Boletín informativo nº 679

Informe de la situación represiva nacional: Archivo 2012.

3.773 asesinados por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983.

988 durante la presidencia de Néstor Kirchner.

1.236 durante la presidencia de Cristina Fernández.

2.224 desde el 25 de mayo de 2003.

El 51% eran jóvenes de menos de 25 años. Todos, hijos de trabajadores.

Éstos son algunos de los datos que atronaron la Plaza de Mayo el pasado viernes 16, cuando CORREPI, por 16º año consecutivo, convocó a la presentación del informe anual de la situación represiva, con el Archivo de Casos que venimos elaborando desde que el ministro del interior Carlos Corach, que dirigía la policía allá por 1996, dijo “No hay gatillo fácil, hay noticia fácil”.

Años después, con la cara pintada diferente, pero defendiendo los mismos intereses, los de los poderosos, su sucesor al frente de las fuerzas federales, Aníbal Fernández, clamaría “nombres, quiero nombres”, igualito que Videla cuando le preguntaron por los desaparecidos.

Es que los más hábiles en el arte de gerenciar ese aparato de opresión llamado estado, privilegian, en su arsenal represivo, las armas que les permiten cooptar consenso, para disfrazarse de lo que no son, y así reprimen más, pero también mejor: sin que se note tanto.

“Éste es el gobierno que no reprime la protesta” nos repiquetean a diario. Pero seguimos contando:

De los 68 asesinados en la represión a movilizaciones y manifestaciones populares desde 1995, 19 cayeron desde 2003 (2 de él, 17 de ella).

“Es verdad, éste es un gobierno represor, sancionó varias leyes antiterroristas… vamos con los progresistas…”, terminan admitiendo algunos, incluso los que, hace no tanto, batían el parche de la “transversalidad” y nutrían con su gente las patotas para-oficiales.

Pero se quedan calladitos cuando seguimos sacando cuentas:

1.759 casos en la provincia de Buenos Aires, 465 en Santa Fe, 16 en Tierra del Fuego… Si calculamos el índice por millón de habitantes, la cosa se empareja, y Buenos Aires queda tercera, detrás (bastante detrás) de Santa Fe y Tierra del Fuego… ¿cómo, los “progres” también reprimen, y todavía más? Y, si, porque el nivel de represión no depende tanto del color del partido de gobierno o de la cantidad de veces que diga “democracia” por día, como de la necesidad de cualquiera que gobierne un estado dividido en clases de reprimir para garantizar la explotación.

CORREPI construye este Archivo para poner a disposición de todo el activismo una herramienta más para ayudar a generar conciencia, para promover la organización y la lucha. Vamos cada año a la Plaza para mostrar lo invisibilizado, para gritar lo silenciado.

No vamos solos. Este año, más de un millar de compañeros nos hicieron el aguante, bajo el sol, y la atenta mirada policial. Juntos, escuchamos los datos que desgranó, formidablemente, el compañero Herman Schiller. Juntos, aplaudimos a los trabajadores que vinieron a contar su experiencia con la represión cada vez que salen a pelear por sus derechos y a nuestros compañeros en la militancia diaria, los familiares organizados en CORREPI, y abrazamos a los que vinieron de muy lejos, como la familia de Matías Casas, de Neuquén; la hermana de Julián Antillanca, asesinado en Trelew, o el compañero Pablo, representante de un grupo de jóvenes que se empiezan a organizar contra la represión en San Pedro, Jujuy.

A todos los compañeros y organizaciones que estuvieron, que colaboraron de mil maneras, que mandaron adhesiones, que se llevaron materiales para discutir sobre la represión en sus lugares de trabajo y militancia, a todos les agradecemos, y los convocamos, de nuevo, a organizarnos en todos lados para enfrentar la represión.

Nota: La Presentación del Archivo, con sus gráficos y tablas, está disponible en www.correpi.lahaine.org. El listado alfabético y por fecha de cada uno de los 3.773 casos puede ser requerido por mail a correpi@fibertel.com.ar

“Pido perdón a los padres de Rodrigo Corzo… estoy acá por mi hija.”

De esta particular manera, Ariel Núñez, el “Vertiginoso” policía cómplice del asesinato de Rodrigo Corzo hace casi 10 años, pretendió esta semana, en los tribunales de Morón, terminar con su condena.

Núñez, condenado a 3 años y medio de prisión porque encubrió el homicidio, está detenido hace cuatro meses. Sin embargo, lejos de purgar la pena en una cárcel común -como es de rutina para la inmensa mayoría de los pobres- lo hace en la comisaría de Villa Sarmiento, al cuidado de sus propios compañeros, cerca de su domicilio.

Su defensa oficial presentó un curioso pedido para acceder a la detención en su domicilio, argumentando un presunto “deterioro de su estado emocional compatible con depresión profunda e ideación suicida”, según le certificó alguna psicóloga.

Las explicaciones no alcanzan a diferenciar el estado de Núñez del de la inmensa mayoría de los presos. De resultar verosímil la gravedad del caso (que a la luz de lo visto y escuchado, no parece), en todo caso debería ser trasladado a un instituto afín del Servicio Penitenciario Bonaerense, como se hace con cualquier pobre detenido.

Desconfiamos de la resolución judicial que está al caer. Pero quienes asistimos a la berreta actuación del uniformado delincuente, reparamos en su inadmisible pedido de disculpas.

No lo hizo a los pocos días del crimen. Por el contrario, por entonces, y año tras año, se sumó a la estrategia de su compinche, el oficial Solana. y mintió descaradamente.

No lo hizo después de la condena de Solana, sentencia en la que él fue mandado a investigar por sus mentiras. Por el contrario, eludió, cuantas veces pudo, los diferentes llamados de la justicia para explicar lo inexplicable.

No lo hizo ni siquiera cuando fue su juicio oral, al que llegó en libertad, pues sólo se lo detuvo cuando se leyó la sentencia.

En todos esos momentos, por más de nueve años, fue un policía digno de la fuerza que lo invistió. Porque contó con respaldo, desde el pago de su salario hasta la garantía de impunidad “por los servicios prestados” y él respondió con las armas que le proveyeron en la Vucetich: subordinación y valor para disciplinar a los jóvenes pobres y respeto institucional para evitar que aflore la verdad.

Ahora Núñez viene con el caballo cansado. Porque son muchos los meses que lleva detenido, inesperadamente detenido. Y esto revela algo mucho más profundo. El acto de justicia por el que Núñez se halla detenido, no es obra de ningún juez, sino de la perseverancia de la familia Corzo y la consecuente militancia antirrepresiva de nuestra organización.

Lo que revela el proceso es que Núñez ya no es un policía más, pero no por obra del arrepentimiento ni de la pluma de la justicia. Núñez está dónde está y ahora pide lo que pide, porque todo el andamiaje con el que su institución y la justicia lo sostuvieron se cayó por el impulso, la organización y la lucha antirrepresiva organizada. Un gran ejemplo de lo que provee la organización: no aflojarles, no concederles, no desmoronarse, sostenerse mutuamente con los compañeros, no confiar en nada sino en las propias fuerzas.

Ha pedido disculpas, meras palabras de ocasión para volver a su casa. Y aunque hubieran sido sinceras, jamás las admitiríamos, porque detrás de su crimen está la institución que lo cobijó y que sigue con otros tantos Núñez por ahí, sumando víctimas de nuestro lado. Nada de disculpas entonces, contamos con 3.800 razones para rechazarlas.

Campaña: Represión & Consenso.

Este verano, el gobierno decidió no descansar en su tarea de reprimir al pueblo y seguir perfeccionando las herramientas represivas. Un ejemplo de esto es la Campaña Nacional “Verano sin Violencia Institucional”, que se desarrolla en el marco de una mucho más grande y ya puesta a funcionar llamada “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional”. Ambas campañas dependen del Ministerio de Justicia y DDHH y son ejecutadas en las barriadas populares, centros neurálgicos de la represión preventiva.

La campaña cuenta con abogados kirchneristas que recorren los barrios populares explicando qué hacer ante una detención. Lo que nunca explican –no podrían hacerlo- es porqué se producen esas detenciones arbitrarias. Es precisamente el gobierno que los manda y les paga el sueldo el que mantiene vigentes las facultades policiales para detener a cualquiera en cualquier lugar, incluso desobedeciendo la condena al estado argentino que dictó en septiembre de 2003 la Corte Interamericana de DDHH en el caso Bulacio, ordenado la derogación de todo el sistema de averiguación de antecedentes, faltas y contravenciones.

Tampoco dicen nada de los fusilamientos, las torturas y el hostigamiento al que someten las fuerzas de seguridad estatales a los trabajadores y el pueblo. Explicarlo exigiría reconocer que el gobierno kirchnerista reprime, ya que es un gobierno que administra una sociedad dividida entre una minoría rica, que explota y vive a costa de una mayoría pobre, y que una sociedad así, sólo se sostiene con palos y balas apuntando hacia el pueblo.

El gobierno que arrastra la responsabilidad sobre el 58,94% de los 3.773 casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983, lanza una campaña contra su propia violencia. ¿Doble discurso? ¿Contradicción? No, estrategia represiva.

Como decíamos, el gobierno elegido en el 2003, y después también, para reconstruir las instituciones del poder y someter a los trabajadores y el pueblo, ha sido quien mejor supo aplicar las herramientas represivas, ya que, reprime, pero con el menor costo político posible. Esto lo logró a fuerza de fraccionar, comprar y, porque no, convencer a muchos de los que años atrás luchaban con el pueblo, pero también presentando “medidas progresistas” que invisibilizan la represión y, a la par, aumentar la descarga represiva. Una de ellas es esta campaña: ponen una cortina, escudándose en el “algo hacemos”, mientras por detrás, y aprovechando esa lavada de manos anterior, siguen reprimiendo a los pibes de los barrios para evitar su organización.

Sabemos que las soluciones no vendrán de parte de quien nos persigue, nos mata y nos explota. Con o sin campaña, las balas siguen lloviendo en los barrios. La organización y la lucha, también.

Control social y organización popular en San Pedro, Jujuy.

Escuchamos, sin sorpresas, el relato que nos hizo Pablo, un compañero que, junto a otros jóvenes, se está organizando en San Pedro, Jujuy, para enfrentar la represión. Nos pintó un vivo cuadro del nivel de disciplinamiento al que se somete a la población de los barrios pobres en esa pequeña ciudad norteña de 70.000 habitantes. Torturas, amenazas, causas armadas, aprietes, todo forma parte del menú al que recurre la policía jujeña para consolidar el control social, en una zona del país donde el narcotráfico es el negocio por excelencia de policías y poderosos.

Juan Martín Gómez, es el nombre de un joven jujeño de 28 años, asesinado por un policía en la casa de otro policía. Ni una palabra en los medios, ni locales ni nacionales. Es por eso, y porque la situación va de mal en peor, que Pablo y un grupo de compañeros decidieron empezar a organizarse con la gente en los barrios, para que se tome conciencia de la situación y puedan enfrentarla.

Decíamos que lo escuchamos atentos, pero sin sorpresas, porque, como le comentamos, lo que nos relató es tan parecido a lo que sabemos que ocurre en Fiorito, en Moreno, en La Matanza y tantos otros barrios. Tampoco nos sorprendimos cuando nos contó que llevaron el reclamo a la Secretaría de DDHH de la provincia, al mismísimo Remo Carlotto, presidente de la Comisión de DDHH de la cámara de diputados, cuando participó de una charla en la Facultad de Humanidades. La respuesta de Carlotto fue “No sabía”. Ninguna respuesta encontraron –ni van a encontrar- tampoco por parte de la Secretaría ni de ningún organismo oficial.

CORREPI tomó el compromiso de impulsar y ayudar la organización de los compañeros, que viajaron a Buenos Aires para hacer visible la realidad que están padeciendo, y participaron del acto en Plaza de Mayo el viernes 16.

Enterados de la inminencia de una nueva reunión de las organizaciones que integramos el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA), los compañeros aceptaron con entusiasmo viajar a Córdoba con nosotros, para conocer las experiencias organizativas en el resto del país y para incorporarse al Encuentro, como organización que le pone el cuerpo a la lucha contra la represión.

Próximas actividades:

Martes y viernes, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.

Domingo 25 de noviembre: Tercer plenario, en Córdoba, del Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA).

Jueves 29 de noviembre, movilizamos junto a la AEDD, el SITRAIC, CADEP y otras organizaciones a los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para acompañar la apelación contra la decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa seguida al burócrata de la UOCRA Gerardo Martínez por su participación como agente civil en el Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura.