Boletín informativo nº 673

¿Homicidio? No me venga con macanas, lo importante es el robo…

Algo así contestó el juez de Garantias nº 1 de San Martín a Norma y Walter los papás de Cristian Chanta cuando se presentaron, con patrocinio de CORREPI, pidiendo ser particulares damnificados (querellantes), en la causa judicial iniciada el 20 de agosto. Ese día, como contamos en el Boletín nº 671, un policía federal de la 29ª fusiló por la espalda, en San Miguel, a Cristian, que cumplía 23 años.

“Previo, indiquen los peticionarios cuál es el delito por el que se consideran damnificados”, despachó el juez Mariano Porto, al mismo tiempo que dispuso la prisión preventiva del amigo que estaba con Cristian esa noche, por el delito de robo calificado en grado de tentativa.

Es que, frente a un policía federal que dijo que “se defendió” ante un intento de robo con arma, y la evidencia del cuerpo de Cristian, con un disparo en la espalda, y ningún arma en su poder ni de su compañero, para el fiscal y el juez no hay dudas: están investigando el robo, y ni se les cruza por la mente analizar el homicidio.

Eso es lo que cuentan nuestros pibes para el aparato judicial.

La Brigada “Buchones Para Todos”.

En los pasillos de tribunales se suele decir “a confesión de parte, relevo de pruebas”. El teniente coronel Sergio Berni, a cargo de la secretaría de Seguridad del “gobierno de los DDHH”, referente de la gestión kirchnerista por más de 10 años, reconoció en estos días que el ministerio a cargo de la “progresista” ministra Garré ha desplegado sobre Buenos Aires una suerte de unidad de buchones de civil “… con el objetivo formal de combatir la inseguridad y el delito en general”.
El resaltado “formal” nos pertenece. Es que, cuando se hace mención a ese carácter, se está diciendo que hay otro objetivo, el real.

La llamada “inseguridad”, lejos de concebirse como una consecuencia imparable del sistema de injusticias y desigualdades que entrañan el capitalismo y las sociedades con privilegios de clase, se ha convertido en un poderoso argumento para quienes ven en el diseño de un estado policíaco y la militarización de la sociedad, el ideal de control y disciplinamiento social.

¿Qué otra cosa presupone convivir a diario con la policía federal, la policía metropolitana, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, y, ahora, las Brigadas de Observadores…? Tan sólo un desprevenido puede ignorar que estas fuerzas -todas juntas- amenazan la cotidianidad de las barriadas porteñas.

Jactarse, como lo hizo el propio Berni, de que ahora “muchísima gente de civil” recorre las calles para observar si se está por cometer algún delito, implica la tácita convicción de que, la sociedad a la que aspiran , es la de la vigilancia, la delación y la sospecha permanente.

En la lógica del control social que lentamente fueron naturalizando, con la proliferación de cámaras de filmación y el agregado de una nueva fuerza de botones encubiertos, van perfilando una auténtica campaña de caza y persecución de pobres, vagos y mal entretenidos. Lo que se dice, criterios de selectividad penal o, más concretamente, criminalización de la pobreza.

Venimos sosteniendo que el remanido tema de la inseguridad, planteado como amenaza para las clases altas y sectores medios, se ha convertido en una hipótesis de conflicto interior. Desde las campañas mediáticas y el consenso opositor, hasta el concreto accionar del ministerio del área, se revela un aspecto indisimulado de esta política de estado: predeterminar como enemigo al pobre.

Sólo así se explica el tremendo grado de militarización de los barrios del sur de la ciudad y la totalidad del conurbano bonaerense.

Sólo así se explica la multiplicación de casos de gatillo fácil, paralelo a los redoblados esfuerzos de los poderes del estado para garantizar impunidad a sus ejecutores.

Una vez más, queda al descubierto la falacia progresista de la conciliación de clases: para brindar seguridad a los ricos, es necesario tornar insegura la vida de los pobres. En pocas palabras, el objetivo real que no pudo esconder el “formal” del secretario.

Argentina, el país donde la tortura no es tortura.

No nos cansamos de denunciar que el aparato represivo estatal tiene carta blanca para torturar en todo el país, al amparo de las leyes que permiten las detenciones arbitrarias y que, además, establecen un catálogo de conductas sancionadas con penas irrisorias, para evitar que se los impute por torturas. Es lo que señalamos como “torturitas”. Así, cuando algún policía cae por aplicar tormentos a los detenidos, los jueces podrán ampararlos imputándoles alguna figura menor (vejaciones, apremios ilegales, severidades), para que no se aplique la pena que tiene el delito de tortura.

Tan sistemática es esta práctica, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho, en el Informe General sobre Argentina 2010, que “muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio y aún menos aquéllos que terminan en la condena de los responsables, lo que genera altos índices de impunidad. Al Comité le preocupa además la práctica judicial en materia de calificación de los hechos, asimilando frecuentemente el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, tales como apremios ilegales, sancionados con penas inferiores.”

Todavía está fresco el recuerdo del video de los policías salteños torturando pibes (Boletín nº 666), o la tortura seguida de muerte de un chico de 16 años en una comisaría de Trelew, donde hasta fue violado con una tonfa (Boletín nº 643). Todavía está fresco el recuerdo del asesinato del único testigo de ese hecho, otro chico pobre (Comunicado 29/03/2012).

Esta semana, para seguir corroborando que se trata de una política de estado sistemática, nos enteramos que en Concordia, Entre Ríos, los policías Sebastián Zárate y Mariano Moreno fueron condenados a dos años y seis meses de prisión condicional, y a un año y tres meses respectivamente, por allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad y vejaciones. El hecho ocurrió el 19 de junio de 2011, en Calabacilla, cuando los policías irrumpieron sin orden de allanamiento en una vivienda y, previo cortar la luz, destrozaron todo a su paso y apalearon a una familia. Como si fuera poco que les dieron apenas un chas chas en la colita (de nuevo, “vejaciones” en vez de torturas), el ministro de Gobierno, Adán Bahl, tras la sentencia, viajó a Concordia, se entrevistó con los condenados y dijo que: “parte de la razón por la que ocurren estos hechos tiene que ver con la situación conflictiva que se genera cuando un policía se cansa de detener varias veces a un reincidente y ver que siempre queda libre. (…) Todos somos seres humanos”… menos esos negros de mierda que denuncian torturas, le faltó agregar.

En Puerto Madryn, Chubut, otros dos policías también fueron condenados a prisión en suspenso por vejaciones (como decimos, “torturitas”), porque golpearon y amenazaron con armas a un grupo de amigos. Estos dos policías, que no van a estar presos un solo minuto, les aplicaron patadas en los testículos, golpes en las costillas, se pararon sobre sus hombros, y cabeza, y los levantaron del cabello y les exhibieron armas, mientras les daban golpes en el rostro y golpes cuando estaban en el piso. Las víctimas habían sido detenidas en forma arbitraria, es decir, sin autorización judicial ni en un supuesto de delito flagrante.

El estado argentino fue condenado en 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Bulacio”. La Corte ordenó a la Argentina derogar toda la legislación y eliminar las prácticas no normadas que permiten las detenciones arbitrarias. A casi 10 años de esa sentencia, el “gobierno de los derechos humanos” las mantiene vigentes y ampliadas en todo el país.

Por eso, cuando vemos que, a diario, la policía detiene arbitrariamente a miles de jóvenes en todo el país, que aplica tormentos a esos detenidos, todo al amparo del estado nacional, la ley, jueces y fiscales; cuando vemos que sus víctimas son siempre personas pobres, no podemos menos que concluir que se trata de una política estatal sistemática destinada a disciplinar al pueblo pobre, para mantener el control social y evitar que levante cabeza, y se organice para luchar contra las injusticias de este sistema.

Los cursos de seguridad del Pentágono ¿sorpresa, internas…? No, doctrina.

Si a alguno le resultó llamativo que apenas obtenido el 54% de los votos emitidos, el gobierno de Cristina Kirchner haya impulsado y, su congreso aprobado, la Ley Antiterrorista, no podrá decir que esta noticia también lo sorprende:

Militares estadounidenses, con antecedentes en la dictadura argentina, fueron “contratados” por el ministerio de Defensa de la Nación para dictar cursos de “seguridad” a miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo como hipótesis de conflicto guerras no convencionales expresadas en las amenazas del “narcotráfico, la violencia juvenil y el delito”.

Más allá de las particularidades que rodearon a estos últimos cursos, dictados por el mayor Richard Goetze, ex agregado militar en la embajada de EEUU en nuestro país en el período 1976/78 -lapso en el cual se registra el mayor número de desaparecidos en manos del gobierno militar-, y al que acompañaron otros ejemplares yanquis vinculados al diseño de los ataques a las poblaciones civiles de Irak y Afganistán, lo cierto es que no es novedosa esta política de estado.

El gobierno kichnerista se ha caracterizado por mantener en silencio varios cursos de similar naturaleza, con los que el Pentágono ha adiestrado a centenares de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Todos esos cursos confluyen en una misma caracterización: guerra no convencional, nuevo paradigma de confrontación, determinación del enemigo interior y su correlato en el control social que restringe derechos y garantías, para desembocar, lisa y llanamente, en un proceso de represión social desenmascarada.

La necesidad de religitimar a las desprestigiadas Fuerzas Armadas y recuperar el poder de fuego interno, claves de un mismo repertorio represivo.

Venimos sosteniendo que, al amparo de una falsa imagen de “custodio de los derechos humanos”, el gobierno krichnerista ha desplegado un proceso de restricciones de derechos y garantías -cabalmente expuesto en la causa popularmente conocida como PROYECTO X- por el que el espionaje sobre las organizaciones y militantes que incomodan al sistema no diferencian a este gobierno de ningún otro anterior. A la par, se despliega sobre la población pobre, principalmente de los centros urbanos e industriales, un verdadero ejército de ocupación compuesto por las distintas fuerzas represivas del estado: policía federal, metropolitana, bonaerense, gendarmería nacional, prefectura naval argentina, policía de seguridad aeroportuaria y el reciente blanqueo de la brigada de los civiles de observación.

Las patrullas saturando las barriadas, las caravanas con uniformados en vehículos de los que asoman los caños de sus fusiles, constituyen un clásico de los últimos años en el paisaje suburbano.

¿A qué planes responden estos datos de la realidad?

Los cursos en cuestión lo explican sin hesitación. El enemigo interior es la hipótesis fundamental, y ese enemigo es el que protesta, pero no de cualquier modo, sino el que lo hace desde su condición de clase, es decir, amenazando el privilegio de aquellos que justifican la opresión, la alienación, la explotación. Es que los intereses de los grandes capitales corren riesgo frente a una clase que lentamente se levanta contra sus consecuencias.

Pongamos por ejemplo el último trasvasamiento de los recursos petroleros de YPF hacia la norteamericana Chevron, con charla previa entre Cristina y Obama, o el ya reconocido pacto entre el gobierno y la Barrik Gold. Veremos entonces cómo cierran las necesidades yanquis de montar bases militares como la del Chaco o la Triple Frontera, y de asesorar a sus esbirros de adentro para contener el creciente descontento de quienes sufren en carne propia las consecuencias del “capitalismo progresista”.

Las excusas del delito, la violencia juvenil, aún el narco -que ellos mismos regentean y alientan- traídos como argumentos justificadores de esa intervención, son recursos retóricos. Todos sabemos, y ellos en primer término, que su sistema se basa en la violencia. Que las fuerzas de represión fundamentan su accionar en un toma y daca de privilegios que los mantienen alineados. La mentada corrupción imperante en sus fuerzas es una consecuencia prevista y alentada, jamás una causa. Los delitos complejos los tienen siempre como protagonistas. Antes fueron los manejos financieros de la dictadura, ahora esta versión “novedosa” del narcotráfico y sus vínculos con quienes deberían perseguirlo. Y esto es política de estado, más allá del carácter o régimen político que detente su administración, porque es de la naturaleza misma del estado burgués.

“Doctrina de la Seguridad Nacional” se llamaba en tiempos un poco más picantes, en aquellos mismos tiempos donde los hoy devenidos en custodios de los derechos humanos se refugiaban en provincias sureñas pero para incursionar en el bando de los que más tienen, para pertenecer, para ser uno de ellos. Después, vino un tiempo en el que, sin dejar de ser de ellos y sin dejar de hacer lo que a ellos les conviene, discursean y usan algunas de nuestras consignas.

Pero lo cierto y categórico es que los cursos se dieron, se basaron en esas cuestiones, lo dieron enemigos “externos” y lo recibieron los perros guardianes de los enemigos “internos” de nuestra clase.

Como cuando lo de las leyes antiterroristas, que nadie diga que lo han sorprendido.

Un último dato de color… negro: fue el propio ministro Puricelli - un secretario de la presidenta- quien borró de la currícula del Mayor Richard Goetze su pertenencia a la embajada yanqui en los peores tiempos de la dictadura.

Próximas actividades:

- Lunes, martes y jueves, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.

- Viernes 21 de septiembre, 19:00, conferencia de prensa en el Bauen denunciando la impunidad en la caso de Julián Antillanca.

- Viernes 28 de septiembre, 19:00, volanteada en Ruta 23 y Graham Bell, Moreno.

- Domingo 7 de octubre, a la nochecita, festival “Arte contra la Represión” en el Teatro El Mandril, Humberto Primo 2758.

- Viernes 16 de noviembre, en Plaza de Mayo, presentación del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 2012.

CORREPI en el aire:

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

- Los jueves, escuchá la columna de María del Carmen Verdú en el programa Aguantando de Pie que conduce, de 18:00 a 20:00, el periodista Herman Schiller en FM 97.3, Radio La Caterva. Seguilo en vivo en fmlacaterva.blogspot.com o escuchá los programas anteriores en www.ivoox.com. Teléfono para mensajes: 4302-1203. Mail: fmlacaterva@gmail.com.