Boletín informativo nº 675

Daniel Solano: Un año desaparecido

El viernes 5 de octubre se cumplieron 11 meses de la desaparición de Daniel Francisco Solano, un trabajador de la fruta de 27 años que fue golpeado, secuestrado y desaparecido por intentar organizarse con sus compañeros, ante las pésimas condiciones laborales a las que los sometía la patronal en Choele Choel, Río Negro. No sólo les pagaban una miseria, sino que los mantenían hacinados, sin agua caliente, sometidos a maltratos permanentes, etc.

Daniel era de Tartagal, Salta, pero había sido llevado por la empresa Agrocosecha Argentina SRL a Río Negro para trabajar para la empresa Expofrut, en octubre de 2011. Además de sufrir la precarización laboral y los aprietes de la patronal, Daniel, como el resto de sus compañeros, habían cobrado en el último pago menos de la mitad de lo que se había acordado como salario ($800 en lugar de $2.000). Es por eso que empezaron a organizar una huelga, a la cual iba a sumarse la gran mayoría de los trabajadores.

La empresa intentó comprar a Solano para que actuara como buchón, denubciando a los trabajadores que lideraban el reclamo, pero él se negó. El 5 de noviembre de 2011, Daniel fue secuestrado a la salida del boliche Macuba, en Choele Choel, por policías que lo golpearon y lo subieron a un patrullero. Varias personas vieron lo que ocurría y dos de ellas siguieron al patrullero en una moto, hasta un descampado, donde vieron cómo bajaban a Solano del auto y lo subían a otro auto -particular- en el que iban tres policías de civil. Desde entonces, no se supo más nada de él.

No sólo queda claro el accionar de la policía, sino también la existencia de un plan realizado en conjunto por la empresa y el gobierno provincial -ejecutado por su brazo armado- para evitar que los trabajadores se organicen y luchen contra la explotación y la flexibilización laboral.

La causa, caratulada ahora como homicidio, cuenta con casi 200 declaraciones testimoniales que señalan como responsables a los 22 policías imputados, siete de ellos procesados con prisión preventiva; pero no hay ningún imputado por parte de la empresa. El sistema judicial no sólo encubre el papel de la patronal, sino que tanto la jueza, Marisa Bosco, como el fiscal, Miguel Flores, dilataron la investigación tratando de imponer su “hipótesis” de que Solano se habría ido por decisión propia e intentando descartar la posibilidad del secuestro y su posterior desaparición. Bosco y Flores tienen pedido de juicio político por haber aceptado falsos testimonios para tratar de avalar esta hipótesis.

Además, queda claro el trabajo en conjunto que realizaban el gobierno y la empresa para mantener a raya a los trabajadores, con miedo, evitando que levanten la cabeza y exijan condiciones de trabajo más dignas: en el contrato con Agrocosecha había una cláusula que decía que ante cualquier problema que tuvieran con la policía o la justicia, serían despedidos sin pagársele ni los días trabajados, ni la indemnización, ni el pasaje de vuelta. Y, a su vez, cuando alguno de los trabajadores decidía irse antes de tiempo del campo porque no soportaba las condiciones de explotación a las que era sometido, no sólo no se le otorgaba ninguno de los beneficios antedichos, sino que recibía la correspondiente golpiza por parte de la policía. Como si esto fuera poca muestra de los maltratos y aprietes que estaban sufriendo los trabajadores de Agrocosecha, el mismo día que desaparecieron a Solano, otro de sus compañeros, que también estaba tratando de organizar la huelga, fue golpeado y despedido, además de recibir numerosas amenazas.

La familia de Daniel Solano, junto ala Comisión Solidaridad y Apoyo a la familia Solano, siguen exigiendo aparición de Daniel y denunciando tanto al brazo armado y judicial del estado, como a muchos de los medios locales que trataron de ensuciar el nombre de Daniel para encubrir lo que nosotros, desde CORREPI, denunciamos como una política de estado, y están organizando las actividades para el próxio 5 de noviembre, a las que asistiremos desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo, con la presencia de compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal, de Comodoro Rivadavia) y CORREPI, así como familiares de víctimas de la represión estatal de la zona, como César Antillanca.

La desaparición de personas, como forma de represión estatal, no ha sido ajena a los gobiernos posteriores a 1983. Son casi 200 los desaparecidos desde entonces en nuestro país, a lo largo de los distintos gobiernos. Casi 70 casos ocurrieron durante el “gobierno de los derechos humanos”, como Julio López, Luciano Arruga, Iván Torres, Luciano González, Daniel Solano, Facundo Rivera Alegre, etc.

La desaparición de personas, como el gatillo fácil, la tortura y el asesinato y persecución de los trabajadores, son parte de una política de estado, gobierne quien gobierne. A nosotros nos quedan la organización y la lucha para combatir tanto a la represión como a su objetivo, que es el mantenimiento de una sociedad dividida en clases, con una enorme mayoría de pobres sosteniendo con su miseria y su trabajo los privilegios de la clase dominante.

Allanamiento e intimidación a abogada militante

El miércoles 26 de septiembre, en un operativo simultáneo, se realizaron tres allanamientos en domicilios de militantes del Movimiento por la Democracia Obrera, tanto a domicilios particulares como al estudio jurídico de la compañera abogada y militante de esa organización, Viviana Noguerol. En los allanamientos intervinieron decenas de policías, que revisaron agendas, papeles, colchones y bibliotecas, separando para su cuidadosa y atenta revisión libros sobre marxismo y socialismo.

Estos procedimientos tuvieron un preludio directo unos días antes, cuando Paula Medrano, hija de desaparecidos y militante de Democracia Obrera, recibió un llamado de la UFI N° 8 de la ciudad de La Plata, donde le informaron que en “un lugar” había aparecido un papelito con su nombre y apellido. De allí surgiría el fundamento oficial para los allanamientos.

En el expediente se volcó un vasto informe realizado por el Servicio de Inteligencia, de donde se confirma que Viviana Noguerol tiene su teléfono pinchado desde hace al menos un año.

El “juez de garantías” es César Ricardo Melazo, un juez que, al mismo tiempo que cuenta haberse afiliado al Partido Justicialista a sus 18 años, se atreve a declararse admirador del Che Guevara. Lejos del guevarismo, el juez tiene un currículum bastante esclarecedor: es el mismo que, este mismo año, confesó que le daban “ganas de romperle la cara a esos ‘Quebrachitos’”, después de los incidentes en la embajada británica. Pero aquella no fue una expresión desafortunada del juez, sino una franqueza de quien perteneció al Partido de Unidad Federalista de Luis Patti, de quien en 2008 ordenó el desalojo de la textil Mafissa y en 2009 decidió elevar a juicio una causa por resistencia a la autoridad contra el militante estudiantil Facundo Ferray, al haber intentado interceder y detener una golpiza que dos policías le propinaban a un chico de 15 años en la ciudad de La Plata, causa en la que, mediante la lucha y la movilización de distintas agrupaciones políticas y estudiantiles, se logró el sobreseimiento del compañero. En 2011, este mismo juez ordenó el archivo de una causa por manosear y golpear a una mujer seguida contra el famoso capitán Guillermo Salas, jefe de calle de la comisaría 1ª de La Plata.

Los jueces, al proteger a los policías y la institución mientras persiguen y atacan a los militantes populares, no hacen más que cumplir la función específica que tienen encomendada. Por eso es que, ante la persecución a los compañeros, ni la sorpresa ni una indignación pasajera deben ser nuestra respuesta, porque este hecho se inscribe en la natural necesidad del Estado de vigilar y perseguir para mejor reprimir la marcha del pueblo. En cambio, nuestra réplica deben ser la solidaridad activa hacia las organizaciones populares y el redoblamiento de nuestra organización y nuestra lucha.

El secuestro y reaparición de Alfonso Severo

Después de todo un día de estar desaparecido, Alfonso Severo reapareció el jueves 5 por la noche. Veinticuatro horas antes, había sido interceptado por dos hombres en moto que lo secuestraron y le pegaron, amenazándolo para que no declare en el juicio que se lleva adelante contra los dirigentes de la burocracia sindical ferroviaria, algunos integrantes de la patota y policías por el asesinato de Mariano Ferreyra.

El secuestro de Severo ocurre en un contexto de crecientes amenazas a testigos de la causa. Sin ir más lejos, el lunes de la misma semana pasada denunciábamos los aprietes de los que fue víctima José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, quien también fue abordado por dos hombres en moto y amenazado para que no declare (ver boletín n° 674). Ambos, Severo y Andino, debían declarar el jueves 4 en el juicio.

El objetivo de los aprietes es evitar que la declaración de los testigos deje todavía más claro el accionar que llevaron adelante la empresa, la burocracia y el Estado aquel 20 de octubre, con la intención de disciplinar a los trabajadores organizados por fuera de la burocracia. El plan de la Triple Alianza Antiobrera para aleccionar a los trabajadores jamás cesó. Ahora, además de seguir reprimiendo a los trabajadores, también secuestran y amenazan a quienes los señalan.

Severo, ex empleado de Ferrobaires y ex integrante de la Unión Ferroviaria desde el ’84, estuvo en la reunión que se concretó el 19 de octubre del 2010, donde, en las palabras del propio Severo en la instruccion: “…fueron citados la totalidad del personal de Ferrobaires por Humberto Rolando Martínez -delegado de la UF- para constituirse el 20 de octubre e impedir que los tercerizados cortaran las vías, para ‘hacerles el aguante.”

Durante las horas que Severo estuvo desaparecido se reveló, una vez más, quiénes defienden los intereses de los trabajadores y quiénes cumplen con la función de explotarlos, y lo diferente que es hablar de los desaparecidos o luchar por los desaparecidos. Rápidamente, las organizaciones de los trabajadores y el pueblo nos pusimos en pie de lucha, marchando a Plaza de Mayo para denunciar la responsabilidad del Estado y exigir la aparición con vida de Severo.

Mientras tanto, desde el gobierno sólo rompió el silencio Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para decir que “Ni la Justicia ni Severo pidieron su inclusión en el listado de testigos protegidos”. El programa de protección de testigos no es otra cosa que poner al victimario a cuidar a la víctima. Bajo una supuesta “protección”, se facilita al aparato represivo estatal el contacto y la vigilancia de quien pide ser protegido, justamente, del propio aparato represivo. Por lo tanto, no es de ninguna forma la solución para este tipo de hechos.

A poco de haber sido liberado, Severo remarcó su adhesión al kirchnerismo y explicó que esto “podría haberse evitado si Néstor Kirchner estuviera vivo”. La pertenencia ideológica de quien es víctima de la represión estatal, no quita la responsabilidad del gobierno en el hecho represivo, aun a pesar del propio Severo. La policía, las patotas con las que tercerizan la represión, la gendarmería, o cualquier otra fuerza que integre el aparato represivo del Estado, no preguntan cuál es la afinidad política de su víctima a la hora de reprimir a quien represente un peligro para el sistema de los ricos. Por otra parte, durante el mandato de Néstor Kirchner fueron desaparecidas, con intervención directa de las fuerzas de seguridad del Estado, 40 personas, entre ellas, Julio López.

El “gobierno de los DDHH” es, hoy, el ejecutor de la política represiva estatal. No se trata de patotas o grupos de tareas heredados del pasado sino de la metodología cotidiana de un Estado que necesita reprimir para mantener el sistema tal cual está y salvar a sus mejores aliados, la burocracia y la patronal. Es por esto que el Estado es responsable del secuestro de Adolfo Severo, quien, con su testimonio, puede ayudar a exponer que los tres integrantes de la Alianza Antiobrera siempre tuvieron y tienen los mismos intereses: mantener en condiciones precarias a los trabajadores para explotarlos mejor.

La asonada de los desclasados

Como decíamos en nuestro comunicado “Desclasados, nunca trabajadores”, el motín que iniciaron el martes 3 de octubre los verdugos de prefectura, al cual casi inmediatamente se sumaron los de gendarmería, demuestra a las claras la naturaleza de su despreciable función.
Durante una semana, el conflicto que tuvo como epicentro el Edificio Centinela y el Edificio Guardacostas del barrio de Retiro, recogió adhesiones de la mayoría de las fuerzas represivas. Esta nueva asonada desnuda otra realidad que el gobierno intenta negar: un nuevo ajuste que se descarga con particular fuerza sobre los trabajadores del sector público pero, cabe aclarar, no tiene el mismo tratamiento por parte de los funcionarios del gobierno, que temen quedarse sin represores que les garanticen la continuidad del modelo.

El decreto 1307 desató la furia de los perros guardianes de los poderosos, que les reducía el pago en un 30 y hasta un 60%. Nada se oyó, por parte del gobierno, acerca de “extorsión” o cualquiera de las diatribas a las que nos tienen acostumbrados cuando los que reclaman son maestros o trabajadores de la salud. En cambio, todos se apresuraron para calmar a los prefectos y gendarmes, que acampaban haciendo ollas populares, reuniéndose en asamblea, todos métodos que “aprendieron” haciendo espionaje a las organizaciones populares.

Por su parte, varios funcionarios se reunieron con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos, para tratar de solucionar el conflicto. La postura de Cristina Kirchner fue clara: “Quiero que arreglen el conflicto, pero no generen otro”. Es que la solución de este problema para el gobierno no va por el lado al que están habituados: cualquier conflicto de trabajadores lo resuelven reprimiendo, ya sea en forma directa o con la aplicación de sanciones penales, pero ¿Cómo van a reprimir a los mismos que se encargan de ejecutar la represión?

Una de las medidas fue pasar a disponibilidad a ocho gendarmes, entre ellos Raúl Maza, vocero de los desclasados, que soltó entre sus declaraciones, joyas como ésta: “Cuando uno ve llorar a un tipo porque no puede llegar a fin de mes, creo que desgarra a cualquiera y siente impotencia, entonces uno dice ‘carajo, hay que hacer algo’”. Cabe preguntarse qué es lo que hacen los gendarmes cuándo ven a un trabajador llorando porque no llega a fin de mes, o a un desocupado, desesperado porque no puede llevar un plato de comida a su familia. Para saber la respuesta solo hay que recordar lo que pasó en el Puente de Corrientes en 1999, donde fueron asesinados por la gendarmería Mauro Ojeda y Francisco Escobar; o lo que pasó en Las Heras en 2005, donde la gendarmería torturó a varias personas; o en Mar del Plata en 2006 cuando reprimieron a los trabajadores pesqueros, o con los trabajadores del Casino en 2007. En fin, sobran los ejemplos.

Otra declaración interesante, fue la de la vicepresidenta de la Corte Surema, Elena Highton: “Hay que tener cuidado con el reclamo de las fuerzas de seguridad porque se trata de agentes que están armados y prestan un servicio público muy relevante. No son lo mismo que cualquier trabajador, otros trabajadores pueden protestar de maneras distintas a las que pueden hacerlo quienes tienen armas dadas por el Estado”. Más allá en que discrepemos en la caracterización de la jueza, al nombrar a los gendarmes y prefectos como trabajadores, en cierto sentido tiene razón: no es lo mismo cuando reclaman los verdugos que cuando lo hacen los trabajadores. La diferencia, como hemos remarcado anteriormente, es que cuando las fuerzas represivas reclaman, no temen que se los reprima.

Insistimos en que no son trabajadores, no porque “los determine la función”, sino porque defienden los intereses de los poderosos. Sea cual fuere su origen de clase, son policías, gendarmes, prefectos de la burguesía. No es una huelga lo que llevan adelante, es un motín de mercenarios para que se les pague el precio que ellos consideran justo por desempeñar la tarea que tienen asignada: reprimir a los pobres. Por más que imiten nuestros métodos, con asambleas u ollas populares, no forman parte del pueblo, son desclasados al servicio de la clase dominante.
La mejor prueba de ello la tuvimos a segundos de aplacarse el conflicto, cuando, disciplinados al servicio del gobierno y la patronal, embistieron en la Panamericana contra los trabajadores de la Línea 60, movilizados para denunciar un nuevo ataque de la patota de la empresa.

Gatillo fácil: Una maestra y los muertos sin nombre.

Miriam Fronza, de 49 años, fue asesinada el domingo 30 de septiembre por el policía bonaerense Claudio Fernando Vadalá, sobre la colectora de la Autopista Oeste, en la localidad de Moreno. La maestra de escuela viajaba con su marido de regreso a su casa. A la par de su auto, iba el policía de civil en su suntuoso Hyundai Génesis valuado en $200.000. Un grupo de ladrones interceptó a Vadalá para robarle el auto, a lo que éste respondió con una maniobra marcha atrás, para poder disparar desde la distancia. Disparó dos veces. Uno de los tiros dio en la nuca de Miriam. Por ahora, permanece detenido.

Los medios de comunicación le dieron gran resonancia al caso de la maestra, por ser lo que ellos denominan “víctima inocente”. Lo mismo sucedió este año con el futbolista Lautaro Bugatto y el año pasado con Ariel Domínguez, asesinado en plena vía pública en San Telmo. Sin embargo, el gatillo fácil sobre la porción mayoritaria de las víctimas, es encubierto por las grandes empresas de medios que pregonan la mano dura y el control social a rajatabla, haciendo su parte para que la muerte joven en los barrios pobres se naturalice de cara a una sociedad más connivente con la desigualdad, la explotación y la pobreza.

“No roba más”, “Murió ladroncito”, “Punto final” dice el diario Crónica acerca de la muerte de dos jóvenes en Morón. Uno de ellos fue asesinado el sábado 6 de octubre en una panadería, por un militar retirado de 70 años que estaba en el negocio en calidad de cliente. El otro, de 16 años, fue fusilado por policías el 28 de septiembre. Murió de un disparo en la cabeza luego de agonizar durante un día en el Hospital Posadas.

Sobre estos dos últimos casos, no contamos con más información que la que brinda la agencia Télam, que, a su vez, reproduce los partes brindados por la fuerza represiva que asesina a una persona por día mediante el gatillo fácil y la tortura en comisarías. Esa información, por su parte, fue reproducida en un dignísimo ejemplo del ejercicio del copy/paste por todos los medios hegemónicos de información. Muertos sin nombre. Dos más en el montón.

Próximas actividades:

- Lunes, martes y jueves, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.

- Sábado 20 de octubre, movilización a dos años del asesinato de Mariano Ferreyra.

- Martes 23 y jueves 25 de octubre, movilización a los tribunales de Campana durante el juicio al policia Omar Brítez por el asesinato de Hernán Ibiris y la tentativa de asesinar a Fernanda Verón.

- Viernes 16 de noviembre, en Plaza de Mayo, presentación del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 2012.

CORREPI en el aire:

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

- Los jueves, alrededor de las 19:00, escuchá la columna de María del Carmen Verdú en el programaAguantando de Pie que conduce, de 18:00 a 20:00, el periodista Herman Schiller en FM 97.3, Radio La Caterva. Seguilo en vivo en fmlacaterva.blogspot.com o escuchá los programas anteriores en www.ivoox.com. Teléfono para mensajes: 4302-1203. Mail: fmlacaterva@gmail.com.