Boletín informativo nº 689

Comienza el juicio al policí­a federal Ledezma por el asesinato de Walter y Lean.

Walter Robles y Leandro Pérez eran dos pibes de Villa Fiorito, jóvenes, morochos, de barrio humilde, como tantos otros sobre los que se descarga con mayor sistematicidad la represión diaria, constante y terrible, de la policí­a.

El 26 de septiembre de 2010, el policí­a federal Maximiliano Germán Ledezma, integrante de la custodia de la Casa Rosada, fusiló de tres tiros en la espalda a Leandro (18), y cuatro tiros en la espalda a Walter (19). Su excusa fue que temí­a ser asaltado.

Hoy nos encontramos a punto de comenzar el juicio a Ledezma, en el que se le imputa el asesinato de los dos pibes. Junto a sus familias, organizadas en CORREPI, hemos dado una larga pelea para que esto sea así­. Con movilización hemos conseguido que se procese a Ledezma, pero la justicia del estado, intentó desligarlo del asesinato de Walter, ya que junto al cuerpo se encontró un arma, pasando por alto que los tiros los recibió por la espalda.

Junto a Marcela, mamá de Walter, y Nelly, mamá de Leandro, ambas compañeras de CORREPI, apelamos para que se lo juzgue por los dos asesinatos, a riesgo de perder lo ya obtenido, que era el juicio seguro por uno solo. A fuerza de más lucha y movilización, lo conseguimos, y el custodio presidencial será juzgado por los dos crímenes a partir del 17 de abril, en los tribunales de Lomas de Zamora. Allí, por primera vez, Nelly y Marcela verán la cara del policí­a que les arrebató la vida de sus hijos.

Luchamos porque sabemos que la justicia no puede venir del mismo estado que disparó, y por eso luchamos no por la sentencia, sino por la conciencia. Para que cada vez seamos más los que visibilicemos esta represión cotidiana y sistemática, tan naturalizada por este sistema, en los barrios más pobres, que apunta a mostrar que el que manda es el estado, y que hay que tenerle mucho miedo. Esta represión que es ejercida a través de las fuerzas represivas, nos mata un pibe por dí­a con el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarí­as. Luchamos para que cada vez seamos más los que salgamos a las calles a luchar contra la represión.

Acompañanos el miércoles 17 desde las 8:30 en los Tribunales de Lomas de Zamora, para seguir denunciando que el gatillo fácil y la tortura son una política de estado, y que nuestro camino es la organización y la lucha.

Llega la sentencia en el juicio por Mariano Ferreyra.

El viernes 19 de abril, el tribunal oral nº 21 dará a conocer la sentencia a los acusados por el homicidio del compañero Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

Ya todos sabemos cómo fueron los hechos: la patota de Pedraza, respaldada por la empresa, acompañada y protegida por la policía, atacó a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y a las organizaciones que se solidarizaban con ellos.

Quedó muy claro, en estos casi 9 meses de debate oral, que el ataque del 20 de octubre de 2010 fue parte de un plan criminal en el que la patota, la policía y la empresa se repartieron las tareas con un objetivo común: defender los intereses, también comunes, de los tres socios de esa histórica alianza antiobrera. Las tres partes fueron fundamentales para que el plan pudiera ser llevado a cabo:

La patota: Así como los empresarios usan la tercerización del trabajo para profundizar la explotación, el gobierno terceriza la represión, para hacerla más eficaz y con menos costo político que cuando directamente manda sus policías y gendarmes. Los integrantes de la patota fueron los responsables materiales de la represión a los compañeros. Gracias a la enorme presión de la movilización popular, el secretario general de la Unión Ferroviaria enfrenta desde la cárcel la posibilidad cierta de una condena a prisión perpetua junto a sus subordinados, los integrantes del grupo de choque.

La empresa: Los intereses de los empresarios reunidos en la UGOFE se vieron amenazados con el plan de lucha por la reincorporación de los 150 compañeros despedidos y por el pase a planta de los tercerizados. Por ello, dieron franco a sus aliados de la burocracia sindical, que portaban celulares pagados por la patronal con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo con sus jefes.

La policía: Prestó más que una “inestimable” colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Desde la querella que CORREPI integra con APEL, logramos impedir que se cristalizara la intención impulsada por la entonces fiscal Camaño de separar las causas de la patota y la policía. De esta manera, conseguimos que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba fueran juzgados junto a sus asociados de la UF. Aunque la fiscalía de juicio insistió con la tenue acusación por abandono de persona, las querellas los señalamos como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa.

Nos encontramos a las puertas de la sentencia por el homicidio del compañero Mariano. Esta fue una larga lucha, llevada a cabo enérgicamente en los tribunales y, más aún, en las calles, mediante enormes movilizaciones populares y demostraciones de solidaridad del conjunto de los trabajadores. La lucha continuará hacia los responsables políticos que quedaron fuera del banquillo, los funcionarios públicos y los directivos de la patronal, con las mismas banderas de organización y lucha.

Inundaciones: violencia es mentir.

No fue una tragedia climática ni sólo una lluvia sin precedentes. Fue un nuevo crimen social, una nueva masacre contra el pueblo, que encuentra a sus responsables en la misma gestión de los respectivos gobiernos de la ciudad, de la provincia y de la nación.

La explicación no está en la impericia o la incapacidad de gestión de los jefes de los distritos, sino en la lógica capitalista que los inspira, y en la que todas sus gestiones se desarrollan.

La ausencia de obras de infraestructura es una constante, como lo es el vertiginoso y no menos criminal criterio mega empresarial vinculado al negocio inmobiliario de sectores privilegiados, a costa del deterioro sistemático del medio ambiente que relega a “vivir como se pueda” a los sectores más pobres de nuestro pueblo.

La otra constante es el maquillaje para la religitimación electoralera y la naturalización de sus crímenes, para perpetuarse en el poder como gerentes de la clase dominante que tiene en el estado a su instrumento emblemático.

El dispositivo mediático que los acompaña, saturando con imágenes candorosas y distorsionadoras de la atávica solidaridad de nuestro pueblo, esconde precisamente la discusión y atribución de esas responsabilidades. Sobremanera cuando oculta el criterio disciplinador y represivo con el que se han desplegado las fuerzas de seguridad (y defensa) al amparo de declaraciones que fomentan el terror y alientan la concepción del enemigo interior como “las caras extrañas que han merodeado los barrios” según palabras de la propia presidenta. A un mismo tiempo se disponía, en la jurisdicción de Scioli, la participación del Batallón 601 del Ejército (reconocida asociación ilícita responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad) y el despliegue amenazante y delictivo de la Metropolitana del procesado Macri por Saavedra. En ambos casos, no estuvo ausente la infaltable coordinación de la secretaría de Seguridad de la Nación a cargo del coronel Berni.

No hay manera de interpretar que ese despliegue responda a las necesidades de nuestro pueblo. Todo lo contrario. Entendemos y denunciamos que lo que intentan es acallar y disciplinar las enérgicas y claras atribuciones de responsabilidad que los afectados les han hecho al mentiroso intendente Bruera de La Plata, al marketing electoralero de Scioli, a las canalladas del procesado Macri y a la molesta retórica de la presidenta Fernández de Kirchner.

Vaya como ejemplo categórico, la indignación y la bronca que, convertidas en repudio, recibió la ministra de Acción Social de la Nación Alicia Kirchner, convenientemente custodiada por patovicas cuando desembarcó en La Plata. “No me molesta el enojo, me molesta la violencia” dijo la ministra. El pueblo le estaba diciendo lo mismo respecto a la mentira, que tantas veces pone cara de preocupación y circunstancias.

Desde CORREPI naturalizamos la indignación popular, naturalizamos la solidaridad de nuestro pueblo, nunca jamás la de los crímenes sociales de las mal denominadas “tragedias”, ni la de los crímenes de estado, como el gatillo fácil, las desapariciones y torturas que ejecutan sus verdugos.

Garrahan: Un nuevo triunfo de la lucha popular.

El viernes 12 de abril, la lucha que sostuvieron los compañeros del hospital Garrahan junto muchas organizaciones del pueblo, asestó un nuevo golpe a la política de criminalización de la protesta que llevan adelante este gobierno y sus funcionarios.

El tribunal oral nº 29 absolvió a los cuatro delegados acusados desde 2005 por “amenazas coactivas” contra dos inspectores del ministerio de Trabajo, una denuncia que fue casi simultánea con la calificación de “terroristas sanitarios” que endilgó el gobierno, por boca del ministro de Salud a los trabajadores que llevaban a cabo una importante pelea por salario, por condiciones de trabajo y en defensa de la salud pública.

Después de 8 años de pelea, los jueces debieron dar marcha atrás con la iniciativa de querer aleccionar a los trabajadores que se organizan y salen a pelear por sus reivindicaciones.

Numerosas organizaciones nos movilizamos para acompañar el juicio y hoy festejamos esta sentencia, que no es más ni menos que nuestro triunfo, que puso en evidencia por qué y para qué se usan estas causas. La inspectora Iris Moyano, que inició formalmente esta causa cuando se presentó en una comisaría a denunciar que los compañeros Adriana Aguero, Gustavo Lerer, Marcelo Mansilla y Eduardo García, de la Junta Interna la habían amenazado de muerte y hostigado física y verbalmente, confesó durante la primera jornada del juicio que hizo esa denuncia, una semana después del supuesto ataque, cumpliendo una orden directa de la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Tan evidente fue la maniobra, que hasta el fiscal tuvo que calificar esta causa, en su alegato, como un caso explícito del uso del aparato judicial por el gobierno para criminalizar un conflicto gremial.

No fue necesario que la defensa de los compañeros, integrada por compañeros de APEL, CeProDH, Liberpueblo, CAJ-CTA y CORREPI, convocara a los más de 200 testigos, trabajadores del hospital y referentes de las organizaciones que se solidarizaron con el conflicto, para demostrar la falsedad de la acusación y el fin coactivo de la causa. En una clara muestra de la inconsistencia de la acusación, la absolución fue pedida por el fiscal y aceptada por el tribunal con los mismos testimonios que se usaron para llegar al juicio.

Ahora debemos ir por más. Debemos seguir el camino de la pelea en las calles por los compañeros que aún continúan presos en Bariloche después de los saqueos de principios de año, debemos luchar por la absolución de los compañeros de Las Heras, que pronto enfrentarán un juicio con un pedido de perpetua a quienes salieron a enfrentar la represión a las luchas de los trabajadores petroleros en el 2006. Debemos seguir peleando por acabar con los procesamientos y las persecuciones todos a los luchadores sociales y políticos.

Hoy tenemos el orgullo de que los compañeros del Hospital Garrahan hayan sido absueltos. Ese triunfo nos da fuerzas para seguir peleando juntos.

Pasan los abriles, pasan los gobiernos, sigue la represión.

12 de abril de 1995. El policía Polo dispara a matar contra los manifestantes, Víctor Choque, obrero metalúrgico, no puede esquivar los tiros y cae muerto con una bala en el cráneo. Nada es casual: Víctor había llegado en 1991 a Ushuaia, desde Salta, en busca de trabajo. Lo encontró en la fábrica Continental. En 1995, en el marco de las políticas de hambre y miseria de la época, la fábrica realizó despidos masivos, como muchas otras fábricas a lo largo y ancho del país. Víctor se encontró en la lista de los despedidos, que no se quedaron quietos. Los trabajadores de Continental pararon y tomaron la fábrica. El gobierno menemista del gobernador Estabillo los desalojó a fuerza de postas de goma y gases, y detuvo decenas de trabajadores.

Al día siguiente, 12 de abril, se realizó una gran manifestación reclamando la libertad de los compañeros presos. El gobierno provincial, con fuerzas propias y apoyado por el nacional, reprimió la movilización e inauguró la lista de muertos por luchar. Víctor Choque fue el primer trabajador asesinado en una manifestación popular desde 1983, pero no sería el último.

12 de abril de 1997. La democracia ya no dejaba dudas: los despidos, el hambre, la miseria y la represión seguirían estando presentes, aunque se cambiaran botas y Falcon verdes por zapatos de marca y Ferraris rojas.

De esto los maestros saben bien, lo supieron bien cuando el estado intentó callarlos asesinando a Teresa Rodríguez. Era la Semana Santa de 1997, la gendarmería había reprimido y desalojado a docentes que se manifestaban contra el recorte salarial sobre la Ruta 22 en Neuquén. Esto desencadenó una pueblada en apoyo a los docentes en Cutral-Có, y volvió la represión, que dejó trece heridos y una trabajadora asesinada: Teresa Rodríguez. Uno de los policías que disparaba contra los manifestantes fue José Darío Poblete.

4 de abril de 2007. Recortes salariales otra vez, paro docente en Neuquén. Esta vez no había Menem para putear. El gobierno “nacional y popular” de los Kirchner presionaba, junto al gobernador Sobich, para que los docentes se conformaran con poco. En la manifestación de ATEN, que cortaba una ruta en Arroyito, se veía muy bien que cuando se trata de represión, no hay oposición verdadera: policías y gendarmes enviados por la Nación actuaban en conjunto con las fuerzas de seguridad provinciales para reprimir a los docentes que luchaban. José Darío Poblete, el mismo que disparó diez años antes contra los docentes de Cutral-Có, tiró un cartucho de gas lacrimógeno a corta distancia que impactó en la nuca de Carlos Fuentealba, uno de los maestros en huelga.

Carlos Fuentealba se convirtió en el número 51, en una lista de 69 asesinados por luchar.

Pasan los abriles, pasan los gobiernos, pero la represión queda.

Sala Alberdi: Organizar la lucha, defender la cultura popular.

El pasado 24 de marzo, mientras las patotas K intentaban impedir a la izquierda llegar a la Plaza de Mayo para denunciar la violación de los derechos humanos de hoy, en la Sala Alberdi la policía metropolitana reprimía al grupo de artistas, militantes, estudiantes y vecinos que había llegado hasta la puerta del Centro Cultural San Martín para exigir que los cuatro compañeros que estaban desde hacía más de 70 días encerrados en el 6º piso, los cuatro presos culturales, pudieran bajar sin ser represaliados. La Sala Alberdi había decidido poner fin a la toma de ese espacio físico, para profundizar la lucha por la educación y la cultura populares, en el contexto de una Buenos Aires enrejada y militarizada.

Sus compañeros fueron a recibirlos en la calle, luchando y compartiendo arte popular, como siempre, y para seguir denunciando públicamente no sólo la represión que sufrieran en carne propia el 12 de marzo con tres heridos de bala de plomo, sino también la política de Macri de privatización y mercantilización de la cultura, a través de su ministro Lombardi, y de la militarización del centro cultural, la persecución y criminalización de todo aquel que se organizó para salir a la calle a luchar por un espacio de arte a la gorra, a través de Montenegro.

En ese marco, el pasado miércoles 10 de abril, integrantes de la Sala Alberdi, de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), de COPODH, CADEP y CORREPI dieron una conferencia de prensa en el hotel Bauen, donde anunciaron su presentación como querellantes para denunciar la política represiva del gobierno porteño, con tres heridos de bala de plomo, cientos de heridos de bala de goma, y la persecución ideológica a través del armado de causas a los detenidos durante la represión del 12 de marzo, donde participó también la federal, y a los cuatro presos culturales que bajaron el 24 de marzo, acusados de usurpación.

De los tres heridos de balas de plomo, dos son periodistas, integrantes de la RNMA. Esto último no es casual: como suele ocurrir en las marchas y protestas, muchos de los heridos o apresados son periodistas de los medios independientes que están cubriendo en ese momento. El objetivo es claro: que no queden registros fotográficos ni fílmicos sobre esta política que el estado ejerce sistemáticamente.

Frente a este panorama, los medios masivos cumplieron un rol fundamental tanto en la criminalización de la lucha de la Sala, como en la invisibilización de la represión que llevó adelante Macri con la metropolitana y con colaboración de la federal. En primer término, minimizó la lucha que los compañeros vienen llevando desde hace dos años, una lucha de toma y autogestión, y reprodujo las mentiras del gobierno porteño, acusando de usurpadores a quienes pelen por evitar la privatización de la sala. En segundo término, ocultó las consecuencias de la represión: los heridos de balas de goma y los de balas de plomo, más las causas judiciales armadas, acusando a los compañeros de resistencia a la autoridad, daños, lesiones y usurpación.

Como siempre, los medios alternativos van a ponerle el cuerpo a las luchas y a los conflictos, y los medios masivos recortan en forma oportunista lo que les conviene, mostrando en cada cobertura lo que son: medios de desinformación masiva al servicio de los poderosos, en contra de cualquier movilización popular que intente cambiar esta sociedad injusta en la que vivimos.

Desde CORREPI, junto con COPODH y CADEP, presentamos el martes 9 la querella por los heridos con balas de plomo, como una forma más de denunciar no sólo estas represiones particulares, sino el conjunto de los hechos represivos como política de estado. La querella es contra la metropolitana, contra Macri y sus funcionarios Lombardi y Montenegro.

Además, seguiremos luchando en las calles junto a los compañeros de la Sala Alberdi y de la RNMA, en el marco de las actividades que se vienen realizando estas últimas semanas como parte de la Campaña contra la represión del estado.

Frente a una toma de más de dos años y un acampe-resistencia de dos meses y medio y frente a las represiones y persecuciones del gobierno porteño, acompañamos la decisión de los compañeros de aunar y coordinar fuerzas para seguir organizando la lucha en la calle y contra la política cultural privatista de Macri.

“Se llenan la boca de democracia, nos llenan el cuerpo de plomo y nos hacemos más fuertes. Nuestra salida no hace mella en nuestra determinación, al contrario. VOLVEREMOS CUANDO ASÍ LO DECIDAMOS”, afirmaron los compañeros de la Sala Alberdi.

Próximas actividades:

-Miércoles 17 de abril, desde las 8:30, movilizamos a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque, durante el juicio al policía federal Maximiliano Ledezma, asesino de Walter Robles y Leandro Pérez.

-Viernes 19 de abril, desde las 10:30, movilizamos a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a la espera de la sentencia a los asesinos de Mariano Ferreyra.

-Lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de abril, desde las 10:00, movilizamos a los tribunales de Mercedes, calle 26 y 27, durante el juicio oral al subteniente bonaerense Pablo Paecechea, asesino de Fernando “Pata” Díaz.