Yapura, cuando prestaba servicios en la comisaría 23ª, estuvo involucrado en una causa por torturas a dos jóvenes (20 de julio de 2010).

La semana pasada culminó el juicio oral y público, donde el policía fue asistido por el mismo defensor que Moria Casán en el escandalete del collar paraguayo. Se ve que no ganan poco los policías procesados, o alguien les da una manito con los honorarios…

La defensa, basada en que el hijo adolescente y morocho de un trabajador peruano no puede decir la verdad, tuvo un tinte absurdo cuando el atildado profesional intentó fundar en una entrada de Wikipedia su tesis de que el pibe era un “flogger”, y que todos los floggers son homosexuales y mentirosos…

La firmeza del testimonio del papá, corroborado por los demás testigos y, fundamentalmente, el aval que tres psicólogas que entrevistaron al niño en distintos momentos del proceso dieron a su relato, forzaron la condena a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de policía, el uso del ama y la minoridad de la víctima.

Huelga decir que, aunque desde la querella reclamamos su inmediata detención, los jueces entendieron, de vuelta, que “no es para tanto”, y, por tratarse de un policía (que no ha sido exonerado todavía, según dijo en su indagatoria en la sala), el violador sigue suelto mientras tramita su recurso de casación, como tanto policía condenado por homicidios y torturas.

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