Boletín informativo nº 681

Caso Marita Verón: el aparato represivo estatal funcionando armónicamente.

Uno de los tantos negocios de los que participa el poder político es la trata de personas. Los integrantes del poder político –como los jueces, ver nota anterior- son de los principales consumidores de la prostitución que la trata provee. En este inmundo negocio, lógicamente, no está al margen la policía y no con elementos aislados, sino como institución, porque es el tipo de negocios, como el narcotráfico, cuyas redes están íntimamente relacionadas con las de trata, con los que las fuerzas represivas hacen “caja” principalmente. Así como del negocio de desarme de autos, piratería del asfalto y toda clase de delitos comunes, en todos ellos está la mano policial, es el precio que le cobran al estado para reprimir al pueblo y perpetuar la maquinaria de la explotación.

Es por eso que el fallo absolutorio de todos los acusados, que obviamente no son todos los implicados, en el caso de María de los Ángeles Verón, secuestrada y desaparecida para explotarla sexualmente, no sorprende. Basta imaginar qué ocurriría si uno de los acusados fuera preso, el efecto dominó que ello podría generar, hasta qué punto podrían llegar a implicar a funcionarios de todos los poderes.

El trágico caso de Marita Verón es muy conocido, pero también existen miles de Maritas anónimas, víctimas de las redes de trata, redes que se mueven con toda la impunidad y ayuda que el Estado les otorga. Miles de mujeres anónimas, que no cuentan, porque son pobres, porque son de provincias olvidadas, como Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Chaco. Mujeres que son traídas a Buenos Aires con la promesa de trabajar como empleadas domésticas, y, una vez que pisan Retiro, empieza su calvario: son golpeadas, violadas, torturadas, drogadas, esclavizadas y en muchos casos, obligadas a tener hijos con sus captores para tener un rehén con el cual extorsionarlas y disuadirlas de escapar. Cuando, así y todo, alguna de ellas logra escapar y comete el error de recurrir a la policía, esta misma es la encargada de devolverla a su captor, al cual previamente le hizo el trabajo de logística.

Así como las fuerzas represivas no son autónomas, tampoco lo es el poder judicial. Años de experiencia nos revelan esta realidad a quienes integramos CORREPI. Por eso, no nos creemos el verso con el que la Casa Rosada trata de despegarse del asunto. Absolución tras absolución de policías asesino, a los cuales el mismo estado otorga defensa –y no con los defensores oficiales para los pobres-, es la contundente prueba de que es una maquinaria que, si bien tiene basura interna y conflictos de poder entre sectores que responden a tal o cual actor político, a la hora de la verdad, cuando el sistema presenta fisuras, se abroquela en una defensa corporativa, ya que es el aparato represivo estatal en su conjunto al que hay que preservar. Y este aparato represivo estatal, a su vez, defiende los intereses de sus jefes: el poder económico y político.

Además, como mencionáramos antes, son los mismos funcionarios, judiciales, policiales, ministeriales, los principales consumidores de prostitución, el mismísimo juez kirchnerísta de la Corte Suprema, paladín de los derechos humanos, Eugenio Zaffaroni, arrendaba departamentos privados para la explotación de la prostitución, en la calle Vicente López, en Capital Federal. ¿Realmente nos quieren hacer creer que los mismos que consumen y sacan provecho económico de la prostitución y por ende de la trata de personas van a luchar contra ella?

Una vez conocido el fallo y con el escándalo en las manos, Cristina Kirchner se comunicó telefónicamente con la madre de la víctima, Susana Trimarco, “No lo puedo creer” le dijo, en un acto de absoluta hipocresía. Luego, recordaron que alguien se había olvidado en un cajón del Congreso una ley sobre la trata, que lógicamente, como toda ley, nada va a resolver, pero que en momentos de urgencia sirve para ganar tiempo y dar la impresión de que “algo se hace”, por lo que decidieron reflotarla para tratarla en forma “urgente”.

Lo cierto es que si algo hacen, es llenarse los bolsillos con el sufrimiento de miles de mujeres esclavizadas. Algunas de ellas, porque pertenecen a sectores medios o porque la familia no bajó los brazos en la lucha, logran saltar el cerco mediático, ese mismo cerco que algunos casos de gatillo fácil logran atravesar por las mismas razones. Pero al igual que las víctimas de gatillo fácil, hay miles de mujeres que desaparecen, que son devoradas por este sistema abyecto, de las cuales la sociedad ni se entera.

Sin perjuicio que -mientras sea organizada e independiente- la lucha contra los crímenes del poder hay que darla en todos los frentes posibles, aunque suponga el proceso judicial por ellos mismos dirigido y tan solo sirva para evidenciar la miseria y perversión de su naturaleza, destacamos que la verdadera condena está en las manos del Pueblo, en las calles y con su indignación legítima y justa creciendo en conciencia y determinación.

“La justicia se hará en las calles”.

Esta frase recorre las pantallas de internet, acompañada de las imágenes que reflejan la indignación popular ante el fallo del tribunal a cargo del juicio por el secuestro de Marita Verón.

El martes 11, casi al finalizar el día, se conoció el fallo del tribunal de la provincia de Tucumán, que absolvió a todos los acusados del secuestro y la desaparición de Marita Verón. Lo que el pueblo tucumano sabe sobre quiénes manejan los negocios de la droga y la prostitución en la provincia, porque lo sufre en carne propia, los jueces, una vez más, decidieron pasarlo por alto.

Esta resolución se entiende mejor cuando se conoce el relato de una de las víctimas de trata, testigo en la causa, que advirtió que sería inútil declarar frente a un juez que había sido su “cliente”.

Tan repudiada fue la sentencia del tribunal frente al caso Verón, que el gobierno, a pesar de no tomar ninguna medida seria frente al fallo y mucho menos frente a la situación de la trata de personas en el país, tuvo que manifestarse “preocupado” y no pudo responder con dureza frente a la movilización que realizó el escrache. Esto le costó la renuncia del jefe de la policía federal, Enrique Capdevilla y varias discusiones internas al interior del ministerio de seguridad.

Son sobrados los ejemplos de jueces y fiscales vinculados con el poder político y económico, defendiendo negocios que delimitan su accionar. No obstante, la manifestación de bronca del pueblo, expresada en el escrache a la casa de Tucumán, muestra que no hay disposición a acostumbrarse a que puedan hacer de nuestras vidas un infierno y eso siga siendo garantizado con total impunidad. El pueblo no permite mansamente que roben a sus hijos, que los utilicen para los peores placeres de grandes ricos, políticos, funcionarios y empresarios, que los desaparezcan, que los maten.

Ante esta legítima reacción popular, se solidarizaron los grandes medios de comunicación condenando absolutamente “los hechos violentos del escrache” y pidiendo más represión. Aprovecharon, también, los defensores de empresarios asesinos. Las imágenes del escrache a la casa de Tucumán intentaron ser utilizadas por los defensores de José Pedraza, el Gallego Fernández y Pablo Díaz, tres de los acusados en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, con el fin de sostener la tesis de que los provocadores de situaciones violentas son los sectores del pueblo que se organizan y luchan contra un sistema de explotación y opresión.

Todos ellos intentan acusar a quienes debemos defendernos diariamente de las injusticias, y ni una palabra dicen de la violencia que implica que haya cientos de personas desaparecidas por las redes de trata o decenas de asesinados por la represión en la protesta social.

La sentencia del tribunal no es más que la expresión de la función de un poder judicial respondiendo a la defensa de negocios de los negocios de los ricos, encubriendo y garantizando la impunidad ante las peores atrocidades.

La respuesta del pueblo es la expresión de una decisión a no acostumbrarse, a luchar por una vida digna y una sociedad mejor.

Avanza en todo el país la lucha antirrepresiva.

Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Trelew… en los más diversos lugares del país se extiende y fortalece la organización antirrepresiva, de la mano de la necesidad acuciante de cohesionar esfuerzos para que crezca la resistencia.

Esta semana, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba (CADDHH) publicó su Informe Anual Antirrepresivo 2012, compuesto por una descripción y un análisis del accionar represivo policial en las calles y espacios públicos de la Ciudad de Córdoba. Se trata de una observación sistematizada que evidencia las características de las detenciones y los arrestos por contravenciones en la vía pública. Además, plantea y desarrolla temas de discusión sobre la problemática represiva y hace mención de casos paradigmáticos ocurridos en el país y la provincia. El texto completo puede leerse en: http://argentina.indymedia.org/news/2012/12/827413.php

El 15 de diciembre, pero en Mendoza, la Sociedad de Resistencia –integrante, igual que la CADDHH, del Encuentro Nacional Antirrepresivo- realizó un acto público para presentar el Archivo de Casos 2012, con el relevamiento y análisis de los casos locales de fusilamientos por el gatillo fácil policial y la tortura en cárceles y comisarías desde 1983. La actividad se desarrolló en la Plaza Independencia, bajo nuestras comunes consignas: Inseguridad es la policía en las calles - ¡Gatillo fácil es represión y muertes en cárceles son crímenes de estado! y Contra la represión, ¡¡¡organización y lucha!!!.

Mientras tanto, recibimos de Bahía Blanca la buena noticia de la conformación de una organización antirrepresiva, que dio sus primeros pasos convocando a una movilización frente a los tribunales, para reclamar contra la impunidad en el caso de Giuliano Gallo, el niño de 14 años fusilado por el policía Guidobono, absuelto en el juicio oral a pesar de la abrumadora prueba en su contra. Los compañeros, que también se movilizan contra la precarización laboral, están ya planificando una jornada de actividades para el 2 de febrero, cuando se cumplen dos años de la muerte de Giuliano, de la que CORREPI será partícipe con enorme entusiasmo.

Al mismo tiempo, sigue la movida antirrepresiva en Trelew, orientada por César Antillanca, el papá de Julián, secuestrado, torturado y asesinado por la policía de Chubut, y Roberto Uriarte, papá de Otoño, joven secuestrada para ser introducida al tráfico de personas para la explotación sexual y luego asesinada en la provincia de Río Negro. Junto a otros familiares de víctimas de la represión estatal, como el papá de Guillermo Garrido, asesinado en la comisaría de El Bolsón, el 17 de diciembre llevaron a cabo una jornada antirrepresiva bajo las consignas Contra la impunidad, organización y lucha, y Contra la injusticia, ni olvido ni perdón.

Así, sin pausa, crece la organización antirrepresiva en todo el país, apostando a nuestras propias fuerzas, que nos inmunizan frente a los cantos de sirena del aparato de poder.

Casos Chanta y Medina: Para muestra, dos jueces botones.

En la misma semana, tres resoluciones judiciales ponen en claro cómo funciona el aparato judicial cuando se trata de la cotidiana represión disciplinadora.

Como informamos en el Boletín nº 673, el 20 de agosto de este año, en San Miguel, Cristian Chanta (23 cumplidos esa noche) fue asesinado por el policía federal Luis Alberto Pérez, que iba en su Toyota Corolla último modelo junto a otro federal, el agente Caro, cuando casi atropella a uno de los amigos de Cristian en el cruce de Isabel la Católica y Pardo. Como represalia por su velocidad y desaprensión, Cristian, desde el cordón de la vereda, le tiró una botella de cerveza al parabrisas del lujoso auto. El policía se bajó y le pegó un tiro. Una hora después, cuando ya Cristian agonizaba en el hospital, el policía se presentó en la comisaría argumentando que le quisieron robar el auto, que se defendió y se fue porque su amigo tenía que llevarle la tarjeta SUBE a la suegra…

Después de dos meses sin investigar otra cosa que el pretenso intento de robo –por el cual fue detenido y procesado el cuñado de Cristian, aún preso-, la presión militante de la familia Chanta, organizada en CORREPI, logró que se abriera una nueva causa para investigar el homicidio. El fiscal indagó al policía por homicidio (sin detenerlo, obviamente) y en menos que canta un gallo decidió requerir su sobreseimiento. Sin una sola prueba producida, sin recibir siquiera la autopsia ni los estudios complementarios, el 23 de noviembre el fiscal general de San Martín estuvo de acuerdo, y el juez de garantías nos intimó para que digamos si tenemos elementos para ir a juicio.

“Esta fue una Instrucción Penal Absolutoria, no Preparatoria”, contestamos, pero, aun así, expusimos los motivos por los que el federal Pérez debe ser juzgado. Intento de robo o no, lo cierto es que Cristian murió fusilado y no se encontró ningún arma en su poder ni en ningún otro lado. Ahora es el juez quien debe decidir.

Casi al mismo tiempo, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, decidió hacer honor a su apodo popular, “la Jueza que Cubría”, mandando archivar, sin imputados, la causa iniciada el 11 de enero de 2007, cuando Germán Medina (16), internado en el Instituto de Menores Rocca a la espera de una plaza en un establecimiento asistencial para atender su síndrome dual (psicológico/psiquiátrico y adictivo), fue hallado ahorcado en su celda de aislamiento. Este tercer intento de cerrar la investigación sobre los motivos por los que un chico enfermo fue encerrado en un instituto penal (no había causas penales en contra de Germán) se basa en que “sus condiciones de alojamiento y la atención que recibió son iguales a las del resto de la población”.

Así, con el argumento de que cualquier pibe preso –aun preso por pobre, como Germán- la pasa igual de mal, concluyó que no hay nada que reprochar al Instituto Rocca y a la SENAF. Como en las dos oportunidades anteriores, CORREPI, representando a Beto, el papá de Germán, apeló el sobreseimiento, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables.

Triunfo de la lucha y la movilización por Jon Camafreitas.

El 23 de enero, Jon Carlos Camafreitas (19), se alejaba con un amigo de 14 de la plaza Boedo (Balvanera) donde hubo una disputa entre grupos adolescentes hasta que llegó la policía y los reprimió. Uno de los patrulleros de la cría. 8ª los empezó a perseguir, y los chicos corrieron hacia la casa de la familia de Jon (México y EEUU). Los policías los alcanzaron, bajaron del auto, y mientras uno detenía al menor, el cabo Martín Alexis Naredo acorraló a Jon contra la persiana cerrada de un taller. Sonó un disparo. Jon cayó con un tiro en la nuca y murió tras cinco días de agonía.

El juez indagó a Naredo y, aceptando su versión de que el pibe quiso arrebatarle el arma, por lo que hubo un forcejeo con ambos enfrentados durante el que accidentalmente se disparó el arma, le dictó la falta de mérito. Delia Castro, mamá de Jon, se incorporó a CORREPI y empezó la pelea por probar lo obvio, porque el tiro entró por la nuca.

En el mes de julio, ya habían llegado a la fiscalía los resultados de una serie de pericias sobre el arma, la gorra, el orificio de entrada y el impacto final de la bala en una persiana, más una reconstrucción gráfica que pedimos que se hiciera con todos esos elementos para determinar la posición de víctima y victimario en el momento del disparo.

El arma tenía un defecto que exigía hacer mucha fuerza para montarla. Nunca pudo amartillarse y dispararse sola, ni por un golpe. El cañón estaba apoyado sobre la cabeza, tan cerca que las incrustaciones de pólvora quedaron en la piel y el hueso, no en la gorra agujereada por el disparo. Y los gráficos mostraron que la única posición en la que coincidían el orificio de entrada y salida y el impacto en la persiana a poca distancia del piso, es con Jon agachado y el policía de pie, sosteniendo el arma sobre su cabeza.

Seis meses le tomó al juez leer esas conclusiones periciales, y nuestros escritos reclamando la detención y el procesamiento del policía Naredo. Esta semana, finalmente, fue procesado por homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de la policía en funciones, delito castigado con prisión perpetua. Pero, claro, sin prisión preventiva, porque los policías no van presos ni cuando enfrentan una condena de por vida.

Un nuevo ejemplo de que sólo organizados y en pie podemos ganar batallas, y una nueva muestra de que la venda de la Señora Justicia está bien levantada, para reconocer y proteger a los perros guardianes de su clase.