Boletín informativo nº 686

Si nadie más se escapa, empiezan los alegatos.

El martes 15 debía comenzar la etapa final del juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, con el alegato de los abogados de su familia. Pero la ausencia del comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, que según informó su abogada “tuvo que viajar a San martín de los Andes por un imponderable familiar y no consiguió pasaje de vuelta por el recambio de quincena” obligó a que se suspendiera la audiencia.

Cualquier ciudadano civil que afrontase la acusación que pesa sobre los siete policías procesados por el crimen de Barracas, estaría detenido, como lo están la patota de la UF y sus jefes. Los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra; el subcomisario Garay, los oficiales Conti y Echavarría y el agente Villalba, como todos los miembros de las fuerzas de seguridad sometidos a procesos por gravísimos crímenes, tienen siempre abierta la puerta para su profugación, ya que rara vez se ordena su prisión preventiva. Es más, aun después de su condena, se suele mantener la situación de libertad, como ocurre con el oficial Gnopko, condenado a prisión perpetua por la muerte en la tortura de Diego Gallardo, o con el oficial Ayunta, asesino de Christopher Torres, condenado a 12 años de prisión. La puerta por la que se profugan cuando deciden que ha llegado el momento, la abre el mismo estado que los armó y los soltó a la calle, para que oficien como sus verdugos, y forma parte del pago por sus servicios.

Pedimos y obtuvimos la decisión del tribunal de decretar su detención, que se efectivizó el sábado en el departamento de policía. El tribunal también admitió que es necesario garantizar la presencia de todos los policías en las jornadas que restan hasta la sentencia, de lo que responsabilizó al ministerio de Seguridad, al que mandó efectivizar una caución institucional.

Tras el alegato de la familia de Mariano el martes 19, el viernes 22 será el turno de nuestra querella, que representa a los compañeros Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y los demás heridos.

Convocamos a sostener la movilización el martes 19 y el viernes 22, desde las 9:00, frente a los tribunales de Comodoro Py 2002, Retiro.

Seguimos en carrera contra Gerardo Martínez.

En diciembre de 2012, las organizaciones que denunciamos la pertenencia del secretario general de la UOCRA al Batallón de Inteligencia 601, organismo central en la planificación y ejecución del terrorismo de estado, debimos apelar ante la cámara federal la decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa.

Dijimos entonces que esa resolución fue tomada por el juez desde el momento en que recibió la causa, lo que se ponía en evidencia en la forma que trató la pretensión del SITRAIC, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones, patrocinadas por CADEP y CORREPI, de ser querellantes contra el servicio de la dictadura, hoy reciclado como organizador de patotas con las que el gobierno kirchnerista “terceriza” la represión a los trabajadores.

Señalamos ante la cámara que el tardío rechazo de la querellas, después de ordenar el archivo de la causa, sin habernos dado jamás acceso al expediente para que pudiéramos evaluar las pruebas y orientar la pesquisa, era la mejor y más acabada prueba de la orden política, cumplida a pies juntillas por Lijo, de proteger al burócrata que tan frecuentemente acompaña a la presidenta en sus viajes y apariciones públicas.

La fuerza de la evidencia y la contundencia de la movilización que nos acompañó frente a los tribunales de Comodoro Py, logró que ahora la cámara resolviera que la decisión del juez federal fue “improcedente”, y le ordenara admitir la querella, darle libre acceso al expediente y producir las pruebas que las organizaciones propongan.

Una vez más, cualquiera sea el resultado final del trámite judicial, queda comprobado que la organización independiente y la lucha consecuente es el camino por el que avanzan las reivindicaciones de la clase trabajadora.

Berni y la verdadera política de seguridad… para los ricos.

Hace unos días, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, apareció en los medios explicando qué es “la sensación de inseguridad”. Según el segundo de Garré, la sensación de inseguridad es un hecho subjetivo, mientras que los hechos de inseguridad son hechos objetivos, dando a entender que, cuando ocurre un hecho de inseguridad, y éste es repetido constantemente en los medios de comunicación, toma una sobredimensión que lo transforma en la principal preocupación.

Es bueno hacer memoria y recordar quién es Sergio Berni: médico militar de oficio, Berni se desempeñó en ese cargo en la provincia de Santa Cruz, es de ahí de donde proviene el romance con los Kirchner. Pero antes, formó parte del tristemente célebre grupo de los Carapintadas. Luego fue funcionario del presidente Eduardo Duhalde, y, ya en el gobierno de Néstor Kirchner, continuó como viceministro de Desarrollo Social. Desde allí llevó adelante la imprescindible tarea de desarticular el movimiento piquetero, cooptando a sus dirigentes o bien persiguiendo a los díscolos. Más tarde fue senador y en 2012 fue designado en su cargo actual, luego de su desempeño en el Parque Indoamericano, donde recordemos, hubo tres muertos.

Recientemente CORREPI conoció, a través de una presentación judicial, la lí¬nea de defensa que utilizarán los abogados defensores de Maximiliano Ledezma, policí¬a federal que asesinó por la espalda a los adolescentes Walter Robles y Leandro Pérez en Villa Fiorito. El argumento de la defensa es “el contexto social y cultural”a la hora del hecho, esto es, que los chicos eran potencialmente peligrosos por su contribución a la “inseguridad”. Para “probarlo”, el defensor del federal fusilador presentó al tribunal oral de Lomas de Zamora una recopilación de recortes periodísticos que dan cuenta de una serie de policías asesinados por esa época, como para “justificar” que, ante la hipótesis de que los pibes lo quisieran asaltar y matar, bien justificado estuvo que Ledezma les encajara tres y cuatro balas por la espalda. Así, piensan argumentar que los siete tiros por la espalda a dos chicos que corrían para alejarse del policía fueron “en defensa propia”, y, por lo tanto, bien muertos están.

El muerto diario por el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención no es una sensación subjetiva, sino un hecho bien objetivo. La estrategia del gobierno para “reprimir y que no se note”, o, al menos, para pagar el menor costo polí¬tico posible, ha sido hábil: por un lado, busca acallar los pataleos de “Doña Rosa”, atestando las calles con policí¬as, gendarmes, prefectos y hasta en algunos casos, el mismo ejército, para controlar a la población, en especial a los jóvenes pobres, al mismo tiempo que les otorga las herramientas para garantizar la impunidad. Por la otra, dice que “aleja a la policía de las manifestaciones”, usando en su reemplazo, para la represión directa, la “tercerización” de la represión con las patotas y grupos de choque de la burocracia sindical y sus barrabravas, contratados para reprimir los conflictos con los sectores organizados.

El discurso de los medios de comunicación, más que un problema para el gobierno, es una ayuda necesaria, ya que sin este discurso, desde donde se instala la necesidad de que haya cada vez más verdugos patrullando las calles, no podrían justificar la militarización de los barrios más pobres para prevenir que los que tendrí¬an mayor interés en cambiar el estado de las cosas se organicen. Mientras tanto, la policía maneja a discreción todos los turbios negocios para cobrar su cuota por hacer el trabajo sucio de desclasados: narcotráfico, trata, reclutamiento de jóvenes para que roben para ellos.

Se pide más policía en las calles sin notar que la inseguridad radica en su presencia.

Tras los muros (de Mendoza).

En este mundo, lleno de casas sin gente y gente sin casas, tener un lugar propio donde vivir es un lujo. Hasta pagar un alquiler a quien tiene varias casas, sintiendo el acoso de la inmobiliaria y el dueño, es más de lo que muchos tienen. Y allí está el estado, para poner palo a los que, fieles a su sentido común, violen el derecho de propiedad privada. Entre tantos otros, son ejemplo los casos de la comunidad Qom en Formosa y en 9 de Julio, del MOCASE en Santiago del Estero, de la Sala Alberdi, de los vendedores ambulantes de Florida, y un gran etc.

En el departamento mendocino de Las Heras, la municipalidad construyó un muro que separa un barrio habitado principalmente por policías y penitenciarios, de un asentamiento lindante en el que viven alrededor de 120 familias pobres. Este muro restringe la principal vía de circulación para estos últimos. La decisión de construir el muro fue en el marco del “presupuesto participativo”, en el que los vecinos, o sea los propietarios y la gente bien, lo plantearon como “necesario para su seguridad”.

En todas las declaraciones, los diferentes funcionarios municipales se mostraron hipócritamente críticos del muro que ellos mismos aprobaron y mandaron a construir. También aseguraron ser imparciales y tener voluntad de “dialogar con las dos partes”. Sin embargo, no dudaron en mantener día y noche a la guardia de infantería para garantizar la construcción del muro.

Quien dice, por ahí el muro cuide a la gente del asentamiento del gatillo fácil, el narcotráfico, la trata de personas y demás lastres, patrimonios de las fuerzas represivas.

Fiscales comunes o especiales, la misma impunidad.

Al iniciarse el mes, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunció la creación de dos cuerpos especiales de fiscales, para dos temas presentados como “complejos y problemáticos”: el narcotráfico y la violencia institucional. Esta especie de refuerzo a los “fiscales naturales” de instrucción, se presenta con la intención de romper con la práctica “incómoda” que supone para los fiscales comunes tener que investigar a los integrantes de las fuerzas represivas por determinados delitos -que van desde detenciones ilegales, pasando por torturas en los establecimientos penitenciarios o las propias comisarías, hasta los asesinatos de gatillo fácil y la enorme cantidad de delitos comunes que a diario cometen- y luego pedir su colaboración para otras investigaciones.

A simple vista, no sólo es algo “complejo” de resolver sino que nada indica que el mero agregado de funcionarios judiciales pueda romper con esas prácticas por más ajenos, externos o especializados que se los presente. Lo que este tipo de anuncio pone en evidencia, más bien, es que “el gobierno de los derechos humanos” debe seguir buscando formas de resguardar ese discurso, debe seguir esforzándose por dar “respuesta” a estas problemáticas, porque la realidad se les viene encima: acercándonos a la década de gobierno kirchnerista, los muertos a manos de las fuerzas represivas ascienden vertiginosamente en la historia reciente de la represión estatal argentina: más de 20 muertos en manifestaciones y movilizaciones, 78 desaparecidos, 2.127 casos de gatillo fácil o muertes por torturas en cárceles o comisarías, cifras que arroja el cierre de nuestro Archivo del año 2012.

Otra importante herramienta de esta represión, la criminalización de la protesta, nos enfrenta con más de 4.000 compañeros sometidos a causas penales por organizarse y salir a luchar. No son simples números, a los que debamos atender por sensibilidad estadística. Estamos señalando la gran lucha y opresión que encierran, lucha que representa un blanco al que la política estatal se dirige: la mayoría jóvenes, todos trabajadores o hijos de trabajadores.

No confiamos en que este maquillaje institucional, ni la eterna búsqueda de “objetividad” en el poder judicial pueda revertir esta política, cuando sabemos que investigue quién investigue, la impunidad con la que el estado lleva adelante esta política represiva, es imposible de resolver desde sus entrañas. La única manera en que podemos garantizar, que estos casos y los que vengan, no queden impunes, es con la organización del pueblo junto a la clase trabajadora, dar la lucha en todos los frentes que se nos impongan como necesarios.

José Luis Talavera, ¡Hasta la victoria, compañero!
(Reproducimos texto enviado por la compañera Hilda Presman de la Red de DDHH de Corrientes).

Hoy falleció, en extrema indigencia, José Luis Talavera, uno de los heridos de la feroz represión y desalojo de los autoconvocados del Puente Gral. Belgrano, allá por diciembre de 1999, que fuera dispuesta por la terna Ricardo Chiappe (gendarme a cargo del operativo), Federico Storani (Ministro del Interior) y Carlos Soto Davila (juez federal que dio la orden de desalojo y consolidó el encubrimiento e impunidad institucional).
José Luis era un changarín y vendedor ambulante que, como miles de correntinos, acusó el recibo de la feroz crisis económica que vivió la provincia por esos meses de salarios impagos a los estatales, por lo que sin serlo, acompañaba sus reclamos.

Tempranito en la mañana del 17 de diciembre, supo del desalojo del Puente por la radio, en su casa del barrio Pirayuí. La gendarmería, que había llegado por agua, tierra y aire desde Rosario, con los “quebrantahuesos” al mando de Chiappe, había liberado a balazos el puente, y perseguía por las calles colaterales a los manifestantes.

Sin dudarlo, tomó prestada una bicicleta y pedaleó los 7 km. que van de su casa a las inmediaciones del Puente. Allí se sumó a tantos que llegaron igual que él, indignados, a repudiar la agresión de los “verdes”, con piedras y trapos en la cara, defendiendo el territorio y enfrentando los gases y las balas asesinas.

Como todos los que se concentraron en la zona del Barrio Ferré, avanzaba y retrocedía, según se posicionaran las tropas, que lanzaban gases de humo primero, gases lacrimógenos después, y luego, si la dispersión no era completa, se apostaban, desde las casillas de gas del barrio y desde algunos techos, con itakas cargadas con balas calibre 22.3.

Así cayeron asesinados Francisco Escobar y Mauro Ojeda. Junto a José Luis Talavera, 28 correntinos más aún llevan, impune en el cuerpo, la marca de la represión. Talavera cayó en Chaco y 3 de abril, a las 9:15 de la mañana, con una bala que le fracturó el fémur. Más de tres meses estuvo internado en el Hospital Llano.

Ahí lo conocí. Y desde entonces, hasta ahora, batalló sin parar por el esclarecimiento de los hechos, por justicia.

Con él, marchamos a Buenos Aires, reclamamos ante la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, ante la Presidencia de la Nación. Él fue uno de los querellantes, que junto a CORREPI, firmó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siempre reclamando que se esclarezcan los hechos, se individualicen los responsables materiales e intelectuales de la represión a los autoconvocados, que se haga justicia y haya una verdadera reparación a las victimas y sus familiares.

Hace ya varios años que estaba enfermo, pero eso no mermó su reclamo de justicia. En estos trece años siempre fue consciente que cada migaja que conseguía del estado, era fruto de la presión y la lucha.

Estuvo en Itatí, cuando la presidenta anunció que luego de 7 años de demanda en los Tribunales Internacionales, el Estado Argentino se avendría a reconocer la responsabilidad política en estos hechos de violencia institucional. Pero aún no llegó la anunciada reparación, ni mucho menos la Justicia.

Como Mauro, Como Francisco, como el querido compañero Toni Alegre, José Luis Talavera, desde donde esté, seguirá firme en su reclamo de DIGNIDAD; VERDAD Y JUSTICIA PARA LA MASACRE DEL PUENTE GRAL. BELGRANO, EN DICIEMBRE DE 1999.
¡HASTA LA VICTORIA, COMPAÑERO!
Hilda Presman (en la Red de DDHH).