Boletín informativo nº 683

Siguen asesinando Qom en Formosa y Chaco

En lo que va de 2013 ya se suman dos asesinatos más a integrantes de los pueblos originarios Qom de las comunidades Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa y Qompi Naqona’a, de Villa Río Bermejito, Chaco: Imer Flores, de 12 años, asesinado a golpes en Villa Río Bermejito y Juan Daniel Diaz Asijak, de 16 años, sobrino de Félix Díaz, asesinado de un golpe en el cráneo, en Formosa, que fue encontrado muerto al costado de una ruta junto con su moto. Trataron de hacerlo pasar como un accidente de tránsito, a pesar del fierrazo que tenía en la cabeza. Por último, el martes 15, Héctor Alonso fue atacado por tres matones que circulaban en dos motos sin patente, quienes le mostraron un cuchillo al mismo tiempo que lo insultaban.

A todo esto se suman la quema de los ranchos de los qom, la golpiza recibida hace unos días por Gerardo Rodríguez Teodoro Aranda; los asesinatos, hace un mes, de Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe, de un año, atropelladas adrede por el gendarme Walter Cardozo, y, desde luego, los asesinatos en 2010 de Roberto López y Mario López.

Frente a la reacción popular, que fue la de salir a las calles a exigir que los gobiernos dejen de asesinar, amenazar y perseguir a la comunidad qom con el único fin de quitarles sus tierras para dejarlas en manos de empresarios que sigan llenándose de dinero a costa del pueblo y sus recursos naturales, el estado recurrió a sus fuerzas represivas para acallar su voz. Hubo movilizaciones en distintos puntos del país, entre ellos en Formosa, la que fue duramente reprimida.

Como ya sabemos, en una sociedad en la que millones de pobres viven para sostener a un puñado de ricos y poderosos que se apropian violentamente de tierras que no les pertenecen, que van a usar exclusivamente para acumular ganancias, al tiempo que desplazan a la peor miseria de vivir sin techo y sin sustento a cientos de familias, ese nivel de despojo no puede sostenerse sin represión y sin persecución a los compañeros qom, que día a día se organizan para salir a pelear por lo que es justo y también para defenderse de la embestida constante del estado a través de sus propias fuerzas represivas o de sicarios, en lo que es la tercerización de la represión.

Gobierne quien gobierne, el estado reprime a todo sector organizado que intente pelear para cambiar este orden. La única forma de enfrentar la represión y la criminalización de la protesta es salir a luchar a las calles, denunciando el carácter clasista de la represión que ejerce el estado sobre el pueblo.

Chicle judicial, policías impunes… y ¿Luciano dónde está?

El caso de Luciano Arruga ya es harto conocido. Tenía 16 años cuando, tras ser hostigado reiteradas veces por la policía de Laferrere, fue secuestrado, torturado y desaparecido por no querer robar para ellos. Hay ex detenidos de la comisaría de Lomas del Mirador que testimonian cómo fue golpeado y los policías involucrados están identificados.

Como habitualmente ocurre en los procesos que apuntan a policías, “todos” saben a grandes rasgos qué pasó y quiénes fueron. En este caso también se sabe dónde.

Sin embargo, siendo también esto lo usual, los policías asesinos están en libertad y en la causa no figuran como imputados, sino como ¡TESTIGOS! y desde el momento de su creación la causa no fue caratulada como “desaparición” sino como “averiguación de paradero”.

En los últimos días, circuló en los medios, como novedad trascendente, que detuvieron a un policía. El oficial principal Julio Diego Torales trabajaba en la comisaría segunda de la localidad de Gregorio de Laferrere. Fue detenido y pasado a disponibilidad preventiva por las torturas infligidas a Luciano varios meses antes de su desaparición, en el marco de la causa iniciada entonces por su mamá. O sea, esto no ocurrió en el proceso por la desaparición de Luciano, en la que no hay ningún detenido, y los 8 policías imputados, tras pasar un breve lapso como disponibles, fueron reincorporados hace mucho al servicio activo sin una sola mancha en su legajo. Por descontado, además, que Torales no fue imputado por torturas, sino por “severidades y apremios”, la repetida figurita menor para ocultar la tortura que garantiza, en el peor escenario para el policía, una pena ínfima y la inmediata excarcelación.

En paralelo al chicle judicial, y mientras, como premio consuelo, finalmente aceptaron los jueces el reclamo de que se califique la situación de Luciano como “desaparición forzada de persona” y no como simple “averiguación de paradero”, la familia de Luciano sigue denunciando estos atropellos y llamando constantemente a la reflexión a la hora de pedir “seguridad”, que sólo es para los qué más tienen y se traduce en represión y violencia en los barrios pobres.

Grave denuncia en el penal de Ituzaingó

Un detenido en la Unidad 39 de Ituzaingó, cuyo nombre reservamos a su pedido, nos hizo llegar a través de un familiar una grave denuncia. Cuenta el joven que un grupo de presos estaba planeando una fuga, lo que fue descubierto por el personal penitenciario. Como represalia, los guardiacárceles aplicaron feroces castigos a todos los internos del pabellón. No contentos con esto, un alto funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense decidió aleccionar a algunos personalmente.

El oficial ingresó al pabellón armado con una faca, e hirió a puntazos a varios de los pibes, casi degollando a uno de ellos. Quien nos pasó la información, nos contó también que, desde luego, ninguno recibió atención médica, y, desde luego, fueron todos “engomados” para que el asunto no trascendiera en las visitas.

Es el mismo servicio penitenciario que meses atrás asesinara al joven Jonathan Fernández Vera (testigo en una causa de violación), que cuenta con la impunidad otorgada por jueces, fiscales y medios de comunicación, que cumple el rol disciplinador dentro de la prisión, configurando así el 39% de las muertes documentadas dentro de nuestro Archivo de Casos.

Campaña por la absolución de los delegados del Garrahan

Durante el largo conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan en el año 2005, probablemente una de las luchas más importante de los últimos años dirigida por una Comisión Interna antiburocrática genuinamente elegida por sus compañeros, el gobierno utilizó cuanto recurso tiene a su disposición para reprimirla. A tono con las declaraciones del entonces ministro de Salud kirchnerista, Ginés González García, que llamó a los huelguistas “terroristas sanitarios”, fueron muchas las causas judiciales con las que se intentó desarticular la organización de los trabajadores, atacando tanto a la base, como en la causa iniciada contra los “franqueros” (los trabajadores de fines de semana y feriados, los más precarizados) por abandono de persona, como a la dirección, como las varias causas propiciadas contra los delegados, especialmente su referente más visible, el compañero Gustavo Lerer. Una de esas causas, por ejemplo, llegaba al absurdo de acusar a Lerer por “robo calificado en perjuicio de la administración pública”, pues las autoridades denunciaron que la Junta Interna había usado una resma de papel propiedad del hospital para imprimir unos volantes.

Casi todas esas “investigaciones” criminales fueron cerradas con el doble recurso de la defensa política y técnica, sosteniendo una pelea paralela a la huelga en la que CORREPI, junto a muchas otras organizaciones, nos pusimos al servicio de los compañeros. Pero la decisión de escamentarlos estaba tomada, y una de esas causas, iniciada contra cuatro delegados (Gustavo Lerer, Eduardo García, Marcelo Mansilla y Adriana Agüero) fue elevada a juicio oral.

Se acusa allí a los compañeros por “amenazas coactivas” contra dos inspectores del ministerio de Trabajo, que concurrieron al hospital el día de una asamblea, a verificar si se estaba atendiendo a los pacientes (cosa que jamás estuvo descuidada por los compañeros). La natural repulsa que sufrieron los buches del gobierno por parte del conjunto de los trabajadores, que expresaron a viva voz su repudio por la provocación, derivó en una más que ridícula imputación, que, como se funda en razones políticas y no de otro orden, siguió adelante.

El juicio comenzará el 8 de abril próximo, ante el tribunal oral nº 29 (el mismo que, hace años, tiene a su cargo, sin fijar fecha de debate, la causa Bulacio) y proseguirá los días 9, 12, 15, 25 y 29 del mismo mes.

Convocamos a todos los compañeros y organizaciones a difundir y firmar el siguiente texto unificado, para ser presentado antes del inicio del debate al tribunal. Rogamos hacer llegar las adhesiones a ategarra@yahoo.com.ar:

Sres. Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29

Presidente Dr. Goerner, Rodolfo Gustavo

Vocal (subrogante) Dra. Deluca Giacobini, María C.

Vocal (subrogante) Dr. Llitvack, Alejandro

Teniendo en cuenta que el 8 de abril del corriente año comienza el juicio oral y público contra la enfermera de oncología Adriana Agüero, el técnico de laboratorio Marcelo Mansilla, el enfermero de Resonancia Magnética Nuclear Eduardo García y el bioquímico Gustavo Lerer, trabajadores de la salud y delegados sindicales de la Asociación Trabajadores del Estado del Hospital de Pediatría J. P. Garrahan en la causa nº 3.076 en la cual se los acusa de amenazas coactivas a dos inspectores del Ministerio de Trabajo en la huelga del año 2005 por aumento de salarios igual a la canasta familiar y en defensa del hospital público, nos dirigimos a Uds. para solicitar la absolución de los 4 compañeros.

Este es un caso típico de criminalización de la protesta social donde el estado y el gobierno a través de funcionarios públicos buscan amedrentar a los trabajadores para que dejen de ejercer sus derechos, como en este caso es la huelga, consagrados en la Constitución nacional. Paradójicamente fue el gobierno, a través del uso ilegal del aparato estatal (ministerios, poder judicial, policía, gendarmería, etc.) quienes “coaccionaron” a los trabajadores del Hospital Garrahan.

Las leyes “antiterroristas” de Piñera

Las llamadas leyes “antiterroristas”, dirigidas a disciplinar al pueblo trabajador para evitar que se organice y salga a pelear por sus derechos, con sus diferencias regionales, han sido implementadas en la mayor parte de Latinoamérica. Chile, además de no ser la excepción, va a la punta en su cotidiana aplicación a los luchadores.

El 4 de enero pasado se incendió el fundo Palihue, en la comuna de Vilcún, campo del empresario agrícola Werner Luchsinger. En el incidente murieron el terrateniente y su esposa. En el marco de la lucha que viene llevando adelante la comunidad Temucuicui Autónoma, comunidad mapuche en la zona, se los incriminó por las muertes. Así, el presidente Sebastián Piñera ordenó el nombramiento del general Carlos Carrasco Hellwig, el tercer hombre en la línea de mando de carabineros, como “total responsable” del control de la violencia y amenaza terrorista en la zona de conflicto, que abarca tres regiones del sur del país: Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

Así, fueron detenidos tres integrantes de la comunidad, dos que ya esperan juicio, mientras que el tercero, José Córdova Tránsito, ley antiterrorista mediante, fue arrestado por los carabineros sin control judicial. Es que la ley faculta al aparato represivo a ampliar la detención de una persona, sin tener que presentarlo ante un magistrado o una audiencia de control, además de duplicar la posible condena. Mientras tanto, y para coronar el conflicto, el estado decidió sitiar la zona de Araucanía, donde vive la comunidad.

La justificación que utilizaron para tomar esta medida fue la hipótesis surrealista de una acción común de la comunidad aborigen y las FARC, como declarara el ministro chileno Cristián Larroulet.

Los gobernantes siempre encuentran la forma de ayudar a sus amigos, los empresarios y terratenientes, desacreditando las luchas, con la criminalización de la pobreza y de la protesta social, la implementación de leyes represivas y el hostigamiento directo a los trabajadores.