Boletín informativo nº 682

Sobre asados, corsos y tergiversación de la historia.

El kirchnerismo despidió el año dando una clara muestra sobre su política en materia de DDHH, con el asado para 2.000 personas convocado por el ministro de justicia Julio Alak en uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes de Latinoamérica durante los ‘70, la Escuela de Mecánica de la Armada.

No vamos a caer en la falsa discusión sobre si era un asado o la presentación del Plan Estratégico de DDHH, ya que lo que realmente importa es que, una u otra actividad, demuestran que no es una política de DDHH lo que lleva adelante el gobierno, sino una política de desmemoria, o mejor dicho, el avance por imponer una versión de la historia en función de dejar intactos los intereses del estado, de ese mismo estado que desapareció 30.000 compañeros y que hoy día ejecuta una política represiva que ya suma más de 3.800 pibes asesinados a través del gatillo fácil y la tortura, más de 210 desaparecidos y 68 compañeros asesinados por luchar.

Cuando el kirchnerismo se puso a la cabeza de la reconstrucción de las instituciones de los poderosos, decidió que, a la par, debían construir el consenso necesario para salvaguardar los intereses de su clase con el menor costo político posible. Gran parte de ese consenso ha sido construido alrededor de los “Derechos Humanos y la Memoria”. Así, han “resignificado” (o sea, adaptado a sus necesidades) buena parte de la historia de los ‘60 y ‘70, cuando los trabajadores y el pueblo supieron dar una gran pelea por ocupar el lugar que realmente les corresponde.

El gobierno se ocupó por parecer “heredero” de esa historia, y, por lo tanto, dueño de la versión “oficial”. Pero esa “resignificación” no es otra cosa que ocultamiento, ya que cuando descaradamente hablan de “compañeros”, silencian que quienes cayeron luchando no lo hacían por una sociedad donde la policía mata un pibe por día, donde las luchas de los trabajadores son criminalizadas y perseguidas, ya sea con el código penal o con patotas del poder o, fundamentalmente, por una sociedad en la que una minoría explota y vive a costa de una mayoría explotada.

Nunca, en todos sus discursos e iniciativas de la última década, nadie del gobierno ha mencionado las verdaderas razones de la lucha. Por el contrario, se ocuparon de tapar la verdad falseando la historia. La actividad que se produjo en la ESMA a fines de diciembre es la conclusión de esta política.

El asado en sí no sorprende tanto, si tomamos en cuenta que desde el gobierno y sus aliados se ha promovido que en la ESMA y otros CCD, se hagan cursos de “cocina revolucionaria” por TV, murgas y corsos (como en la propia ESMA en 2009), se baile tango, se hagan talleres literarios y actividades por el estilo. Todo ellos lleva a que los espacios donde fueron detenidos, torturados y desaparecidos o asesinados miles de compañeros, se conviertan en lugares lúdicos, como lo hicieron con el 24 de marzo, hoy feriado, utilizado por el gobierno para hacer festivales y por muchos para irse unos días a la playa.

Así, los CCD toman forma de lugares comunes, como plazas, parques y hasta, para quienes trabajan ahí, lugares de trabajo. Los campos de concentración se naturalizan frente a los ojos de la sociedad, tapando la sistematización de los asesinatos que llevó adelante el estado y vaciando su contenido, que no es otro que ser testimonio de la capacidad que tiene el estado para asesinar a quienes considera enemigos.

Exactamente lo que, en conjunto con la AEDD, advertimos en marzo de 2004, cuando se anunció desde el gobierno nacional la forma en que se utilizaría la ESMA: “ La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos plantea -y CORREPI coincide- que la ESMA y el resto de los campos de concentración no deben tener otro destino ni función que no sea el de ser testimonio del terrorismo de estado. … Junto a la AEDD consideramos que no debe funcionar en ese predio ninguna institución estatal -y mucho menos privada-, ya que no debe establecerse en el lugar un movimiento rutinario de personal y de público cumpliendo las funciones propias de esas oficinas, etc., que vaciaría de contenido el espacio”. (21/02/2004, Boletín nº 259).

Del otro lado, vimos cómo, de manera oportunista, partidos como el FAP, Proyecto Sur o la UCR, se mostraron horrorizados por la cuestión. Nada más hipócrita, viniendo de personas que en los primeros años acompañaron y apoyaron estas mismas políticas, entrando junto a Néstor Kirchner en la ESMA para inaugurar actividades.

Decimos, una vez más, que nosotros no olvidamos ni nos entregamos a días festivos sobre la memoria de quienes murieron luchando. El único homenaje hacia los compañeros, es continuar su lucha.

Después de los saqueos, amenaza de más represión.

A una semana de los saqueos que se desataron en diversos puntos del paí­s, tanto el gobierno nacional como los provinciales siguen dando muestras claras de que la polí­tica elegida hacia los sectores pauperizados, organizados o no, es la represión.

Esta vez fue el gobierno de Rí­o Negro, a través de su ministro Luis Di Giácomo, quién manifestó que, frente a nuevos intentos de saqueos, “van a reprimir llegado el caso” y añadió que “hoy están mejor alistados que hace una semana“. Luego de los allanamientos conjuntos entre la policí­a provincial y la gendarmerí­a enviada por orden del gobierno de la Nación, fueron 12 los detenidos y 44 los imputados en un total de 48 allanamientos realizados, según un informe presentado por el propio ministro rionegrino.

Es importante señalar también la intención de distintos funcionarios del gobierno nacional para deslegitimar la protesta social. En primer lugar, apuntaron a las organizaciones sociales y sus dirigentes, y sectores del sindicalismo, acusándolos de “ser grupos mafiosos vinculados al narcotráfico” que fogonearon los saqueos. También fue éste el caso, semanas atrás, cuando Sergio Berni culpabilizara al FOL y por los sucesos ocurridos en la casa de Tucumán, en el marco de una manifestación popular de repudio al fallo absolutorio en el caso de Marita Verón, que no hizo otra cosa que legalizar la trata de mujeres. Luego, señalaron que los manifestantes y los pobladores del Alto Bariloche no eran más que “vándalos y delincuentes y no gente hambrienta buscando comida”, desconociendo que fue la real situación de miseria en que se ven sumergidos la que impulsó a cientos de personas a entrar a un supermercado a conseguir por la fuerza lo que el sistema les niega.

Esto hechos se inscriben en una polí­tica de estado muy bien definida, que, cuando advierte que el disciplinamiento social de la clase explotada se agrieta, busca deslegitimar su lucha y sus manifestaciones para poder reprimirlas con el consenso necesario.

El control estatal, sin vacaciones.

El pasado 19 de diciembre fue lanzado en la ciudad de Mar del Plata el Operativo Sol, con el objetivo de controlar casi 1.200 km de la costa atlántica. Así el estado coloca en sus calles a más de 8 mil efectivos policiales, y pone a disposición de las fuerzas represivas 650 patrulleros, 500 motocicletas, cuatriciclos y dos helicópteros para la “prevención y seguridad”. Enormes recursos para controlar a los trabajadores y el pueblo.

Para eso no hay vacaciones. El estado no descansa en su tarea de garantizar la seguridad de quienes tienen el poder.

Frente a la intención declarada por los funcionarios de un “servicio para que los turistas que llegan a la Feliz pasen un verano en paz”, sabemos que lo que en realidad se pone en práctica es un aumento del control y hostigamiento a los pibes pobres de los barrios, aún más del que ya reciben durante el año.

El gobernador Scioli declaró “hemos dispuesto cámaras de monitoreo y más comisarías móviles esta temporada, para que las familias estén tranquilas y seguras”. Las familias que no están tranquilas, son las victimas del gatillo fácil en manos de la policía, como la de Mauricio Araujo, asesinado en Mar del Plata el 23 de diciembre, a cuatro días de la puesta en marcha el operativo.

Tampoco estarán muy tranquilos los turistas con recursos, por más despliegue policial que vean, cuando la experiencia enseña que si alguien conforma bandas organizadas para realizar robos a gran escala en los lugares de veraneo año a año, es la propia policía, que hasta recluta mano de obra en el conurbano, como los “horneros” que terminaron usados para asesinar a José Luis Cabezas.

Una vez más, queda en evidencia al servicio de qué intereses es puesta la policía, y qué significa, para los distintos gobiernos, “resolver el problema de la inseguridad”. Bajo la responsabilidad política del intendente Gustavo Pulti, el gobernador Daniel Scioli y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, el Operativo Sol despliega un gigantesco dispositivo de vigilancia y control social durante el verano, que recae lejos de los supuestos turistas y cerca –encima-de los trabajadores y el pueblo.

“Fin del mundo” a pura represión estatal.

Desde la presentación del Archivo que recopila los casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado (1983/2012), que se realizó el pasado 16 de noviembre, nuevos casos de gatillo fácil y muertes en cárceles demuestran que la represión es una política de estado que se implementa a lo largo y ancho del país.

Un breve recuento de las muertes tras las rejas:

Jonathan Fernández Vera fue asesinado en la Unidad 47 de San Martín, unos días antes de asistir al juicio oral y público donde debía declarar contra penitenciarios del SPB acusados de violación. Ignorando un oficio que indicaba que Jonathan debía estar solo para resguardar su integridad física, fue puesto en una celda con dos detenidos y un par de horas después apareció muerto, al mismo tiempo que el oficio desapareció misteriosamente.

Carlos Báez, uno de los jóvenes que fue internado luego de un supuesto motín en la Unidad Penal III, falleció el pasado 3 de enero, como consecuencia de las quemaduras en sus vías respiratorias.

En la cárcel de mujeres de Ezeiza, apareció muerta Florencia Cuellar. Las causas de su fallecimiento aún continúan dudosas, pero, se trate del motivo que sea, la responsabilidad del fallecimiento es del estado, un estado que asesina y “suicida” en cárceles y comisarías, bajo la protección de los gobiernos de turno, aunque se proclamen garantistas de los derechos humanos.

Pero el estado no mata únicamente a los pobres que están tras las rejas, sino también a través de la modalidad preventiva en las calles que busca disciplinarnos socialmente. En los últimos dos meses, se registraron varios casos de gatillo fácil y represión a sectores populares.

El 28 de noviembre, en la localidad de Villa Ballester, Humberto Gioia, suboficial mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal, mató a un pibe de 16 años con la excusa de que intentó robarle el auto. El 14 de diciembre, en Río Tercero, un pibe de 25 años, de apellido Funes, también fue asesinado por balas policiales. La versión oficial, una vez más, sostiene que se trató de una persecución y un enfrentamiento tras el intento de robo por parte de Funes. Sin embargo, familiares y testigos niegan rotundamente que estos hayan sido los hechos. En la “ciudad feliz” marplatense, el 23 de diciembre fue asesinado Mauricio Araujo, de 19 años, por dos policías bonaerenses que se encontraban de civil y se movían en un coche sin identificación. Mientras la versión policial y de los medios de comunicación habla de enfrentamientos, vecinos y familiares fueron testigos de la ejecución del pibe y posterior “plantado” de un arma.

Neuquén también reprime. El último 20 de diciembre, fecha emblemática cuando de represión se trata, Brian Fernández, de 14 años, se encontraba junto a otros amigos en un auto. Fue asesinado de un balazo en la cabeza por Claudio Salas, policía provincial que los perseguía por evadir un control de tránsito. En Rosario, la represión policial en los distintos saqueos dejó como resultado cuatro muertos y cientos de detenidos. Y sigue la lista.

Lo que queda claro es que todos estos casos de supuestos enfrentamientos dejan como resultado pibes muertos y policías ilesos. Las fuerzas represivas que se entrenan para matar, asesinan a un pibe por día, en los distintos barrios del país, buscando ejercer el control sobre la población, pero no sobre toda la población indiscriminadamente, sino sobre los más vulnerables, los más pobres, y sobre los sectores de esa clase trabajadora organizados para luchar.

El mundo no se acabó, nada cambió. Seguimos viviendo en el sistema capitalista que necesita del brazo armado del estado para reproducir la injusticia. Por eso, como siempre decimos, frente a la represión, ¡Organización y Lucha!.

La pelea de la Sala Alberdi.

Hace ya dos años y medio que los estudiantes de la Sala Alberdi del Centro Cultural Gral. San Martín resisten, toma mediante, su desmantelamiento, en el marco del proyecto de desguace y privatización de la cultura que encara el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Desde el 2 de enero, cuando con la excusa del receso estival se rodeó el edificio de vallas, policías y patovicas para impedir el acceso de los compañeros a la sala, la pelea por la cultura popular adquirió mayor tensión. Inmediatamente movilizados, y con el apoyo de organizaciones de todo tipo, los estudiantes lograron traspasar el vallado, y, desde entonces, un grupo logró acceder a la sala, mientras el resto protagoniza un acampe que empezó en la vereda y, a fuerza de empuje, se instaló en la plaza seca frente al acceso del edificio, desde donde una canasta con una soga sube el agua y los víveres para los compañeros que están aislados en el 6º piso.

La táctica estatal combina el acoso y la presión represiva con intentos de seducción. Mientras son permanentemente hostigados por los vigiladores privados que custodian el edificio público y la policía se muestra periódicamente con todos sus pertrechos, también utilizan personal de programas de asistencia a personas en situación de calle “para relevar sus necesidades”, como si los compañeros estuvieran en el acampe porque no tienen casa, y no defendiendo un lugar público de estudios artísticos.

En ese marco, seis jóvenes que se solidarizaron con el acampe fueron detenidos por la policía a unas cuadras, en la plaza Lavalle frente al palacio de Tribunales, y mantenidos 48 horas en la comisaría 3ª. El miércoles 9 fueron liberados, pero quedaron imputados en una causa penal con intervención del juzgado federal nº 9.

CORREPI viene colaborando con los compañeros de la Sala Alberdi desde el inicio de su lucha. Seguimos presentes en el acampe y en la defensa de los compañeros represaliados, y convocamos a todos a sumar su apoyo en la pelea más que justa por la cultura popular y la educación pública.

Próximas actividades.

Los días 15, 16 y 18 de enero se reanudan las audiencias en el juicio oral a los asesinos de Mariano Ferreyra. Desde las 10:00, en Comodoro Py 2002, subsuelo.

Seguimos apoyando el acampe y la toma de la Sala Alberdi.