Boletín informativo nº 688

24 de marzo.

Mientras exista una sociedad en la que algunos pocos poseen y otros muchos no, será necesario un estado que garantice esa desigualdad. La represión, que adquiere distintas formas según la coyuntura, es una de las herramientas para perpetuar la explotación. El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de una etapa en la que era necesario agudizar la represión, debido al nivel de organización y lucha que el pueblo había alcanzado. Por aquel entonces, con el objetivo de insertar el modelo económico neoliberal en nuestro país y ante la amenaza que presentaba toda una generación convencida y comprometida con un cambio social que revirtiera el orden vigente, se recurrió al franco terrorismo de estado, con un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinatos que dejó como saldo 30.000 compañeros desaparecidos, una clase trabajadora desarticulada y una sociedad disciplinada.

Con el objetivo de derrotar la organización popular cumplido, siete años después volvió la democracia. La presión popular no era ya una amenaza para la hegemonía de los poderosos. Con las leyes de obediencia debida y punto fi­nal de los radicales, y el indulto de los peronistas, los genocidas podían descansar tranquilos. Ante este escenario, tomaron protagonismo otras formas represivas, dirigidas a ejercer el control social sobre los más pobres, para asegurarse que “nunca más” se pusiera en disputa el sistema.

Herramientas de esta represión preventiva, como el gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías y el constante hostigamiento a los pibes en los barrios, resultan eficaces para mantener al pueblo callado y evitan la indispensable organización popular. Pero como el pueblo trabajador siempre resiste, se organiza y pelea, cuando fue necesario se empezó a profundizar, también, la persecución a los trabajadores organizados con herramientas de represión selectiva, desde la represión directa a las movilizaciones y otras medidas de lucha, hasta la criminalización de la protesta, que incluye iniciativas como las leyes antiterroristas y el Proyecto X. Los trabajadores del Garrahan, los de la línea 60, los presos de Bariloche, Las Heras y Corral de Bustos, son sólo algunos ejemplos de la sistematicidad que ha tomado la criminalización de la protesta en este gobierno, que dice luchar por los DDHH.

Por otro lado, la tercerización de la represión, a través de patotas, también ha sido un mecanismo rescatado por el kirchnerismo para reprimir con menor costo político. El asesinato de Mariano Ferreyra es un claro ejemplo de esta dinámica que se pone en evidencia bajo una de las formas más efectivas a la hora de denunciar las injusticias de este sistema: la movilización popular.

A 30 años del retorno constitucional, la represión del estado argentino tiene más de 3.800 muertos en su haber, de los cuales, 210 están desaparecidos y 68 fueron asesinados por luchar. Los procesados por luchar ya son más de 5.000.

Durante el gobierno kirchnerista, los asesinados fueron 2.224, 19 en la represión a la protesta; 79 desaparecidos. Éstas son cifras objetivas que desmienten la farsa discursiva del autoproclamado gobierno “de los DDHH”.

Por eso, a 37 años del golpe militar, sostenemos que la única forma de reivindicar a los compañeros caídos es continuando su lucha.

¡BASTA DE CRIMINALIZAR Y ASESINAR A LOS QUE LUCHAN!

¡BASTA DE GATILLO FÁCIL, TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS, Y DETENCIONES ARBITRARIAS!

¡30.210 DESAPARECIDOS PRESENTES!

FRENTE A LA REPRESIÓN, ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Aumento del 681% en el presupuesto para reprimir y la “desmoralización” policial.

El pasado 1º de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, confesó que, desde 2003, el presupuesto interanual destinado a “seguridad” creció un 681%, lo que significó pasar de 2.900 millones a 23.133 millones de esa fecha hasta 2012.

En el desglose de las partidas, CFK ilustró que la gendarmería nacional recibió un aumento del 953%, y la cantidad de efectivos subió un 65%, llegando a un total de 12.700 gendarmes. La prefectura naval recibe hoy un 841% más que al inicio del gobierno kirchnerista, con un 25% más de efectivos, que ya son 4.109.

La menos agraciada fue la policía federal, que aumentó sus ingresos en un 584%, y tuvo un 18% de aumento de personal, lo que redundó en un total de 6.800 efectivos. En síntesis, las fuerzas represivas dependientes del Poder Ejecutivo Nacional pasaron, ente 2003 y 2012, de75.000 a 100.248. A ello debe agregarse el equipamiento bélico adquirido, con vehículos livianos y pesados, motos, helicópteros, aeronaves, escáneres, cámaras y equipos de rayos X.

Hacia el final de su discurso, CFK dijo “la fuerza también se desmoraliza cuando apresa a gente y ven que al otro día esa gente queda en libertad”.

Desde CORREPI denunciamos:

Que este aumento del 681% en el presupuesto de la “seguridad” desde 2003 hasta 2012 se ve traducido en el aumento del 108% de asesinados por la represión estatal comparado con el decenio anterior, 1993/2002.
Que durante la “década pérdida” del menemismo la cantidad de asesinados por el aparato estatal ascendieron a 597, mientras que, en la “década ganada” de los K, los asesinados fueron –hasta noviembre 2012- 2.224, lo que representa un aumento del 272%, en igual cantidad de tiempo.
Que durante los 20 años transcurridos desde 1983 hasta la asunción en 2003 de Néstor Kirchner, la cantidad de asesinados por el aparato represivo fueron 1.573, mientras que en era K fueron 2.224, superando a todos los gobiernos anteriores juntos y con el “mérito” de haberlo logrado en la mitad de tiempo.
Que desde el argumento falaz de la “desmoralización de la fuerza”, la presidenta las convoca a incrementar la represión y el gatillo fácil en los barrios.
Que, si de porcentajes se trata, los difundidos por Cristina Fernández dejan bien claro lo que CORREPI viene denunciando desde hace tiempo: INSEGURIDAD, ES LA POLICIA EN LAS CALLES.

Triple gatillo fácil en Quilmes.

Una vez más queda claro cómo los discursos de la institución policial, la agencia judicial y los medios de comunicación se articulan de modo de justificar y encubrir las prácticas represivas del estado y el uso de la fuerza letal de la policía sobre los sectores populares.

Los hechos: el domingo 3 de marzo, a las 6.45 de la mañana, unos 15 pibes entre 15 y 23 años volvían del festejo de un cumpleaños en el boliche Maruca en la Ribera de Quilmes. Caminaban por una calle sin veredas, ocupando la calzada. Un automovilista impaciente, en lugar de pedir que le abrieran paso, les tiró el auto encima. Ante este prepoteo, la reacción lógica de los pibes fue gritar y patear el auto, en el que viajaba un subcomisario de la 1ª de Quilmes, Alfredo Alberto Veysandaz, que se bajó con su pistola Glock calibre 357 en la mano y empezó a los tiros.

Un disparo mató a David Vivas, de 23 años, y otro a Javier Alarcón de 15 años. El tercero hirió Marcelo Luquez (23), hermano de Javier. La determinación homicida queda expuesta en las autopsias: Javier recibió un disparo por la espalda, que hizo estallar su columna vertebral y atravesó sus pulmones, y a David le disparó con el arma apoyada en la cabeza, en la parte superior de la frente. El tiro produjo el estallido de su bóveda craneana. Luego, subió al auto y huyó del lugar, hacia su casa en San Martín, previo ser auxiliado por sus colegas de la zona, que echaron un balde de agua sobre el auto para limpiar la sangre y materia cerebral de David, que cayó contra el capot.

A libro cerrado, los diarios reprodujeron la versión policial: “Dos “pirañas” murieron y otro resultó herido, tras ser agredidos a balazos por “un vengador anónimo”, a quien pretendieron robarle el automóvil que conducía, en un tremendo suceso registrado en la localidad bonaerense de Quilmes”. “Dos jóvenes murieron baleados y otro permanece gravemente herido tras protagonizar un violento intento de robo en Quilmes, cuando intentaron llevarse un automóvil, pero apareció el propietario y los atacó con un arma de fuego”.

Estas tácticas deliberadas de desinformación reproducen el discurso hegemónico y derivan en la legitimación de prácticas represivas por parte de las instituciones estatales. Contribuyen a la construcción de consenso acerca de cómo resolver los “problemas de inseguridad”, fomentan la naturalización de estos hechos por parte de un amplio sector de la población y, sobre todo, garantizan la impunidad de los asesinos.

A pesar de la presión policial, que de inmediato cayó sobre los chicos para forzarlos a admitir la tesis del “violento robo”, con una firmeza admirable lo resistieron, y declararon lo que había sucedido realmente. Más de un vecino de la zona avaló sus palabras. Se sumó a ello la movilización del barrio, acompañado por organizaciones de la zona, como los compañeros de Hagamos lo Imposible de Quilmes. Tras una semana de cortes en la autopista a La Plata, pintadas y otras movidas, el capitán Veysandaz fue identificado, detenido e indagado por el doble homicidio y las lesiones. En su relato, el policía se victimizó, alegando que tiene diabetes, que “vio todo oscuro”, que “escuchó disparos a lo lejos” y no reparó que eran de su propia arma… Y que no presentó espontáneamente porque al día siguiente “tuvo una gastroenterocolitis…”.

Las madres de David y Javier, y el propio Marcelo, han tomado intervención en la causa penal, acompañados por CORREPI, mientras se sostiene la movilización para exponer una nueva vuelta de tuerca de la política represiva estatal.

Polichorro y poliviolador.

Dos efectivos de la policía federal debieron ser separados de sus cargos ante el escándalo de los hechos cometidos: robo a mano armada y violación. Por un lado, el cabo Nicolás Andrada, de la delegación de Tres de Febrero, a bordo de una moto y arma en mano, robó $2.000 después de efectuar dos disparos a Rolando Quiroz en Laferrere. Fue la propia familia de Quiroz quien lo atrapó, después de salir a perseguirlo.

Por el otro, un oficial de la seccional 15ª, cuyo nombre no fue dado a conocer, fue detenido por abusar sexualmente de su hijo y de otros menores. La denuncia fue hecha por su esposa en los tribunales de San Martín.

No debe confundirnos que ambos fuera detenidos y separados de sus cargos: no se trata de hechos aislados, o de excepcionales situaciones de corrupción, sino de dos hechos más que muestran y confirman que la policía es un elemento clave en la organización y ejecución de la criminalidad, aunque digan que están para combatirla.

Ya sea por protagonizar estos hechos, por ser cómplices en su realización o por garantizar impunidad en su propio beneficio, diariamente vemos cómo los integrantes de la fuerzas de “seguridad” son parte de las redes delictivas que tan preocupados tienen a los gobiernos de turno.

Sala Alberdi: frente a la represión, respuesta organizada y colectiva.

Después de dos meses de tensión, a partir que el cierre del Centro Cultural General San Martín obligó a los compañeros de la Sala Alberdi a sostener un acampe en la Plaza Seca para garantizar la continuidad de la toma que comenzó hace más de dos años para defender ese espacio de arte y cultura popular, el martes 12 de marzo el gobierno de la Ciudad aprovechó la tregua pactada con el ministro de Cultura Hernán Lombardi, y resuelta por los compañeros para neutralizar la amenaza de despidos de los trabajadores del centro.

En horas de la tarde, los grupos especiales de la policía metropolitana, apoyados por la policía federal, rodearon el Centro Cultural y cerraron las rejas de la plaza seca, dejando encerrados a unos 15 compañeros. De inmediato comenzaron a concentrarse más compañeros en la zona, que a las pocas horas, lograron atravesar el cordón policial, liberar a los compañeros y retomar la plaza seca. Al mismo tiempo, se instalaron cortes simultáneos con fogatas y barricadas desde Montevideo hasta Callao, tanto por Corrientes como por Sarmiento.

La reacción del gobierno de la Ciudad llegó poco antes de la medianoche, cuando la policía metropolitana descargó todo su arsenal sobre los manifestantes. El saldo, cuatro detenidos, que fueron trasladados a Parque Patricios; decenas de heridos por los escopetazos con postas de goma, y tres heridos por armas de fuego con proyectiles de plomo.

Es significativo señalar que casi todos los heridos de bala son integrantes de los medios alternativos de comunicación, nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaban presentes cumpliendo su tarea periodística. Evidentemente, la orden que recibió la policía metropolitana fue tratar de evitar que quedaran registros fotográficos y fílmicos de la represión en manos de trabajadores de prensa independientes.

Desde CORREPI, en acción común con CADEP y COPODH, asumimos la defensa de los compañeros arrestados, que, aunque fueron liberados al día siguiente, quedaron imputados por los típicos delito usados en estas circunstancias, “atentado y resistencia a la autoridad”, y “daños”. Las tres organizaciones antirrepresivas también nos pusimos a disposición de los compañeros heridos, y estamos reuniendo los materiales necesarios para promover querella contra los represores, unificando en una sola las causas iniciadas desde los hospitales que asistieron a los heridos de bala.

Así, en forma colectiva y organizada, defenderemos a los compañeros encausados y contribuiremos a la denuncia pública por la represión, y a la campaña de solidaridad con los compañeros.

Próximas actividades:

-Seguimos haciendo el aguante a la Sala Alberdi en el acampe en Paraná y Sarmiento.

-En marzo, martes, jueves y viernes, siguen las audiencias en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, en Comodoro Py 2002.

-Marchamos de Congreso a Plaza de Mayo el 24 de marzo. CORREPI concentra a las 14:30 en Plaza Lorea (Av. de Mayo y L. S. Peña).